Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129857
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se difiere la regulación de honorarios del doctor Alberto T. Fornaro por sus trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3.871 de esta Corte de 25-X-2017).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.857, "Saavedra, Roberto Oscar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.630 y su acum. n° 81.639 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de agosto de 2017, rechazó el recurso deducido por la defensa de Roberto Oscar Saavedra e hizo lugar al deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza que había condenado al nombrado a la pena de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa y homicidio en ocasión de robo en concurso real entre sí; y en definitiva a la pena única de veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la anterior y de la de tres años de prisión de ejecución condicional dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 19 en causa n° 3.831 y la de un año y seis meses de prisión y costas del Juzgado en lo Correccional de La Matanza en causa n° 1.813/14. En consecuencia, casó la sentencia en crisis, procediendo a la recalificación del hecho materia de estudio y a readecuar el monto de pena impuesto, condenando a Saavedra a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, homicidio criminis causa , agravado por la participación de menores y robo calificado por el uso de arma, todos en concurso real (v. fs. 146/161, en relación con fs. 17/39 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor defensor particular -doctor Alberto T. Fornaro- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/174 vta.), el que fue declarado admisible por el Tribunal intermedio (v. fs. 176/178).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 185/189), dictada la providencia de autos (v. fs. 190), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. En primer lugar, el recurrente cuestiona que se haya calificado el hecho I -que damnificó a Mariana del Carmen Gómez- como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, en los términos de los arts. 42 y 80 inc. 6 del Código Penal y requiere se lo califique como tentativa de homicidio -arts. 42 y 79 del ordenamiento sustantivo- (v. fs. 172).
Afirma que, si bien es cierto que los requisitos de la faz objetiva del homicidio calificado se encuentran cumplidos, pues el número de personas que acordaron dar muerte a la víctima se ajusta a las disposiciones de la normativa citada, no se encuentra debidamente acreditada la configuración del elemento subjetivo de la figura legal (v. fs. 172 vta.).
Sostiene que no se demostró la convergencia de las voluntades previamente establecida, donde la acción de cada uno se encuentra subjetiva y objetivamente vinculada a la de otros partícipes, y agrega que no basta a los fines legales la simple reunión ocasional ni el acuerdo para matar (v. fs. cit.).
I.2. En segundo lugar, respecto del hecho II -que tuvo por víctima a Walter Esteban Carballo- denuncia la violación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la inobservancia de las disposiciones que rigen los arts. 166 inc. 2 y 47 del mismo cuerpo legal (v. fs. 173 vta.).
Indica que su defendido quiso cooperar en un hecho menos grave que el cometido por el autor del disparo y que, a la postre, no se vio consumado. Entiende que según las constancias ventiladas en el debate oral y la prueba aportada por el hermano de la víctima puede afirmarse que su asistido participó únicamente de un delito contra la propiedad -robo con arma de fuego- (v. fs. cit.).
Aduce que la sola circunstancia de haber aceptado participar de un robo a mano armada no autoriza a admitir que Saavedra deba responder por la muerte que provoca otro partícipe del hecho, manifiesta que está acreditado el dolo de robar más no la intención de matar (v. fs. 174).
Expone que el Tribunal revisor ha basado su sentencia en meras especulaciones que de ninguna manera determinan con exactitud el propósito homicida de su asistido, desde que no existe circunstancia material y externa que permita concluir en tal sentido, en violación de los principios de culpabilidad y legalidad (v. fs. cit.).
Finalmente, solicita se recalifique el hecho como robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa (v. fs. ibíd.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 185/189).
III.1. Con respecto al hecho I, para contextualizar el caso, corresponde determinar que la materialidad ilícita sobre la cual las dos instancias judiciales obtuvieron consenso da cuenta que "...el 4 de mayo de 2013, siendo aproximadamente las 23:0O hs., cuatro sujetos del sexo masculino que se desplazaban a bordo de un rodado color gris, previo acuerdo de voluntades y reparto de funciones, interceptaron la marcha de un vehículo marca Ford, modelo Focus, dominio HJJ 591 conducido por Francisco Alberto Aquino y en el cual se encontraba como acompañante Mariana del Carmen Gómez, que se desplazaba por la avenida Arturo Illia, casi esquina Madariaga, de [esa] localidad de San Justo, y con claras intenciones de dar muerte a los nombrados, comenzaron a efectuar disparos de armas de fuego que al menos tres de aquellos portaban, impactando uno de los proyectiles en el cráneo a nivel occipital derecho de la mencionada Gómez, no logrando consumar sus ilícitos designios por circunstancias ajenas a su voluntad" (fs. 21).
A su turno, el doctor Natiello -al que adhirió el doctor Kohan- se ocupó del planteo relativo al cambio de calificación propuesto por la defensa y lo descartó (v. fs. 150 vta./153).
Para ello señaló que "...no hay duda que -como lo requiere el tipo penal en cuestión- existió una convergencia previa de voluntades: Saavedra junto a otras dos personas más, váyase a saber los motivos, se interpusieron en el camino de Aquino y Gómez y sin mediar palabra alguna, abrieron fuego con las armas que portaban con la clara intención de dar muerte a los antes nombrados [...] Ya de esto no hay duda, ni fue discutido; o sea, si el tipo penal desde un punto de vista exclusivamente objetivo requiere la presencia de dos o más personas, va de suyo y acreditado está que Saavedra no estuvo sólo, sino con dos o más tal como lo dijeran los testigos víctimas de autos, la que -recuérdese- una manejaba, otra se encontraba en el asiento del acompañante y otro atrás" (fs. 152 vta.).
Luego, refirió que "...la figura analizada requiere el 'acuerdo' para matar, para llevar adelante el atentado contra la vida sin que importe el resultado, como es el caso de autos que el mismo quedó en grado de conato" y afirmó "...concuerdo con el sentenciante en que justamente, ese dato surge de la circunstancia objetiva y probada de que al acercarse al auto de los delincuentes al de las víctimas, directamente abrieron fuego, sabiendo quienes eran los ocupantes" (fs. ibíd.).
Más adelante, indicó que "...los atacantes salieron a la caza de Gómez y Aquino en forma premeditada, a sabiendas de encontrarlos y portando para ello armas de fuego con el fin único de darles muerte, disparando a mansalva sobre el vehículo; afortunadamente Gómez salvó su vida [...] A ello se suma que desde el vehículo agresor se efectuaron más de diecisiete disparos, lo que da la pauta que todos estaban -válgame la reiteración- de 'acuerdo' en llevar adelante el fin y de cómo el 'modus operandi' [...] No hay duda alguna en que todos se pusieron de acuerdo para matar, participando más de uno en la balacera, demostrándose de este modo el dolo de homicidio también requerido por el tipo penal correctamente escogido por el sentenciante" (fs. 153).
Concluyó que, en función de lo anteriormente dicho, debe mantenerse la significación jurídica en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal en grado de conato.
III.2. Las críticas de la defensa a lo decidido por el órgano intermedio respecto del elemento subjetivo del tipo del art. 80 inc. 6 del ordenamiento sustantivo, además de resultar carentes de desarrollos concretos, ya que se ha limitado a expresar su oposición a lo resuelto por el órgano casatorio, no pueden ser atendidas, pues aunque se hayan esgrimido con sustento en la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, su queja se refiere a cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba.
Si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal; salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -que ni siquiera vienen planteados por la parte-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti alegados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013 y P. 110.347, sent. de 23-XII-2013).
En síntesis, la queja se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Resultado de ello, debe mantenerse la calificación legal del hecho I tal como llega a esta instancia extraordinaria.
IV.1. En cuanto al reclamo de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia de los arts. 166 inc. 2 y 47 del Código Penal referido al hecho II, el mismo tampoco progresa.
El tribunal intermedio hizo lugar al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y resolvió mutar la calificación legal del hecho II de homicidio en ocasión de robo a homicidio criminis causae.
En primer lugar describió el hecho controvertido y señaló "...que el 28 de enero de 2014, siendo aproximadamente las 15:00 horas, al menos cuatro sujetos del sexo masculino se dirigieron al comercio del rubro taller denominado 'Los Hermanos' [...] al cual descendieron tres, todos munidos con armas de fuego, y una vez allí intimidaron a Lucas Jorge Reynoso, empleado del lugar, al cual le exigieron la entrega de un escáner, para de seguido introducirlo en el baño del local. En esos instantes y mientras los sujetos activos se encontraban revisando el comercio se hizo presente el titular del taller, Walter Esteban Carballo, quien se encontraba en la conducción de la camioneta Ford, modelo Eco Sport, dominio EBI 179 de un cliente, el cual fue intimidado por los sujetos activos, uno de los cuales ante la conducta de aquel de intentar darse a la fuga del lugar y no pudiendo en consecuencia consumar el ilícito accionar, efectuó un disparo de arma de fuego a la altura del tórax, causándole la muerte" (fs. 153 y vta.).
El doctor Natiello -al que adhirió el doctor Kohan- sostuvo que "El asesinato de Carballo claramente estuvo motivado para facilitar un robo que se vio impedido de realizar, esto es, en definitiva, el accionar de la víctima ponía en juego el éxito de la empresa criminosa impidiendo el fin primigenio del robo [...] Fundamentalmente para tener por recreada [esa] materialidad ilícita cuya significación jurídica se discute se tuvo en cuenta los creíbles y juramentados dichos de Jorge Lucas Reynoso" (fs. 153 vta.).
Luego, distinguió el ámbito de aplicación de las figuras del homicidio en ocasión de robo y el homicidio criminis causa e indicó que Saavedra resultó coautor del hecho en tanto participó activamente de la ejecución del robo llevando consigo un arma de fuego que utilizó en forma amenazante contra el testigo antes mencionado, concluyendo el Tribunal que se representó y aceptó desde un primer momento mínimamente la posibilidad de matar, aunque el primer designio hubiese sido otro.
Finalmente, indicó que aun aceptando que el disparo que mató a la víctima no hubiera sido efectuado por Saavedra, el homicidio calificado le es atribuible en virtud de que el imputado tomó parte en la ejecución del hecho común, motivado por una comunidad subjetiva, con un aporte objetivo a los fines de su realización. En definitiva, sostuvo que puede afirmarse que el procesado participó en el marco del dominio colectivo que tuvo en el hecho en que la víctima perdiera la vida, como una colaboración funcional, ya que se trató de una contribución a la ejecución común atribuible a todo el grupo (v. fs. 154/157 vta.).
IV.2. El recurrente -como bien señala el Procurador General en su dictamen- solo opone a lo decidido por el Tribunal revisor su opinión personal de cuál debería ser la responsabilidad de su asistido en el hecho que concluyó con la muerte de Walter Esteban Carballo, pero tal afirmación no cuenta con un fundamento que le de sustento al cambio de calificación legal, pues se limita a manifestar que la prueba reunida en la presente causa demuestra que Saavedra solo quiso robar pero que no tuvo la intención de matar, lo que torna al reclamo en insuficiente (doctr. art. 495, CPP).
Asimismo, esta Corte ha convalidado en distintas oportunidades el criterio conforme el cual corresponde considerar coautor de homicidio criminis causa a quien participa del dominio del hecho ejercido en común por un grupo de activos, siempre que ello se haya basado en una apreciación razonada de las pruebas colectadas en la causa (conf. causas P. 126.317, sent. de 19-X-2016; P. 123.527, sent. de 26-X-2016 y P. 121.582, sent. de 29-III-2017).
Ha sostenido este Tribunal que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común y que exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito -en concreto, la ejecución del disparo mortal- es negar aquella categoría de participación, pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (conf. causa P. 98.529, sent. de 15-VII-2009).
Resultado de ello, debe mantenerse la calificación legal establecida por el Tribunal de Casación.
V. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871, de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I.73.016, resol. de 8-XI-2017).
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se difiere la regulación de honorarios del doctor Alberto T. Fornaro por sus trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3.871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia