Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130668
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.668, "Carrizo, Braian Emanuel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 79.237 y su acum. 79.239 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de abril de 2017, rechazó -en lo que importa- el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Braian Emanuel Carrizo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y banda y por tratarse de mercaderías en tránsito, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud no pudo acreditarse, por ser cometido en poblado y banda y por tratarse de mercaderías en tránsito (v. fs. 142/162).
Contra esa decisión la señora defensora oficial adjunta ante la instancia casatoria interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 168/176), que fue concedido por resolución de la Sala interviniente de fs. 223/225 vta.
Oído el señor Subprocurador General a fs. 230/234, dictada la providencia de autos (v. fs. 235) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La recurrente, en primer lugar, denuncia violación al principio de culpabilidad por el hecho (art. 18, Const. nac.) al encuadrar la conducta de Carrizo en la figura del art. 165 del Código Penal, pese a que el homicidio resultante -desde el aspecto subjetivo- no puede vincularse con su comportamiento (v. fs. 169 vta.).
Luego de reseñar lo resuelto por el Tribunal de grado se refiere a la doctrina del "dominio del hecho" y su relación con el tipo complejo del art. 165 del Código Penal (v. fs. 170 vta./172 vta.).
Hace mención del precedente de esta Corte causa P. 82.374, "Arce" y señala que "...al no haberse probado con certeza que el óbito de la víctima se conectó naturalísticamente, desde la causalidad, con el obrar de Carrizo, los actos disvaliosos ventilados no pueden ser subsumidos en la figura típica del art. 165 del C.P." (fs. 172 vta.).
Alega que la decisión en crisis "...no puede reputarse respetuosa de los alcances de la participación criminal, en los términos de los arts. 46, 47 y cctes. del CP", y que la interpretación efectuada por el a quo sería "...más extensiva de punibilidad" por lo que solicitó sea descartada por arbitraria (v. fs. 173 vta.).
Expresa que Carrizo "...no fue el autor material del óbito de la víctima ni realizó aporte concreto en su ejecución" por lo que dicha consecuencia letal no puede serle imputada al no obrar con dominio funcional a ese respecto.
Solicita que por imperio de lo normado por el art. 47 del Código Penal se recalifique el hecho como robo agravado por el empleo de armas en grado de tentativa, en los términos del art. 166 inc. 2 del Código Penal, readecuándose -en consecuencia- la pena impuesta (v. fs. cit.).
I.2. En segundo lugar, denuncia la errónea aplicación del art. 41 quater del Código Penal, por considerar que afecta las garantías de defensa en juicio, debido proceso, como así también violación al principio de máxima taxatividad interpretativa (art. 18, Const. nac.; v. fs. 174).
Tilda de arbitraria la sentencia impugnada por aplicar al caso la agravante invocada mediante la interpretación literal del texto de la norma (v. fs. cit.).
Con sustento en diversos fragmentos del debate parlamentario desarrollado en relación a la ley 25.767, afirma que el objetivo del legislador fue aumentar el grado del injusto a los adultos que se valieran de niños o adolescentes como instrumentos para cometer delitos (v. fs. 174 vta.). En tal sentido, agregó que "...la máxima taxatividad interpretativa -derivada del art. 18, C.N.- impone que, en este caso, la mera evaluación literal quede fuera de lado -ya que permitiría una más extensiva punibilidad-, y se tome en consideración el debate parlamentario como fuente válida de precisión del ámbito de lo prohibido" (fs. 175).
Explica que resulta necesario realizar una apreciación de las circunstancias del caso para determinar si el mayor "determinó" o "se valió" del menor para cometer el hecho ilícito. Adujo que "La agravación de la escala penal por la sola comisión del delito con la participación de un menor (arts. 45 y 46 del CP) contradice el criterio rector del derecho penal que determina que toda norma que reprime con mayor fuerza determinadas circunstancias [...], se fundamenta en el mayor grado de disvalor del injusto" (fs. cit. y vta.).
En suma, solicita que se desestime la aplicación de la agravante cuestionada (v. fs. 175 vta.).
II. Coincido con el señor Subprocurador general en cuanto aconseja el rechazo del recurso (v. fs. 230/234).
III. En lo que aquí resulta pertinente destacar a los fines del tratamiento del recurso interpuesto, el tribunal de origen tuvo por acreditado respecto de la materialidad ilícita del hecho I -la que no ha sido controvertida- que "El día 28 de agosto de 2014, entre las 17.45 y 18 hs. aproximadamente, cuatro sujetos del sexo masculino, conduciéndose dos de ellos en una motocicleta color negra y los otros dos a bordo de una motocicleta de color blanca, uno de ellos, sin identificar, los tres restantes identificados a la postre como Braian Emanuel Carrizo, Eduardo Orellana -actualmente prófugo- y Juan Emanuel Villalba, menor de dieciocho años de edad, mediante el uso de armas de fuego, intentaron desapoderar ilegítimamente a Cristian Leonel Gegundez y a Andrea Ríos de la motocicleta marca Honda Titán, patente 936-KDD y al no lograr el fin propuesto, es que deciden darles muerte [...] y a tal fin les efectúan [...] sendos disparos de arma de fuego, causándole así la muerte a Andrea Ríos, no logrando en cambio causar la muerte de Cristian Leonel Gegundez, por razones ajenas a su voluntad, dándose inmediatamente a la fuga" (fs. 58 y vta.).
Dicho órgano concluyó en la aplicación del art. 165 del Código Penal al sostener que "...Carrizo junto con otras tres personas del sexo masculino -entre ellas un menor de edad- intentaron desapoderar a Gegundez de su motocicleta, y al encontrar resistencia, al menos uno de los integrantes del grupo efectuó disparos que dieron muerte a la compañera de Gegundez e hirieron a éste en su pierna" (fs. 91).
Entendió que el imputado debía responder por el homicidio "...pero sin el dolo de conocimiento y/o aceptación del resultado previo al despojo, con lo cual su participación se limita al robo del cual resultara un homicidio y que lo tiene como coautor" (fs. 91 vta.).
Por su parte, el órgano casatorio -al revisar la sentencia de la instancia- señaló en el caso que "...se ha establecido que, más allá de la falta de individualización del autor del disparo, la acción matadora en sí misma evidencia que su motivo determinante fue la frustración del desapoderamiento que se presentaba como una circunstancia cierta para los sujetos activos" (fs. 154 vta.).
Explicó que "...sin otros elementos de comprobación que permitan cerrar la acción homicida en manos de Carrizo -y gobernada ella por la específica motivación de no haber logrado el fin propuesto-, el devenir histórico recreado resulta subsumible -en lo que a Carrizo respecta- en la figura del artículo 165 del código de fondo, aún cuando para el autor material de la muerte pudiere ser de aplicación la figura más grave prevista en el artículo 80, inciso 7, del código de fondo" (fs. 155).
Aseveró que el desarrollo secuencial de los hechos muestra que la muerte de Ríos está directamente vinculada con el robo "...por ser una derivación indisoluble del primitivo designio sustractivo de los agentes que se lanzaron en forma concertada a la ejecución del ilícito provistos de cuanto menos un arma de fuego cargada y en aptitud de disparo" (fs. cit. y vta.).
Aditó que "... el homicidio de Ríos no importa un hecho ajeno por completo a la conducta del imputado Carrizo, ni desconectado de la ocasión y motivo del buscado desapoderamiento que aquel -junto a sus socios- estaba ejecutando, supuesto que convoca la aplicación de la figura del artículo 165 del Código Penal" , pues "... si el agente estaba perpetrando con indiscutible dolo el delito de robo con armas durante cuya ejecución otro de los coautores dio muerte al damnificado, ésta era previsible, y está directamente vinculada con la comisión del robo. Ello es así, pues [el] dolo a titulo eventual que presidió el obrar del sujet[o] en dichas circunstancias abastece el elemento subjetivo requerido por el artículo 165 del C. P." (fs. 155 vta. y 156).
Indicó que resulta "...relevante a los fines de su aplicación la directa asociación entre el acto de apoderamiento y la muerte verificada a través de un nexo causal vinculante, en el que el homicidio surge como un resultado de las violencias o fuerza ejecutadas con motivo u ocasión del robo" (fs. 156 cit.).
Afirmó que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ejecutó la muerte de Andrea Ríos "...resulta inescindible del desapoderamiento que se estaba ejecutando, y por ello la comprobada intervención de Carrizo con dominio funcional en el hecho sustractivo comprende todas aquellas acciones previsibles de la empresa a la que se asoció y enteramente imputables a él" (fs. 156 vta.).
Resaltó que la existencia del acuerdo del acusado con los otros intervinientes para llevar adelante un robo mediante la utilización de un arma de fuego en inmediata condición de disparo constituye un nexo vinculante entre los distintos actos de ejecución desarrollados por los plurales sujetos activos, perdiendo esencialidad la circunstancia de que fue otro el autor de los disparos homicidas.
Especificó que "... en el ámbito de la coautoria por dominio funcional del hecho, la actuación por mano propia pierde su carácter dirimente, toda vez que lo que hace cada uno se imputa normativamente al ente colectivo en la medida del alcance de su propio dolo" (fs. cit.).
Así concluyó que "... no existiendo duda en que, en el aspecto subjetivo, todos los que emprendieron en conjunto aquel violento atraco, utilizando durante su ejecución un elemento naturalmente concebido para dotar al hombre de gran poder de ofensa -que comprende la causación de una muerte-, cuanto menos aceptaban la posibilidad de herir mortalmente a las víctimas, y siendo que aquellos intervinientes detentaron el poder de configuración del robo a mano armada -decidiendo si lo hacían y cómo lo realizarían-, la imputación recíproca para todos los coautores no lesiona el principio de culpabilidad" (fs. 156 vta. y 157).
Resaltó que "...indiscutida que la acción básica emprendida originariamente por los imputados fue el delito contra la propiedad, la figura del artículo 165 del Código Penal comprende los supuestos en los que la muerte sobrevino como consecuencia de la violencia física grave impresa en dicha acción contra la víctima. Alcanza entonces con que la muerte de la infortunada Ríos pudo haber sido, desde el punto de vista subjetivo, obra del dolo eventual de los coautores del robo" (fs. 157 y vta.).
De este modo descartó las alegaciones de la defensa que buscan limitar la responsabilidad de Carrizo al robo con arma de fuego (v. fs. 157 vta.).
IV.1. Como adelanté el agravio no prospera. Las consideraciones del recurrente acerca del tipo de aporte brindado por el imputado Carrizo -a su juicio, exclusivamente ceñida a la participación en el delito de desapoderamiento- con la pretendida aplicación de la regla del art. 47 del Código Penal, se desentiende de los fundamentos esgrimidos en la sentencia, y no logra evidenciar el desajuste normativo que le reprocha.
La parte se ha limitado a insistir con los planteos llevados ante la instancia anterior y a discrepar con lo resuelto respecto de ellos pero sin poner en evidencia el error en que habría incurrido el juzgador al descartar las pretensiones de la defensa y conformar su convicción del modo en que lo hizo. Ello conduce a la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
Tal como han quedado acreditados los hechos, quedó firme que Carrizo intervino en calidad de coautor en un delito de robo calificado por el uso de armas, oportunidad en la que uno de los coimputados ultimó a una de las víctimas del robo.
Lo antedicho alcanza, de un lado, para descartar la eventual transgresión sustantiva que postula la defensa, y de otro, para encuadrar la conducta del causante en los términos del aludido art. 165.
A mayor abundamiento, cabe destacar que esta Corte ha desestimado objeciones similares a las que trae el recurrente en diversos precedentes siendo doctrina la que establece que "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o «colectivo». Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo" (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, pág. 993; doctr. - mutatis mutandis - causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008; P. 103.207, resol. de 14-VII-2010; P. 109.452, resol. de 9-XII-2010; P. 116.682, resol. de 14-III-2012; P. 108.840, sent. de 21-III-2012; P. 104.014, sent. de 3-VII-2013; P. 111.507, sent. de 9-X-2013; P. 112.621, sent. de 26-III-2014; P. 111.162, sent. de 9-IV-2014; entre muchas otras).
En autos, a tenor de la reseña efectuada más arriba, el Tribunal recurrido le asignó este sentido al obrar desplegado por Carrizo, por lo que lo situó dentro del alcance de la figura del art. 165 del Código Penal.
Por lo tanto, en el cuadro fáctico que ha quedado indiscutido, la parte no logra demostrar la irrazonabilidad de la subsunción en los términos del art. 45 -en relación con el 165- del digesto de fondo.
La mención de distintos párrafos de lo resuelto por esta Corte en el fallo "Arce", causa P. 82.374, sentencia de 22-XII-2004, no logran enervar la conclusión a la que arribo, desde que la defensa no consigue evidenciar en su discurrir la paridad con el presente caso, a fin de convencer de la aplicabilidad de la doctrina emergente de ese precedente al supuesto bajo estudio, pues no intenta explicar por qué ambos casos serían similares.
Es que, en ese precedente, esta Corte convalidó la decisión del Tribunal de Casación que prescindió de la aplicación del art. 165 del Código Penal, y en consecuencia, rechazó el recurso fiscal, puesto que se hallaba incontrovertido que "El imputado se [había] desprendi[do] del arma al advertir la presencia policial y se entregó sin oponer resistencia antes que se produjera el enfrentamiento armado con los restantes sujetos coautores del robo, de modo que no intervino en la causalidad de las muertes ni la violación al debido cuidado derivada de ir a robar con un arma resultó en su caso la causa determinante de esos desgraciados resultados". En ese hecho, habían fallecido como consecuencia de la referida balacera uno de los agresores y también uno de los policías que intervino en la repulsa del robo (causa P. 82.374 cit.). De modo que, la ausencia de identificación -vía argumentación- de este caso con el mencionado fallo "Arce" devela insuficiencia y así debe declararse (doctr. art. 495, CPP).
IV.2. En lo que atañe al segundo agravio, el reproche de la recurrente debe ser desestimado, pues ante las razones vertidas por el Tribunal de Casación, no se evidencia que el criterio de interpretación del art. 41 quater del digesto sustantivo aplicado consagre una exégesis irrazonable del texto legal, brindando una respuesta inadecuada para la situación que aquélla contempla (doctr. art. 495, CPP; causa P. 125.650, sent. de 9-III-2016).
Ante similar planteo, el Tribunal de Casación expresó que "... las exigencias señaladas por el defensor, de diversa índole y alcances diferenciados, parecen requerir al mayor que delinque en compañía de un menor de 18 años un grado comprobado de instrumentación de éste a fin de descargar la responsabilidad en el menor o cierta predeterminación ejercida por el sujeto mayor como influencia perniciosa respecto del que no lo es, constituyendo exigencias caracterológicas aditadas a un precepto normativo de cuya letra legal no surge referencia a elemento subjetivo alguno, limitándose la norma a establecer la agravante cuando el delito sea acometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad" (fs. 157 vta. y 158).
Con cita de precedentes de Sala, destacó que la disposición del art. 41 quater mencionado "...no deja espacio para una actividad hermenéutica que incorpore a la disposición sancionada por el Congreso Nacional requisitos que -aún atinados o preferibles- fueron descartados en la acuñación de la norma" (fs. 158).
Aseveró que "...no se advierte error en la aplicación de la disposición del articulo 41 quater del código sustantivo conforme a las circunstancias comprobadas de la causa, siendo que a la fecha de comisión del hecho (28/8/14) la mayoría de edad de los que hubieran participado en el delito se rige por la modificación al Código Civil introducida por la Ley 26.579 (B.O. 22/12/09) en cuanto establece que dicha condición se adquiere al cumplir los 18 años de edad" (fs. 158 vta.).
Lo decidido es conteste a la doctrina legal fijada por esta Suprema Corte en la materia rechazando tales exigencias interpretativas.
En tal sentido resultan aplicables aquí las consideraciones formuladas en los precedentes causas P. 117.092 (sent. de 13-VIII-2014) y P. 111.446, por mayoría (sent. de 9-IV-2014). Allí se precisó que el art. 41 quater del Código Penal establece que: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que hubieran participado en el mismo".
Desde el aspecto semántico la interpretación que reclama la concurrencia de elementos subjetivos es errónea, por cuanto la literalidad de la norma no exige otros condimentos por fuera del conocimiento de cualquier circunstancia que integra el tipo objetivo del delito doloso del que se trate.
Según se expuso en la citada causa P. 111.446 (sent. de 9-IV-2014), de todas las fórmulas puestas a consideraci
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