Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129567
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.567, "Mora, Luciano Darío. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.139 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 22 de noviembre de 2016, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial del señor Luciano Darío Mora contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma (de modo impropio) y por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse (arts. 166 inc. 2 primer y tercer párrafos, Cód. Penal; v. fs. 59/71).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80/94), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 98/100).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 107/112 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 113) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente trae a conocimiento de esta Corte dos planteos.
I.1. En el primero, tachó a la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal. Denunció afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP y 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 82 vta.).
Alegó que el tránsito de la causa por el tribunal intermedio resultó "aparente", frustrando -de ese modo- el derecho a la doble instancia, pues habiendo acudido en procura de la revisión de los hechos y la calificación legal acordada, el a quo se limitó a efectuar un mero tránsito formal. Citó al respecto el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 82 vta.).
En concreto, denunció que el sentenciante incurrió en una doble valoración prohibida en la calificación legal del desapoderamiento -por el uso impropio de arma y cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse-, pues -en su parecer- "...en ambos supuestos el fundamento del agravante es el incremento del poder ofensivo e intimidatorio del arma en cuestión" (v. fs. 83).
Destacó que esa defensa planteó la existencia de una relación de consunción entre tales agravantes en tanto que el empleo de arma en forma impropia abarca por su mayor poder ofensivo al agravante previsto en el tercer párrafo del mismo inciso que sólo encuentra fundamento en el poder intimidatorio que produce el arma empleada en tales supuestos (v. fs. 83 y vta.).
Explicó que, aun cuando el empleo de arma se concrete en un resultado lesivo "...su utilización involucra el poder intimidatorio en la generalidad de los casos -conforme las reglas de la experiencia-" y que, a diferencia de lo resuelto "... la utilización como arma impropia de la pistola -en el sub lite - efectivamente abarca a la vez su indudable uso intimidatorio dado que las víctimas [...] claramente se han visto intimidadas por el empleo del arma en forma impropia sin que resulte adecuado valorar a su vez el poder intimidatorio por su simple exhibición" (fs. 84 vta.). Asimismo, estimó que es arbitrario el razonamiento del a quo en punto a que el uso de arma impropia "...no puede nunca abarcar a la vez su indudable uso intimidatorio", pues tampoco puede señalarse en sentido contrario, que en todos los casos abarca su indudable uso intimidatorio (v. fs. 84 vta.).
Por otra parte, adujo que ninguno de los tribunales intervinientes "...dan cuenta de la ausencia de cita de la norma que regula la materia concursal que pretende aplicarse", lo cual habría impedido evaluar con certeza el criterio aplicado, y ello llevó a la afectación de la defensa en juicio y el debido proceso legal (v. fs. 86 vta.). En esa senda, entendió que la relación de consunción entre las agravantes deberá incidir en el quantum punitivo.
Finalmente, solicitó que se case el fallo recurrido al haber violentado el debido proceso y el derecho a ser oído -como derivación del derecho de defensa en juicio- (v. fs. 86/87 vta.). Concluyó que "La duda impide al juez condenar; ergo, no mediando la cita legal en materia de concurso de delitos, se debe adoptar la postura más beneficiosa en función del principio de favor rei y, frente a la calificación legal asignada, ya sea por consideración de concurrencia ideal o aparente de las figuras (art. 54 del Cód. Penal), proceder a la sensible reducción de la pena impuesta" (fs. 87 vta.).
I.2. En el siguiente tramo de la queja, el recurrente volvió a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento por indebida fundamentación, ahora en lo referido a la imposición del máximo de la pena legalmente establecida y el apartamiento de los precedentes de la Corte federal, con afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, y el debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 88 vta.).
Denunció la afectación a los principios de mínima intervención penal, culpabilidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, en cuanto el a quo descartó la consideración del buen concepto presunto como circunstancia atenuante (v. fs. cit.). En ese entendimiento, explicó que de la falta de acreditación de dicha circunstancia "...no cabe inferir un mal concepto ni mucho menos considerar dicha cuestión en forma neutral como se pretende" (fs. 89).
Por último, cuestionó que el a quo no se hizo cargo del planteo referido a la "...desmesurada entidad atribuida a los agravantes" y criticó lo resuelto en el sentido de que no es posible imaginar un caso más grave sin invadir otros tipos penales (v. fs. 89).
Alegó que las agravantes valoradas para asignar a la conducta una gravedad inusitada "...no resultan fundamentos que abastezcan la debida motivación que es dable exigir frente a un pronunciamiento de estas características" (fs. 89 vta.).
Arguyó que no hay debida fundamentación "...toda vez que el quantum punitivo aplicado llevaínsito la valoración extrema e insuperable por máxima lesividad que debe ser verificada " (fs. 89 vta., el destacado figura en el original).
Sostuvo que el tribunal revisor se limitó dogmáticamente a circunscribir la revisión sin atender el alcance de los agravios de la defensa introducidos en el recurso de casación y complementados en oportunidad de presentar el memorial, desechando las atenuantes solicitadas por considerarlas como agravios extemporáneos en los términos del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 90 y vta.).
Advirtió que el a quo al momento de determinar dicha incidencia de las pautas atenuantes y agravantes en la determinación de la pena ha afirmado dogmáticamente "...que la pena de 15 años no luce excesiva ni desproporcionada", sin analizar en concreto las circunstancias que justificarían sostener que la conducta contempla el "...máximo grado de ofensividad" posible dentro de la escala penal específica (v. fs. 91 vta.).
Hizo referencia al fallo "Castillo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y alegó que, tanto en dicho precedente como en el caso en estudio, al momento de determinar la pena aplicable los magistrados hicieron una genérica y escueta mención a la razonabilidad de los agravantes, lo cual fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como infundado (v. fs. 92).
En suma, reclama la revisión "...sin sufrir restricción alguna ya que, de otro modo, el propio procedimiento recursivo impondría limitaciones al derecho de defensa del condenado que culminarían por menoscabar su inocencia", proponiendo una adecuada interpretación de la normativa involucrada en la cuestión: arts. 451 y 458 del ritual (v. fs. 93).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto se pronunció por el rechazo del recurso traído (v. fs. 107/112 vta.).
III.1. Cabe recordar que, en oportunidad de interponer el recurso de casación, la defensa del señor Luciano Darío Mora tildó de arbitraria la sentencia de grado en la acreditación de las pautas agravantes ponderadas para la determinación de la pena, y solicitó que se valore como atenuante, la referida al buen concepto del nombrado, en el entendimiento que éste debe presumirse por aplicación del beneficio de la duda al no haberse producido un informe de concepto y solvencia (v. fs. 25 vta./30 vta.). En el memorial previsto por el art. 458 del Código Procesal Penal, el señor defensor oficial adjunto mantuvo los agravios esgrimidos en el recurso casatorio, solicitó que se pondere la juventud del imputado al momento del hecho, y criticó la calificación legal asignada con sustento en que existiría una relación de consunción entre las calificantes del robo aplicadas, tales las del primer y tercer párrafo del art. 166 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 46 vta./47 vta.).
III.2.a. A su turno, el Tribunal de Alzada, con voto del juez Celesia, que concitó la adhesión simple del doctor Ordoqui, en contestación al reclamo relativo a la determinación de la pena, en particular a que se valore como pauta atenuante el buen concepto del imputado, resolvió que coincidía con el de grado en el rechazo del planteo, fundado en que "...si la defensa no peticionó ni realizó ninguna medida tendiente a la comprobación del buen concepto, no existe entonces ningún elemento que permita inferir dicha conjetura" y que "...ningún dato susceptible de ser tenido en cuenta en el juicio de determinación de la pena está exento de las reglas que gobiernan la valoración de la prueba" (fs. 64 vta.). Con relación a la alegada aplicación del principio in dubio pro reo, tras referir a su alcance para la valoración de la prueba, sostuvo que "...no puede conducir al juzgador a la ficción de declarar existente una circunstancia que, conforme con las reglas previstas en los artículos 209 y 210 del código procesal, jamás podría tenerse por acreditada" (fs. cit.).
Asimismo, descartó, por extemporánea, la postulación efectuada en la memoria por el doctor Sureda para que la juventud del imputado al momento del hecho sea considerada de oficio en esa instancia como una pauta atenuante, con sustento en que "Si las partes no discutieron en el debate respecto del eventual valor diminuente de la circunstancia aludida, entonces el Tribunal no estaba obligado a pronunciarse respecto de aquellas que no encontrara pertinentes (art. 371 C.P.P.)" (fs. 65).
Luego de señalar que las pautas agravantes para la determinación de la pena merecían confirmarse y de transcribir la materialidad ilícita (v. fs. 65 vta./66 vta.), justificó por qué la extensión del daño material se encuentra perfectamente acreditada (v. fs. 66 vta. y 67).
Brindó las razones que dieron cuenta de la acreditación de las lesiones físicas y de las consecuencias psicológicas o daño moral. Para ello, citó lo expresado por la testigo Verónica Pollini quien expresó que a su padre le dieron unos ocho puntos en la cabeza producto de haber sufrido múltiples "culatazos" que generaron un charco considerable de sangre con el que ella se mojó medio cuerpo al momento de ser obligada a acostarse en el piso junto a su padre. Adunó a ello, lo manifestado por Miranda, y sostuvo que dichas circunstancias violentas que fueron relatadas de modo coincidente por los seis testigos del hecho, basta para tenerlas por plenamente acreditadas sin necesidad de la presentación de un dictamen médico. Continuó ocupándose de la acreditación del daño moral y las consecuencias psicológicas sobrevinientes, a tal efecto, trajo a colación los testimonios de Verónica y de Raúl Pollini y de Humberto Miranda (v. fs. 67/68). Concluyó que "...las consecuencias dañosas del hecho que se juzga no se limitan a los padecimientos psicológicos emparentados con la ‘tortura’ a los que fueron sometidos durante el robo, sino que además frustraron la continuidad de un proyecto social altruista y dañaron la personalidad y psicología de las víctimas" (fs. 68 vta.).
Afirmó que todo ello se encuentra plenamente acreditado por la pluralidad de testimonios que el a quo pudo valorar en aprovechamiento de la inmediación que el juicio oral le concede, sin que quepa dudar de ellos por la ausencia de los específicos medios de prueba aludidos por la defensa. Finalmente, consideró que la extensa duración del suceso (hora y media) configuró una situación rayana con el delito de privación ilegítima de la libertad, por lo que al no haberse perseguido al imputado por esa figura delictiva resulta perfectamente merituable como agravante genérico de la pena, por el evidente aumento del contenido de injusto que se genera al exponer a las víctimas durante tanto tiempo a una situación de intimidación, violencia y amenazas (v. fs. 68 vta./69 vta.).
III.2.b. En respuesta al planteo referido a la calificación legal, resolvió que "...no existe una relación de consunción entre las dos agravantes aplicadas al robo, toda vez que la utilización como arma impropia de la pistola no puede abarcar a la vez su indudable uso intimidatorio, especialmente si reparamos en que sin efectuar ningún disparo los dos autores del hecho lograron reducir y humillar a seis personas durante un prolongado plazo de 90 minutos, extremo que sólo puede explicarse a partir de la sumisión por intimidación que generó en el numeroso grupo de victimas la exhibición de un arma de fuego por parte del imputado" (fs. 69 vta. y 70).
IV. De lo reseñado en los párrafos que anteceden emerge que la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
IV.1. En cuanto al reclamo vinculado a la doble valoración en la calificación legal del robo, y al margen de lo que pudiera decirse acerca de la oportunidad de dicho planteo que fue formulado por la defensa de modo originario en la memoria ante la instancia intermedia, lo cierto es que el tribunal intermedio brindó las razones por las que entendió que la relación de consunción entre el "uso impropio" y el "intimidatorio del arma de fuego" no se presenta de modo indudable para todos los supuestos, y que el presente caso da muestra de ello, en el que los autores sin efectuar ningún disparo lograron reducir y humillar a seis personas durante noventa minutos, a partir de la sumisión por intimidación que significó la exhibición de un arma de fuego por parte del imputado.
Sobre este particular discurrir el recurrente no ha dedicado ningún esfuerzo impugnativo para replicar el argumento central focalizado en justificar que aun cuando se trató de un robo, la violencia desplegada para el desapoderamiento de varios de los bienes fue ejercida con distinto grado de intensidad y medios o modalidades contra varias de las víctimas con menoscabo a su integridad física o amedrentamiento; y más allá de que se pueda o no compartir dicha conclusión, media, en el caso, insuficiencia (art. 495, CPP).
De otro lado, tal como lo señala el dictamen de la Procuración General (v. fs. 109), el sentenciante aplicó en definitiva la solución prevista por el art. 54 del Código Penal para la hipótesis del concurso ideal, sin que el recurrente demuestre cuál sería el agravio concreto que le produce la decisión adoptada.
Sentado ello, ningún reproche puede formularse a la actividad revisora del Tribunal intermedio en el marco del juicio de arbitrariedad de la sentencia. Pues, considerando el tenor de los agravios postulados ante el órgano casatorio, la defensa no logra demostrar que el pronunciamiento dictado por aquél, importe arbitrariedad en su relación con las garantías constitucionales que ahora aduce vulneradas (art. 495, CPP.; conf. causas P. 101.464, sent. de 17-IX-2008; P. 99.504, sent. de 20-V-2009; e.o.); correspondiendo su rechazo. Máxime cuando -pese a lo señalado por el órgano revisor- la acusación en oportunidad del alegato final reclamó por la calificación legal finalmente actuada, sin que se advierta eventual infracción del contradictorio en desmedro del debido proceso o del derecho de defensa.
IV.2. Tampoco el planteo restante puede prosperar, pues de la reseña efectuada en el punto "III.2.a." se advierte que el a quo expresó los motivos y los elementos que tuvo en cuenta para confirmar, tanto el rechazo de que se valore el buen concepto del imputado como atenuante, así como sobre la extemporaneidad del planteo relativo a que se pondere como atenuante la juventud del imputado al momento del hecho. Asimismo, justificó la confirmación de las pautas agravantes valoradas, otorgándole a la sentencia fundamentación suficiente para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
El recurrente ha limitado su reclamo a la expresión de un mero disenso con el grado de incidencia que las circunstancias valoradas o descartadas por el juzgador habrían tenido sobre la pena, y tal criterio divergente, no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; e.o.; doctr. art. 495, CPP).
Sus críticas, en rigor, pretenden apuntalar su propia opinión discordante con la del sentenciante, sin evidenciar que se haya incurrido en vicio lógico alguno o en una arbitraria valoración capaz de conmover lo resuelto. De este modo, no se aprecia un déficit insalvable en la tarea revisora llevada a cabo.
Por otra parte, dable es señalar que el criterio expuesto por el tribunal intermedio acerca del carácter extemporáneo aludido, se condice con la doctrina de esta Suprema Corte en cuanto a que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del Código Procesal Penal marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos. Las posteriores ocasiones procesales (como las previstas en el art. 458, CPP -audiencia de informes o la presentación de memorial-) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
En definitiva, el sentenciante suministró fundadas razones por las que consideró acertada la decisión del juzgador, y efectuó una revisión de la condena compatible con los parámetros impuestos en el precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia