Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129854
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.854, "Ozan, Ariel Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 77.097 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 23 de febrero de 2017, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata que condenó a Ariel Alejandro Ozan a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso material con homicidio cometido para procurar su impunidad (v. fs. 59/69).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 73/80), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 87/88 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 111/113 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 114 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra la decisión de fs. 59/69 vta., el señor defensor oficial adjunto articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad por la que denunció, en cuanto a la pena de prisión perpetua, la violación a los principios de igualdad ante la ley, legalidad, culpabilidad, pro homine y proporcionalidad, como así también su irrazonabilidad e inconstitucionalidad conforme los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5 inc. 6 y 7 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 inc. 1 de la Convención contra la Tortura y Tratamiento o Penas crueles, inhumanas o degradantes y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, tachó de arbitrario el pronunciamiento por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los fallos judiciales de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte (en contradicción con los arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 inc. 2, CADH; 14 inc. 5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.).
Cuestionó la sentencia del a quo en lo relativo a la revisión efectuada en materia de determinación de la pena (v. fs. 75 vta.), pues al confirmar la prisión perpetua impuesta por el tribunal de mérito, inobservó -según dice- los preceptos legales antedichos.
Afirmó que lo resuelto no se compadece con las exigencias que al respecto estableció esta Corte en el precedente P. 87.172 (v. fs. 76), y que la posibilidad de revisión de lo decidido debe ser amplia, de acuerdo a la doctrina del fallo "Casal", otorgándole al procesado la posibilidad de un nuevo juicio sobre el fallo condenatorio y la pena impuesta.
En definitiva, expuso que el Tribunal de Casación, con la competencia material abierta se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, en cuanto a la imposibilidad de la existencia de penas fijas, sin brindar fundamentos válidos para tal manera de obrar (v. fs. 76 vta.).
Indicó que los homicidios agravados previstos en el art. 80 del Código Penal impiden al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, toda vez que la norma se limita a imponer, indiscriminadamente, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes, violentando así lo normado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establece que el debido proceso requiere que ante la individualización de la pena se consideren todos los elementos atenuantes y agravantes.
Adujo que por tal motivo "...ante casos como el de autos el proceso de imposición de la sanción se desprende del hecho, dejando de valorar la proporcionalidad de la pena , resultando así que la sanción a imponer resulte arbitraria. La normativa cuestionada no permite diferenciar, en cuanto al monto de pena a imponer los disímiles grados de injusto que pueden llegar a presentarse, incluso frente a la existencia de uno o varios homicidios calificados" (fs. 77 vta.; el destacado figura en el original).
Señaló que esto afecta el principio de culpabilidad, por obligar a los jueces a tratar a Ozan con una homogeneidad (no como un ser único) sometido a la aplicación ciega e indiferente de la pena. Explicó que el ya citado art. 80 del Código Penal establece de manera mecánica y genérica la aplicación de una pena a perpetuidad para todo culpable de homicidio, contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, pues no permite individualizar la pena en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado.
Explicó que la cantidad de pena en concreto debe guardar relación de directa proporción con el injusto reprochable por imperio del principio constitucional de culpabilidad por el acto (v. fs. 77 vta. y 78). Por lo que no cabe más que concluir que el a quo mantuvo la aplicación de una pena fija que no permite la adecuación a la menor culpabilidad que corresponde en este caso.
Así consideró que el tratamiento brindado por la Sala V del Tribunal de Casación no abastece las mandas constitucionales estatuidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial dado que se aprecia la existencia de meras afirmaciones dogmáticas que reposan fundamentalmente en meras apreciaciones subjetivas.
En caso de rechazarse el reclamo efectuado con anterioridad, explicó que existe la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua circunscribiéndola a una sanción numérica que no podrá superar los veinticinco años de prisión.
Alegó que frente a la confirmación del encuadre legal en los términos del art. 80 de la ley sustantiva, la única posibilidad para compatibilizarla con la totalidad del ordenamiento, era efectuar una interpretación in bonam parte (v. fs. 78 vta.). "Es decir, si en nuestro sistema legal las penas, pese a su calificación de perpetuas , tendrían en realidad un plazo máximo de duración [...] de veinticinco (25) años (sobre todo teniendo en consideración que el Estatuto de Roma ratificado por nuestro país mediante la ley 26200 -el cual posee jerarquía sobre la legislación interna e infraconstitucional- impone como máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada de los Derechos Humanos, la de 30 años). Y si ello fuere así, entonces podría considerarse que nada obstaría la obtención de su libertad una vez cumplidos los 25 años de condena; entonces la pena en cuestión, vaga y contraria al principio de legalidad , dejaría de tener carácter perpetuo, pues, aunque prolongada, no implicaría necesariamente un encierro de por vida, y permitiría la reinserción social del condenado" (fs. 78 vta.; los destacados figuran en el original).
En consecuencia, solicitó que se haga lugar al agravio, subsanando las violaciones legales denunciadas, debido a que el pronunciamiento arbitrario dictado por el Tribunal de Casación afectó el debido proceso y la defensa en juicio de su asistido y que se dicte una nueva decisión que determine el límite temporal de la pena perpetua, equivalente a veinticinco años de encierro, y de no ser ello posible, se declare su inconstitucionalidad (v. fs. 79).
II. La Procuración General aconsejó la desestimación del recurso intentado (v. fs. 111/113 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado, pues a mi juicio la vía articulada no puede prosperar.
IV. Ante los mismos planteos llevados a su conocimiento, el Tribunal revisor, luego de afirmar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley debía considerarse como ultima ratio (por cuanto las normas sancionadas y promulgadas llevaban en principio la presunción de validez), sostuvo que la pena impuesta a Ariel Alejandro Ozan no generaba menoscabo a garantía constitucional alguna (v. fs. 63 y vta.).
Por un lado, explicó que "...los alcances de las limitaciones a la libertad ambulatoria y hasta la propia duración del encierro carcelario, aún en los casos de penas denominadas 'perpetuas', podrán variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivo especiales o de resocialización, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, y otras posibilidades de flexibilización al encierro" (fs. 63 vta. y 64).
Consideró que la previsión de una pena perpetua, que no era tal, según lo dicho anteriormente "...para el caso de conductas que afectan al bien jurídico de mayor importancia que reconoce el ordenamiento legal y que además lo hacen de un modo o en condiciones particularmente graves, como son los contenidos en el art. 80 del Código Penal, no resulta inconstitucional en la medida que guarda racional vinculación con la gravedad del ilícito, por lo que su determinación legislativa es un ejercicio razonable de las competencias propias de ese poder del estado" (fs. 64 y vta.).
Con relación a la falta de adecuación de la pena en cuestión a los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma, señaló que el art. 12 del mismo "...deja a salvo la soberanía del legislador argentino para imponer penas más graves a las allí establecidas. Por todo ello entiendo que la pena impuesta no resulta desproporcionada en relación a la conducta sancionada, ni vulneratoria del principio de culpabilidad por el hecho o del fin de la pena desde que no implica el encierro de por vida del imputado" (fs. 64 vta.).
En suma, advirtió que la norma del art. 80 inc. 7 del Código Penal en cuanto establece la pena de prisión perpetua para el homicidio perpetrado para procurar la impunidad por otro delito no vulneraba los principios de proporcionalidad, dignidad humana, igualdad ante la ley y el derecho a la resocialización del condenado.
Expuso que la discriminación que realizaba el legislador para asignar la pena de prisión perpetua a los delitos del artículo mencionado se fundaba, en el caso, en la mayor gravedad del injusto y la mayor culpabilidad de quien mataba para procurar su impunidad en otro delito (v. fs. 64 vta. y 65). Agregó que tal discriminación en función del disvalor de acción no comportaba una discriminación arbitraria que contrariase el principio de igualdad ante la ley, sino antes bien, respondía a un claro y racional designio del legislador de desvalorar de manera más severa una conducta extremadamente grave que imponía la necesidad de que la protección social fuera más enérgica a través de la pena acentuada.
Indicó que esas mismas razones de mayor gravedad del injusto justificaban la mayor severidad de la pena y de ese modo la norma observaba las exigencias del principio de proporcionalidad (v. fs. 65).
En cuanto al fin resocializador de la pena, destacó que "...la regulación de la C.A.D.H., norma incorporada a la CN y recogida por las leyes de ejecución de la pena, nacional 24.660 y provincial 12.256, no es excluyente de otros fines de la pena. En lo demás, al no importar la perpetuidad -según nuestra legislación- la prisión de por vida, el argumento de pérdida de virtualidad del derecho a la resocialización pierde contenido" (fs. 65 y vta.).
Aseguró que esas razones justificaban la legítima vigencia del art. 80 inc. 7 del Código Penal en cuanto conminaba las conductas allí desvaloradas con la pena de prisión perpetua, por cuanto este tipo de pena, correctamente entendida, en función de las consideraciones sentadas precedentemente, no afectaba los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y proporcionalidad (v. fs. 65 vta.).
Por otra parte, aludió al tramo referido a la inconstitucionalidad del art. 80 inc. 7 del Código Penal en relación con el art. 14 del mismo ordenamiento, en cuanto esta última disposición impedía conceder el beneficio de la libertad condicional para quienes cometieran el tipo previsto en la primera de las normas citadas, y señaló que "...no siendo lo concerniente al modo de ejecución de la pena privativa de libertad un punto que deba ser resuelto en el decisorio final de la causa, en el fallo no resultó aplicada la disposición del art. 14 del C.P., de manera que el planteo deviene, cuanto menos, anticipado" (fs. cit.).
Refirió que el gravamen que invocaba el señor defensor oficial no era efectivo, sino potencial, hipotético o, aún, conjetural; ello, en tanto aún no se había siquiera peticionado la libertad condicional que aquél decía que se le iba a denegar en razón de lo dispuesto en la última norma citada. "Ciertamente, la lesión que invoca no se produce en este momento, pues ella recién aparecería en el supuesto en que le sea eventualmente denegado su respectivo pedido; de tal manera que en ese instante debería, si así lo considera, introducir la cuestión federal. Tampoco resulta del presente un 'gravamen de insuficiente reparación ulterior', ya que podría plantearlo en la primera oportunidad procesal a partir de que le sea denegado el pedido de libertad condicional con basamento en el delito por el que fue condenado" (fs. 66).
Finalmente, entendió que no podía acogerse en ese momento procesal la petición defensista, pues de admitirse la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal -hipotéticamente hablando- ello carecería de virtualidad por no presentarse en la actualidad el supuesto de hecho sobre el que surtiría efectos la decisión adoptada, lo cual atentaría groseramente contra el principio limitativo que rige nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso a partir del cual toda afirmación acerca de la enemistad de un acto legislativo con la Carta magna debía formularse en cada caso particular (v. fs. 66 y vta.).
V.1. De la reseña efectuada se aprecia que los reclamos de la parte se desentienden de lo efectivamente resuelto, sin evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (conf. causas P. 106.222, resol. de 16-XII-2009; P. 105.539, resol. de 7-IV-2010; P. 109.893, resol. de 2-III-2011; P. 109.716, resol. de 9-V-2012; P. 116.266, resol. de 6-VI-2012; P. 112.272, resol. de 3-VII-2013; P. 116.811, resol. de 12-III-2014; P. 117.162, resol. de 4-VI-2014; P. 126.812, sent. de 6-XII-2017; P. 126.933, sent. de 7-II-2018; e.o.).
Ello en tanto de lo trascripto previamente, se observa que el a quo desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los planteos llevados por la parte en el remedio casatorio y los descartó brindando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio.
V.2. Por otra parte, el señor defensor oficial insiste en la transgresión del principio de proporcionalidad, omitiendo toda referencia a los fundamentos dados por el a quo en torno a que "...la pena impuesta no resulta desproporcionada en relación a la conducta sancionada..." (fs. 64 vta.) y que la "...mayor gravedad del injusto justifica la mayor severidad de la pena..." (fs. 65).
Sentado ello, cabe agregar que el argumento por el cual entiende afectado el principio de culpabilidad por el acto únicamente resultaría acertado si la pena impuesta no guardara relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad. Sólo podría predicarse entonces su incompatibilidad constitucional en los supuestos en que esta última condición resulte violada en concreto, y aquí no se ha evidenciado que la sanción legalmente prevista para los delitos por los que el procesado Ozan resultó penalmente responsable sea desproporcionada y contraria a los principios que estima afectados (conf. causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015; P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 129.449, resol. de 29-IX-2017; e.o.).
Más claramente: en el juicio oral quedó probado -plataforma fáctica que arriba firme- que "...entre la tarde del 30 de agosto de 2013 y la madrugada del 31, en Mar del Plata, posiblemente en el descampado ubicado entre las calles 200, 212, Alvarado y Alberti, la Sra. P. S. A. (23) fue atacada sexualmente por una persona de sexo masculino quien, mediante el empleo de violencia física (golpes y ligaduras de manos) la penetró carnalmente vía vaginal. Consumado lo cual el individuo le colocó a su víctima, que permanecía maniatada una bolsa de plástico en la cabeza, ajustándosela al cuello para impedirle respirar hasta que produjo su muerte por sofocación. Esto en procura de impunidad para el ataque sexual toda vez que la Sra. A. conocía la identidad del agresor" (fs. 7).
Frente al desvalor de acto que se aprecia en las conductas reprochadas en el caso, sumado a los fundamentos dados por el Tribunal de Casación, el recurrente no se encarga de demostrar por qué la pena de prisión perpetua, sería inadecuada y desproporcionada respecto de la culpabilidad del autor (art. 495, CPP).
En consecuencia, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. CSJN Fallos: 329:3680) el reclamo queda sin sustento pues se devela como puramente dogmático si el impugnante no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta al autor es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. causas P. 120.347; P. 120.920 y P. 129.449, cits.).
El recurso padece la generalidad que -infundadamente- le achaca al fallo del a quo , lo cual queda especialmente demostrado en tanto invoca "...la menor culpabilidad que corresponde en este caso" (fs. 78), sin explicar a qué se refiere ni hacer referencias concretas al acusado de autos.
Por último, y en cuanto a su propuesta de asignarle a la pena de prisión perpetua un límite temporal que no supere los veinticinco años, desoye -y por tanto no controvierte- lo expuesto por el a quo con relación a que dicha sanción, según nuestra legislación, no importa la prisión a perpetuidad, pues la limitación a la libertad ambulatoria (y hasta la duración del encierro carcelario) podrían variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivo especiales o de resocialización (v. fs. 63 vta. y 64). De ahí que el Tribunal de Casación afirmó que el agravio por el que la defensa solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del art. 80 inc. 7 del Código Penal en función del art. 14 del mismo cuerpo sustantivo era solo potencial, hipotético y conjetural, ya que ni siquiera había solicitado la libertad condicional de su asistido la que decía que se le iba a denegar en razón de lo dispuesto por el citado art. 14 del Código de fondo.
El temperamento adoptado por el a quo coincide con lo dicho por esta Corte en P. 112.146, sentencia de 30-V-2012, al establecer que "La pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría -eventualmente- al momento de serle negada la libertad. Dado que ello no se compadece con lo resuelto en la causa, no se advierte el interés actual que motiva el agravio (art. 421, C.P.P.)" y que el asunto concierne a la etapa de ejecución de la condena, y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación cabe inferir que aun para el caso de las penas perpetuas deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006 y P. 94.377, sent. de 18-IV-2007
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.