Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.614, "Cabrera, Rodrigo Gonzalo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 76.019 del Tribunal de Casación Penal Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de noviembre de 2016, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que, en lo que interesa destacar, resolvió -en causa n° 2.081- no hacer lugar al planteo de incorporar al proceso unificatorio la pena impuesta a Rodrigo Gonzalo Cabrera en la causa n° 103 del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, por no concurrir ninguno de los supuestos del art. 58 del Código Penal (v. fs. 78/85 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la mencionada instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda-, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/97), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 98/99 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 109/112), dictada la providencia de autos (v. fs. 113), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante la instancia casatoria, tachó la sentencia de arbitraria por indebida fundamentación con afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP) -ver fs. 91 vta. y 92-.
Señaló que los antecedentes del caso revelan que la decisión del tribunal casatorio constituyó "...un tránsito aparente por dicha instancia que frustra el derecho al doble conforme", ello en relación con los planteos efectuados en torno al modo en que el tribunal de juicio había denegado la unificación de penas oportunamente solicitada por la defensa. Trajo a colación el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit.).
Añadió que ello se traduce en una "...franca violación a la defensa en juicio y el debido proceso" y "...trasunta en una mera afirmación dogmática" al limitarse a confirmar "...en forma superficial el criterio sentado por el Tribunal de la instancia", y más allá de reconocer que brinda argumentos propios, en sus desarrollos "...se produce una remisión a criterios oportunamente expuestos en el marco de otros expedientes", con lo que "...no brindó una respuesta acabada que permita descartar todos y cada uno de los motivos de agravio" (fs. 92 vta.).
A continuación se refirió a los llevados a conocimiento del tribunal intermedio, señalando que no reflejan una "...mera discrepancia" sino, en la búsqueda de una "...respuesta unificadora y racional [...] una proclamación del respeto al principio progresivo" que debe guiar la materia en cuestión (v. fs. 93 y 94).
Reiteró que el fallo del tribunal casatorio resulta arbitrario "...al utilizar afirmaciones doctrinales sin apreciación particular de los agravios planteados", al desentenderse del contenido de los mismos y por ende no darles una "...respuesta plausible" (fs. 94 vta.).
Agregó que "...ese apartamiento equivale a una infracción al derecho a ser oído" derivado de la garantía de defensa en juicio. Por último, citó el caso "Herrera Ulloa c/ Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 95).
II. Coincido con el señor Procurador General en tanto propició el rechazo del recurso extraordinario impetrado (v. fs. 109/112).
III. Sin perjuicio de ello, de modo preliminar, debo dejar en claro que si bien en el auto de concesión se consignó que el mismo era admisible en virtud de portar, entre otros planteos de índole federal, agravios relativos a la aplicación de la ley sustantiva (v. fs. 99 y vta.), lo cierto es que de la simple lectura del escrito recursivo articulado se advierte que sólo contiene agravios de naturaleza federal, por lo que con tal alcance será abordado.
IV. El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, el 22 de octubre de 2015, dictó sentencia unificadora por la cual condenó a Rodrigo Gonzalo Cabrera o Isaías Rodrigo Cabrera Dos Reis a la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de once años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (causa n° 2.081/00) y de la de cinco años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas (causa n° 2.270, registro del TOC 6 departamental), manteniendo su declaración de reincidente. De los considerandos de dicho pronunciamiento surge que se estimó que no correspondía unificar la sentencia recaída en la causa n° 103, del registro del Tribunal en lo criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, por encontrarse agotada al momento de cometer los sucesos de las citadas causas (v. fs. 44/47 vta.).
Frente a ello, la señora defensora oficial departamental articuló recurso de casación en el que planteó los siguientes agravios: errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, falta de motivación de la sentencia y ausencia de la valoración de los arts. 40 y 41 del mismo Código a la hora de la determinación de la pena única impuesta (v. fs. 53/62 vta.).
El tribunal intermedio -en lo que es de interés- coincidió con el de instancia en cuanto a la falta de presencia -en el caso- de "...un requisito básico para la procedencia de la unificación solicitada por la defensa", tal "...la coexistencia de dos penas por distintos hechos a cumplir por una misma persona", explicando que ello era así "...en tanto la pena impuesta a Cabrera en la causa 103 del Departamento Judicial Zárate Campana, ya se encontraba agotada al momento en que el nombrado cometió los hechos juzgados en las causas 2081 y 2277" (fs. 80 vta. y 81).
Recordó que "...resulta decisivo para que proceda la unificación, que la pena anterior no se encuentre agotada, y reste en cambio un tramo de ella por cumplir, puesto que de otro modo no existiría ninguna bifurcación del poder punitivo que tenga que ser remediada por la vía del art. 58 del C.P." (fs. cit.).
Explicó -con cita de doctrina- que en el caso, como "...el juez de la segunda condenación no puede reelaborar una condena en la parte que ya se cumplió, porque debe respetar el pasado, como un infranqueable límite metafísico humano, únicamente puede disponer para el futuro", ya que "...se trata de una limitaciónóntica y no legal", agregando que "...corresponderá que unifique esas penas siempre que se deban cumplir ambas, siendo aquí de rigor para la unificación el requisito de que esté cumpliendo pena, pues si [...] se hallase agotada no habría nada que unificar, sino sólo hacer cumplir la [...] del segundo delito" (fs. cit. y vta.).
Se refirió a lo resuelto en ese sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y concluyó en que, en el caso, "...la primera condena impuesta en la causa 103 del TOC 2 de Zárate Campana, no adolece de inobservancia alguna por la inexistencia de concurso real y en consecuencia la cosa juzgada se mantiene, correspondiendo unificar, en todo caso, sólo la parte de la pena que falte cumplir por la inconveniencia del cumplimiento sucesivo, pero habiéndose agotado dicha pena incluso a la fecha de comisión de los delitos de la segunda y tercera condena no hay nada que se deba unificar, ni aún en la interpretación más favorable al condenado de la primera regla del art. 58 del C.P. que prevé el supuesto denominado de unificación de penas, que resultaría de tomar como base que se esté cumpliendo pena al momento de la comisión de los nuevos delitos y no del dictado de la p[o]sterior sentencia" (fs. 80 vta./82 vta.).
De tal manera, del examen de ese decisorio que tengo ante mi vista, no advierto que se haya restringido inadecuadamente la capacidad de rendimiento del recurso contra la condena.
En definitiva, y en lo que resulta de interés, la defensa se agravia de la revisión efectuada respecto del planteo llevado ante la sede casatoria por el cual se denunciaba la errónea aplicación e interpretación del art. 58 del Código Penal (v. fs. 55 vta./57 vta.).
Sin embargo los argumentos de la queja sobre un pretendido "...tránsito aparente [...] que frustra el derecho al doble conforme" (fs. 92), dejan en evidencia que en rigor discrepa con el rechazo del agravio llevado ante esa sede y no así que la decisión de Casación haya desbaratado el derecho de revisión que se dice conculcado.
Se verifica entonces que lo fallado por el a quo -en el marco de la competencia abierta por los puntuales agravios llevados- cumplió con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian, en tanto abordó y se expidió en torno a la unificación de penas solicitada por la defensa oficial, de conformidad con la queja arribada a su sede.
Por otra parte, con lo expuesto queda evidenciado que el fallo cuenta con fundamentación suficiente que lo ponen a salvo de la tacha de arbitrariedad esgrimida por el impugnante.
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
En definitiva, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo opuesto a su pretensión. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Por último, y como resultado de lo aquí resuelto, quedan sin sustento las denuncias de afectación a las garantías constitucionales de defensa en juicio -derecho a ser oído- y debido proceso postuladas por el recurrente (art. 18, Const. nac.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria y Negri , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia