Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129368
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Cristian Adrián Agostinelli en la suma de … pesos ($...), por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.368, "Floresta, Claudio Damián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 35.279 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, mediante el pronunciamiento del 29 de marzo de 2017, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de Franco Damián Floresta contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que lo condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por resultar autor responsable del delito continuado de estafa procesal en grado de tentativa (v. fs. 610/625 y 557/578 vta., respectivamente).
Frente a esa decisión, el defensor particular del nombrado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 630/641), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 666/667.
La Procuración General dictaminó a fs. 688/692 vta., aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos a fs. 693 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En su relato de antecedentes del caso la defensa señaló que el acusado Floresta fue condenado por tentativa de estafa procesal porque se le atribuyó haber interpuesto una demanda por prescripción adquisitiva invocando ser poseedor pacífico y con ánimo de dueño de un inmueble rural, ocultando su condición de arrendatario con el objeto de inducir a error al magistrado civil (v. fs. 630 vta.).
Corresponde añadir que en las instancias previas se dio por acreditado que el procesado empleó maniobras ardidosas en aquel juicio, las que excedían la mera mentira, para inducir a error al magistrado civil acerca de su carácter de poseedor a título de dueño cuando en rigor era arrendatario (v. fs. 557 y sigs. y 610/625). Se tuvo por demostrado que el ardid usado para acreditar la alegada posesión incluyó el empleo de una prueba impregnada de falsedad ideológica una escritura de cesión de derechos posesorios- y la agregación de constancias documentales verdaderas del inmueble pagos de impuestos y tasas municipales-, que fueron apoderadas ingresando al domicilio particular de la locadora, quien las detentaba legítimamente, aprovechándose de la relación que tenía con ésta, mientras se encontraba internada e inclusive después de su fallecimiento (v. fs. 622 vta.).
La estrategia del recurrente consistió en impugnar la acreditación de la relación contractual de locación para desvirtuar el punto de partida de los fallos de condena según los cuales Floresta alegó en juicio, falsa y ardidosamente, una condición de poseedor con ánimo de dueño que no tenía. Según la defensa dicho contrato sólo puede probarse por escrito y, en el caso, tal documento no existe. En consecuencia, formuló los siguientes planteos.
II.1. Como primer motivo de agravio postuló la inconstitucionalidad del art. 281 del Código Procesal Penal porque permite que "...a través del mecanismo de la libertad probatoria, se desatiendan disposiciones contenidas en el artículo 1188 del Código Civil y Comercial de la Nación, de neta jerarquía superior a una norma provincial".
El art. 281 del Código ritual establece que no regirán en la Investigación Penal Preparatoria las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas y el recurrente alegó que sin la aplicación de dicha disposición su asistido no podría haber sido condenado, pues no habría podido probarse como se hizo- que hubiera existido un contrato de locación del inmueble (v. fs. 631/632). En consecuencia, denunció la afectación del art. 31 de la Constitución nacional alegando la supremacía del Código de fondo por sobre el de procedimiento (v. fs. 633).
Aludió a las diferencias entre los regímenes procesales de las provincias de Buenos Aires y Córdoba en este aspecto probatorio y sostuvo que si el procesado hubiera sido juzgado en esta última habría sido absuelto porque habría estado amparado por el Código Civil y Comercial de la Nación como ley suprema por sobre una ley de procedimiento penal, lo cual configura una situación de desigualdad que viola el art. 16 de la Constitución nacional (v. fs. 632/633).
II.2. Seguidamente el defensor particular se refirió a la prueba del contrato de locación y citó la decisión de la Cámara basada en el art. 1.193 del Código Civil de Vélez Sarsfield en cuanto "...establecía que los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, debían hacerse por escrito y no podían ser probados por testigos" (fs. 633 y vta.).
El recurrente se agravia señalando que, para sortear el escollo de la prueba por escrito, el Tribunal de Alzada aludió a tres supuestos que permiten evadir la aplicación de la regla: que haya un principio de prueba por escrito, que exista principio de ejecución y que se presente una hipótesis de imposibilidad (v. fs. 633 vta.). El letrado negó que se hubiera configurado alguna de tales excepciones intentando demostrar la inidoneidad de la prueba que las sostendría y su valoración arbitraria (v. fs. 633/634 vta.).
II.3. Volviendo al planteo de inconstitucionalidad del art. 281 del Código Procesal Penal, en función del art. 31 de la Constitución nacional, objetó la respuesta dada por la Cámara a similar reclamo.
Por un lado, aseveró que el fallo intermedio carece de justificación porque citó los arts. 121 a 123 de dicha Constitución sin explicar su pertinencia. Por el otro, replicó los fundamentos del revisor según los cuales los ámbitos de regulación del Código de fondo y los del Código procesal son diferentes y compatibles entre sí, lo cual condujo al Tribunal de Alzada a desechar el planteo de inconstitucionalidad (v. fs. 634 vta. y sigs.).
En definitiva, reiteró que se llegó a la conclusión de que existió un contrato de locación aunque no lo hubo porque se desatendió la regulación del derecho civil, a pesar de que la misma debió prevalecer por sobre la norma procesal a tenor del art. 31 de la Constitución nacional (v. fs. 637 vta. y 638).
III. Como segundo motivo, el recurrente denunció la errónea interpretación de la ley sustantiva art. 172 del Código Penal- y la falta de fundamentación de la sentencia porque no se tuvo en cuenta que la mera mentira no constituye el ardid suficiente para la configuración del delito de estafa procesal desde que se requiere una maniobra que vaya más allá de la sola mendacidad (v. fs. 638 y sigs.).
En ese sentido planteó que, aunque la sentencia aseveró que concurrieron testigos a declarar en sede civil acerca del carácter de poseedor del acusado, no indicó quienes habrían sido ni en qué podrían haber aportado a la confusión del magistrado.
En suma, sostuvo que la maniobra ardidosa no fue acreditada pues se trató de una acción civil incoada invocando argumentos mendaces pero sin que se configurara un ilícito penal ya que la invocación en una demanda "...de dichos inexactos y la invocación de circunstancias insinceras" no configura la maniobra ardidosa de defraudación en grado de conato (v. fs. 640 vta.).
IV. El recurso fue concedido haciendo excepción a las reglas que limitan el acceso a esta instancia extraordinaria, en virtud de haberse planteado como cuestión federal la inconstitucionalidad del art. 281 del Código Procesal Penal (v. fs. 666/667).
V. Coincido con la Procuración General, por los siguientes fundamentos, en que la pretensión debe ser rechazada.
La impugnación traída a estudio no patentiza la relación directa e inmediata entre las violaciones constitucionales alegadas y lo debatido y resuelto en el caso por el órgano intermedio, con lo cual deja incólume un fundamento suficiente de derecho común que independiente de su acierto o error- de modo autónomo da sustento al fallo y respecto del cual no se plantearon agravios que hayan sorteado el examen de admisibilidad.
Es jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...los fallos que tienen fundamentos no federales suficientes para sustentarse son irrevisables en la instancia extraordinaria, pues la presencia de aquéllos impide considerar otros de índole federal que pudiera contener la sentencia, por falta de relación directa e inmediata" (en bastardilla en el original; CSJN Fallos: 321:1415, cons. 7° y sus citas; 269:43; 292:408; 296:53; 300:711; 304:1699; e.o. y causa P. 109.844, resol. de 25-VIII-2010).
En este caso la Cámara resolvió la cuestión referida a la prueba de los contratos por aplicación del art. 1.193 del Código Civil de Vélez Sarsfield y explicó que la regla según la cual "...deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos" cuando tuvieran por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, tiene tres excepciones según el art. 1.191: a) que haya un principio de prueba por escrito, b) que exista principio de ejecución y c) que se presente una hipótesis de imposibilidad (v. fs. 612 y sigs.).
A continuación, el Tribunal desarrolló las razones por las cuales sostuvo que concurren las tres circunstancias de excepción mencionadas, a consecuencia de las cuales consideró posible prescindir de la prueba por escrito del contrato de locación (v. fs. 613 vta. y sigs.).
El Tribunal de Alzada concluyó que por tales fundamentos era improcedente el planteo de la defensa, a pesar de lo cual se expidió también sobre la petición de inconstitucionalidad del art. 281 del Código Procesal Penal, la que igualmente desestimó (v. fs. 614 y vta.).
Queda en evidencia, entonces, que la situación es análoga a la resuelta en los precedentes arriba citados pues el fallo cuenta con fundamentos no federales suficientes acerca de la prueba del contrato de conformidad con las reglas del derecho de fondo y no del derecho procesal penal- de modo tal que no existe relación directa e inmediata entre el planteo realizado, la sentencia impugnada y las cláusulas constitucionales invocadas (art. 15, ley 48) y, por ello, el agravio constitucional no es conducente para la decisión del litigio.
VI. En virtud del alcance con el cual fue concedida la impugnación, ningún otro asunto debe ser abordado.
VII. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Cristian Adrián Agostinelli en la suma de … pesos ($...), por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia