Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 124568
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 124.568, "C. J., J. J. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 57.257 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de septiembre de 2013, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de J. J. C. J. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón que lo condenó a la pena única de seis años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, comprensiva de la pena única de cinco años, dos meses y cinco días de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, robo y robo agravado en grado de tentativa; y de la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional (que revocó) por resultar coautor de robo agravado por el uso de arma dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 departamental (v. fs. 48/54 vta.).
El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor del imputado (v. fs. 77/83 vta.), el cual fue concedido por esta Corte mediante resolución de fs. 97/98 vta.
El señor Procurador General dictaminó a fs. 101/107 aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos (v. fs. 108), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor defensor oficial denuncia la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, lo que ocasionó a su entender la violación de la garantía del juez natural y el principio de especialidad (arts. 18, Const. nac.; 5.5, CADH; 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 6.1, 6.2, 17, 21.2, 22 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para Administración de la Justicia de Menores, leyes 22.278, 26.061 y 13.634; v. fs. 79).
Luego de transcribir un párrafo de la sentencia que recurre, interpreta que en él el órgano revisor sostuvo que la punición que se aplica en el fuero penal juvenil resulta de la misma naturaleza que la aplicada en el fuero de los mayores de edad.
Señala que tal afirmación resulta contraria a los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional y receptados por leyes locales, con cita de las leyes 22.278, 26.061 a nivel nacional y al provincial las leyes 13.634 y 13.298, las que establecen que el fuero penal juvenil tiene objetivos, medios y propósitos que le son propios, por lo que en él el fin de la pena no puede equipararse al del fuero de mayores (v. fs. 80). Reprodujo parte del texto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y expresa que "...no resulta constitucionalmente válido que el Tribunal de Casación fundamente la unificación de condenas en la circunstancia de [que su] asistido haya cumplido la mayoría de edad, aplicando así la normativa de ejecución de adultos y el art. 58 del Código Penal" (fs. 81). Precisa que C. al momento de cometer el hecho de la causa n° 321 contaba con menos de dieciocho años por lo que, si se le aplicó un régimen anterior que resulta más beneficioso, no puede luego aplicársele otro más gravoso vulnerando el principio de irretroactividad de la ley penal, ya que las garantías propias del proceso de menores se mantienen durante la ejecución.
Considera que si el imputado comete un nuevo delito siendo ya mayor de edad, "...la pena que se le fije por este último hecho no puede desvirtuar los objetivos de la primera condena, debiendo necesariamente ser analizada la unificación por el juez especial" (fs. 81 vta.) y que "...la especialidad de la pena que impone el juez minoril, no permite que sea reexaminada o evaluada por un juez del fuero común, quien por los alcances de los arts. 55 y 58 del C.P. solo puede sumar las penas cuantitativamente -ya sea por composición o por acumulación-, dejando de lado lo cualitativo, objetivo principal del proceso del joven" (fs. 81 vta. y 82).
Cita el art. 17.4 de las Reglas de Beijing y coincide con el voto minoritario de Casación en que si el antecedente penal de una persona en sede minoril no puede ser tomado en cuenta para declararlo reincidente, "...menos aún pueden ser realizada una unificación de condenas entre una sentencia que el individuo haya sufrido en ese fuero de menores con otra que haya sufrido en mayores puesto que si no indirectamente se le estaría computando un antecedente como menor para agravar su penalidad, imponiéndole una pena única de mayor gravedad a la que originariamente le correspondería" (fs. 82 y vta.).
Solicita que se case la sentencia impugnada y se reenvíe la causa al órgano casatorio para que -debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 83).
II. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera.
Ante similares cuestionamientos como los aquí traídos, el tribunal intermedio resolvió que "...en virtud de la naturaleza de la punición impuesta en el fuero minoril -la cual en definitiva resulta ser una pena-, no vislumbro impedimento alguno para que un Tribunal en lo Criminal proceda a la unificación de dicha sanción con la recaída en el ámbito de los mayores de edad"; que "...la unificación de penas o condenas es un imperativo legal que surge de la manda contenida en el art. 58 del Código Penal y que tiene por finalidad hacer cumplir con el principio de injerencia penal única del Estado, por intermedio de la aplicación de una única condena (principio de unidad de la reacción penal o de pena total)" (fs. 49 vta.).
Expresó que "...la regla general del Código Penal es que, conforme al 'principio de la pena total', no pueden coexistir penas impuestas en forma independiente" y que además de resultar necesario "...aplicar la denominada 'unidad de pena' resulta también alcanzable al sub lite desde que el condenado -a la fecha- es mayor de edad, por lo que el cumplimiento de la sanción a imponerle deviene ejecutable conforme las normas que regulan dicho instituto para los mayores" (fs. cit.).
Adunó a ello, que "...lo único que se encuentra expresamente vedado por la ley, es contemplar un antecedente del fuero minoril como presupuesto para la declaración de reincidencia, según lo previsto por el art. 50 párrafo tercero del código de fondo" (fs. 50).
Frente a lo así decidido, las críticas del recurrente sólo espejan una opinión discordante con la posición mayoritaria del fallo puesto en crisis, más no patentizan que éste haya inobservado las normas que denuncia como transgredidas, ni incurrido en arbitrariedad.
El señor defensor oficial insiste en que la pena dictada en el fuero de responsabilidad penal juvenil debe quedar al margen de la regla del art. 58 del régimen de la materia, sin controvertir, más allá de la referencia genérica a principios constitucionales propios del sistema de menores, en particular el de especialidad, lo interpretado por el Tribunal de Alzada acerca de que si bien el régimen penal aplicable a menores introduce ciertas particularidades, éste no excluye la aplicación de las reglas del Código Penal.
De tal forma, la queja realizada aparece como una simple opinión divergente y dogmática del recurrente, que se desentiende de los concretos argumentos que sobre el punto brindó la Casación, limitándose a exponer su opinión acerca de la imposibilidad de unificar penas dictadas en fueros diferentes, sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas que rigen el Fuero Penal Juvenil y sin que, por otra parte, se advierta transgresión a norma o principio constitucional alguno (art. 495, CPP; mutatis mutandis causas P. 123.476, sent. de 31-V-2017 y P. 126.536, sent. de 11-IV-2018).
En rigor, los planteos relativos a las dificultades que generaría la unificación por fuera de la especialidad del fuero de menores no trascienden lo conjetural.
La suerte adversa de los planteos que anteceden dejan carentes de contenido las denuncias de transgresiones constitucionales también contenidas en el recurso en trato, pues dependían de la suerte de aquellas.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia