Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131114
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.114, "Corello, Leandro Javier s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 80.838 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de septiembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora que tras adquirir firmeza la condena a Leandro Javier Corello a la pena de siete años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego (dos hechos) en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil y el cómputo de pena de fs. 375, dictó el 9 de agosto de 2016 la pena única de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior, de la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Casación en la causa n° 65.180 (registro del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Quilmes, causa n° 6.250) por hallarlo autor responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego; y de la de siete años de prisión, accesorias legales y costas dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de Lomas de Zamora en el marco de la causa n° 2.494/5 por ser autor responsable del delito de robo calificado por su comisión mediante el uso de arma de fuego (v. fs. 118/121 en relación con fs. 87/88 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 125/136 vta.), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 137/138 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 145/147), dictada la providencia de autos a fs. 148 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley denunciando la errónea aplicación de los arts. 40, 41, 55 y 58 del Código Penal, lo que derivó en la afectación del principio de culpabilidad y proporcionalidad (arts. 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; con relación al art. XXVI, DADDH).
Tachó de arbitraria la sentencia en crisis en lo que hace al procedimiento de determinación judicial de la pena y repasó cuáles eran las causas que pesaban sobre su asistido para afirmar que "...debían unificarse 7 años y 4 meses, 7 años y 7 años de prisión, sin atenuantes y con seis agravantes" (fs. 127 vta.).
Asimismo, recordó los planteos formulados en el recurso de casación y lo resuelto por el a quo , para demostrar que los fundamentos dados en el pronunciamiento recurrido eran dogmáticos y no ingresaban al estudio específico de los agravios defensistas (v. fs. 129).
Expuso que el modo de decidir trajo aparejada una conculcación de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal y los principios constitucionales de culpabilidad y proporcionalidad de las penas. Señaló que el pronunciamiento atacado no subsana los déficits en el procedimiento de construcción de la pena única que se reclaman en el recurso, confirmándola -pese a la falta de fundamentación- al remitirse en un modo literal a los fundamentos aparentes del fallo recurrido.
De ahí que entendió que a "...Leandro Corello se le aplica la pena de veintiún años de prisión producto de la pluralidad de condenas que recaen en su contra, por la comisión de ilícitos disímiles, sin atender a las reglas de mínima intervención y última ratio del derecho penal conforme el derecho constitucional y convencional vigente" (fs. 130).
Afirmó que la sentencia reiteraba el mismo proceder del tribunal de la instancia que también fuera tildado de carente de motivación. En concreto, sostuvo que no brindaba una explicación para el cómo y en qué medida impactaron las circunstancias individualizadoras de la pena que sólo mencionaba sin ningún análisis y sin adjudicarles valor en términos de pena de prisión; que no justificaba cómo impactaría el tiempo de detención ya sufrido y por qué la pena única se alejaba tanto del mínimo legal; que omitía toda consideración y tratamiento para una pretensión específica de atenuación de la pena única; que nada decía en torno a la violación al principio de resocialización de la pena consagrado en los arts. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que no analizaba la propuesta de la defensa de aplicar una pena única de catorce años (v. fs. 131 vta. y 132).
En cuanto al método, señaló que no se trataba de una mera opinión acerca de cómo debía individualizarse el reproche, pues lo que se encontraba en litigio era si el método composicional invocado por el sentenciante de grado, fue aplicado fundadamente en el procedimiento de unificación de las condenas a la luz de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal (v. fs. 132).
En definitiva, expuso que sin individualizar "...las razones para alcanzar la magnitud de la pena de veintiún años de prisión y sin tratar las propuestas concretas de la defensa para una unificación adecuada y proporcional, el decisorio del Tribunal de Casación profundizó la afectación de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal que venía denunciada, en vez de subsanarla" (fs. 134). Es decir, "...resolvió confirmar la unificación de las condenas, pero sin justificación alguna de cómo arribó a dicha conclusión con simple reiteración de la sentencia de grado que [...] era inmotivada" (fs. 134 y vta.).
Alegó que los fundamentos dados por el órgano revisor no abastecían la exigencia de fundamentación de la determinación judicial de la pena en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal para la aplicación del art. 58 del mismo Código (v. fs. 135). Indicó que no respetó el balance adecuado entre las circunstancias agravantes ponderadas y los ilícitos juzgados ahora en conjunto por haber conformado un concurso real; e impuso la ejecución sucesiva de tres condenas diferentes sumando las penas impuestas por separado, que es -prácticamente- lo que la norma quería evitar (v. fs. cit.).
Afirmó que resultaba manifiesta la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales de culpabilidad y proporcionalidad cuya vulneración se planteaba y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 135 vta.).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso intentado (v. fs. 145/147).
III. Coincido con la solución propuesta.
IV. El Tribunal de Casación, frente al mismo embate llevado a esa sede señaló que "Las disposiciones del artículo 58 del Código Penal tienen por objeto completar la regla de lo que se conoce como el principio de la unidad penal, según el cual cuando medie un concurso real de delitos debe aplicarse una pena total conformada por el sistema de aspersión dentro de la escala prevista en los artículos 40, 41 y 55 del mismo código. Cuando el dictado de sentencias independientes provoca la violación de dichas normas, corresponde que las penas impuestas en cada pronunciamiento se compongan en una pena única, determinada en una nueva sentencia por el juez o tribunal que impuso la pena mayor" (fs. 119).
De este modo, afirmó que el art. 58 del Código Penal, constituía una norma aseguradora del principio de la pena total, según la cual se podían unificar a pedido de parte condenas recaídas en distintos procesos penales donde no se hubiesen observado las normas del concurso real, no obstante tratarse de hechos unidos materialmente. "En tal caso la cosa juzgada cede en favor de una única sentencia que aplica las reglas del concurso real inobservadas y con ello las penas" (fs. 119 vta.).
También indicó que no podía objetarse en lo que hacía al método empleado por el Tribunal para fijar el monto de pena, pues partiendo de la premisa que la ley no establecía un sistema específico de determinación de la pena a imponer, el proceso de unificación dentro de los parámetros fijados en ella, resultaba del juego armónico de los artículos que se decían violados, y que en el caso se respetaban.
Expuso que la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia partía del respeto de las ilicitudes verificadas en los pronunciamientos, calificaciones establecidas, circunstancias individualizadoras de las penas, esto es, sin alterar las declaraciones obtenidas en cada uno de los fallos, conforme lo dispuesto en el art. 58 del mismo Código, agregando que correspondía en el caso utilizar el método composicional, toda vez que las causas tramitaron paralelamente, y por tanto, de haberlo hecho en un único proceso hubiese existido un concurso real entre todos los ilícitos.
Por lo demás, agregó que los arts. 40 y 41 no establecían un sistema de sumas y restas de cantidades fijas de pena, por lo que la sentencia no incurría en violación a la normativa que se decía inobservada, ya que si bien dicha disposición no imponía tal metodología tampoco la excluía, "...por lo que va de suyo que el tribunal sentenciador no está obligado a adoptar el denominado método composicional cuando acude al llamado aritmético, por lo que lo relativo a la justa medida de la sanción, es la opinión de la defensa acerca de cómo debe individualizarse el reproche, pero ello no implica ni significa violación legal alguna [...] que pueda provocar el control en esta Sede" (fs. 120).
V. Ahora bien, la inteligencia del sistema de unificación de penas aplicada en la instancia de mérito -y que fuera confirmada por el tribunal de alzada- no viene debidamente replicada, lo cual obsta, por insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP), a la viabilidad del reclamo.
En efecto, el señor defensor oficial reedita -en lo sustancial- el reclamo llevado ante la instancia casatoria sin conseguir demostrar que el sistema escogido por el sentenciante implique transgresión legal alguna, quedando sus argumentaciones como meras opiniones contrarias al criterio del juzgador (conf. causas P. 85.276, sent. de 22-X-2003; P. 99.966, sent. de 12-XII-2007; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; e.o.).
Además, lo resuelto por el Tribunal de Casación se halla en sintonía con la doctrina de esta Corte que en repetidas oportunidades decidió que aún la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente -aunque acá tampoco consistió la unificada en una suma de las penas impuestas en los diversos procesos-, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 del Código Penal pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; P. 118.606, resol. de 6-VIII-2014; P. 124.282, resol. de 28-VIII-2015; P. 126.750, sent. de 7-III-2018; P. 129.574, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
En rigor, el agravio sólo representa una diferente visión sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, y esa forma de recurrir no representa una crítica eficaz, para intentar evidenciar que el juzgador hubiera incurrido en transgresión al momento de fijar el monto de la sanción (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003 y P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; e.o.; art. 495, CPP).
Tampoco desplaza la insuficiencia, la mera invocación de haberse violado los principios de culpabilidad y proporcionalidad, pues del contenido del recurso no surge argumento válido ni eficaz que intente demostrar de qué manera la cuestionada unificación de penas sería incompatible con los citados principios, sólo por considerar elevado el monto de la sanción aplicada sin tener en cuenta los delitos cometidos ni las pautas agravantes computadas en cada una de las causas que se unificaron.
Finalmente, la alegación relativa a que el a quo no tuvo en cuenta -al unificar las condenas- el cumplimiento de parte de la condena anterior se refiere a los criterios aplicables a la confección de cómputo, de manera tal que no forma parte del régimen del art. 58 del Código Penal, cuya transgresión, en consecuencia no se ha demostrado (conf. causas P. 60.485, sent. de 6-XII-2000; P. 67.810, sent. de 10-IV-2001; P. 67.251, sent. de 20-III-2002; P. 61.593, sent. de 4-VI-2003; P. 82.086, sent. de 4-VI-2008; e.o.).
En consecuencia, queda sin sustento la tacha de arbitrariedad atribuida a la sentencia por falta de motivación, desde que surge de su lectura la justificación de la cual deriva la resolución final. El tribunal intermedio se ocupó de responder el planteo referido al extremo cuestionado llevado ante esa sede y efectuó -como se detalló precedentemente- un juicio crítico de lo resuelto en la instancia de grado que concluyó en su confirmación.
En tal sentido, cabe recordar que la Corte Suprema tiene dicho que para que proceda la tacha de arbitrariedad no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, pues no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia