Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130577
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.577, "Peters, Miguel Ángel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 83.006 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento del día 28 de noviembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de Miguel Ángel Peters contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de homicidio doblemente calificado por mantener con la víctima una relación de pareja y por cuestión de género (v. fs. 34/41).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 44/57), el que fue concedido por la aludida Sala interviniente (v. fs. 64/66).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 71/73 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 74) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Le causa agravio a la defensa que el Tribunal de Casación haya desestimado el pedido de declarar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua aplicada a su asistido.
Reitera la argumentación esgrimida ante la instancia anterior acerca de que se trata de una sanción de perpetuidad efectiva, como resultado de la aplicación de los arts. 13 y 80 incs. 1 y 4 del Código Penal y de la edad del imputado 65 años al momento de la interposición del recurso-, con la consecuente afectación del fin resocializador de las penas privativas de la libertad, el derecho a la vida y la prohibición de que éstas resulten crueles, inhumanas y degradantes; acompaña sus alegaciones con la cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 4.1, 5.2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 47 vta. y 48).
En esa inteligencia, asegura que la decisión del a quo resulta arbitraria y auto contradictoria, pues si para el imputado resulta viable recuperar la libertad a partir de los noventa y cinco años, ello equivale a reconocer la imposibilidad del retorno al medio libre; de modo que ese razonamiento, según el recurrente, pone de manifiesto la errónea revisión efectuada por la casación en infracción a lo normado por el art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al valerse de afirmaciones genéricas y dogmáticas que no se condicen con las circunstancias del caso concreto, en el que está negada toda posibilidad de reinserción social (v. fs. 48 vta.).
Para avalar su pretensión, memora lo resuelto por la Corte federal en el precedente "Giménez Ibáñez, Antonio Fidel" (Fallos: 329:2440) y se extiende luego en los fundamentos de las denuncias de infracciones legales y del bloque de constitucionalidad a los que refiriera, con mención de diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicita, por tanto, que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la pena aplicada al caso y devuelva las actuaciones a la sede anterior para que fije una nueva, respetuosa de los derechos humanos sobre cuya violación argumentase (v. fs. 49 vta./55 vta.).
La defensa aboga por último por la actualidad del planteo, en la comprensión de que lo resuelto en la sentencia que cuestiona, en tanto manda a cumplir la totalidad de la pena en encierro impidiendo la posibilidad de acceder a la libertad, provoca un gravamen de insusceptible reparación ulterior; explica que esperar el momento en que correspondiese solicitar la libertad del enjuiciado, junto con los reclamos de inconstitucionalidad que pudieran efectuarse, importaría someterlo a los padecimientos del encierro carcelario mientras aquellas cuestiones sean dirimidas. A ello adita el contenido aflictivo que implicaría postergar un pronunciamiento sobre el punto, teniendo en cuenta la incertidumbre que genera en el imputado el desconocer si tiene la expectativa vital de recuperar alguna vez su libertad ambulatoria, lo que considera de por sí un trato cruel, constitucionalmente prohibido, que aquí puede hacerse cesar, acogiéndose el pedido de que se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta a Miguel Ángel Peters (v. fs. 56 vta. y 57).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, temperamento que comparto (v. fs. 71/73 vta.).
En su recurso de casación, la defensa planteó un único agravio centrado en la invalidez constitucional de la pena de prisión perpetua impuesta a su asistido, en calidad de autor responsable del delito de homicidio calificado en razón de ser la víctima la mujer con quien mantenía una relación de pareja y por cuestión de género, conforme los términos del art. 80 incs. 1 y 4 del Código Penal (v. fs. 15/23).
El reclamo fue examinado y desestimado por el Tribunal de Casación, con el voto inicial del señor Juez Kohan, que concitó la adhesión del doctor Natiello, a partir de la consideración de la doctrina de esta Corte de que una declaración de la naturaleza de la peticionada, constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser apreciada como la "ultima ratio" del orden jurídico; además de resultar indispensable para la suficiencia de una impugnación de tal carácter, la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquélla y éstas (v. fs. 35 vta. y 36).
Establecido esto, el a quo juzgó que en el presente caso "...no se violenta principio constitucional alguno con una mera norma en la que entran en juego para una sana discreción del legislador- razones de política criminal y, por ende, excede el ámbito del examen '...la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones' ('Pupelis, María', C.S.J.N. 14/5/91)" (fs. 36).
En oposición a lo alegado por la defensa, entendió que la norma superaba el test de razonabilidad, examen al cual, conforme explicó, estaba ceñida su competencia, y que le llevaba a sostener que en nuestro sistema penal "...la perpetuidad de la pena no es tal 'stricto sensu', siendo que aun cuando no contenga una escala penal, no es indeterminada y tiene vencimiento. Ello así por cuanto existe la posibilidad de obtener la libertad condicional, si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 13 Código Penal, transcurridos treinta y cinco años de condena o, de mediar reforma legislativa en el futuro que haga variar dicho lapso en menos, antes. Asimismo, la ley 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, permite por su artículo 17 la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad al condenado a pena perpetua que haya cumplido en detención quince años" (fs. 37 vta. y 38).
A través de la cita de doctrina de autores, concluyó que, desde la antedicha perspectiva, "...la prisión perpetua del código vigente no es inconstitucional en sí, dado que no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminada, pero determinable" (fs. 38 y vta.).
Destacó el sentenciante que "...con excepción de la prohibición expresa contenida en el art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño (Ley 23.849 BO del 22/10/1990 ADLA 1990-D, 3693)-, de las previsiones de los tratados internacionales incorporados a la Constitución en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 CN, no surge que aquéllas sean incompatibles con la aplicación de la pena de prisión perpetua, dado que, si cumpliendo el recaudo de brindar una potencial soltura, se permite válidamente aplicar la pena de prisión perpetua a un menor de edad, con más razón, [...] no pugna con la normativa constitucional que ella se vea conminada para el delincuente mayor cuando, [...] no sólo no existe norma alguna en el plexo constitucional que lo prohíba, sino que tampoco surge implícita su contradicción con los derechos humanos que aquél tutela y siempre que se respete al igual que en el caso de aquellas temporalmente determinadas- la integridad de la persona condenada (cfr. art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica Ley 23.054, BO del 27/3/1984 ADLA 1984- B, 1250-; art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 11 y 16 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes)" (fs. 38 vta. y 39).
Tras acompañar jurisprudencia sentada en igual dirección por el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal revisor rechazó que las penas a prisión perpetua pudieran impedir la resocialización del condenado, dado que esa es la finalidad que persigue la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, merced a lo estipulado por el art. 1 de la ley 24.660 y a la función que le compete al Estado de arbitrar los medios necesarios para su logro, puesto que "...todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla" (fs. 39 vta.).
Tampoco consideró que se incumpliera con el propósito establecido por la normativa internacional, pues en tanto alude a la finalidad "esencial" de "reforma y readaptación social" que debe perseguir el Estado, ello no impide la concurrencia de otros fines que el legislador adopte, en la medida "...que no se enfrenten a la interdicción también prevista en nuestra Constitución Nacional de que las cárceles sean para castigo..." (fs. cit. y 40).
Con base en lo expuesto, el a quo se pronunció por la validez constitucional de la pena de prisión perpetua, "...siempre y cuando se le conceda al condenado, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre tal como fuese manifestado..." (fs. 40).
III. Lo respondido por el tribunal del recurso demuestra el abordaje llevado a cabo sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna, de la cuestión sometida a su escrutinio relativa a la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta al acusado, no logrando la defensa justificar que la revisión efectuada haya importado un menoscabo de la garantía prevista en el art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni que lo resuelto sobre el punto carezca de la fundamentación suficiente que permita validarlo jurisdiccionalmente.
Tal como sostiene el dictamen de la Procuración, el recurrente pretende una decisión del alcance y trascendencia que implica una repulsa constitucional, sin desarrollar un razonamiento con la suficiencia y seriedad necesarias para revertir el conjunto de argumentos con apoyo en los cuales la instancia anterior se expidió en sentido contrario al reclamado (art. 495, CPP).
Es que las alegaciones del señor defensor oficial hallan sustento en su hipótesis sobre los graves padecimientos que eventualmente podría provocarle a su asistido las condiciones del encierro que critica, dejando de lado la situación concreta en la que aquél se encuentra ya con anterioridad al momento en que fuera deducido el recurso que es aquí motivo de estudio, pues conforme surge de la documentación certificada que obra agregada a fs. 97/102 de este expediente, el día 16 de diciembre de 2016, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata resolvió hacer lugar a la solicitud de morigeración de la prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario con control de monitoreo electrónico a favor del aquí acusado Peters, con la tutoría conductual de la señora Sonia Alejandra Assan, medidas de cuya efectivización da cuenta también la referida documentación anexada a estos autos. Además de lo que añade el señor Procurador General a fs. 72 vta. de su dictamen respecto de la posibilidad del acusado de acceder, una vez cumplidos los 70 años de edad, al beneficio que contempla el art. 10 del Código Penal.
A la par que la impugnación no ofrece motivos con la aptitud necesaria para habilitar de modo incuestionable una declaración de la gravedad institucional de la peticionada, cabe recordar que, según doctrina de esta Corte, la interpretación que se denomina constitucional de las penas a perpetuidad previstas en el art. 80 del Código Penal, remite a una cuestión de cómputo, y por ello resulta además conjetural y como tal improcedente (conf. causa P. 127.784, sent. de 11-VII-2018).
Pues, se ha dicho, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que aún para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión perpetua) habiéndose establecido aquí la menos severa de prisión perpetua-, éstas no son realmente tales porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo que deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017 y P. 127.784, cit.).
Desde esta perspectiva, a tenor del contenido y alcance de lo planteado por el recurrente que no incluye cuestionamiento alguno respecto a que la sanción legamente prevista para el homicidio calificado por el que el procesado resultó responsable no guarde relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad-, la cuestión traída constituye un asunto a decidir y, eventualmente, disputar- en una incidencia en otra etapa del proceso, la del control de la ejecución de la pena (conf. causa P. 128.911, sent. de 17-X-2018). Con lo cual, no evidencia la parte interés actual en su reclamo (art. 421, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Coincido con los colegas que me preceden en la votación, el recurso no prospera.
Tal como señalan, esta Suprema Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en sentido contrario al pretendido por la parte, fijando una doctrina a la que cabe remitirse (conf. causas P. 106.226, sent. de 15-XII-2010; P. 102.300, sent. de 30-XI-2011; P. 107.104, sent. de 6-VI-2012; P. 127.827, sent. de 27-XII-2017; P. 127.784, sent. de 11-VII-2018; e.o.).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia