Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.106, "L., L. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 35.790 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de abril de 2017, hizo lugar al recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana que había condenado a L. D. L. a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y accesorias legales, sin costas, como autor responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada. En consecuencia, revocó parcialmente el fallo por considerar que había omitido practicar la reducción de pena que establece el art. 4 de la ley 22.278, conforme la interpretación del precedente "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluido de oficio circunstancias agravantes en perjuicio del imputado, a tenor de lo previsto en el art. 371 cuarto párrafo in fine del Código Procesal Penal; a resultas de ello, redujo la pena aplicada al nombrado a dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y accesorias legales, manteniendo el resto de las declaraciones contenidas en el pronunciamiento de origen (v. fs. 64/67 vta.).
La señora defensora general del Departamento Judicial de Zárate Campana -doctora Karina Paola Dib- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 71/75 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 76/78).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 82/86 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 87) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa de L. D. L. desarrolló los agravios que siguen contra la sentencia de Cámara que impugna.
Primeramente, denunció inobservado el art. 4 de la ley 22.278 en el entendimiento de que no habían sido examinados adecuadamente los tópicos allí previstos para determinar si corresponde o no la aplicación de pena a su asistido. Sostuvo que la valoración llevada a cabo resulta arbitraria pues no tuvo en cuenta datos e informes que obran en el expediente tuitivo, además de circunstancias familiares, sociales y culturales del joven infractor, aunque no identificó ninguna de ellas; de tal forma consideró que fueron dejados de lado los objetivos de la ley minoril, en contradicción con lo preceptuado por la garantía de la especialidad y la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 73).
Al decir de la recurrente, la sanción determinada parecería obedecer a criterios retributivos o de prevención general prohibidos por ley, en contravención de la doctrina sentada en el precedente "Maldonado" por la Corte federal, y sin que hubiese sido analizada la evolución del menor bajo tratamiento tutelar y su posible influencia en la necesidad de una respuesta punitiva, como los motivos que la harían indispensable a los efectos de su resocialización.
Pidió por tanto la anulación de la sentencia y que se ordene el dictado de una nueva con arreglo a derecho (v. fs. 74).
La señora defensora general denunció también que la sentencia recurrida se apartó de lo señalado en el precedente antes citado, en cuanto a que la condena debe aplicarse como "último recurso" y por el "período más breve posible", conforme surge del art. 37 "b" de la Declaración de los Derechos del Niño; las Reglas 13.1 y 19 de Beijing y 2 de la Habana y la Directriz 18 de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal, cuyas normativas estimó violadas en el caso (v. fs. cit.).
Adujo que el Tribunal de Alzada inobservó el aludido art. 4 de la ley 22.278 al no justificar su decisión de apartarse del mínimo legal imponible (un año y seis meses), no obstante que, a su entender, "resulta obligatorio" partir de ese extremo de la escala penal para el delito respectivo, en razón de una interpretación armónica de los principios específicos del fuero y de la doctrina del caso "Maldonado" (v. fs. 74 vta.).
Afirmó que la reducción punitiva que la Cámara dijo haber realizado de conformidad con las reglas del art. 42 del Código Penal, no se ve reflejada en la cuantía individualizada, merced a su hipótesis sobre la pena que ante igual situación habría correspondido al acusado de ser mayor de edad.
Por ello, tildó de arbitrario y carente de fundamentación lo decidido sobre la mensura de pena y su modalidad de cumplimiento, en lesión de los principios de culpabilidad, especialidad e igualdad, por haberse omitido la disminución que correspondía de acuerdo con la norma indicada, vulnerándose las garantías de debido proceso y defensa en juicio, los principios republicanos de gobierno y razonabilidad, con afectación de los arts. 1, 5, 18 y 28 de la Constitución nacional; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 75).
III. La impugnación no prospera, tal como dictaminó la Procuración General.
En su recurso de apelación, la defensa postuló la arbitrariedad de la sentencia de grado con base en que no había tratado el planteo referido a la inconveniencia e innecesariedad de imponer una sanción a L., teniendo en cuenta que desde la comisión del hecho en el año 2010 había transcurrido un lustro y que había ingresado al sistema penal de adultos en mayo de 2011, encontrándose detenido desde entonces por un delito de mayor gravedad; además de cuestionar las circunstancias valuadas para fundar la decisión que critica, reputó también arbitraria la pena escogida, por excesiva y no haberse justificado el apartamiento de los principios y doctrina que rigen el fuero de menores, pidiendo por tanto su rebaja al mínimo legal con la reducción del art. 4 de la ley 22.278 (v. fs. 2/6).
La tarea examinadora del Tribunal de Alzada partió de dar razón a la defensa en que el juez de grado no había llevado a la práctica la disminución punitiva que surge del referido art. 4 (por interpretación del precedente "Maldonado", CSJN Fallo de 7-XII-2005), además de haber computado circunstancias agravantes -las conductas posteriores disvaliosas de L. en el fuero de mayores, que en rigor fueron valuadas a los fines previstos en el art. 4 citado- sin que mediara petición de la Fiscalía, lo que había impedido su discusión por la contraparte, y por ello su inclusión oficiosa en perjuicio del imputado (arg. art. 371, cuarto párrafo in fine , CPP) debía ser desestimada (v. fs. 65 vta. y 66).
Con todo, en oposición a la argumentación recursiva, juzgó que el pronunciamiento originario plasmaba el desarrollo de las razones por las cuales correspondía aplicar al joven L. pena de prisión, descartando la viabilidad de la ejecución condicional pues su declaración sería meramente abstracta en función de sus antecedentes, con mención a la postura igualmente sostenida por el Ministerio Fiscal a lo largo de la tramitación del caso (v. fs. 66). En definitiva, sostuvo que "...la prisionización del imputado devino necesaria a los fines de promover su reintegración social y para que asuma una función constructiva en la sociedad (CSJN, en causa 2570; fallo del 17-III-2009)" (fs. cit. vta.).
Sentado ello, el a quo , en función de considerar la doctrina que citó de esta Corte que descarta la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal para el delito respectivo, ya que no existe punto para ingresar a ella, sostuvo que no correspondía "...la fijación de una mayor punibilidad por los antecedentes del causante como mayor de edad (informe de fs. 312 de la causa anexa) por tratarse de causas en trámite sin que sea posible emitir juicio de reproche alguno en ausencia de sentencia condenatoria o auto de responsabilidad penal firme" y la reducción de la pena que impone el art. 4 de la ley 22.278, y resolvió disminuir el monto impuesto a dos años y seis meses de prisión, de efectivo cumplimiento, con invocación de los arts. 5, 12, 40, 41, 42, 45 y 166 inc. 2 in fine del Código Penal y 56 inc. 2, 58, 81, 83 y 84 de la ley 13.634 (v. fs. 66 vta. y 67).
IV. Las respuestas dadas por el tribunal revisor demuestran el abordaje llevado a cabo sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna de los agravios sometidos a su escrutinio, no logrando justificar la recurrente que en el caso no se encuentre abastecida la garantía prevista en el art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contrariamente a lo que dogmáticamente afirmó a fs. 75 de su pieza recursiva, ni que lo decidido sobre el punto carezca de la fundamentación suficiente que permita validarlo jurisdiccionalmente.
A resultas de la fiscalización emprendida, el a quo convalidó el temperamento de su antecesor sobre la necesidad de imponer pena al joven L., con argumentos de los que la defensa no se hizo cargo para evidenciar las transgresiones que denunció, limitándose a oponer su visión discrepante con lo fallado, tal como indica la Procuración General a fs. 85 y vta. de su dictamen (art. 495, CPP).
De igual modo, las apreciaciones basadas en generalidades o comparaciones con situaciones hipotéticas se muestran ineficaces para evidenciar en el proceder de la Cámara el vicio adjudicado en el proceso de mensura punitiva, ni afrenta a garantía constitucional alguna.
Que al momento de resolver el punto el sentenciante tuvo presente los lineamientos establecidos en el caso "Maldonado" surge de la propia lectura de su fallo; siendo que, además, la recurrente ha fundado la arbitrariedad que atribuyó a esta parcela del decisorio en su particular exégesis del precedente mencionado, conforme la cual, el juez debe individualizar la sanción partiendo obligatoriamente del mínimo legal.
Sin embargo, esa tesis ni fue en tales términos postulada ante la Cámara, ni se hace cargo apropiadamente de lo que sostuvo el fallo revisor con apoyo en la doctrina de esta Corte que establece que el digesto de fondo no contiene un determinado sistema para efectuar la dosimetría ni un punto de ingreso a las escalas previstas para supuestos de penas divisibles, como es el de autos (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013).
Además de que la invocación del citado precedente no atiende en momento alguno que allí la Corte federal revocó una sentencia que había decidido no aplicar la reducción que de modo facultativo prevé el art. 4 de la ley 22.278. Lo hizo por cuanto a su entender la Cámara no había dado fundamentos suficientes para ello, pero no declaró que la norma citada sea inconstitucional, ni interpretó que la facultad referida pase a ser obligatoria en todos los casos (v. cons. 41).
En suma, la impugnante se limita en este punto a expresar su solo parecer disidente acerca de las decisiones adoptadas respecto de la necesidad y medida de la pena a imponer a L. D. L., sin que haya justificado arbitrariedad en ninguna de ellas que permita su modificación en esta sede extraordinaria (art. 495, CPP).
Por otra parte, bien señala el señor Procurador General el carácter novedoso de la pretensión de objetar el rechazo del beneficio absolutorio contemplado en el antedicho art. 4, con sustento en la forma arbitraria en que habría sido valorado -o desconsiderado- el conjunto de circunstancias en general apuntadas por la señora defensora general, pues tal como quedó expuesto, nada de ello fue motivo de agravio en el recurso de apelación para controvertir la necesidad afirmada de la respuesta punitiva (doctr. art. 451, CPP).
Por las razones dadas, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria , y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia