Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130966
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.966, "Guille, Emanuel Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 83.662 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de diciembre de 2017, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora que condenó a Emanuel Alberto Guille a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado por su comisión con la finalidad de consumar otro delito y por ser cometido con arma de fuego (v. fs. 68/82 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 87/100 vta.), el que fue concedido por el órgano a quo merced a la resolución de fs. 101/103.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 111/115), dictada la providencia de autos a fs. 116 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto tachó de arbitrario el pronunciamiento casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal Federal, afectando la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal, el derecho al recurso y los principios de inocencia e in dubio pro reo (v. fs. 89 vta. y 90).
Afirmó, con cita del fallo "Casal", entre otros, que el a quo omitió realizar una exploración amplia en el tratamiento del agravio sometido a su consideración, convirtiendo al pronunciamiento en arbitrario por ausencia de fundamentación.
Entendió que el a quo "...se apartó infundadamente de los referidos precedentes en el tratamiento que realizara del planteo formulado por el Sr. Defensor actuante en la instancia por el que reclamara que se analice la valoración que de los elementos probatorios colectados realizara el Tribunal de Juicio al condenar errónea y arbitrariamente a Guille en relación a un hecho sobre el cual no se ha acreditado certeramente la figura penal por la que se lo condena..." (fs. 92, el destacado figura en el original). En este sentido, explicó que el órgano revisor se limitó a señalar mediante meras afirmaciones dogmáticas que el fallo de mérito tuvo por legalmente probado el extremo de la imputación relativo a la calificación legal, respondiendo ello a "...una mera expresión dogmática carente de sustento jurídico y fáctico que lo acredite, vulnerando de ese modo la garantía de revisión amplia e integral de la que a lo largo del presente hiciera referencia" (fs. cit.).
I.1. En el marco de dicho reclamo, denunció la infracción a la ley sustantiva: arts. 41 bis, 79, 80, 165, 166 inc. 2 párrafo segundo, todos del Código Penal, solicitando así la recalificación legal de los hechos (v. fs. 92 vta.).
Para sustentar ese planteo argumentó que no se probó la conexión ideológica entre el homicidio y el intento de robo por lo cual pidió que el caso se encuadre en el art. 165 del Código Penal y no en el 80 inc. 7 del mismo.
Adujo que se "...lesiona el principio de culpabilidad por imputarle a [su] defendido una responsabilidad objetiva, impropia de un estado constitucional de derecho como el nuestro. En autos, eventualmente, se 'mató' en el contexto de un robo, aun habiendo resultado el homicidio -en su caso- una consecuencia querida por el autor para robar..." (fs. 95). "Con ello quiero decir que hipotéticamente, la acción desplegada se desarrolló para consumar un robo..." (fs. cit.) y la muerte fue producto de la violencia desplegada con motivo u ocasión del robo (v. fs. ibídem).
De este modo, señaló que la insuficiencia probatoria advertida debe ser revisada en esta instancia extraordinaria y conforme al principio de la duda, favorecer a Guille.
En subsidio, "...para el caso de no hacer lugar al requerimiento efectuado en pos de calificar los hechos en los términos del art. 165 del CP , entiendo debe resolverse el caso [...] conforme las reglas concursales, mediante la aplicación [...] de lo normado por los arts. 55, 166 inc. 2° y 79 del CP " (fs. 95, el destacado figura en el original).
I.2. Por otra parte, planteó la afectación a los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, como así también la inconstitucionalidad de la pena perpetua.
En rigor, cuestionó la revisión efectuada en materia de determinación de la pena, pues -sostuvo- que al confirmar la prisión perpetua impuesta por el tribunal de mérito, el a quo inobservó los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 57 de la Constitución provincial (v. fs. 95 vta. y 96).
Aseveró que lo resuelto no se compadece con las exigencias que al respecto estableció esta Corte en el precedente P. 87.172, y que la posibilidad de revisión de lo decidido debe ser amplia, de acuerdo a la doctrina del fallo "Casal", otorgándole al procesado la posibilidad de un nuevo juicio sobre el fallo condenatorio y la pena impuesta (v. fs. 96 vta.).
Destacó que el rechazo del agravio articulado en torno a la inconstitucionalidad de la prisión perpetua responde a un parcial tratamiento de los fundamentos esbozados en tal sentido, lo que en modo alguno abastece las mandas constitucionales contenidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Indicó que los homicidios previstos en el art. 80 del Código Penal impiden al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, toda vez que se limita a imponer, indiscriminadamente, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes, violentando así lo normado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establece que el debido proceso requiere que ante la individualización de la pena se consideren todos los elementos atenuantes y agravantes (v. fs. 97 vta. y 98).
Manifestó que por tal motivo "...ante casos como el de autos el proceso de imposición de la sanción se desprende del hecho, dejando de valorar la proporcionalidad de la pena , resultando así que la sanción a imponer resulte arbitraria..." (fs. 98, el destacado figura en el original), pues la normativa cuestionada no permite diferenciar, en cuanto al monto de pena a imponer los disímiles grados de injusto que pueden llegar a presentarse.
Señaló que este modo de actuar afecta el principio de culpabilidad, por obligar a los jueces a tratar a Guille con una homogeneidad sometido a la aplicación ciega e indiferente de la pena. Explicó que el ya citado art. 80 del Código Penal impone de manera mecánica y genérica la aplicación de una pena a perpetuidad para todo culpable de homicidio, contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, toda vez que no permite individualizar la pena en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 98).
I.3. Por último, entendió adecuado señalar que dada la plural, vaga y ambigua legislación vigente que afecta el principio de legalidad, deviene necesario determinar y conocer el significado que debe dársele al término perpetua. "Si la pena de prisión perpetua impuesta a Guille debe entenderse como veinticinco (25) años de prisión [...]; o treinta (30) años, toda vez que al haber ratificado nuestro país la ley 26200 , mediante la cual ratificó el Estatuto de Roma (el cual posee jerarquía sobre la legislación interna e infraconstitucional) el cual impone como máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada a los derechos humanos, principalmente aquellos que atentan contra la dignidad de un sinnúmero de personas, el tope punitivo es de treinta años de prisión o, finalmente el límite inconstitucional de cincuenta (50) años de prisión o reclusión establecido por el art. 55 del CP al determinar la solución ante los casos de concursos reales de delitos" (fs. 98 vta., los destacados figuran en el original).
Así consideró que existe la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la citada pena circunscribiéndola a una sanción numérica que no podrá superar los veinticinco años de prisión, ya que frente a la confirmación del encuadre legal en los términos del art. 80 de la ley sustantiva, la única posibilidad para compatibilizarla con la totalidad del ordenamiento, es efectuar una interpretación in bonam parte (v. fs. 99).
En consecuencia, solicitó que se haga lugar al agravio, subsanando las violaciones legales denunciadas, debido a que el pronunciamiento arbitrario dictado por el Tribunal de Casación afectó el debido proceso y la defensa en juicio de su asistido; y pidió que se dicte -luego- una nueva decisión que determine el límite temporal de la pena perpetua, equivalente a veinticinco años de encierro, y de no ser ello posible, se declare su inconstitucionalidad (v. fs. 99 y vta.).
II. La Procuración General aconsejó desestimar el recurso en trato (v. fs. 111/115).
III. El recurso no prospera.
IV.1. En cuanto al primero de los agravios, llevado también ante la instancia casatoria, el a quo transcribió la materialidad ilícita acreditada en la instancia diciendo "...que 'el 4 de diciembre de 2014, en horas de la noche, en la calle Bustos, entre Pampero y Urunday de la localidad de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, dos hombres en forma violenta, intimidatoria y sirviéndose de un arma de fuego apta para el disparo, intentaron apoderarse ilegítimamente de la moto que poseía Martin Gabriel Domínguez Noria y que cuando Domínguez Noria intentó escapar con la moto, Guille lo mató mediante un disparo en la cabeza con el fin de consumar el robo, el que finalmente no logró por razones ajenas a su voluntad' " (fs. 72 y vta., el destacado figura en el original).
De seguido, afirmó que no merecía censura la forma en que se tuvo por acreditada dicha plataforma fáctica, particularmente en lo que hacía al dolo homicida y a la concurrencia de la ultrafinalidad exigida por la figura prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal que cuestionaba el recurrente. En tal sentido, sostuvo que el dolo homicida fue correctamente inferido con certeza a partir de la forma en que se exteriorizó la conducta del autor, que no podía más que identificarse, por sus características y por el contexto en que se desarrolló, con el designio de causar la muerte de la víctima. Para ello aclaró que "En el homicidio que resulta con motivo u ocasión de un robo el autor carece en sentido estricto del designio de matar por más que luego actúe con dolo, es en razón de ello que la figura alude al homicidio que resultare, porque cuando se tiene el propósito de matar 'para' o 'por' alguna circunstancia relacionada con el robo se trata del homicidio criminis causa calificado en el art. 80 inc. 7° del Código Penal. El contenido subjetivo de la figura constituye un ámbito donde confluyen plurales modalidades psíquicas, comienza a partir de un piso debajo del cual la responsabilidad no puede imputarse porque sería puramente objetiva y termina en su confluencia con el homicidio criminis causa donde además del dolo de matar se requiere una especial finalidad o conexidad causal con el robo. La concurrencia en cabeza del autor de esa específica finalidad se acredita, como ocurre casi siempre, en virtud de su naturaleza eminentemente psicológica a partir de prueba de tipo indirecta formada por aquellos indicios que surgen de la forma en que la conducta se exteriorizó y de las circunstancias que rodearon su realización" (fs. 72 vta./73 vta.).
Indicó que dicha conclusión era fácilmente extraíble de la prueba reunida a partir de los testimonios ponderados en el fallo, a saber: Gabriel Oscar Acevedo (cuñado de la víctima), José Luis Chávez (vecino), Marcela Soledad Gómez (esposa de Chávez) y Blanca Noemí Gasañol Iglesias (otra vecina).
Analizadas dichas declaraciones, el a quo destacó que el sentenciante de origen determinó que la muerte se provocó como consecuencia de un disparo habiendo ingresado en la parte posterior de la cabeza de la víctima un cartucho de munición múltiple. Entendió que era acertado que no cabían dudas acerca de la voluntad homicida del imputado. "En primer lugar, debido al lugar del impacto y a la profundidad alcanzada. La operación de autopsia estimó que la distancia del disparo era inferior a un metro entre el plano del impacto y la boca de fuego del arma empleada. Tampoco tuvo duda el Tribunal al tener por acreditado el aspecto subjetivo de la figura en cuestión en tanto encontró evidenciada la conexión final siendo que el homicidio se trató del medio para consumar el delito contra la propiedad" (fs. 74 y vta.).
Expuso que al tratarse la segunda cuestión de la sentencia se dijo que ante la resistencia opuesta por la víctima a entregar la moto el acusado efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Domínguez Noria, quien quedó tirado en el piso con el pie trabado entre el volante y el tanque de combustible de la moto y que en esa situación, Guille intentó levantar la moto tomándola del puño, sin éxito.
Asimismo compartió la conclusión a la que arribó el a quo cuando indicó que con el homicidio de Domínguez Noria el acusado buscó reducir la resistencia de la víctima, pues previo a ello le había pegado un culatazo, golpe que también fue relevado en la autopsia, al grito de que le diera la moto.
De este modo, entendió razonable la conclusión de la sentencia en cuanto a que se evidenciaba en la conciencia del encausado la existencia de una conexión final entre el homicidio y el delito contra la propiedad, pues la conducta lógicamente se explicaba a partir de la finalidad, cuanto menos, de consumar el robo, en tanto durante su ejecución Guille efectuó un disparo a corta distancia que impactó en la cabeza de Domínguez Noria y luego de ello, con la víctima tirada en el piso, lejos de desistir de su accionar intentó levantar la moto, acción que no pudo concretar debido a que se encontraba trabada con el cuerpo de la víctima y a la intervención de los familiares y vecinos. "Así entonces, la finalidad de consumar el robo al intentar dar muerte a Domínguez Noria ha sido establecida de acuerdo a las reglas que rigen la valoración probatoria fijadas en los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal, circunstancia que dicho sea de paso no se modifica por el hecho de que el acusado con posterioridad pida disculpas a la familia de la víctima" (fs. 75 y vta.).
En consecuencia, concluyó que la revisión de la plataforma fáctica del fallo le impedía sostener que el Tribunal hubiera incurrido en un desconocimiento grave de las leyes de la lógica, la experiencia común y el recto entendimiento humano, en tanto el sentenciante expresó cuáles fueron las razones que surgidas de las pruebas determinaron la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esa conclusión, no logrando el autor de la queja conmover con sus argumentos la logicidad de la fijación de los hechos antes descriptos siendo acertada la calificación legal aplicada (v. fs. 75 vta.).
IV.2. De la reseña efectuada se aprecia que el reclamo de la parte se desentiende de lo efectivamente resuelto, sin evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (conf. causas P. 106.222, resol. de 16-XII-2009; P. 105.539, resol. de 7-IV-2010; P. 109.893, resol. de 2-III-2011; P. 109.716, resol. de 9-V-2012; P. 116.266, resol. de 6-VI-2012; P. 112.272, resol. de 3-VII-2013; P. 116.811, resol. de 12-III-2014; P. 117.162 y P. 118.012, resols. de 4-VI-2014; e.o.).
Ello en tanto en el segmento transcripto previamente se observa que el a quo desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó el planteo llevado por la parte en el remedio casatorio y lo descartó brindando las razones que lo llevaron a distanciarse de la postura de la defensa, justificando el temperamento adoptado.
De este modo, lo manifestado por el recurrente en cuanto a que el Tribunal de Casación sólo otorgó una respuesta que trasunta en una afirmación dogmática, resulta huérfana de todo sustento argumental, y -por indemostrada- carente de asidero a la luz de las constancias del expediente.
En cuanto a la arbitrariedad invocada, el objeto de aquella doctrina "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con lo resuelto, el señor defensor oficial no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado (conf. causas P. 117.434, resol. de 9-IV-2014; P. 118.456, resol. de 16-IV-2014; P. 118.283, resol. de 23-IV-2014; P. 116.026, resol. de 30-IV-2014; P. 118.778, resol. de 7-V-2014; P. 117.950, resol. de 4-VI-2014; P. 116.187, resol. de 11-VI-2014; P. 116.860, resol. de 18-VI-2014; P. 118.573, resol. de 25-VI-2014; e.o.).
Lo propio cabe decir con respecto al otro vicio, que junto a la arbitrariedad alega. Desde que teniendo en cuenta lo dicho inveteradamente por este Cuerpo en cuanto a que el "absurdo" es un error grave y manifiesto (conf. causas P. 75.987, sent. de 8-VI-2005; P. 75.863, sent. de 21-V-2008; P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 79.778, sent. de 23-IV-2008; P. 98.546, sent. de 12-X-2011; P. 108.476, sent. de 29-V-2013); tampoco se aprecia en el presente la existencia de un supuesto de tales características que permita descalificar el pronunciamiento atacado, tal como pretende el impugnante.
En efecto, el tribunal de recurso tuvo por acreditada la ultrafinalidad exigida por la norma aplicada, encontrando suficiente fundamento en las evaluaciones del tribunal de juicio respecto de la prueba testimonial (declaraciones de Acevedo, Chávez, Gómez y Garsañol Iglesias) y la pericial (informe de autopsia), dando cuenta de la decisión de matar conexa con el delito contra la propiedad. Ello pues ante la resistencia que puso la víctima a entregar la moto, el imputado le efectuó un disparo a corta distancia que impactó en la cabeza de Domínguez Noria quien quedó tirado en el piso trabado entre el volante y el tanque de combustible del rodado; y que en esa situación Guille intentó levantar la moto sin éxito. O sea, que "...con el homicidio de Domínguez Noria el acusado buscó reducir la resistencia de la víctima" (fs. 74 vta.).
Y respecto de tal conclusión, el señor defensor oficial sólo se limita a efectuar consideraciones genéricas desvinculadas de las circunstancias concretas acaecidas en autos y sin rebatir las conclusiones que llevaron al a quo a confirmar lo decidido por el órgano de mérito sobre el punto cuestionado (art. 495, cit.).
A su vez, es doctrina de esta Corte que para que resulte aplicable la figura prevista en el art. 80 inc. 7 del Código de fondo "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-199
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