Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128113
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.113, "Grasso, Marcelo Gabriel y Olguin, Martin Bernardo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 68.958 y 68.988 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de noviembre de 2015, rechazó por improcedente los recursos homónimos interpuestos por las defensas oficiales contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Marcelo Gabriel Grasso y a Martín Bernardo Olguin a la pena de treinta y dos años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio cometido en ocasión de robo, agravado por la participación de un menor de edad (arts. 40, 41, 41 quater, 45 y 165, Cód. Penal; v. fs. 127/140, con relación a fs. 16/54).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia doctor Nicolás Agustín Blanco-, dedujo en favor de Martín Bernardo Olguín recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 146/158), igual recurso interpuso el defensor particular doctor Daniel Ricardo Campos- en beneficio de Marcelo Gabriel Grasso (v. fs. 173/186 vta.).
La mencionada Sala del tribunal intermedio, mediante resolución del 29 de marzo de 2016, admitió los recursos de manera parcial al sólo efecto de abordar el agravio de ambas partes- referido a la inaplicabilidad del art. 41 quater del Código Penal (v. fs. 193/198). Las defensas de los encartados interpusieron sendos recursos de queja. El identificado como P. 128.112 RQ incoado en beneficio de Grasso, fue rechazado por esta Corte el 7 de diciembre de 2016, mientras que el registrado como P. 127.115 RQ deducido en favor de Olguín, fue declarado procedente, y, en consecuencia, se admitieron los restantes motivos de agravios incluidos en el recurso extraordinario interpuesto a su favor (v. fs. 106 y sigs. de ese expediente). Asimismo, surge de fs. 220 que con relación al imputado Grasso se dedujo recurso extraordinario federal, el que según el sistema Augusta fue desestimado mediante resolución del 12 de julio de 2017 (v. fs. 72 y vta., P. 128.112-RQ), habiéndose incoado contra ello recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 107, causa cit.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 222/227), dictada la providencia de autos (v. fs. 228) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad articulado por la defensa oficial a favor de Martín Bernardo Olguín?
2ª) ¿Lo es el deducido por la defensa particular en beneficio de Marcelo Gabriel Grasso?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Martín Bernardo Olguín, el señor defensor oficial formuló tres agravios.
I.1. En primer lugar, denunció una errónea aplicación del art. 41 quater del Código Penal, violación a las garantías del debido proceso y del juez natural y al principio de inocencia (arts. 18, Const. nac. y 8.1, CADH; v. fs. 148).
Refirió que vuelve a argumentar ante esta instancia que "...la participación del menor en el hecho ilícito debió ser determinada por los órganos del fuero de responsabilidad juvenil, y recién entonces el Tribunal Criminal N° 2 de La Matanza se hubiera encontrado habilitado [par]a aplicar el art. 41 quater del C.P. a la conducta llevada a cabo por Olguín", pues entiende que deviene "...intolerable e irrazonable" que se decida agravar una pena por una circunstancia cuya ocurrencia se encuentra aún en duda en el fuero minoril (v. fs. 148 vta.).
Por ello, solicitó a esta Corte que case el fallo impugnado, declare erróneamente aplicado el art. 41 quater del Código fondal y reenvíe las actuaciones a la instancia de origen a fin de que se proceda a fijar una nueva pena (v. fs. cit.).
I.2. En segundo término, denunció la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal al haberse valorado la nocturnidad como pauta agravante de la pena (v. fs. 149 vta.).
Sostuvo que para poder aplicar dicha circunstancia "...debe probarse en la causa que la misma fue deliberadamente elegida por los autores del hecho, para llevar a cabo el mismo, de modo de que pueda afirmarse con ese sustento, que ello es demostrativo de una mayor peligrosidad" (fs. 149 vta.).
Afirmó que en el caso no se ha acreditado que la hora de comisión del ilícito haya sido elegida intencionalmente por los encartados para facilitar sus designios, y tampoco puede inferirse del contenido de la sentencia ni de las circunstancias comprobadas del expediente, en tanto se trató de un robo "...al boleo" (fs. 150 y vta.).
Finalmente, consideró vulnerada la doctrina legal de esta Suprema Corte (confr. causas P. 66.458, sent. de 2-IV-2003 y P. 76.221, sent. de 28-IX-2005), y solicitó que se declare erróneamente aplicado el art. 41 inc. 2 del Código fondal (v. fs. 150 vta.).
I.3. Por último, alegó la errónea revisión de la sentencia de condena respecto a la ausencia de fundamentación en el monto de la pena impuesta (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), como también la equivocada aplicación de los arts. 40, 41 del Código Penal, 106 y 210 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución provincial, además de invocar la violación a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la revisión del fallo de condena (v. fs. 150 vta.).
Sostuvo que el Tribunal de Casación se expidió con relación a que la pena fijada resultó excesiva y desproporcionada mediante afirmaciones alejadas de la realidad y que en nada contestaban lo argumentado por esa defensa (v. fs. 151 vta.).
Desarrolló su crítica a partir de lo que llamó el "...proceso lógico de construcción de la pena" y la "fundamentación". Sobre lo primero sostuvo que de la sentencia dictada por el a quo "...no surge cómo se llegó a determinar dicho monto punitivo", y que "No se advierte de ella cual ha sido la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso en concreto..." (fs. 151 vta. y 152).
Al respecto, consideró que "...extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes" y que este punto es el mínimo legal (v. fs. 152 vta. y 153).
Sobre la fundamentación, dijo que la casación no elaboró ningún tipo de análisis ni sobre la escala penal ni sobre el modo en que impactaron las pautas atenuantes y agravantes ponderadas (v. fs. 153 vta.).
Por otro lado, tachó de arbitraria la decisión del a quo que rechazó los argumentos aportados por el señor defensor en el memorial del art. 458 del Código Procesal Penal, al decir que eran extemporáneos, cuando a juicio de esa defensa-, se buscó reforzar los llevados en el recurso (v. fs. 153 vta. y 154).
Afirmó que el Tribunal casatorio efectuó un examen parcial y arbitrario por estimar adecuada la sanción impuesta, a la vez que no brindó una respuesta aceptable a los agravios de la defensa, vulnerando el derecho a una revisión amplia del fallo de condena (v. fs. 154/155 vta.).
Finalmente, en sustento de su postura extractó algunos párrafos de los precedentes "Ruiz", "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 156 vta./157 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Subprocurador General en que la queja no puede prosperar (v. fs. 222/227).
III. En cuanto al hecho acreditado, ha quedado establecido que "El día 28 de Marzo de 2013, siendo aproximadamente las 23,00 hs., frente al domicilio ubicado en la calle Almeira, a la altura catastral N° 1581, del barrio 'Los Pinos', de la localidad de Villa Luzuriaga, de éste Partido, tres sujetos de sexo masculino uno de ellos menor de edad-, tras intimidar a Alberto Rubén Parodi, quien se hallaba sentado en el interior del vehículo marca VW, modelo 'Voyage', dominio JPB-743, con un arma de fuego, que uno de los sujetos antes aludidos esgrimía, oportunidad en la que uno de [ellos], le efectuó a la citada víctima un disparo con el arma de fuego que detentaba, provocándole heridas que a la postre determinaron su óbito [...], apoderándose los malvivientes del rodado y pertenencias varias de la citada víctima, dándose a la fuga en poder del espúreo botín" (fs. 26 y vta.).
IV.1.a. Sentado ello, cabe destacar que el agravio reseñado en el apartado I.1. de la presente no puede ser acogido, y voy a las razones.
En la sentencia de condena se desestimó análogo pedido de la defensa quien solicitó se descartara la agravante prevista en el art. 41 quater del Código Penal, porque no se acreditó de modo fehaciente la participación del menor en el hecho dado que no se había dictado sentencia firme en el fuero minoril que acreditase esa intervención. El tribunal de mérito entendió que "...la presencia del aludido menor en el 'locus delicti comissi' se encuentra debidamente acreditada...", en tanto que "...en ese sentido se expidieron los funcionarios policiales preventores que participaron de su aprehensión instantes después que descendiera del rodado recientemente desapoderado, como así también el positivo reconocimiento en rueda de personas llevado a cabo por la testigo Luciana Solange Parodi" y los dichos del joven B. menor de edad- en cuanto aceptó haber estado dentro del vehículo desapoderado en las circunstancias que rodearon su posterior aprehensión, sumando a ello "...la fuga ensayada por el imputado, ante la presencia de los uniformados" (fs. 27 vta./29).
IV.1.b. En la respuesta dada por el Tribunal de Casación ante igual planteo llevado a su instancia (v. recurso de fs. 62/74, en particular fs. 68 vta./70, legajo n° 68.988), se sostuvo que en el caso había quedado claramente demostrada la participación de un menor en el hecho (v. fs. 135 vta.).
Puntualmente, rechazó el planteo de la defensa que negaba competencia al Tribunal en lo Criminal para establecer la participación del menor, pues sostuvo que para aplicar el art. 41 quater del Código Penal "...solo se requiere la participación del menor en el hecho delictivo, no que sobre el mismo haya recaído una sentencia que así declare su culpabilidad" (v. fs. 136 vta.).
Como se desprende de lo hasta aquí reseñado, la argumentación del recurrente no concierne a cuáles son los supuestos de aplicación de dicha norma de fondo, sino que únicamente objeta la prueba, en un fuero ajeno al de la responsabilidad penal juvenil y la intervención de un menor en el ilícito respecto del cual son juzgados individuos mayores.
Ahora bien, una sentencia firme ante la jurisdicción especial es únicamente necesaria para establecer la responsabilidad de un joven infractor de la ley, y así, las consecuencias penales que debe afrontar.
Tal recaudo, en cambio, no es exigible en un proceso en el cual el joven no es parte, y la determinación de su participación lo es al solo efecto de establecer el alcance de la responsabilidad de los mayores enjuiciados. En el ámbito de lo juzgado por el Tribunal en lo Criminal, la demostración de que un menor ha intervenido en los términos del art. 41 quater del Código Penal puede ser acreditada de la misma forma que cualquier otro elemento típico sin que se trate de una suerte de "prejudicialidad" que requiera la decisión previa de un órgano diverso.
En todo caso, y como lo admite el recurrente al mencionar la acción de revisión, cabrá evaluar frente a una decisión que concluya de modo diverso en el fuero especializado, los remedios procesales que pudieran articularse (v. fs. 148 vta.).
Conviene aclarar al margen del alcance del recurso interpuesto-, en cuanto al derecho de fondo, que la intervención del joven B. demostrada según se indicó- es aquella con significado jurídico-penal relevante, lo cual se da cuando éste aporta al hecho en el cual participa el mayor a través de algunas de las formas de autoría o participación previstas en el sistema penal (arts. 45 y 46, Cód. Penal), como acontece en el caso en estudio.
IV.2.a. Acuerdo con el señor Subprocurador General en que el segundo de los agravios traídos indebida valoración de la agravante nocturnidad- tampoco prospera.
Al rechazar análogo planteo, el tribunal intermedio consideró que por haber ocurrido el hecho a las 23:00 hs. "...aumentó el grado de injusto [...], dado que el obrar al amparo de las sombras incrementó las posibilidades de evadir la acción de la justicia y del éxito de la empresa delictiva y, paralelamente, la mayor indefensión de la víctima" (fs. 138).
Agregó que en otras oportunidades ya había sostenido que "La nocturnidad es una circunstancia que, objetivamente considerada, puede tanto facilitar la realización del delito, por la menor capacidad de la víctima para defenderse o la de un tercero para evitar la consumación, como brindar al sujeto activo mayores posibilidades de eludir la acción de la justicia, lo cual aumenta el grado de injusto contenido en la conducta que debe repercutir en la graduación consecuente de la pena (Sala II, sent. del 28/10/03 en causa 11798, 'Juárez'); todo esto aun cuando no haya sido procurado o aprovechado por el autor" (confr. causas "Lagos", n° 11.920, sent. de 11-IX-2003 y "Farías", n° 13.527, sent. de 6-VII-2004, ambas de la Sala II; fs. 138 vta., el destacado figura en el original).
Por último, señaló que el art. 41 inc. 2 del Código fondal, autoriza a ponderar dicha pauta cuando de manera expresa se refiere a "...las circunstancias de tiempo [...] que demuestren su mayor o menor peligrosidad" (fs. cit.).
Confirmó así lo decidido en su momento por el tribunal de juicio en la quinta cuestión del veredicto, en torno a que debía computarse la nocturnidad desde que "...ejecutar un hecho en horas de la noche, confiere al agente mayor seguridad y mayor probabilidad de no caer en manos de la Justicia, ya que no resulta fácil lograr el auxilio de terceros, a la par que permite ocultarse con mayor facilidad" (fs. 45 vta.).
IV.2.b. Tomando en consideración las circunstancias fácticas del caso, la defensa no llega a demostrar en lo decidido la infracción denunciada. Pues, marginando cualquier consideración en lo que atañe a la postura teórica que se adopte sobre el tema, el recurrente se limitó a citar escuetamente la línea jurisprudencial que adscribe a la tesis subjetiva, sin adunarle ningún desarrollo que, controvirtiendo los fundamentos del fallo, evidencie que en virtud de las constancias comprobadas de la causa hecho ocurrido a las 23:00 hs.; en donde tres sujetos abordaron al dueño del vehículo, uno de ellos con un arma que a la postre utilizó para ultimarlo; y luego darse a la fuga con el botín sin ningún tipo de obstáculos- dicha pauta severizante hubiera sido erróneamente aplicada (arg. art. 495, CPP, ley 11.922 y sus modif.; confr. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; e.o.).
Al contrario de lo sostenido por el recurrente, las circunstancias aludidas son indicadoras de que la noche otorgó un plus en la ejecución del ilícito tomado en cuenta por sus autores y demostrativo de mayor peligrosidad (art. 41 inc. 2, Cód. Penal; confr. causas P. 79.378, sent. de 27-VI-2007; P. 84.835, sent. de 9-IV-2008 y P. 68.660, sent. de 11-IV-2007; e.o.).
IV.3. Finalmente, vuelvo a coincidir con el señor Subprocurador General en cuanto postuló el rechazo al tercer agravio.
IV.3.a. El tribunal a quo descartó cualquier tipo de vulneración a los arts. 40 y 41 del Código Penal, y destacó que el argumento de la parte por medio del cual criticó la pena impuesta constituyó "...un mero criterio subjetivo y de tinte dogmático, que deviene irrelevante a los fines de conmover lo decidido", y agregó que el criterio preponderante resultaba coincidente con la doctrina de esta Suprema Corte en cuanto ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal (v. fs. 136 vta.).
Sostuvo "...nuestra ley penal vigente no fija un parámetro vinculante para los jueces, lo que permite concluir que el legislador optó dejar este punto (la mensuración de la pena) a la decisión de aquellos" (confr. entre otras, Sala V, Tribunal de Casación Penal, causa n° 63.375 "S., J. S/ recurso de casación"; fs. 137, el destacado figura en el original).
Sumó a lo dicho que esta Corte ha sostenido que "...la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (cfr. P. 79.708, sent. del 18-VI-03)" (fs. 137).
Señaló que "...no hay método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad que en el caso no se evidencia- resulta improcedente el recurso casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el 'a quo'" (fs. 137).
Por último, el tribunal revisor sostuvo que los nuevos motivos de agravios que habían sido introducidos por la defensa oficial adjunta ante esa instancia, eran extemporáneos. Citó en sustento el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como también diferentes precedentes de este Tribunal (v. desarrollo de fs. 139).
Concluyó "...aquello que no fue cuestionado en el recurso originario, llega firme ante esta Sede, no correspondiendo el tratamiento de aquellos puntos de la sentencia que la parte consintió, aunque sea tácitamente, pues consentimiento implica conformidad" (v. fs. cit.).
IV.3.b. De lo reseñado en los párrafos anteriores podemos extraer distintas conclusiones.
En primer lugar, la crítica de la parte se asienta, en rigor, en una posición distinta sobre el modo de efectuar el proceso de dosimetría de la sanción penal, técnica ineficaz para demostrar no sólo la incorrección en la aplicación de los arts. 40 y 41 del Código fondal como se denuncia, sino también para evidenciar la arbitrariedad que intenta endilgarle al pronunciamiento recurrido (v. fs. 15; art. 495, CPP).
En definitiva, la casación confirmó la pena impuesta en la instancia brindando para ello suficientes fundamentos, citando doctrina de esta Suprema Corte en cuanto establece que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (confr. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; e.o.). El criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (confr. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003 y P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; e.o.).
Por otro lado, la recurrente intenta demostrar dicho equívoco al denunciar el apartamiento de la doctrina de esta Corte establecida en el precedente P. 83.260, "Ruiz", y de los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, empero, incurre en la d
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