Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130260
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.260, "Vincent, Eduardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 15.064 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II".
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de julio de 2013, hizo lugar a los recursos homónimos interpuestos por el señor agente fiscal interviniente y el representante legal del particular damnificado contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que había absuelto a Eduardo Vincent en orden al delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal). En consecuencia, revocó el fallo absolutorio pronunciado y dispuso el reenvío de los autos a la instancia de origen a fin de que, con la intervención de un juez hábil, se renueven los actos necesarios para el tratamiento de las demás cuestiones pendientes en el veredicto (atenuantes y agravantes) y lo referente a la pena a imponer (v. fs. 769/782).
Contra dicha decisión, el defensor particular del nombrado, doctor Rubén José Diskin, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 832/843 vta.), el que fue desestimado por inadmisible por resolución de esta Suprema Corte (P. 121.038, resol. de 14-IX-2016) en razón de no considerarse la decisión impugnada sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal, ni un supuesto de equiparación a ella (v. fs. 851/852 vta.).
Con motivo del reenvío dispuesto oportunamente por el Tribunal de Alzada, el 15 de febrero de 2017, el Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental dictó sentencia integradora por la que condenó al nombrado Vincent a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión de médico por el plazo de cinco años, con más las costas del proceso (v. fs. 907/909 vta.).
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento del 8 de septiembre de 2017, rechazó el recurso de apelación articulado por la defensa particular de Eduardo Vincent a fs. 918/929. En consecuencia, confirmó la sentencia dictada por la Sala Primera de ese departamento judicial que había revocado el veredicto absolutorio aludido en el primer párrafo, así como la integrativa dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental que impuso la pena reseñada en el párrafo anterior (v. fs. 942/963).
Frente a ello, el citado defensor particular, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y extraordinario federal en favor del nombrado (v. fs. 3/14 del presente legajo). El tribunal intermedio declaró admisible el primero de los recursos mencionados e inadmisible al segundo, el que tomó como reserva de la cuestión federal (v. fs. 43/52 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 82/84 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 85) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Delimitado el análisis al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca (v. fs. 43/52 vta. del legajo n° 15064/II), el defensor de confianza de Eduardo Vincent atribuyó arbitrariedad al pronunciamiento impugnado al resolver que la conducta del procesado resultó negligente y violatoria del deber de cuidado con relación a la atención del postoperatorio de la víctima.
Luego de reseñar parcialmente los fundamentos de la sentencia recurrida, y afirmar que la misma es exhaustiva y está prolijamente fundada, desarrolló cinco motivos en los que sustentó la aludida arbitrariedad (v. fs. 8 vta.).
Por el primero, denunció transgredido el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.). Cuestionó que la sentencia impugnada fundó la condena en que la conducta asumida por Vincent importó la infracción de la " lex artis " y de la " lex artis ad hoc ", por cuanto omitió dar una información adecuada de los antecedentes personales y quirúrgicos de la paciente a las enfermeras profesionales del piso de clínica quirúrgica, así como de prescribir instrucciones precisas y advertirles que lo llamaran de inmediato ante la aparición de signos de complicación (v. fs. 8 vta.). De allí, estimó vulneradas las reglas de la sana crítica por no tener en cuenta que la paciente quedó internada en la sala de clínica quirúrgica del hospital privado más importante de Bahía Blanca, controlada por enfermeras profesionales, con un médico de guardia activa y bajo la supervisión de una médica de internación que estaba de guardia (v. fs. cit.).
Concluyó que tal advertencia adicional no es exigida por las reglas de la lex artis ni forma parte de la práctica hospitalaria de internación postquirúrgica en nuestro país (v. fs. 9).
En segundo término, alegó que dicha falta de "advertencia" fue impensada tanto para el procesado como para las enfermeras. En el caso de Vincent, porque la misma "...no forma parte de las reglas de lex artis, ni existe en la práctica hospitalaria", y en cuanto a las referidas enfermeras, porque "...de haber existido la supuesta omisión, [...] la habrían esgrimido como justificación" (fs. 9 y vta.).
Luego recordó que la víctima recibió el control de la médica de guardia en el piso, quien está "...capacitada para efectuar diagnósticos y para valorar la aparición de una hipertermia en función del cuadro total de síntomas y signos"; en función de lo cual, alegó que "...la lex artis no impone al médico cirujano efectuar 'advertencias' adicionales, además de las consignadas en la historia clínica, cuando concluido el acto operatorio, deja internada a su paciente en la sala de clínica quirúrgica" (fs. 10). Además, afirmó que es aparente el reproche referido a que el imputado delegó exclusivamente en las enfermeras el control del postoperatorio, pues en realidad quedó al cuidado del sistema de internación postquirúrgico del sanatorio privado más importante de la ciudad (v. fs. cit.).
Como cuarto motivo, destacó la arbitraria utilización del concepto indeterminado de "lex artis" (v. fs. 10 vta.). Adujo que si bien la sentencia impugnada confirmó la condena impuesta, exculpó a Vincent con relación a tres circunstancias erróneamente valoradas por la Sala I -las que repasó- (v. fs. 11/12). Sintetizó que los progresivos descartes de las inconductas "...autorizan a presumir -aplicando principios de lógica jurídica- que un último control constitucional del fallo [...] permitirá arribar a una sentencia definitiva justa, echando luz sobre un indeterminado y gelatinoso concepto de lex artis..." (fs. 12).
Por último, denunció el irrazonable apartamiento de las conclusiones de la pericia médica oficial (v. fs. cit.). Sostuvo que "...no existió una indiferente delegación del control del postoperatorio, exclusivamente a enfermeras profesionales, porque está probado que el cuidado de la paciente quedó a cargo del sistema de internación postquirúrgico del sanatorio privado más importante de [la] ciudad, integrado por enfermeras profesionales y la presencia de dos médicas de guardia activa..." (fs. 13 y vta.)
II. Coincido con la Procuración General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 82/84 vta.).
En efecto, la queja se ciñe a objetar la revisión que de los hechos y su prueba efectuó la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías, y la convalidación que hiciera de lo actuado por la sentencia que revocó el fallo absolutorio, siendo esa materia ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte en el marco del remedio incoado, salvo la cabal acreditación del excepcional vicio de absurdo o arbitrariedad, lo que en el caso no viene demostrado (doctr. art. 494, CPP).
III.1. Para una mejor comprensión, es necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en autos.
El hecho que fuera materia de acusación y sobre el que se defendiera Eduardo Vincent en el juicio acerca del cual refieren estos agravios, quedó expresamente reseñado en el acta de debate, al que me remito en honor a la brevedad (v. fs. 666 y vta. de la causa principal).
III.2. En lo que resulta de interés, la aludida sentencia que revocó el veredicto absolutorio dictado en la instancia de grado, resolvió -por un lado- descartar los planteos del Ministerio Público Fiscal y del particular damnificado acerca de la vía quirúrgica elegida por el imputado para el tratamiento de la afectación que padecía la víctima como así también el desarrollo del acto médico en sí mismo, y por otra parte, que la conducta desarrollada por Vincent en la atención del postoperatorio de Guillermina Escobar resultó violatoria del deber de cuidado que le demandaba la situación, incumpliendo su rol profesional al que estaba obligado como cirujano actuante y cuya función resulta indelegable.
En tal sentido, disintió con la defensa en punto a que tal conducta postoperatoria había sido la adecuada, para lo cual tuvo en cuenta que el principio de confianza pierde parte de su eficacia en la división vertical del trabajo, y que una vez que el responsable ha dado las instrucciones precisas para realizar una determinada tarea, aún le restan por cumplir otros deberes de cuidado, tales la obligación de supervisar y vigilar el cumplimiento de lo ordenado.
En resumen, sostuvo que el imputado debió extremar los recaudos para con las enfermeras que iban a atender el postoperatorio de la víctima y no delegar simplemente en las mismas aquél en la forma como se hizo, y concluyó que su actuación se encuentra alejada de los parámetros aceptables por la lex artis , habiendo concurrido negligencia a causar el resultado producido (v. fs. 769/782).
III.3. Frente a lo así decidido, y a lo resuelto por la sentencia integradora en punto a las pautas atenuantes y agravantes y lo referente a la pena a imponer (v. fs. 907/909), el defensor particular del imputado dedujo recurso de apelación. En lo medular, adujo que la sentencia recurrida contiene cinco dogmáticas descalificaciones de la capacidad de las enfermeras -referidas a la existencia de desniveles de formación entre el médico y el auxiliar de la clínica- a cuyo cuidado quedó la paciente, y de tal forma recortó arbitrariamente la competencia que les atribuye el art. 3 inc. 18 letra "a" del decreto 2.225, que reglamenta la ley 12.245, que establece las funciones que comprende el ejercicio de la enfermería (v. fs. 924). Denunció además la errónea aplicación del art. 84 del Código Penal, fundado en que Vincent pasó por la habitación a la mañana siguiente del acto quirúrgico, con el objeto de darle el alta a la paciente, y no tuvo ninguna información acerca de su desmejoramiento, ni dispuso de un solo indicio en tal sentido, con relación a lo que constató en el examen efectuado en la tarde del día anterior. Luego denunció el apartamiento infundado de la pericia oficial agregada a fs. 137/156 (v. fs. 928), y por último, alegó dos motivos de arbitrariedad en el fallo al invocar una situación que exigía un plus de aportes personales del médico, ello a partir de lo que surge de la mentada pericia oficial y porque -a juicio de la defensa- no se tuvo en cuenta el real y objetivo escenario fáctico que tuvo ante sí el procesado (v. fs. 928 y vta.).
III.4. La Sala II de la Cámara Penal departamental, en el pronunciamiento ahora impugnado, luego de adelantar opinión en punto a que coincidía con la valoración efectuada por la Sala I para acreditar la conducta del procesado Vincent en la atención del postoperatorio (v. fs. 945 y vta.), brindó las razones por las cuáles halló que la relación vertical del trabajo en equipo y la existencia de desniveles de formación y preparación médica entre el galeno y las auxiliares de la clínica no implica -como lo reclama la defensa-, que el fallo devenga arbitrario (v. fs. 946 y vta.). Sostuvo que, al amparo de las normas que rigen la competencia específica "...no tiene relevancia para tornar operativo el principio de confianza como pretende el recurrente, para beneficiar al cirujano Vincent con una limitación al deber de cuidado en el control postoperatorio" y que "...en nada cambia la situación por el hecho de que la paciente haya quedado internada en el área clínica del nosocomio, al cuidado de enfermeras entrenadas a esos fines" (fs. 946 vta.).
Continuó señalando que el imputado "...debió coordinar, organizar, distribuir y supervisar las distintas tareas, conforme las particularidades del caso" (fs. 946 vta. y 947). Explicó que las enfermeras aún con nivel profesional que tienen autonomía en los actos propios de su competencia, se encuentran bajo la supervisión personal y directa del médico cirujano en el referido control postoperatorio. En resumen, destacó que el procesado no obró de acuerdo a las reglas médicas en la etapa del postoperatorio conforme las particularidades del caso, los antecedentes de la paciente, y la causa probable de las lesiones como consecuencia de las adherencias existentes (v. fs. 947 y vta.).
Para una mejor ilustración, efectuó un análisis dividiendo el caso en dos etapas tomando como eje la visita efectuada a la paciente el 30 de diciembre de 2008 a las 17 hs., y concluyó que "...Vincent no observó las pautas profesionales -acabadamente- en el postoperatorio (después de las 17:00 hs. del día 30 de diciembre de 2008) dadas las particularidades del caso concreto - lex artis ad hoc - al no haber informado al cuerpo de enfermería de que por la clase de operación realizada y los antecedentes de la paciente -que eran conocidos por el procesado- los que suponían un riesgo añadido, con intensos dolores abdominales, náuseas y vómitos la aparición de fiebre en la paciente constituía una seria alarma de un proceso infeccioso y por no haber prescripto u ordenado que la forma de obrar en consecuencia consistía en que lo pusieran en conocimiento inmediato de tal circunstancia, como asimismo se comunicara la referida situación al médico de guardia para así realizarse los estudios clínicos y complementarios -como adecuadamente valora la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías..." (fs. 948 vta. –el destacado figura en el original-).
Efectuó una reseña del dictamen practicado por la perito oficial, Claudia Cecilia Malabud, y coincidió en lo resuelto por la Sala I con relación a que la aparición de la fiebre en la paciente constituía una seria alarma de un proceso infeccioso, y la conducta omisiva del imputado al no advertir al cuerpo de enfermería y/o al médico de guardia de la importancia de atender al referido signo (v. fs. 949 y vta.).
En cuanto a que el procesado le dijo a las enfermeras que ante cualquier cambio lo llamen, destacó que ello no abastece en sí mismo el cumplimiento de los deberes de diligencias secundarios por parte de Vincent, e incurre en el llamado "...fallo en la comunicación" (fs. 949 vta.).
Por otra parte, destacó que el alegado "...principio de confianza" como parámetro para la determinación del delito culposo, debe ceder toda vez que el procesado no cumplió el deber de cuidado pertinente (v. fs. 451).
Con relación al agravio de que no pesaba sobre el procesado ninguna obligación de asistencia directa de su paciente hasta que fuera informado por las enfermeras, sostuvo que fue la falta de información precisa por parte del galeno la que trajo como consecuencia que no se cumpla con el aviso inmediato (v. fs. 951 vta.).
Por último, se ocupó de la denuncia de inobservancia de art. 3 inc. 18 letra "a" del decreto reglamentario 2.225/01 con relación a la competencia específica de las enfermeras con nivel profesional. En tal sentido, expresó que la posibilidad de detectar los síntomas de infección en el postoperatorio ha sido de dificultosa resolución en el caso puntual de la enfermera Carvallo Riffo al valorar el registro de hipertermia, más allá de su nivel profesional, toda vez que es una cuestión que excede su competencia (v. fs. 952). Concluyó que la situación de hipertermia en la paciente, para la enfermera Carvallo Riffo -equivocadamente- no encajaba en un supuesto de urgencia (v. fs. 954).
En contestación a la crítica relativa a que es infundado que el postoperatorio era delicado, recordó que lo que la sentencia le reprochó a Vincent es que debió extremar los recaudos para con las enfermeras que iban a atender el postoperatorio y no delegar simplemente en las mismas aquél de la forma en que lo hizo (v. fs. 955 y vta.). Asimismo, trajo a colación los antecedentes ginecológicos de la víctima valorados por la Sala I para demostrar que era una paciente de riesgos (v. fs. 955 vta./956 vta.).
Por otra parte, resolvió que en nada cambia la cuestión que la paciente fue vista por la médica clínica de la planta del hospital quien tampoco reportó ni informó signos de alarma, pues ello no excluye la propia responsabilidad de Vincent por su acción omitida (v. fs. 959). Y si bien estimó que la impugnación es parcialmente correcta en cuanto al cuadro de normalidad que presentaba la paciente durante la visita antes aludida y que no se compadecía con la necesidad de ordenar eventuales estudios, explicó que si se observa en su integridad la sentencia, además se le reprocha al encausado la violación al deber de cuidado por infringir las reglas de la lex artis. Destacó que tal exigencia al médico cirujano no significa un plus de aportes personales en la etapa del postoperatorio.
Finalmente, en cuanto a la pericia oficial efectuada por la doctora Malabud, de la que se desprende que en el caso se cumplimentaron las medidas terapéuticas habituales que se adoptan en un postoperatorio, estimó que analizada la misma en forma conjunta con la conducta omisiva del doctor Vincent, ello permitía apartarse forzosamente de la misma brindando los fundamentos sobre los que basó tal afirmación (v. fs. 960 vta. y 961).
IV. Frente a lo decidido, debo señalar que las argumentaciones expuestas en el recurso en trato, además de ser una reiteración de las llevadas en el recurso de apelación, no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal recurrido desestimó los planteos formulados, pues en rigor sólo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar las vulneraciones legales denunciadas ni el supuesto de arbitrariedad alegado (art. 495, CPP).
En efecto, en oposición a lo transcripto en los párrafos que anteceden, las diversas aseveraciones formuladas por la parte no logran demostrar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Es que, más allá de que la defensa expresa su oposición a la actividad valorativa, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), y, en el p
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