Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.139, "Vivas, Martín Gabriel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 72.741 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
La Sala VI del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de abril de 2016, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad articulado por la defensa oficial de Martín Gabriel Vivas contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul que lo había condenado a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haberse cometido con alevosía -arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 80 inc. 2 del Código Penal- (v. fs. 69/76).
La señora defensora oficial adjunta ante el citado Tribunal -doctora Susana E. De Seta-, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/99 vta.), el que fue concedido por la Sala interviniente (v. fs. 100/101 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 106/110, quien se expidió por la desestimación del recurso articulado, dictada la providencia de autos (v. fs. 112) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa oficial tachó de arbitraria la decisión casatoria por haber convalidado la pena de reclusión "...modalidad de privación de libertad derogada legalmente y constitucionalmente inadmisible, atento lo normado por los arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Ley Fundamental" (fs. 92).
Luego de ocuparse de la evolución legislativa de dicha pena, trajo a colación lo normado en la ley 24.660 en sus arts. 57 y 107 apartado 2 y en la ley 12.256, arts. 93 y concordantes "...en cuanto establecen el régimen de condenados, con igualdad de trato para las personas penadas, de cuyo juego armónico se deduce que el trabajo obligatorio no podrá ser aflictivo, denigrante, infamante ni forzado, firmándose así el ‘certificado de defunción legal’ de la pena de reclusión", criterio que, por otra parte, fue adoptado obiter dictum por el Supremo Tribunal federal in re "Méndez, Nancy Noemí s/ homicidio atenuado (causa n° 862)" (fs. cit. y 94).
Adujo que, para el caso de que esta Corte no entienda derogada la pena de reclusión "...no resta otra solución que la declaración de inconstitucionalidad del art. 5° del C.P." (fs. 94 vta.). Reseñó que las objeciones de índole constitucional se circunscriben a la violación de cuatro principios elementales, "igualdad ante la ley", vulneración al de "razonabilidad", de "legalidad" y de "culpabilidad por el acto" (fs. cit. y 95 vta.).
I.2. Subsidiariamente tildó nuevamente de arbitraria la sentencia, esta vez "...por indebida fundamentación, al apartarse de los precedentes de [esta Corte] dictados en torno al punto objeto de la presente litis", sin brindar fundamentos pertinentes para apartarse de tal postura, lo que -según entiende- implicó afectación a los derechos de defensa en juicio y debido proceso sustantivo, contenidos en el art. 18 de la Ley Fundamental (v. fs. 96 vta.).
Con tal norte, atacó el proceder sentencial del órgano intermedio en lo relativo a la revisión efectuada en materia de determinación de la pena, al no poner en marcha el cuadro de exigencias que sobre el particular se desarrollaron en la causa P. 87.172 (v. fs. cit.).
Afirmó que desde un comienzo esa parte había cuestionado la pena de reclusión impuesta por considerarla inconstitucional, al violentar los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad entre el injusto y la sanción y por tener fundamento en la peligrosidad del agente; sumado a ello, que el plus de pena "...no estaba debidamente fundado" (fs. cit. y 97).
Entendió que la falta de censura casatoria sobre los puntos expuestos, no se compadece con las exigencias de este Tribunal, relativas a que "...al revisar la cuestión [el a quo ] debe efectuar un juicio crítico [...], ya que de esta manera se puede constatar el error al sentenciar que la parte denuncia". Y, más adelante, sostuvo que "...la posibilidad de revisión de lo decidido por el Tribunal juzgador debe ser amplia, y otorgarle a los procesados la posibilidad [de] un nuevo juicio sobre el fallo condenatorio y la pena impuesta, sin cortapisas reglamentarias como la prescripta en el art. 494 del C. Pr. P." (fs. 97 y vta.), pues de lo contrario no satisface las exigencias que imponen los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. cit.).
Argumentó que "...en una teoría [contenedora] del poder punitivo la culpabilidad importa un proceso valorativo dialéctico, en el que acaban sintetizándose la reprochabilidad por el acto [...] y un cálculo del esfuerzo que el agente haya hecho por alcanzar la situación concreta -injusto en el caso concreto- de vulnerabilidad al poder punitivo...", cuyo resultado es una culpabilidad normativa. Dicha reprochabilidad por el acto "...no puede asentarse en otra cosa que no sea un ilícito (conducta típica y antijurídica), a cuya magnitud la primera se adecua" (fs. cit. y 98).
Afirmó que, a partir del sistema de circunstancias agravantes y atenuantes de la pena a imponer establecido por el legislador nacional en los arts. 40 y 41 del Código Penal, el órgano de juicio no puede realizar una interpretación discrecional "...sino que la misma se halla reglamentada en forma expresa y -por ende- sometida a cuestionamiento de las partes" (fs. 98 y vta.).
Trajo a colación el precedente "Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago" (sent. de 21-VI-2002), del cual reprodujo fragmentos (v. fs. 98 vta.).
II. El dictamen de la Procuración General, obrante a fs. 106/110, aconsejó el rechazo del recurso.
III. Coincido con esa solución.
III.1. En oportunidad de interponer el recurso de casación, la defensa planteó que la aplicación de la pena de reclusión perpetua no corresponde, por cuanto resulta contraria a lo previsto en el art. 19 de la Constitución nacional (v. fs. 46 vta.), citando el fallo "Gramajo, Marcelo Eduardo s/robo en grado de tentativa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.2. A su turno, el Tribunal de Alzada, al momento de abordar el reclamo, consideró que: "...en lo referente a la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del art. 80 del CP, debe apuntarse que el análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y la declaración de inconstitucionalidad debe ser estimada como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad..."; "...por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada...", con cita de doctrina de la Corte federal (v. fs. 73 vta.).
A partir de ello, el a quo juzgó que "...el recurrente no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista, siendo que el precedente de la CSJN sobre el que se pretende fundar el análisis efectuado [en referencia al fallo 'Gramajo'], excluye expresamente la norma en cuestión de su ratio decidendi e invalidó el art. 52 del CP por razones que no se verifican en la especie" (fs. cit.), en tanto allí estaban en cuestión los casos del art. 52 derivados de multireincidencia (v. fs. 74).
En definitiva, el Tribunal revisor desestimó el planteo constitucional desde dos aristas. Inicialmente, descartó que el antecedente "Gramajo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resultara acorde a la pretensión constitucional de la defensa, conforme a las circunstancias que plantea el presente caso y, a su vez, detalló la insuficiencia en torno a la denuncia de afectación al principio de culpabilidad por el acto y el de proporcionalidad, argumentos que resultaron desatendidos por el recurrente.
IV.1. El reclamo no procede.
Muy particularmente debe tenerse en cuenta que la casación descartó que fuera aplicable al caso la pretendida doctrina del fallo "Gramajo" dictado por la Corte federal, tesitura que comparto. Pues, cuando se expidió en ese caso declarando la inconstitucionalidad del instituto limitó su decisión a los supuestos de multireincidencia por delitos menores del art. 52 -en lo sustancial, por violentar el principio de proporcionalidad y constituir una clara muestra de derecho penal de autor- y no respecto de la prevista en el art. 80 del Código Penal para supuestos de homicidios calificados. Sin perjuicio de que la pena accesoria a la que refiere ese precepto en ninguna de sus dos alternativas estaba en juego en el caso. De modo que tanto el recurrente como la casación desenfocan al aludir al art. 52 del Código Penal y al precedente "Gramajo" que lo cuestionado es la modalidad de pena de "reclusión", en el caso, a perpetuidad y no la "accesoria por tiempo indeterminado".
IV.2. No ha de correr mejor suerte el agravio formulado con base en que la pena de reclusión se encuentra virtualmente derogada (v. fs. 92 vta./94 vta.), pues, tal como lo destaca el señor Procurador General, el planteo no fue llevado a conocimiento del Tribunal de Casación, sino que lo introdujo recién en el memorial (v. fs. 61 vta.). De modo que la alegación traída novedosamente en la impugnación que aquí se examina, más allá de las reflexiones que pudiera merecer, excede como tal la competencia revisora de esta sede extraordinaria (doctr. art. 451, CPP).
IV.3. Ligado al mismo déficit, el reclamo por el que se pretende se declare la inconstitucionalidad del art. 5 del Código Penal que aquí trae vinculado con diferentes principios constitucionales (v. fs. 94 vta./96 vta.), no prospera, ello por cuanto -no obstante los cambios argumentales respecto de los que conformaron el planteo constitucional originario-, no fue sometido a la decisión de la instancia previa cuando ello era posible (v. en esp., recurso de casación de fs. 94 vta./96 vta. y memorial de fs. 60/61 vta.), articulándose recién en oportunidad de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio. Tengo reiteradamente dicho que la extemporaneidad del planteo del caso constitucional resulta suficiente para su desestimación (conf. CSJN Fallos: 330:1759, sent. de 17-IV-2007; e.o.), de conformidad con las consideraciones vertidas en mi voto en la causa P. 107.711 -sentencia de 6-X-2010-, entre muchas otras, las que doy aquí por reproducidas.
Finalmente, cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), siendo doctrina consolidada que no configura ese supuesto excepcional la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Además, el vicio debe tener tal entidad como para que, en el caso de ser conjurado, modifique la solución tomada por el juzgador.
IV.4. Por último, en lo que toca al planteo subsidiario, en el que tacha de arbitrario al fallo impugnado por indebida fundamentación, al apartarse de los precedentes de esta Corte, con afectación a los derechos de defensa en juicio y debido proceso sustantivo (art. 18, Const. nac.), en cuanto a la determinación de la pena en el caso impuesta (v. fs. 90 y vta.), tampoco es de recibo.
En efecto, el a quo abordó el escueto motivo de agravio llevado ante su instancia y lo descartó, brindando para ello los argumentos que fueron expuestos en los párrafos precedentes, más allá del desenfoque en que incurrieran tanto el apelante como la casación al responder en el marco del alcance de la queja.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia