Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan , Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.298 , "Maldonado, Hugo Francisco s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.650 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de marzo de 2017, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de Hugo Francisco Maldonado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (v. fs. 63/72).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 97/103 vta.), el que fue concedido por la sala interviniente a fs. 105/107.
Oído el señor Procurador General a fs. 114/115 vta., dictada la providencia de autos a fs. 116, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La recurrente denunció la violación del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y requirió la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua (v. fs. 100 vta.).
Inicialmente efectuó una síntesis del planteo llevado en las instancias anteriores, y de las respuestas obtenidas. A partir de ello, afirmó que la pena en examen, aplicada por la comisión del delito de homicidio calificado por el vínculo, conlleva, para con el encartado Maldonado "...una sanción de eliminación social, ya que su encierro alcanzaría hasta que tuviese más de 92 años, edad en la cual -solo eventualmente- le cabría la posibilidad de recuperar condicionalmente su libertad" (fs. 101).
Alegó que esa consecuencia "...resulta incompatible con el derecho a la integridad personal, y frustra el objetivo propuesto en el art. 5.6 de la Convención que determina que toda pena debe tener como finalidad esencial la reforma y readaptación social del condenado" (fs. cit.).
Citó fragmentos del fallo "Caesar vs. Trinidad Tobago", sentencia de 11-III-2005, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y puso de manifiesto que hace a la dignidad humana que la pena tenga por finalidad el retorno de la persona a la sociedad; lo cual no podría cumplirse si la imposición de una pena a perpetuidad "...solo culminará cuando se extinga su vida o en el ocaso de la misma" (fs. 101 vta. y 102).
Luego se extendió en los fundamentos de las denuncias de infracciones legales, y del bloque de constitucionalidad, arts. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 5 de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y los Pueblos (v. fs. 102).
Criticó el fallo impugnado, y sostuvo que la pena resulta "...una tortura en la psiquis del mismo: tener la certeza de que no recuperará jamás su libertad es, a no dudarlo, un trato cruel que debe hacerse cesar" (fs. 102 vta.).
Aludió a la prohibición expresa del art. 18 de la Constitución nacional, respecto a las penas crueles, inhumanas, degradantes, o infamantes; y que, en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, la Convención que lleva ese nombre porta ese mismo rango supralegal (v. fs. cit.).
Con base en tales argumentos solicitó que se declare su inconstitucionalidad y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados (v. fs. 103).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto dictamina que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 114/115 vta.).
III.1. La decisión del Tribunal de Casación, con el voto inicial del señor Juez doctor Mancini, que concitó la adhesión del doctor Ordoqui, descartó el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto a la pena de prisión perpetua, al no advertirse "...la violación de los preceptos constitucionales que se denuncian transgredidos, desde que la pena impuesta no resulta, en cuenta de las particularidades del hecho y del autor, irrazonable, ni cruel ni mortificante. En efecto, en el caso la pena guarda relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y la culpabilidad de Maldonado. Ello en cuanto que el caso muestra un ataque contra un bien jurídico que el legislador ha considerado más importante, agravado doblemente por la violación a los deberes de respeto y protección que surgen del vínculo de relación [entre] víctima y victimario y mediando violencia de género". Además, señaló que la pena de prisión perpetua "...no configura en realidad un encierro o privación de la libertad perpetua, ya que admite la posibilidad de obtener la libertad condicional, lo cual mostraría que la misma no atenta contra los fines de resocialización de la pena, ya que cumplidas las condiciones que regula la ley, el condenado podría recuperar su libertad". Sumó a lo expuesto la jurisprudencia que justifica la legitimidad constitucional de las penas perpetuas "...siempre y cuando se les conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre", a tenor de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Giménez Ibañez, Antonio F. s/ libertad condicional" (fs. 70 vta. y 71).
Añadió que, en términos generales "...se reconoce la limitación constitucional a la imposición de penas que en los hechos resulten realmente perpetuas, pero a la vez se señala que las penas perpetuas del Código Penal no son inconstitucionales en sí mismas, en tanto no son tales -en sentido estricto- sino, concretamente indeterminadas, pero determinables, ya que cumplidas las exigencias de la libertad condicional, la pena deja de ser eterna para ser transitoria, lo cual muestra la ineficacia de la queja vinculada con la resocialización" (fs. 71 y vta.).
III.2. Frente a lo resuelto, el recurrente no se encarga de impugnar los argumentos tenidos en cuenta por el Tribunal revisor.
Sus críticas se limitan a exponer una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
Cabe agregar que, conforme la plataforma fáctica que arriba firme "...el día 29 de enero de 2015, siendo aproximadamente las 16:45 horas, se recepcionó un llamado telefónico del abonado 101 donde una persona de sexo femenino -la señora Segovia- solicitó la presencia de una ambulancia y de un móvil policial, por encontrarse al costado de la vivienda de calle Barragán nro. 163 de Lobería, una persona del sexo femenino -Yolanda Correa- tirada en el piso con un fuerte sangrado. A partir de ello, el personal policial se apersonó en el domicilio antes citado, corroborando lo denunciado y entrevistándose con la señora Yésica Correa -hermana de la víctima y propietaria de la finca- quien manifestó que la pareja de su hermana, Hugo Maldonado y que responde al apodo de Coqueti, se apersonó en el lugar a fin de hablar con aquella y que luego de una discusión Maldonado sacó un arma blanca, una cuchilla y le dio puntazos en el cuerpo, retirándose luego del lugar en una bicicleta tipo playera. Vestía chomba amarilla con color crema y pantalón jogging color gris" (fs. 17).
Frente al desvalor del injusto que se aprecia en el caso concreto, el recurrente no se encarga de demostrar que la pena de prisión perpetua, sea inadecuada y desproporcionada.
En suma, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. Fallos: 329:3680) el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no abandona nunca el plano teórico si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta al autor es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015; P. 120.920, sent. de 11-V-2016).
Tampoco demuestra esa contradicción con normas de rango superior los argumentos que se refieren al cercenamiento de las posibilidades de resocialización, en tanto algunas de las normas del régimen de progresividad en materia de ejecución de la pena (leyes 24.660 y 12.256), prevé ciertas condiciones en las que el imputado puede recuperar espacios de libertad.
Tal como lo ha expresado el a quo , siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que aun para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión perpetua) -habiéndose establecido aquí la menos severa: prisión perpetua-, éstas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN "Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA, causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
Desde ese prisma, los planteos del recurrente no se asientan en la existencia de un perjuicio actual, siendo recién ante una eventual denegatoria del acceso a algunos de los regímenes del período de prueba -de corresponder-, o derechamente a la libertad cuando se estime agotada la pena, que cobrarían actualidad los reclamos postulados.
Por lo demás, la parte no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad de la especie de pena cuestionada (conf. causas P. 100.754, sent. de 9-IV-2009; P. 99.833, sent. de 29-XII-2008; P. 100.072, sent. de 12-XI-2008; P. 109.700, sent. de 15-VI-2011, entre otras).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo.
Coincido en que, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, frente al desvalor del injusto que se aprecia en el caso concreto, no se advierte que la pena de prisión perpetua sea inadecuada y desproporcionada, ni que resulte contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. causas P. 106.226, sent. de 15-XII-2010; P. 102.300, sent. de 30-XI-2011; P. 107.104, sent. de 6-VI-2012; P. 127.827, sent. de 27-XII-2017; P. 127.784, sent. de 11-VII-2018; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia