Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130781
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.781, "Vinader, Walter Aníbal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 79.967 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de febrero de 2018 resolvió rechazar el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial a favor del imputado Walter Aníbal Vinader contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por tratarse la víctima de una persona mayor de setenta años de edad (hasta hoy desaparecida, Aída Amoroso, hecho I); en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por haber causado intencionalmente la muerte de la persona ofendida en concurso ideal con el delito de homicidio criminis causae (víctima Gisela Araceli Ramos, hecho II; v. fs. 365/392).
El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del nombrado (v. fs. 375/407 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 426/431 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 426/431 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 443) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes se alzó la asistencia técnica de Walter Aníbal Vinader mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, en la que formuló dos motivos de agravio (v. fs. 395/407 vta.).
I.1. En primer lugar, tachó de arbitrario el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Casación por afectación a la garantía de revisión amplia e integral de la sentencia de condena, al haber efectuado una exploración formal de los agravios denunciados, como así también al derecho de defensa en juicio, al debido proceso legal, a la presunción de inocencia y al in dubio pro reo (arts. 8.2. "h", CADH; 14.5, PIDCP; 18, Const. nac. y 10, 11, 15, 57,168 y 171, Const. prov. -v. fs. 398 vta./407).
I.1.a. Con ese norte, refirió que, ante el tribunal intermedio, la defensa solicitó se declaren nulidades absolutas en función de haberse obtenido durante la instrucción elementos probatorios de manera ilegal (arts. 202, 203 y 211; CPP y 18; Const. nac.). Señaló que el fallo revisor exploró formalmente el agravio denunciado desconociendo su naturaleza constitucional al haber afirmado dogmáticamente que resultaban extemporáneos a tenor de lo normado por el art. 205 del Código Procesal Penal. Enfatizó, que por ello insiste en dicho planteo en el recurso en trato.
En ese sentido, alegó que con relación al allanamiento sobre la casa de la calle Púan n° 3.754, el agravio constitucional se dirigió "...a cuestionar la reglamentación instrumentada por el art. 224 del CPP en cuanto faculta a un [f]iscal para disponer requisas domiciliarias..." lo que infringe el art. 18 de la Constitución nacional que establece la inviolabilidad del domicilio exigiendo para ello orden judicial previa (v. fs. 400).
Asimismo, cuestionó los argumentos empleados por el a quo respecto de las irregularidades en el procedimiento efectuado en el inmueble del imputado sito en calle Cañada de Gómez n° 2.237 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se secuestraron celulares, muestras de ADN, chips, los alambres peritados y la tarjeta de memoria, y que fueron desechados sin mayor fundamentación por no haberse derivado en ningún elemento de cargo para el imputado, siendo ello incorrecto al haberse obtenido el alambre luego peritado (v. fs. cit.).
Indicó que la petición de nulidad con referencia a la ausencia de notificación previa de los peritajes practicados y consecuente obstaculización al control efectivo y coetáneo de la prueba recabada en la investigación, también cuestionaba las conclusiones del perito Marcelino Clottier efectuadas por el propio imputado en su escrito presentado a fs. 343/363, demostrando así el perjuicio ocasionado ante la imposibilidad de controlar el procedimiento.
Finalmente reiteró la afectación al derecho a la intimidad y al no sufrir injerencias arbitrarias, al haberse secuestrado y requisado el bolso y mochila de su asistido, presuntamente recepcionados en la seccional policial el día 10 de octubre de 2013, de manera irregular (v. fs. 400 vta.).
I.1.b. En lo referente a la revisión efectuada a la valoración probatoria del hecho que tuvo a la señora Aida Amoroso como víctima, cuestionó que el a quo confirmara la corroboración de un delito de suma gravedad sólo con prueba indiciaria.
Señaló que si bien no desconoce que art. 210 del Código Procesal Penal "...permite formar la convicción del sentenciante sin necesidad de contar con prueba dirimente..." (fs. 401), hilvanar un razonamiento así exige extrema cautela máxime cuando se dijo que no era posible otra conclusión válida, lo que no comparte.
Explicó que si bien de los dichos del hermano de la víctima, el señor Miguel Salvador Amoroso, surgió que Vinader se encontraba en el domicilio al fallecer Emilio Rezzónico, y que conforme otras testimoniales aportadas, tuviera un presunto control sobre el destino de la casa, ello no lo vincula a su desaparición (v. fs. 401 y vta.).
I.1.c. Concluyó cuestionando la revisión realizada sobre la valoración probatoria con relación a los hechos donde fuera víctima Araceli Ramos, lo que trajo aparejada la errónea aplicación de los arts. 45, 142 bis y 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 401 vta.).
Reiteró la crítica relativa a que la convicción del tribunal se basó en los elementos de cargo que fueron obtenidos de manera ilegal e incorporados irregularmente al proceso, como fuera reseñado en el acápite I.1.a., solicitando su exclusión probatoria por la doctrina del fruto del árbol envenenado (v. fs. 402).
Añadió que su asistido está disconforme con el razonamiento efectuado por los magistrados, habiendo aportado pruebas y constancias que contradicen las conclusiones del fallo.
En ese sentido, señaló que Vinader desconoce la existencia de conversaciones telefónicas previas y afirma que la prueba valorada no tuvo respaldo en los elementos objetivos que surgen del expediente. Agregó que las cámaras de vigilancia del día del presunto viaje en el remisse dieron cuenta de su inexistencia, probando así su inocencia (v. fs. 402 vta.).
I.2. Alegó, que el pronunciamiento cuestionado incurrió en causal de arbitrariedad al rechazar por extemporáneo el planteo formulado por la defensa, referido a la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta (v. fs. 403), pese a la naturaleza del agravio, que lo hace pasible de ser revisado en cualquier instancia. Por ello solicitó que para el caso de no hacerse lugar a los planteos ya esgrimidos se analice la constitucionalidad de las penas perpetuas y la relación directa que provoca la consolidación de su imposición, así como el perjuicio que ello irroga a su defendido (v. fs. 403 vta.).
En esa dirección, refirió que las penas deben ser proporcionales a los hechos cometidos, enfatizó la imposibilidad de resocialización y rehabilitación en las penas perpetuas, y que su imposición importa la conculcación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, y 5.1. y 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al ser una pena indigna.
Expresó que la pena perpetua resulta atentatoria de la garantía de igualdad ante la ley, y que el monto de pena impuesto no ha sido motivado, desde que no fuera explicado de manera lógica y razonada el fundamento de su imposición (v. fs. 406).
Solicitó, en forma subsidiaria, que se efectúe una interpretación constitucional según la cual la sanción no podría superar los veinticinco años de prisión, en especial teniendo en consideración el Estatuto de Roma implementado por ley 26.200 (v. fs. 406 vta.).
II. Tal como lo propició la Procuración General en su dictamen, estimo que la queja no puede prosperar.
III. Entiendo que la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sin cortapisas formales sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
En aquella oportunidad la señora defensora oficial de Vinader cuestionó la errónea valoración de los hechos y del derecho en violación a los arts. 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal. Adujo arbitrariedad de la sentencia. Planteó nulidades y solicitó exclusión probatoria. Y en la memoria, presentada ante esa sede -como nuevo motivo de agravio- solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las penas perpetuas y la modificación de la pena (v. fs. 206/224 vta. y 240/258 vta.).
IV. En primer lugar, el tribunal intermedio dio respuesta a las peticiones nulificantes llevadas por la recurrente.
Al respecto, señaló que todos los planteos se refirieron a actos cumplidos durante la etapa de la instrucción de la causa, por lo que fue acertado lo sostenido por el juez de grado al entender que las peticiones formuladas al momento de alegar resultaban extemporáneas (v. fs. 374).
De tal modo explicó que la ley prevé expresamente los momentos en que cada acto procesal debe cumplirse, así como la etapa en la cual el órgano de juicio debe decidir sobre la validez constitucional de los actos cumplidos durante la investigación penal preparatoria y las nulidades que pudieran existir (art. 338 inc. 2 párrafo tercero, CPP). Que la excepción sólo podría darse ante una irregularidad que habilitase una nulidad absoluta, la que debe ser declarada aún de oficio, lo que a su criterio no ocurrió en autos (v. fs. cit.)
Sin perjuicio de ello, con relación al allanamiento efectuado en la vivienda de la calle Puán n° 3.754 de Caseros, luego de considerar que la pretensión se fundó "...exclusivamente en el cuestionamiento a la constitucionalidad de la norma que faculta al agente fiscal a disponer el registro de lugares, en determinados supuestos y cumpliendo un estricto procedimiento que contempla la comunicación previa y convalidación posterior por parte del juez de garantías" (fs. 375); y que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe ser una decisión de última ratio , por lo que el recurrente debió explicar circunstanciadamente la parte de la norma que confronta directamente con el precepto de rango inferior tornándola ilegítima así como el perjuicio que ello le ocasionó; refirió que "...el propio art. 18 de la CN reconoce que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento" (fs. 375 vta.).
Es así que el Tribunal de Casación describió que "...el art. 59 del CPP (ley 13.078), regula una situación extraordinaria en la que, con aviso previo al Juez de Garantías, el Agente Fiscal se encuentra habilitado para disponer el registro de lugares..." debiendo de inmediato solicitar la convalidación de las medidas, entendiendo "...que de modo alguno esta regulación cercena el derecho constitucional de propiedad" (fs. 375 vta. y 376).
A lo que añadió que "...si bien el art. 24 de la Constitución Provincial dispone que 'El domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad...'", tampoco el art. 59 del Código Procesal Penal vulneró la Constitución provincial toda vez que si una autoridad municipal se encuentra habilitada para allanar una morada también puede hacerlo un funcionario público como ser el agente fiscal con el conocimiento previo y confirmación posterior del juez de Garantías siempre y cuando existan fundados motivos que le permitan creer que existió peligro en la demora, rechazando así el planteo impetrado (v. fs. 376).
Asimismo, respecto a la nulidad del allanamiento efectuado en el domicilio de Vinader, no sólo refirió que el planteo era extemporáneo, sino que el juez de origen había consignado expresamente que de esa diligencia no había derivado ningún elemento de cargo para el imputado, resultando así la pretensión inoficiosa (v. fs. 376 vta.).
Con relación a las nulidades de las pericias, primeramente, el órgano casatorio explicó que el juez de grado analizó los planteos formulados detallando que tanto la defensa como el propio Vinader fueron debidamente notificados de las distintas diligencias llevadas a cabo durante la etapa de instrucción. Para luego recordar que "...cuando la disposición supuestamente inobservada no es de orden público y sólo procura resguardar intereses particulares como sucede con las notificaciones previstas por el art. 247 del C.P.P., que no tienden sino a garantizar el debido control de la prueba posibilitando la recusación del profesional, el nombramiento de otro perito o la eventual asistencia al examen, la declaración de nulidad requiere previa demostración de perjuicio, y para ello debe explicitarse cuál de esas facultades no pudo ejercerse y de qué modo dicha imposibilidad fue generadora de algún gravamen" (fs. 377).
En ese andarivel, señaló que del análisis de autos, no se desprendió que la defensa se haya visto impedida de realizar sus propios informes periciales ni que los haya solicitado, como tampoco intentado poner en dudas en el recurso las expresiones en las que se fundaron los autores de los dictámenes cuestionados, limitándose a reclamar no haber estado presente durante la realización de los peritajes de cargo, denunciando sólo de forma genérica una vulneración al derecho de defensa, lo que tornó inatendible su reclamo (v. fs. 377 vta. y 378).
Finalmente, en cuanto al planteo relativo al secuestro y requisa del bolso y la mochila recibidos por la dependencia policial el día 10 de octubre de 2013, el tribunal intermedio también consideró la petición como extemporánea al haber sido objeto de tratamiento y confirmación con el dictado de la prisión preventiva del imputado, sin haberse reeditado en oportunidad de la audiencia preliminar prevista por el art. 338 del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de ello, expresó que la medida cuestionada fue decidida en el marco de lo normado por el art. 294 del Código Procesal Penal, siendo un claro supuesto de urgencia, posteriormente validada por los magistrados intervinientes; y que tampoco en este caso la defensa se ocupó de argumentar ni mucho menos demostrar que dicho procedimiento le haya impedido o limitado el ejercicio de alguna prerrogativa o derecho (v. fs. 378).
V. Acto seguido, el Tribunal de Casación abordó los planteos destinados a cuestionar la valoración probatoria efectuada por el juez de grado para dar por acreditadas la materialidad ilícita, así como la participación de Vinader en los hechos por los que resultó condenado.
Ante todo resaltó que el tribunal de juicio tuvo por probado respecto al hecho I que "...entre el mes de agosto y el día 4 de octubre de 2013, [...] Vinader, previo entablar una relación de confianza con Aida Amoroso, de 81 años de edad, y su entorno, [la] sustrajo [...] de su domicilio sito en la calle Púan nro. 3.754 de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero, con el fin de obligarla a que nunca regrese para ejercer [así...] la posesión de su inmueble y disponer de sus pertenencias, ....contra [su...] voluntad [...], quien hasta la fecha no fue encontrada" (fs. 379 vta.). En tanto, con relación al hecho II, "...se tuvo por probado que el 30 de septiembre de 2013, [...] Vinader, previo concertar una falsa entrevista laboral con Gisela Araceli Ramos, retuvo a ésta en horas posteriores a las 14:30 en el domicilio al que la había citado, ubicado en la calle Puán nro. 3.754 de la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, con el objeto de obligarla a realizar una video filmación para involucrar a terceros en otro hecho delictivo, la que se llevó a cabo aproximadamente a la hora 18:30. Luego la golpeó en la cabeza y en el tórax y la estranguló ocasionándole así su muerte, con la finalidad de ocultar el delito precedentemente narrado y lograr su impunidad" (fs. cit.).
El Tribunal de Casación consideró que, si bien ambos hechos fueron independientes, se relacionaron en su trama, en tanto el segundo fue cometido por Vinader valiéndose "del señorío" asumido en el domicilio de la calle Puán n° 3.754, luego de la repentina desaparición de su propietaria Aída Amoroso, un par de meses antes (v. fs. 380).
V.1. Con relación al hecho I, resaltó que quedó acreditado que el imputado había entablado una relación con la señora Amoroso, en virtud de la amistad que generó con su hijo, Emilio Rezzónico, cuando estuvieron detenidos. Añadió que éste vivía con su madre, Aída, en la vivienda de la calle Puán a la que concurría asiduamente Vinader. Que Emilio estaba enfermo y su salud se fue deteriorando hasta fallecer en circunstancias en que en la casa estaban sólo Walter y Aída Amoroso, la que desapareció días después de la muerte de su hijo (v. fs. 380 y vta.).
Indicó que del análisis de la prueba valorada por el a quo -si bien era indirecta- no se admitió otra conclusión válida que no fuera, que Vinader sustrajo contra su voluntad a Aída Amoroso de su domicilio haciéndola desaparecer hasta la actualidad.
En ese andarivel, reseñó lo declarado por el hermano de Aída, el señor Miguel Salvador Amoroso, que la última vez que la vio con vida fue en su casa, en la que vivió desde hacía unos cuarenta años. Expresó que su hermana lo llamó para comunicarle el fallecimiento de Emilio, por lo que concurrió a su casa donde lo vio en su habitación y allí conoció a Walter, que notó que tenía mucha confianza y fue él que se encargó de llevar a su sobrino a la funeraria como de todos los trámites. Agregó, que no volvió a verla luego de ese día, que regresó a su casa unos quince días después al decirle su otra hermana que no podía comunicarse con Aída, pero no encontró a nadie y una vecina le dijo que hacía mucho tiempo que no la veían; que recién volvió a ingresar a la casa el día del allanamiento junto a la policía, encontrando todos los muebles amontonados como para hacer una mudanza y ninguna documentación de su hermana (v. fs. 380 vta. y 381).
Destacó lo declarado por la nieta de la señora Amoroso, Ivana Solange Zuxh, que contó en el juicio que la última vez que la vio fue en su casa en agosto de 2013, que estaba en buen estado, con comida, y posibilitada a llamarla si necesitaba algo, que se retiró a las 13:00 hs. y a las 17:00 le habló por última vez. Que en ese momento vivía sola ya que Emilio, papá de la declarante e hijo de Aída había fallecido en el mes de julio y que, señalando a Vinader en el debate dijo "...ese hijo de puta lo mató". Manifestó que su padre era portador de HIV hacía mucho tiempo, y que le contó que conoció a Vinader en la cárcel haciéndose íntimos cuando salieron. Agregó que al morir su padre lo conoció y estuvo charlando con él y su abuela, que le causó una mala sensación por lo que le pidió a su abuela que no lo recibiera dado que había algo de él que no le gustó (v. fs. 381 y vta.).
Además, Ivana contó que su abuela siempre vivió en esa casa, que no tenía ni motivos ni posibilidades de irse de allí, que no pudo volver a comunicarse con ella a pesar de habe
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