Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130616
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.616, "R., N. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 78.564 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 14 de marzo de 2017, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora que resolvió en la causa 5.214/4 condenar a N. A. R. a la pena única de nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, dictada en la causa 5.214/4 en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, en concurso real entre sí y la de tres años y cuatro meses de prisión, más las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con portación de arma de guerra dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de dicho departamento judicial en la causa 53.112/1 (v. fs. 23/30 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia doctora Susana Edith De Seta- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/104), el que fue concedido por el órgano casatorio merced a la resolución obrante a fs. 41/43 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 49/51 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 52 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley referida en los antecedentes, la recurrente denunció "Errónea aplicación de los arts. 16 y 58 del C.P.. Vulneración del Interés superior del niño. Art. 3.3 CDN, Reglas de Beijing, Resolución 40/33 de la Asamblea General, Reglas de las [N]aciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, Resolución N° 45/114 de la Asamblea General y Directrices de Naciones Unidas Resolución 45/112" (fs. 37 vta.; el destacado figura en el original).
Sostuvo que el fallo impugnado confirma la resolución que dispone la unificación de la condena dictada en la presente con la del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, entendiendo así afectado el interés superior del niño, pues el fin de las sanciones para éstos posee "...objetivos, medios y propósitos propios, muy diferentes al fuero de mayores" (fs. cit.).
Alegó que el pronunciamiento dictado en el proceso de menores "...no resulta una sentencia 'condenatoria' que comprende el art. 58 CP, pues no es una condena por no tener carácter punitivo sino tuitivo..." (fs. 37 vta.; el destacado figura en el original).
Transcribió los arts. 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para sostener que lo allí prescripto se complementaba con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, estableciendo los fines del proceso penal de personas menores de edad (v. fs. 38 y vta.).
Agregó que los mentados fines surgían de pautas integradoras y educativas (arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 17), debiendo entenderse la utilización de la privación de libertad como último recurso y el bienestar del menor como pilar fundamental frente a la medida privativa de la libertad (v. fs. 38 vta.).
Sobre la cuestión, expuso que "...con fundamento en el fin de la pena del fuero minoril, no es posible unificarla con la pena del fuero de mayores, pues se vulneran todas las garantías y características [específicas] del fuero" (fs. 39).
Indicó que, en virtud de la especialidad del fuero, no correspondía computar la condena impuesta en un proceso de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil. Trajo a colación el precedente "Maldonado" de la Corte federal (v. fs. 39 y vta.).
Por último, afirmó que la sanción impuesta era inconstitucional, con fundamento en la imposibilidad manifiesta de satisfacer los fines señalados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (v. fs. 39 vta.).
En consecuencia, solicitó que se deje sin efecto la sentencia recurrida en cuanto dispone la unificación y reenvíe los autos al inferior a fin de que determine la pena, conforme lo solicitado por la señora defensora de la instancia.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso intentado (v. fs. 49/51 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado, pues en mi opinión el carril extraordinario impetrado no puede tener favorable acogida.
IV. En lo que hace al extremo cuestionado, el Tribunal de Casación señaló que "El encartado N. R. fue procesado bajo el estricto cumplimiento de las normas que conforman el régimen penal especializado de menores, y la mayor demostración de ello resulta ser la pena de tres años y cuatro meses de prisión a la que fue condenado como coautor por los delitos de robo doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con portación ilegal de arma de guerra, pues se le aplicó una pena muy por debajo del mínimo de la escala aplicable a los adultos" (fs. 29).
De ahí que "...la aplicación del régimen especial de protección del menor que pretende la defensa extender hasta la sentencia de unificación, entiendo que ya tuvo su debida acogida en el camino procesal trazado por R. en relación al delito que el mismo cometiera siendo menor de edad, no correspondiendo ahora otorgar supervivencia a dicha normativa a favor de un sujeto que ya no reviste su condición de menor de edad, y que se encuentra sometido a un procedimiento de unificación de pena que busca garantizarle otros derechos que también le pertenecen. En efecto, la unificación de penas es un procedimiento que prevé el Código Penal con el fin de que todo sujeto condenado por más de un Tribunal cumpla una única pena en el mismo momento histórico, con certeza de sus efectos y alcances, vgr., extinción, cómputo, libertad condicional, caducidad de los registros condenatorios, prescripción de la pena, régimen penitenciario etc.- [...]" (fs. 29 y vta.).
Concluyó que, de lo contrario, parecería un sinsentido privar a un condenado de ese derecho que le corresponde y que se origina en principios constitucionales como el de legalidad y supranacionales como el pro homine, para hacer valer sobre él una legislación específica que debe entenderse agotada con el dictado de una sentencia condenatoria que, como en el caso, fue pronunciada bajo el estricto cumplimiento de sus disposiciones (v. fs. 29 vta.).
V. Ahora bien, la inteligencia del sistema de unificación de penas así interpretada y entendida por el a quo a los efectos de concluir en su aplicación al caso, no viene debidamente replicada, lo cual obsta, por insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP), a la viabilidad del reclamo.
Se insiste en que la pena dictada en el fuero de responsabilidad penal juvenil debe quedar al margen de la regla del art. 58 del régimen de la materia (ello por considerar que no se trata de una sentencia condenatoria v. fs. 37 vta.-), sin controvertir, más allá de la referencia genérica a principios del bloque de constitucionalidad propios del sistema de menores, en particular el de especialidad, lo afirmado por el tribunal revisor en cuanto a que la aplicación del régimen especial (de menores) que la defensa pretendía extender hasta la sentencia de unificación no era posible a favor de un sujeto que ya no revestía la calidad de tal y que se hallaba sometido a un proceso de unificación de pena que buscaba garantizarle otros derechos que también le pertenecían.
En efecto, la recurrente nada dice en torno a que el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil desapareció en el caso desde que R. ya era adulto al momento de llevarse adelante la cuestionada unificación.
Tampoco intentó siquiera- cuestionar el argumento por el cual se dijo que tal procedimiento previsto por el Código Penal- se trataba de un derecho originado en principios constitucionales, por lo que era un sinsentido privar al encausado de esa posibilidad haciendo valer una legislación específica que ya se había agotado con el dictado de la sentencia por la cual fue procesado como menor.
Para más, la cita de postulados contenidos en tratados internacionales que aluden a la especialidad del fuero aparecen como meras expresiones dogmáticas desvinculadas con las concretas constancias de la causa.
En definitiva, la queja realizada aparece como una simple opinión divergente y dogmática de la parte, que se desentiende de los argumentos que sobre el punto brindó el tribunal intermedio, limitándose a exponer una mera opinión discrepante a la del juzgador acerca de la imposibilidad de unificar penas dictadas en fueros diferentes, sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas que rigen el Fuero Penal Juvenil y sin que, por otra parte, se advierta transgresión a norma o principio constitucional alguno (art. 495, CPP; conf. causa P. 123.476, sent. de 31-V-2017).
De igual modo quedan sin sustento las demás alusiones formuladas a remolque del planteo principal relativo a la imposibilidad para la defensa- de unificar penas de mayores con una del régimen de responsabilidad penal juvenil, que ya fuera desestimado.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia