Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130340
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.340, "Méndez, Ramón Antonio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 70.756 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2015, rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Isidro que condenó a Ramón Antonio Méndez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, de conformidad con lo normado por el art. 80 inc. 11 del Código Penal (v. fs. 55/63).
Contra esta decisión, el señor defensor oficial adjunto del Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/69), el cual fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 74/75). Ante dicha decisión, la defensa presentó recurso de queja por denegatoria de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 133/141).
Con fecha 21 de junio de 2017, esta Corte declaró nulo el auto que denegó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa y remitió las actuaciones a la Sala Tercera de Tribunal de Casación (v. fs. 151/153).
Ante el reenvío ordenado, la Sala III del Tribunal de Casación, con fecha 24 de octubre de 2017, declaró admisible la vía intentada (v. fs. 158/159 vta.).
En su dictamen el señor Procurador General estimó que el interpuesto por la defensa debe ser rechazado (v. fs. 166/171). Dictada la providencia de autos (v. fs. 172) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa denunció la revisión aparente de la sentencia de condena en los términos de los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la violación al principio de culpabilidad y la arbitrariedad de lo resuelto (v. fs. 66).
Sostuvo que el a quo ha brindado una respuesta arbitraria con flagrante desconexión con los fundamentos invocados por esa parte oportunamente, con relación por un lado, a que no se encontraba acreditado el dolo homicida requerido por la figura prevista en el art. 80 inc. 11 del Código Penal y por el otro, en cuanto a la inconstitucionalidad de las penas perpetuas, al vulnerar los principios de proporcionalidad, racionalidad, mínima suficiencia, resocialización de los condenados, estricta legalidad y división de poderes y al implicar un trato cruel, inhumano o degradante (v. fs. 67 vta.).
La defensa alegó que la Casación le atribuyó haber traído a colación una sentencia de la Corte Interamericana para sustentar sus fundamentos la que de ninguna manera fue invocada por esa parte (v. fs. 67), por lo que dicha desconexión convierte el acto jurisdiccional en arbitrario.
Por otro lado, denunció que el tribunal intermedio evadió en el análisis de la prueba colectada la evaluación del elemento requerido en la figura, el dolo directo. Entendió que si bien los fundamentos dados por el a quo fueron explicitados, brindó el tribunal "...una respuesta dogmática, vacía de contenido y desentendida de los hechos ventilados en autos..." (fs. 67 y vta.), incumpliendo con la garantía prevista en el art. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares fijados por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y la Corte federal en el caso "Casal"; "Martínez Areco" y "Herrera Ulloa"; causa P. 96.240, sent. de 11-III-2009).
Solicitó se case la sentencia impugnada, y se reenvíen al Tribunal de Casación a fin de que -debidamente integrado- se dicte una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 68 vta.).
II. Comparto el rechazo que propone el dictamen del señor Procurador General (v. fs. 166/171).
Cabe señalar que al articular el recurso de casación la defensa solicitó se casara la sentencia por la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal y pidió en la memoria la aplicación del art. 79 del mismo texto legal (v. fs. 31/32 vta. y 44/46 vta.), también requirió que se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por considerar que aniquila la posibilidad de resocialización, vulnerando los arts. 5.2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 32 vta./37 y 46 vta./50).
III.1. El Tribunal de Casación Penal, con voto del Juez Borinsky, que concitó la adhesión simple del doctor Violini, examinó los motivos de agravio de la defensa en el marco de la revisión amplia que entendió de su incumbencia (v. fs. 55 vta./63).
Describió que la materialidad ilícita que se tuvo por corroborada refería a que: "...entre las 22.00 horas del 12 de enero y las 00.30 horas del 13 de enero de 2014, en la casa sita en la calle México número 640 de la localidad de Agustoni, Partido de Pilar, Ramón Antonio Méndez, le propinó golpes de puño y patadas en zonas vitales del cuerpo a Natalia Soledad Andresein, con intenciones de quitarle la vida" (fs. 57 y vta.). "Así, un golpe en la zona abdominal derivó en un hemoperitoneo masivo por desgarro hepático extenso y de gran magnitud, provocándole una hemorragia peritoneal que le causó la muerte". "Dicha situación tuvo lugar en un contexto de violencia de género, toda vez que era común que Méndez golpeara a su concubinaria Andresein causándole múltiples lesiones, incluso motivó la formación del expediente por violencia familiar número PL 1969/2013 en el Juzgado de Familia número 2 de Pilar" (fs. 57 y vta.).
A partir de ello, el a quo justificó la evaluación jurisdiccional sobre los elementos probatorios, como el informe médico del legista Federico Martín Corasaniti, quien describió las lesiones recibidas por la víctima concluyendo que "...la causa de la muerte fue por hemoperitoneo masivo por desgarro hepático extenso" (fs. 57 vta./59 vta.). Sumado a lo declarado por el personal policial interviniente -Pratolongo y Cejas-, los dichos de Norma Ester Galarza, Carla Raquel Gómez y Elizabeth Alicia Albarenque (v. fs. 60 vta./61 vta.) quienes manifestaron que conocían a la víctima por ser vecinos, los que aludieron a situaciones de violencia anteriores similares en dicha vivienda, y que cuando la mujer salía, decía que era una discusión de pareja . Añadió el a quo lo testimoniado por el padre y la hermana de la víctima, quienes en varias oportunidades la observaron golpeada y formularon oportunamente la denuncia. A ello se adunó, entre otros elementos, la copia del expediente de Familia n° 2 de San Isidro (v. fs. 61 y vta.).
Luego, y en lo que importa, el tribunal intermedio examinó el reclamo relativo a la calificación legal asignada (v. puntos cuarto y quinto), y en dicho análisis suministró fundadas razones por las que consideró acertada la decisión del juzgador (v. fs. 62).
Así, frente a los agravios llevados por la defensa relativos al dolo exigido por la figura endilgada consideró que "...en un contexto de violencia doméstica, con múltiples denuncias -que dieron lugar a la formación del expediente número PL 1969/2013 en el Juzgado de Familia número 2 de Pilar- que acreditan los reiterados maltratos sufridos por Andresein por parte de su concubinario Méndez, es una petición de principios negar el dolo homicida". "En efecto, en la progresión que comienza con discusiones y violencia psicológica, para luego pasar a la física, el desenlace no podría ser otro que el ocurrido, más aún, teniendo en cuenta la innegable superioridad física del agresor -de contextura gruesa- y los golpes que propinó a Andresein -de tan sólo 40 kilos de peso- en zonas vitales de su cuerpo que ocasionaron múltiples hematomas, desgarro hepático y consecuentemente su muerte". Por ello sostuvo que las conclusiones del veredicto atacado resultan una derivación razonada del derecho vigente con apego en las circunstancias del caso (v. fs. 62 y vta.). Ratificó, también, que se trató de un caso de "actos de violencia contra la mujer-género-" (fs. 62).
Lo expuesto, deja en evidencia que el fallo se encuentra ajustado a las pautas establecidas por los precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte federal y la Corte Interamericana de Derechos, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El recurrente se desentiende de los argumentos brindados por el a quo y en lugar de discutir el fondo de la cuestión alegó, infundadamente en este aspecto, que no hubo una revisión adecuada (doctr. art. 495, CPP).
En definitiva, la disconformidad de la parte con la solución adoptada por el tribunal revisor al examinar la ponderación de los elementos de prueba tenidos en cuenta por el juzgador de grado y los fundamentos expuestos para explicar la convicción en que basó el juicio de condena, el cual convalidó, no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso, con los alcances que la Corte nacional le otorgara, a partir del ya citado precedente "Casal".
Tampoco se advierte, ni demuestra la defensa, la arbitrariedad que alega. Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
III.2. En el apartado I del pronunciamiento atacado, al tratar la constitucionalidad de la prisión perpetua (v. fs. 55 vta./57), la Casación expresó "...el tilde de inconstitucionalidad del artículo 80 busca apoyo en la doctrina establecida por la CIDH en 'Hilaire vs. Trinidad Tobago', sentencia del 21 de junio de 2002, en tanto tiene dicho que el homicidio debe ser penado por la legislación nacional bajo distintas categorías que permitan graduar la gravedad de los hechos y, en consecuencia, el nivel de severidad de la pena" (fs. 115 vta. y 116). De allí que "El pedido de inconstitucionalidad es una petición de principio y busca apoyo equivocado en un precedente absolutamente desconectado de las circunstancias del caso", pues el fallo invocado "...es producto de la acumulación de los Casos Hilaire, Constantine y otros y Benjamín y otros, que fueron sometidos separadamente a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 'la Comisión Interamericana' o 'la Comisión') en contra del Estado de Trinidad y Tobago el 25 de mayo de 1999, 22 de febrero de 2000 y 5 de octubre de 2000, respectivamente" (fs. 56).
No obstante, expresó el a quo "...de una simple lectura de las figuras que contempla el homicidio intencional de otro surge sin mayor esfuerzo que la consecuencia ineludible no es la misma, sino que, y por el contrario, las variables calificativas pueden conducir hasta la disminución de la escala prevista para el tipo básico; y por estos fundamentos el motivo decae (artículos 80 del Código Penal; 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal)" (fs. 56 vta. y 57).
Así, "La interpretación que se denomina constitucional del mismo artículo remite a una cuestión de cómputo, por lo cual, además resulta conjetural y como tal improcedente (argumento artículo 421 del Código Procesal Penal)" (fs. cit.).
Trajo a colación por último, lo afirmado por el Juez "...Hitters, en varios precedentes, que en lo que respecta a la denuncia de invalidez de las penas perpetuas no existe agravio actual por cuanto la necesidad de fijarles un término de agotamiento surgiría si se negara al condenado la posibilidad de acceder al período de prueba previsto para su ejecución (art. 13 del Cód. Penal, ley 24.660 y 421 del CPP) (CS, 'Ibáñez', 14 de julio 2006 y SCBA, P. 84.479, sent. del 27-XII-2006 y P. 94.377, sent. del 18-IV-2007)" (fs. 57 cit.).
IV. Le asiste razón a la defensa (v. fs. 67) en cuanto a que la Casación "respondió" (v. fs. 55 y sigs.) un argumento que la parte, en rigor, no había empleado en su recurso pues, en efecto, el señor defensor oficial al acudir ante ese tribunal no hizo referencia alguna a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Hilaire" (v. fs. 31 vta. y sigs.).
No obstante, la recurrente no ha demostrado que la fundamentación restante expuesta por el a quo -que refirió a la actualidad del agravio- no haya constituido un tratamiento suficiente del punto relativo a la constitucionalidad de la prisión perpetua (art. 495, CPP).
A todo evento, y sobre el fondo del asunto, cabe remitirse a la doctrina legal de esta Corte en virtud de la cual han sido rechazados argumentos similares a los invocados por la defensa en este juicio para objetar el apego de dicha pena a la Constitución nacional (conf. causa P. 121.698, sent. de 13-IX-2017; e.o.).
En consecuencia, voto por la negativa
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia