Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130290
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.290, "Pérez, Juan Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 80.778 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de octubre de 2017, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa de Juan Alberto Pérez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por su comisión con alevosía (v. fs. 91/109).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/134), el que fue concedido por el tribunal inferior mediante resolución de fs. 136/137 vta.
Oída la Procuración General (v. fs. 143/152 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 153) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, el señor defensor adjunto de Casación, doctor Daniel Sureda interpuso recurso de inaplicabilidad de ley en favor de Juan Alberto Pérez. En el mismo formuló cuatro agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la inobservancia de los arts. 146 y 158 del Código de Procedimiento Penal y la errónea aplicación del art. 371 - in fine - de igual código adjetivo, por afectación al principio acusatorio, a la función requirente en medidas de coerción y a la ausencia de tratamiento de ese asunto por la Casación. Consideró vulnerados los derechos a la defensa en juicio y al debido proceso legal (art. 18, Const. nac.; v. fs. 117/121 vta.).
Refirió que tanto lo resuelto en el Legajo n° 80.314 ( habeas corpus ) como en la presente, denotó que hubo un tránsito aparente ante el Tribunal de Alzada en función de no brindarse una respuesta concreta a los agravios denunciados.
Señaló que, ante la revocación del arresto domiciliario a Pérez de manera oficiosa por parte del tribunal de grado en la sentencia de condena, la defensa interpuso un habeas corpus en forma separada al recurso de casación con el fin de obtener la tutela inmediata, el que fue declarado inadmisible en función de la normativa que prevé los canales recursivos por el código de procedimiento y la inexistencia de una arbitrariedad manifiesta que habilitase sortear dicho valladar (v. fs. 117 y vta.).
Añadió que el órgano casatorio no sólo no trató lo solicitado en el habeas corpus (c. 80.314) sino que además manifestó allí que el carril formal para plantear dicha cuestión era el recurso de casación contra la condena y que debió ser planteado conjuntamente con la impugnación de la sentencia (v. fs. 118 vta.).
En ese sentido, explicó la defensa que el agravio fue llevado en estos autos en el memorial y, sin embargo, el órgano revisor lo consideró como novedoso. Cuestionó dicha decisión.
Enfatizó que tanto la arbitraria inadmisibilidad dictada en el habeas corpus como la arbitraria declaración de extemporaneidad del agravio en la presente causa, consolidaron un criterio que evidencia la revisión aparente del sentenciante, el que se escudó en el análisis de las formas y desconoció así la importancia de la tutela requerida (v. fs. 120).
Concluyó cuestionando la arbitrariedad de ambas decisiones al no haber brindado respuesta alguna, siendo que el tribunal de origen con la imposición de una medida de coerción sin mediar requerimiento alguno se arrogó facultades que resultan exclusivas del Ministerio Público Fiscal, por lo que solicitó una interpretación constitucional del art. 371 in fine del Código Procesal Penal dado que de su conjunción armónica con los arts. 18 de la Constitución nacional y 1, 146 y 158 del Código Procesal Penal resulta -a su juicio- indispensable el requerimiento fiscal para la detención (v. fs. 121 y vta.).
I.2. Como segundo agravio, planteó la arbitrariedad del pronunciamiento en lo que respecta a la materialidad ilícita como a la autoría penalmente responsable de su asistido, dado que se basa -dijo- en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 121 vta./125).
Sostuvo que la condena impuesta es arbitraria pues el acto jurisdiccional que se impugna no encuentra sustento en los elementos de convicción incorporados a la causa para afirmar con la certeza requerida la autoría penalmente responsable de Pérez.
Alegó que, como consecuencia de ello, el pronunciamiento evidencia una errónea valoración del marco probatorio producido en desapego a las previsiones de los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial; 1, 106, 371 y 373 en función del 210 del Código Procesal Penal, lo que llevó a la errónea aplicación del art. 80 incs. 1 y 2 del Código Penal y a la inobservancia del último párrafo de la citada norma en cuanto a la posible existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación.
Refirió que la testigo Busnelli en su declaración manifestó haber llegado al lugar y observar una persona prendida fuego y que había un poco de fuego alrededor, lo que resulta raro dado que el día del hallazgo del cuerpo fue el día 10 de diciembre, cuando la hipótesis acusatoria indicó como fecha probable de muerte el día 4 de ese mes; lo que conlleva a suponer como hipótesis alternativa que la muerte ocurrió con posterioridad a la estimación de la autopsia o que el fuego fue encendido algunos días después de dar muerte a la víctima Pérez (v. fs. 122 vta.).
Consideró que en similar sentido se expresó el testigo Martin Roberto Cortabarria (bombero) al exponer que por la posición del cuerpo la víctima ya se encontraba inconsciente cuando se quemó y que no había combustión en el resto de la vivienda.
Hizo hincapié en la determinación de la fecha probable de muerte, toda vez que fue considerada esencial a efectos de establecer la autoría de su asistido. Señaló que desde el punto de vista pericial "...no se puede aseverar que la muerte se haya producido el 4 de diciembre de 2013 y de hecho existen elementos que permiten considerar que el avanzado estado de descomposición del cadáver obedece a factores externos que aceleraron el proceso, lo cual incide directamente sobre la fecha probable de muerte introduciendo la necesidad de evaluar con mayor seriedad la hipótesis de que la víctima estuvo viva hasta una fecha más cercana a la autopsia" (fs. 124).
En ese sentido, cuestionó la afirmación efectuada por el tribunal intermedio, respecto a "...que la aparición de la fauna cadavérica no es instantánea tras la muerte...", siendo que -aseguró- no es fácil advertir que de todos los factores ambientales el que ejerce un efecto mayor sobre el desarrollo de los insectos es, probablemente la temperatura, debido a su importante incidencia sobre los procesos bioquímicos en la descomposición (v. fs. 124).
Añadió que el médico de la autopsia no solo estableció la fecha probable de muerte, sino también la hora exacta, ubicándola cercana a las 9:00 hs. Sin perjuicio de ello el tribunal consideró que la hora de la muerte era coincidente con la llamada recibida por el 911 (21:15 hs.) en donde se denunciaba la pelea entre la víctima y su hijo, por lo que concluyó enfatizando que "...la estimación de la autopsia para el tribunal es acertada en cuanto a la fecha, pero no así en cuanto al horario de producción de la muerte..." (fs. 124 vta.).
Indicó que el Tribunal de Alzada realizó conjeturas al considerar que lo manifestado por su asistido a los oficiales Busnelli y Pereyra -que concurrieron en respuesta al llamado al 911-, infería un anuncio que consistía en que la solución al problema familiar era el matar a su padre (v. fs. cit.).
Finalmente, disintió con la valoración realizada por el tribunal del testimonio de Yanina Losi -pareja de Juan Pérez con quien tuvo un hijo en común- por encontrar algunos pasajes confusos en su declaración.
Todo lo expuesto lo llevó a considerar que la imputación no fue resultado de una valoración probatoria adecuada, al no haber elementos directos que determinen la intervención de Pérez en el hecho. En consecuencia, solicitó su absolución en los términos del art. 1 del Código Procesal Penal y el 18 de la Constitución nacional (v. fs. 125).
I.3. Como tercer embate, cuestionó la calificación legal atribuida. Aludió a la errónea interpretación del art. 80 inc. 2 del Código Penal y a la inobservancia de la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación (v. fs. 125).
En su parecer, el tribunal erró en la valoración probatoria al dar por acreditada la alevosía como modo agravatorio del homicidio, dado que no se demostró la existencia de indefensión de la víctima al momento del suceso (v. fs. 125 vta.).
Agregó que la falta de acreditación de este componente, impide aplicar el agravante sin menguar el art. 1 del código adjetivo, aún si el hecho hubiera ocurrido como fuera descripto, es decir que su asistido efectivamente hubiera reducido a su padre sujetándolo de los tobillos y muñecas, no era dable esperar que no haya mediado defensa alguna (v. fs. 125 vta.).
Describió que "...si la hipótesis parte de la existencia de un enfrentamiento que dio lugar al llamado al sistema de emergencias 911, es razonable suponer que víctima y victimario se enfrentaron y que luego aquél redujo a este con la soga o mediante asfixia con el uso de la almohada, siendo esta primera maniobra el principio de ejecución del dolo homicida" (fs. cit.).
Ante ello consideró que la conducta desplegada debió considerarse como una unidad de acción, no en dos tramos como relatase el a quo , teniendo en cuenta que el dolo homicida surgió desde el inicio de la maniobra y no cuando la víctima ya se encontraba atada e indefensa.
Estimó que no hubo sustento probatorio que demuestre un obrar premeditado, plenamente consciente y preordenado por parte de Pérez. Tampoco se demostró el elemento subjetivo, es decir el dolo específico de matar sin riesgo de la reacción de la víctima (v. fs. 126 vta.).
Por otro lado, argumentó que hay dos razones que motivan la aplicación de circunstancias extraordinarias de atenuación, la primera identificada como la confrontación con la víctima denunciada por su asistido a través del servicio 911 y la otra relativa a la historia de vida del acusado (v. fs. 127).
Relató la relación entre padre e hijo descripta por su pupilo ante el tribunal, así como lo manifestado por la testigo Losi al respecto. Manifestó que la reacción de su defendido, al contrario de lo que fuera considerado por el a quo , estuvo impulsada por un cúmulo de factores desencadenantes vinculados con abusos, maltratos y agresiones que por su carácter indujeron el accionar de Pérez anulando cualquier consideración hacia su progenitor, impidiéndole así reconocer la obligación de respeto que consagra el agravante del inc. 1 del art. 80 del Código Penal (v. fs. 128 vta.).
Explicó que era posible aplicarle las circunstancias extraordinarias de atenuación, aún en el caso de que se considere configurada la agravante del art. 80 inc. 2 del Código Penal, ya que si así no se hiciera habría una interpretación in malam partem , restringiendo indebidamente la operatividad de la norma (v. fs. 129 y vta.).
I.4. Por último, cuestionó la aplicación de la pena de prisión perpetua, lo que -adujó- violó los principios de igualdad ante la ley, legalidad, culpabilidad, pro homine y proporcionalidad (v. fs. 129 vta./133).
Señaló en primer lugar, que la revisión efectuada por el tribunal de grado en materia de determinación de la pena, no puso en marcha lo exigido sobre el particular en el fallo P. 87.172, sentencia de 03-VI-2009.
Criticó que el a quo mantuviera la aplicación de una pena fija que no permite su adecuación a la menor culpabilidad que corresponde en este caso. Agregó que la Casación debió brindar una interpretación constitucional, conforme las mandas de los arts. 168 y 171 de la carta magna, otorgándole así a la pena una sanción numérica, la que no puede superar los veinticinco años de prisión (v. fs. 132).
En subsidio solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
II. El señor Procurador General, aconsejó el rechazo del remedio extraordinario articulado (v. fs. 146 vta./152 vta.).
III.1. El primer agravio traído por la defensa, no prospera.
El señor defensor adjunto de casación al presentar el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, mantuvo expresamente los agravios incoados, y sumó a ellos -sólo en lo que interesa destacar- cuestionamientos en torno a la revocación del arresto domiciliario efectuado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes al dictar la condena, cobrando así vigencia la prisión preventiva oportunamente dispuesta en los términos del art. 371 in fine del Código Penal (v. fs. 65/68 vta.).
El tribunal intermedio, consideró que "En relación a los agravios introducidos recién en esta instancia por el Sr. Defensor Oficial Adjunto ante este Tribunal, vinculados con la revocatoria de la prisión domiciliaria [...], considero que deben ser rechazados por extemporáneos, toda vez que han sido introducidos en violación al art. 451 del C.P.P. y de esa manera exceden la competencia de este Tribunal limitada a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de agravio deducido por el recurrente ante la instancia" (fs. 106 vta.).
Y señaló en correspondencia con el criterio de este Tribunal que "El último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término 'el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos'. Las posteriores ocasiones procesales (como la mentada audiencia prevista en el art. 458, C.P.P) están contemplados para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad" (fs. 107)
III.2. En ese sentido, ha resuelto reiteradamente esta Corte que el memorial previsto por el art. 458 del Código Procesal Penal no es una segunda oportunidad que permita añadir planteos omitidos, sino para complementar con citas o argumentos los ya contenidos en el recurso. En consecuencia, la Casación no estaba obligada a su tratamiento (art. 451, tercer párrafo, CPP, conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003 y P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; e.o.).
Como lo indicó la Casación, el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del Código Procesal Penal, marca el límite temporal para expresar los motivos de agravio: hasta la interposición del recurso. El límite referido no resulta contrario a la norma constitucional que citó la parte, por cuanto ella no establece un supuesto derecho a añadir planteos que no se formularon en el recurso.
La defensa pretendió demostrar que el reclamo del memorial de estos autos no resultó tardío, argumentando en base a que dicha pretensión es conexa con el habeas corpus originario en la causa n° 80.314, en la cual se alzó contra la revocación del arresto domiciliario alegando que no hubo requerimiento fiscal al respecto, por lo cual se afectaba el principio acusatorio.
La denuncia de que la Casación efectuó una mera revisión aparente al no brindar respuesta al asunto llevado en la memoria carece de asidero en tanto no cabe considerar como un planteo oportuno en la presente causa el formulado en un expediente diverso -el habeas corpus n° 80. 314-.
En consecuencia, no se advierte la infracción constitucional alegada ni corresponde ingresar al fondo de un tópico -la petición fiscal en materia de cautelares- del cual el órgano intermedio no se ocupó, ello sin perjuicio de otras consideraciones.
Por otra parte, ninguna decisión compete dictar en la presente respecto de lo fallado en el citado habeas corpus, con relación al cual la defensa reconoce que dedujo un recurso extraordinario que no prosperó (v. fs. 116 vta.).
IV.1. Con relación al segundo agravio, la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian, en tanto abordó y se expidió en lo relativo a la prueba de la materialidad ilícita y autoría de Pérez, conforme los motivos de agravio que habían sido llevados a su conocimiento.
La materialidad ilícita que el Tribunal de Casación tuvo por acreditada da cuenta que "...el día miércoles 4 de diciembre de 2013, entre las 21.15 y las 23.00 hs. aproximadamente, en el interior de una vivienda [...] una persona redujo (de una forma que no ha podido determinarse) a Néstor Alberto Pérez [...] lo sujetó en tobillos y muñecas con cables, neutralizando así sus chances de defensa y lo asfixió con una almohada. Seguidamente lo roció con algún tipo de sustancia inflamable y lo prendió fuego. Como consecuencia de las agresiones dirigidas por esta persona a la humanidad de Pérez, este sufrió un paro cardiorrespiratorio traumático, secundario a carbonización y asfixia previa, que causó su muerte..." (fs. 96).
Destacó el sentenciante que, con relación a la materialidad, el tribunal de grado valoró el testimonio de Roberto Ramón Villegas, que fue el vecino que ingresó a la casa de Pérez y lo encontró quemado, refirió que "...parecían dos troncos quemados [...] que no se aguantaba el olor y que el que estaba tirado era Pérez" (fs. 96 y vta.).
Del mismo modo expresó que el órgano inferior, apreció la declaración testimonial de la oficial María Julia Busnelli, quien relató que al arribar al domicilio de Pérez tras un llamado al 911, observó en el interior de la vivienda "...a una persona prendida fuego. La puerta abierta no violentada, estaba boca arriba y tenía una almohada en la cara. Había un poco de fuego alrededor. Había olor a podrido..." (fs. 96 vta.). Así como los testimonios de Daniel Alberto Buzzada y de Marcelo Ramón Pereyra.
De igual modo, señaló que el tribunal de origen tuvo en cuenta el informe de inspección ocular de fs. 7 que había sido incorporado por lectura al debate y suscripto por el oficial principal Marcos Mendoza quien, al prestar declaración en el juicio, narró que el día 10 de diciembre de 2013 hallaron un cuerpo calcinado en una vivienda, la que no presentaba signos de que hubiera sido forzada entrada alguna (v. fs. cit.).
Prosiguió señalando que el sentenciante de grado "Apreció el testimonio del bombero, Martín Roberto Cortabarria, quien resaltó que llegó a la vivienda y no detectó signos de violencia. Observó el cuerpo de la víctima calcinada. Destacó que le llamó la atención que había un cierto orden en la vivienda. '...El cuerpo estaba tendido en el piso boca arriba, completamente calcinado, en estado de putrefacción importante [...] tendría no menos de 7 días de fallecido. Por la po
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