Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128101
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.101, "Bucetti, Heber Ezequiel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 67.503 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 5 de noviembre de 2015, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino que había condenado a Heber Ezequiel Bucetti a la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra. En consecuencia, descartó una agravante y lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión (v. fs. 127/137).
El defensor particular doctor Aquilino José Giacomelli- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 142/149 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 157/158 vta.).
El Tribunal en lo Criminal n° 1, mediante la resolución de 14-VII-2016, dispuso separar al citado defensor particular del imputado, y designar al señor defensor oficial que por turno corresponda (v. fs. 176/177 vta.), decisión que fue revocada por contrario imperio mediante resolución de 9-VIII-2016 (v. fs. 186/187).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 198/202 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 203) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurrente criticó la decisión del tribunal revisor en tanto confirmó el rechazo de la aplicación al caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en el art. 80 último párrafo del Código Penal.
Afirmó que el sentenciante se equivoca al resolver que tales circunstancias no se configuraron en el caso, pues valoró "...parcialmente las declaraciones testimoniales y la realizada en audiencia de debate por [su] defendido, como así también en las afirmaciones realizadas por los peritos Camino y Forte en la pericia psiquiátrica" (fs. 143).
Adujo que "...de las mismas declaraciones testimoniales queda acreditado que durante la relación que ambos mantuvieron NUNCA existieron amenazas ni agresiones físicas por parte del Sr. Bucetti, siendo que solamente se producían discusiones normales de toda pareja" (fs. 143 y vta.).
En su parecer, a diferencia de lo que señala el sentenciante, existió un impulso al homicidio por un hecho excepcional, en el entendimiento de que su asistido declaró que "...padecía de maltratos y dichos denigrantes hacia su persona", argumento que complementó con los dichos de los profesionales médicos intervinientes quienes afirmaron que el hecho fue originado como consecuencia de un arrebato pasional (v. fs. 143 vta.).
Tildó de arbitraria la sentencia con fundamento en que la citada circunstancia atenuante es de aplicación obligatoria conforme el principio de la ley penal más benigna (v. fs. cit.).
Por otra parte, solicitó que los testimonios de Nora Fernández, Felisa Martínez, Erica Pena, Mauro Lazzari, Silvina Marcos, Andrés Silva sobre los que el Tribunal considera que su pupilo tenía una personalidad posesiva y controladora-, sean tenidos por mendaces pues "...se ha expresado en varias oportunidades la personalidad sumisa e introvertida" del imputado (v. fs. 143 vta. y 144). En aval de su reclamo efectuó diversas consideraciones acerca de la evaluación de la veracidad del testigo (v. fs. 144 y vta.).
Adujo que es arbitraria la valoración como elemento de cargo de las afirmaciones de los peritos Forte y Camino, al no considerar que los mismos manifestaron que el imputado poseía un cuadro de depresión con un desarrollo considerable y solicitó su exclusión como medio de prueba contra el imputado. A partir de ello, estimó que se evidencia la transgresión al art. 371, en función de los arts. 373 y 212, todos del Código Procesal Penal (v. fs. 145).
Señaló que la violencia de género acreditada por el sentenciante se encuentra teñida de la animosidad, parcialidad y venganza de los deponentes y que la valoración de tales declaraciones importó la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 145 y vta.).
Por último, invocó variada doctrina de autores referida a la motivación de la sentencia, para concluir que en el caso se configura una grave ausencia de fundamentación al establecer la aplicación de violencia de género (v. fs. 147 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, pues estimo que el recurso no puede progresar (v. fs. 198/202 vta.).
III. Atento el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Corte conforme los términos de la resolución de admisibilidad que luce a fs. 157/158-, he de abordar sólo el agravio relacionado con la no aplicación al caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación establecidas en el último párrafo del art. 80 del Código Penal.
III.1. Llega firme a esta instancia extraordinaria que "...el día 27 de noviembre de 2012, en horas de la tarde y tal como habían pactado, Marcela Rita Silva se dirigió al domicilio ubicado en calle Pueyrredón Nº 1620 de esta ciudad, lugar en el que residía el Sr. Bucetti con quien había mantenido una conflictiva relación de pareja [...] Una vez en el lugar y tras una breve discusión, alrededor de las 16:30 horas, el sujeto de sexo masculino tomó un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, color cromado [...], respecto de la cual no contaba con autorización legal para tenerla, y le efectuó cuatro disparos, impactando dos de ellos en la región del cráneo, provocándole la muerte de manera inmediata por paro cardíaco y respiratorio traumático, con laceración de masa cerebral a raíz de las heridas de bala producidas" (fs. 82).
Llevado análogo embate al aquí traído ante el Tribunal de Casación ver fs. 96/100 vta.-, éste resolvió que "El motivo que busca la aplicación al caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación pese a que la calificación de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego no las habilita-, con fundamento en que el texto actual del artículo 80 del Código Penal, según ley 26.791 sancionada con posterioridad al hecho, resultaría más benigno, pues el caso estaría hoy abarcado en el inciso 1º de esa norma habilitando la aplicación del último párrafo, resulta contrario a la letra y la doctrina del artículo 2 del Código de fondo ya, en tal inteligencia, el hecho pasaría a constituir el delito de homicidio agravado, más severamente penado, de aplicación supletoria ante la falta de acreditación de los requisitos de la figura especial". En ese discurrir, explicó que "...la regla de aplicación integral de la ley más benigna, impide construir una norma con los aspectos más benévolos de leyes sucesivas; y en el supuesto de que la ley penal sancionada con posterioridad al hecho depare, en definitiva, un tratamiento más favorable al imputado, ella debe ser aplicada íntegramente, incluyendo aquellos aspectos que, individualmente considerados, resulten desventajosos con relación a la ley anterior; pero si la ley posterior consagra, en definitiva, un tratamiento más riguroso, sólo nos cabe abstenernos de aplicarla, aun cuando aspectos aislados de ella pudieran ser más ventajosos" (fs. 129 vta.).
Por otra parte, sostuvo que, aun aceptando por vía de interpretación analógica a favor del imputado que es posible la subsunción solicitada, "...todavía restaría establecer cuál sería la proporcional reducción de la escala penal que correspondería efectuar..." (fs. 129 vta. y 130).
Concluyó que "...aun soslayando tales límites, el motivo continúa siendo improcedente al desatender las razones expresadas por el tribunal para descartar, con fundamento en la prueba recibida en el juicio, la aplicación al caso de la circunstancia de atenuación pretendida..." (fs. 130).
En tal sentido, explicó que los fundamentos en la disminución de la pena para tales casos radican en la menor culpabilidad del agente "...la que tendrá relación directa con determinadas circunstancias" y que "...tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en reconocer que se requiere que el hecho o conjunto de hechos tengan idoneidad como hecho provocador en la persona del autor..." (fs. 130 y vta.).
Expresó en síntesis- que, en el caso, "La defensa sustenta su pretensión en una supuesta personalidad depresiva y situación de sometimiento de su asistido, que no sólo no surge de la prueba estimada en el veredicto, sino que es contrariada por ésta, pues ni las circunstancias objetivas ni las subjetivas conducen al norte pretendido..." (fs. 131).
A partir de allí, efectuó un repaso de las declaraciones testimoniales valoradas por el tribunal de mérito que dieron cuenta de que Bucetti tenía una personalidad posesiva y controladora, siendo una persona excesivamente celosa, a lo que adunó los mensajes de texto de contenido amenazante que el imputado enviaba a la víctima, así como la versión dada por el imputado al presentar su descargo que fue desmentida por no hallar respaldo en la prueba colectada (v. fs. 131/132).
Resolvió que tales imprecisiones no hicieron más que confirmar y dar plena entidad a las conclusiones de la pericia psiquiátrica de los doctores Camino y Fortes de la Asesoría Pericial de La Plata, en cuanto dieron cuenta que el imputado "...al margen que actuó dentro de un marco con gran contenido emocional que no se puede desconocer, trató de presentarse como un enfermo psíquico, adoptando una actitud de franca simulación..."; concluyendo que "...Bucetti refería una amnesia en bloque que cubría un período de tiempo durante el cual llevó a cabo actos complejos, que de ningún modo podían ser considerados meros automatismos" (fs. 132 y vta.).
Agregó, conforme lo resuelto por el tribunal de grado, que tampoco del análisis de los mensajes de texto obtenidos del teléfono de la víctima se arriba a la conclusión pretendida por el recurrente. Refirió que de los mismos se desprende que en un momento la relación se volvió tortuosa y que la misma se extendió a lo largo de aproximadamente un año, cuando Marcela Silva decidió ponerle fin ante el acoso de Bucetti; y que a partir de allí la situación de acoso se intensificó hasta alcanzar ribetes enfermizos con agresiones, amenazas, proyección de responsabilidad en terceros y autovictimización por parte del imputado (v. fs. 133 vta.).
En suma, resolvió que "La actitud evidenciada por Bucetti, quien, con conciencia conservada y control de sus actos se hizo de un elemento de reconocido poder vulnerante, concretó una cita en su propio domicilio con la víctima, ajustando de esta forma la acción de manera adecuada en procura de la muerte, mediante la producción de múltiples disparos con un arma de fuego frente a una víctima desprevenida, permite afirmar la existencia de una ideación previa que muestra a la conducta homicida como el producto de una decisión libre y querida más que un explosivo e irrefrenable arrebato emocional" (fs. 133 vta. y 134).
Por último, con relación a los fundamentos del recurso, señaló que nada pone ni quita al análisis integral y relacionado de la prueba reunida los dichos de los peritos de la Asesoría Pericial de Pergamino, Mártire y Melo, pues "...aun cuando resulte innegable el estado emocional que cursaba el imputado al momento del hecho, ello no puede considerarse, en el contexto escrutado, una circunstancia extraordinaria que conduzca a la disminución alguna de la escala aplicable" (fs. 134).
En definitiva, culminó que "...a la luz de las probanzas analizadas, el hecho motivador de su comportamiento criminal fue su propio temperamento, lo que conduce al rechazo del motivo y deja incólume la calificación sostenida en origen" (fs. 133 vta.).
III.2. De la lectura del fallo, transcripto aquí en forma parcial, surge la justificación de la cual deriva la resolución final.
La afirmación de la defensa en torno a que la Casación en forma arbitraria no hizo lugar a la aplicación de la mentada circunstancia extraordinaria de atenuación prevista en el último párrafo del art. 80 del Código Penal, resulta huérfana de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrada, desde que se limita a reiterar los embates llevados en las instancias previas pero en modo alguno indica con precisión cual habría sido el vicio en el razonamiento expuesto para confirmar la calificación legal establecida por el tribunal de grado.
El órgano apelado dio puntual respuesta a los reclamos de la parte, para lo cual suministró fundadas razones por las que consideró acertada la decisión del juzgador, a partir de que la regla de aplicación integral impide a los jueces construir una norma con los aspectos más benévolos de leyes sucesivas y, por fuera de ello, también brindó razones fundadas para confirmar, con sustento en el plexo probatorio reunido, que en el caso tampoco ha mediado un supuesto de circunstancias extraordinarias de atenuación, y la parte se desentiende de lo así resuelto.
Las meras afirmaciones genéricas del impugnante sobre las que argumenta que el tribunal revisor valoró parcialmente las declaraciones testimoniales y la de su defendido, o que éste actuó por arrebato pasional, no evidencian que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. En definitiva, la sentencia no padece de vicio alguno que, bajo el prisma de la pretoriana doctrina del Máximo Tribunal federal, encasille en alguno de los supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad (doctr. art. 495, CPP).
Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), y, en el presente caso, el defensor particular no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
IV. En lo que concierne a los honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa funda su recurso en la errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 80 del Código Penal que le atribuye al Tribunal de Casación por haber confirmado que el hecho ilícito contra la vida atribuido a su defendido resultó constitutivo del delito de homicidio calificado por el uso de armas, así como la agravante que cuestiona, lo cual, a su entender, contraviene los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15 de la Constitución de la Provincia y 1, 2 y 373 del Código Procesal Penal (v. fs. 142 vta.).
La impugnación fue admitida por el órgano intermedio que en su resolución de fs. 157/158 vta. tuvo por satisfechos los requisitos establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal, aunque el escrito hiciera alusión a planteos ajenos a la vía intentada y otros que consideró abarcados en parte por el recurso traído.
El recurrente insiste en su reclamo de que la relación del acusado con la víctima encuadra en la redacción actual del inc. 1 del art. 80, con la atenuación extraordinaria que contempla el último párrafo de esa norma, en función de las previsiones de la ley 26.791 cuya aplicación estima obligatoria por ser la norma penal "...más benigna" (v. fs. 143 vta.).
A su decir, el a quo apreció arbitrariamente la prueba producida pues otorgó valor cargoso a los testimonios que cita prestados durante el juicio, según los cuales su defendido tendría una "...personalidad posesiva y controladora", no obstante resultar esas declaraciones "...mendaces y tendenciosas" y oponerse a lo manifestado por los peritos médicos Melo y Martire (v. fs. 144); a la par, aduce que se valoró parcialmente lo sostenido por los peritos Forte y Camino, al no atenderse lo que manifestaron sobre que el acusado "...poseía un cuadro de depresión con un desarrollo considerable [...], interfiriendo en la vida social, que hace que pierda el trabajo, que no pueda salir de su hogar y no se relacione con personas del exterior" (fs. 145).
Cuestiona también que el sentenciante confirmara como agravante de la pena, la violencia ejercida contra la víctima a título de un supuesto de "...violencia de género", por cuanto la considera basada en "...versiones testimoniales teñidas de animosidad manifiesta en contra de [su] defendido con un relato sesgado por la parcialidad, la animosidad y venganza de los deponentes por la pérdida de la Sra. Silva" (fs. cit.). Sostiene que la casación no motivó suficientemente lo resuelto sobre el punto ni atendió lo llevado para su examen sobre la prueba que acreditaría la imposibilidad de afirmar la reprochada "violencia de género", dada la coincidencia de los peritos intervinientes de que se trató de un "arrebato pasional" (fs. 146). Denuncia erróneamente aplicado el art. 40 del Código Penal (v. fs. 147 vta.).
Cita, por último, doctrina de autores y jurisprudencia sobre la aplicación del principio in dubio pro reo y, en el entendimiento de que al momento de analizarse las circunstancias atenuantes y agravantes no fueron tenidos en cuenta los principios de culpabilidad y proporcionalidad, reclama la reducción de la pena al mínimo legal correspondiente.
II. Conforme relata el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto, el Tribunal de Casación, tras referir a la base fáctica que llegaba indiscutida a su sede, dio sobrados fundamentos para desestimar el pedido defensista de que el homicidio cometido por el acusado, calificado por el juzgador de grado en la figura simple del art. 79 del Código Penal con la agravante derivada del empleo de arma de fuego- quedase subsumido en el tipo agravado del art. 80 inc. 1 del mismo texto legal con la aplicación conjunta de las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo, de acuerdo con el texto dado con posterioridad al hecho por la ley 26.791, la cual para la parte debía regir el caso por su condición de más benigna.
En función del análisis integral que estimó necesario efectuar de las leyes que se suceden en el tiempo a fin de determinar la de mayor benignidad, el a quo rechazó la tesis postulada; puso igualmente de resalto, que aún de aceptarla, restaría afrontar el difícil tema de cómo reducir la sanción en la proporción adecu
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