Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131310
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, se remiten las actuaciones a la Procuración General a fin de que tome conocimiento de las consideraciones formuladas en el punto V. de la presente.
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.310, "Barrios, Ariel Marcelo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.713 del Tribunal de Casación -Sala II-".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de febrero de 2018, rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular del señor Ariel Marcelo Barrios contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor de los delitos de homicidio en concurso real con homicidio en grado de tentativa (Hecho I), tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (Hecho II) y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil, en concurso ideal (Hecho III), los que concurren materialmente entre sí (v. fs. 78/83 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 93/113 vta.), siendo concedido por el órgano intermedio (v. fs. 118/121 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 128/130), dictada la providencia de autos (v. fs. 144) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La recurrente denunció errónea revisión de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 100).
El Tribunal de juicio consideró demostrado (Hecho I) que el 18 de febrero de 2016, mientras Cristian Rodrigo Lugo y Carlos Alberto Luperto (o Luberto) se desplazaban en motocicleta en el partido de Esteban Echeverría, un sujeto de sexo masculino, desde el interior de un automóvil marca Ford modelo Ka les dirigió varios disparos con una pistola calibre 9 mm, impactando en ambas víctimas de modo que causó el fallecimiento de Lugo y lesiones graves a Luperto (v. fs. 20 vta. y 21).
El órgano valoró el testimonio de Luperto, quien -entre los detalles que brindó- relató que su amigo Cristian Lugo trabajaba como inspector de bromatología en el municipio de Esteban Echeverría y que ambos tenían adicción a la cocaína y generalmente compraban en una casa de la calle Chimondegui. Luperto dijo que el día del hecho fueron a comprar pasta base a ese lugar y que al retirarse fueron seguidos por el Ford Ka desde el cual se efectuaron los disparos ya descriptos.
La aquí recurrente, luego de reseñar la respuesta brindada por el órgano casatorio a los planteos llevados por la entonces defensora particular de Barrios (v. fs. 100 vta./103) señaló que el tribunal se limitó convalidar la sentencia de condena, reeditando lo que el fallo de grado dijo, efectuando una exploración formal de las constancias de la causa, sin detenerse en los elementos de cargo considerados para tener por acreditada la autoría responsable del imputado en el denominado "Hecho I" (v. fs. 103 y vta.).
Se disconformó con la falta de compulsa de las actuaciones principales, con la valoración realizada del testimonio brindado por la víctima Carlos Alberto Luberto, resaltó lo que entendió como contradicciones entre su declaración y el reconocimiento efectuado del encausado y con el mérito de la declaración juramentada prestada por el funcionario policial Cristian Omar Pacheco (v. fs. 106 vta./107 vta.).
La parte luego se quejó de la desvaloración de la declaración prestada por el imputado Barrios en la etapa investigativa e incorporada por lectura al debate, en la que aportó el nombre del marido de su ex mujer, Fabricio Rojas, que -según dijo- era muy parecido a él y dueño de la vivienda donde se secuestraron drogas y armas de fuego, de su ex mujer Soledad Bruzo y de Iván Díaz (v. fs. 110).
Destacó que, en violación al principio del in dubio pro reo, no se meritó en favor del imputado el resultado negativo del dermotest practicado (v. fs. 110 vta.).
Adunó a lo expuesto que el decisorio en crisis afectó el debido proceso, la defensa en juicio y el principio in dubio pro reo , en su directa vinculación con el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria, con mención de lo resuelto por el cimero Tribunal nacional en los casos "Martínez Areco" y "Silva, José Manuel s/causa n 6653 (S. 1856.XLII), 1 de abril de 2008" (fs. 112 vta.).
Solicitó que esta Corte case la sentencia impugnada y la reenvíe al a quo a fin de que -debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho (art. 496, CPP; v. fs. 313 y vta.).
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la queja (v. fs. 128/130). Coincido con él.
III.1. Del recurso de casación obrante a fs. 48/51 surge que la defensa consideró inobservados los principios de inocencia e in dubio pro reo y por consiguiente erróneamente afirmada la participación de su asistido en los sucesos probados.
Indicó que el testigo Carlos Luberto, quien sindica a Barrios como autor de los disparos, mantuvo un relato emotivo y contradictorio, destacando que no pudo precisar si el sujeto que disparaba, sacando el torso por la ventanilla de un vehículo que además estaba en movimiento, lo hacía desde el asiento del acompañante o en el asiento de atrás. También mencionó que el testigo dijo que se tapaba con la moto.
Enfatizó el resultado negativo que arrojó la pericia de dermotest realizada a su defendido y la falta de secuestro de armas en su poder.
III.2. El Tribunal intermedio, luego de identificar que la recurrente únicamente cuestionaba la autoría penalmente responsable del acusado en el denominado "Hecho I", aseveró que "...la determinación del suceso en los términos descriptos en el veredicto y la participación que en él se asigna al encartado Barrios, constituyen conclusiones válidas a la luz de un adecuado itinerario juicioso que viene sustentado en fundadas razones, a través de las cuales el a quo plasmó la convicción alcanzada sobre tales extremos" (fs. 79 y vta.).
Destacó que la motivación del recurso "...carece de un razonamiento de censura y critica razonada contra el resolutorio impugnado, sea para destruir sus premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad" y que la defensa reitera argumentos que ya fueron abordados en la sentencia impugnada, sin descrédito de la parte (v. fs. 79 vta., cit. y 80).
Mencionó que el Tribunal ponderó el relato del damnificado Carlos Alberto Luberto, "...quien dirigió una clara y directa imputación hacia Barrios al identificarlo como el autor de los disparos" y especificó que "...fue atacado desde un automóvil Ford Ka color celeste, el que [...] siempre estaba estacionado en la puerta de la vivienda sita en la calle Chimondegui donde acudían con un amigo a comprar drogas [...] que la persona que se asomaba por ventanilla del rodado efectuaba la seguidilla de disparos, que tenía aproximadamente treinta años de edad, un lunar en la cara y que vestía remera amarilla, destacando que si bien no sabía su nombre no tenía dudas que se trataba de uno de los que vendía drogas en el domicilio antes mencionado" (fs. 80).
Aditó que el sentenciante valoró que el reconocimiento en rueda de personas -en el que Luberto identificó a Barrios- se realizó un año después de acaecida la agresión, "...siendo claro el damnificado sobre las características del identificado previo llevar adelante la misma, exponiendo las razones que permitieron concretar el resultado" (fs. 80 vta.).
Afirmó que el testimonio de Luberto no pudo ser desacreditado por la defensa, "...pues las contradicciones que afirma en su exposición no logran vislumbrarse ni la parte se encarga de ponerlas de resalto, más aún cuando la referencia realizada por la parte no emerge ni de las constancias del acta de debate ni del contenido del fallo bajo estudio" (fs. cit.).
Resaltó que la decisión del a quo se sustentó también en lo declarado por el testigo Cristian Omar Pacheco, funcionario policial que intervino el procedimiento de aprehensión y secuestro, quien recordó, en consonancia con lo manifestado por Luberto, "...que en el hospital escuchó una versión acerca de lo sucedido que indicaba al autor de los disparos como uno de los sujetos que vendían drogas en la casa de la calle Chimondegui, a la que se dirigió junto a otros colegas [...] en el lugar estaba estacionado en la puerta un automóvil y había varias personas a las que identificaron, y que una de ellas de sexo masculino dijo ser el dueño de la vivienda, requiriendo hablar o arreglar con los policías" (fs. 81) lo que fue corroborado con el acta de procedimiento donde consta que el sujeto antes mencionado fue identificado como Ariel Marcelo Barrios (nombrado equivocadamente por la Casación como "Alejandro") y que vestía remera amarilla.
A ello sumó el hallazgo de tres vainas servidas calibre 9 mm en el lugar donde se produjeron los disparos y el secuestro de una, del mismo calibre, en el interior del automóvil Ford Ka y la incautación en el domicilio de la calle Chimondegui n° 2.661 de una pistola calibre 9 mm marca Browning con número de serie suprimido, la que se determinó, a través de la pericia balística correspondiente, como utilizada para percutir las vainas incautadas (v. fs. cit.).
En orden a las protestas de ajenidad del imputado Barrios, señaló que el órgano de juicio evidenció que sus manifestaciones "...no tenían sustento y que se desmoronaban al confrontarlas con el resto del material probatorio de cargo, explicando detalladamente los motivos por los cuales así lo decidió", lo que no puede ser objetado con fundamento en el resultado negativo arrojado por una pericia de dermotest "...toda vez que dicha conclusión no es determinante para afirmar que el acusado no efectuó los disparos de arma de fuego que se le endilgan en virtud de las muchas condiciones que pueden conducir a la ausencia de rastros de pólvora" (fs. 81 vta.).
Por todo ello, desechó que se configurara una situación de duda.
IV. El reclamo de la parte se halla dirigido contra lo decidido por el tribunal a quo respecto de la autoría penalmente responsable del imputado Barrios en el denominado Hecho I que se le atribuyera, por considerar que no se ha efectuado una revisión constitucional de lo pretendido por la defensa.
Sin embargo, el tribunal dio respuesta a todos los reclamos efectuados por la parte en el recurso de casación; en lo que interesa, se ocupó del cuadro fáctico y el plexo probatorio tenido en cuenta por el inferior, brindando las razones que lo llevaron a dar por probada la autoría de Barrios en el hecho investigado. Incluso revisó con amplitud aspectos que no habían sido mencionados en el escueto recurso de casación.
De tal modo, el pronunciamiento dictado por el Tribunal casacional abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado a los mismos por la Corte nacional a partir del precedente "Casal" citado por el quejoso.
Además, la aducida vulneración de la regla in dubio pro reo exhibe la disconformidad de la parte con el criterio del órgano de juicio, validado por el revisor, para tener por comprobada la autoría del acusado, extremo sobre el cual no ha sido puesto de manifiesto vicio o defecto alguno de magnitud tal que en caso de ser conjurado llevase a modificar la solución adoptada en sentido concordante en las instancias previas.
Si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner de manifiesto que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de lo cual se verifica en el caso.
V. Sin perjuicio de que por las razones apuntadas se mantiene en pie la condena pronunciada respecto de Ariel Marcelo Barrios, teniendo en cuenta sus manifestaciones recogidas a fs. 92 según las cuales personal policial o sus familiares manejarían "toda la droga de la zona" (fs. 92 y las consideraciones formuladas por la recurrente en el recurso extraordinario), sin que conste si se dispuso una investigación al respecto, corresponde así señalarlo a la Procuración General a sus efectos.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Negri , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, se remiten las actuaciones a la Procuración General a fin de que tome conocimiento de las consideraciones formuladas en el punto V. de la presente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia