Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128772
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido en la causa P. 128.772-RC (art. 488 C.P.P.).
2Desestimar la queja articulada por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Claudio Damián Avalos en la causa P. 128.815-RQ, agregada por cuerda (arts. 486 bis en función del 482 del C.P.P.).
P. 128.772-RC - “Avalos, Claudio Damián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 78.996 del Tribunal de Casación Penal, Sala I y P. 128.815-RQ.-Avalos, Claudio Damián s/ Recurso de queja en causa N° 79.819 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.-
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.882-RC, caratulada: “Avalos, Claudio Damián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 78.996 del Tribunal de Casación Penal, Sala I y P. 128.815-RQ.-“Avalos, Claudio Damián s/ Recurso de queja en causa N° 79.819 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, merced al auto dictado el 9 de febrero de 2017, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Defensa Oficial contra el rechazo -con costas- de la acción de hábeas corpus deducida a favor de Claudio Damián Avalos (fs. 84/86 vta., P. 128.772-RC).
2. Los antecedentes previos del sub-lite resultan relevantes para la recta inteligencia de la decisión que se adoptará en el presente:
a.- La Defensa Oficial, representada por el doctor Alejandro Raúl Ares, interpuso acción originaria de hábeas corpus en sede casatoria denunciando el agravamiento de las condiciones de detención de Claudio Damián Avalos, el día 19 de agosto de 2016 (fs. 13).
Afirmó que ha solicitado en reiteradas oportunidades atención médica y se han agotado los recursos disponibles sin que se le brindara al amparista una respuesta cabal a las patologías que presenta.
Solicitó la aplicación de una alternativa al encierro carcelario en los términos del inciso a) de los artículos 10 del C.P. y 32 de la ley 24.660 y, frente a la inexistencia de riesgos procesales dada la restricción de la capacidad de movimiento del imputado, reclamó una medida de coerción menos gravosa para compensar la deficitaria atención sanitaria que el estado pone en cabeza de su asistido.
b.- Previamente, en función de un recurso de apelación deducido por la misma defensa oficial, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, el 4 de agosto de 2016, confirmó el pronunciamiento del titular del Juzgado de Garantías N° 3 de ese departamento judicial, que rechazó la petición de atenuación de la coerción a favor del causante (fs. 30/34 vta.).
En dicho contexto recursivo se llevó como agravio la aplicación de los arts. 10 del C.P. y 32 de la ley 24.660 ante la patología crónica de la que se deriva una discapacidad motora severa que aconsejaría el otorgamiento de su detención domiciliaria, siendo que la alzada desestimó tal pretensión con base en la existencia de peligros procesales que podrían frustrar los fines del proceso, esto es la averiguación de la verdad y la posible fuga del imputado, que impedirían la aplicación de la ley sustantiva.
Dicha conclusión se fundamentó en las características de los hechos que se le endilgan al encausado (víctimas menores que relataron que los sucesos de abuso sexual vivenciados fueron violentos y con hostigamientos permanentes y reiterados para ellas y sus progenitoras), la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas en las que existe una clara relación de desigualdad y poder en los términos de la Convención de Belem do Pará, en el hecho de que en la causa se dispuso la elevación a juicio en orden a los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra, lesiones leves, acometimiento con arma en concurso ideal con lesiones leves, amenazas, abuso sexual agravado reiterado por cuanto el hecho fue cometido contra menores de 18 años aprovechándose de la situación de convivencia preexistente (dos víctimas) y abuso sexual agravado reiterado por cuanto el hecho fue cometido contra la hija biológica menor de 18 años y aprovechándose de la situación de convivencia preexistente y en la pena en expectativa prevista para aquéllos delitos que importa un grave indicio en contra del imputado para considerar como peligro de fuga en los carriles del art. 148 del C.P.P. (fs. 31/32 vta.).
A su vez, se descartó la atenuación de la coerción con relación a la discapacidad física que presenta Avalos, en razón de que el informe médico da cuenta de que las heridas y problemas de salud son de antigua data, y que la discapacidad motora severa que involucra la asistencia para las funciones de la vida diaria (aseo, vestido, etc.) fue atendida por el juez competente y solicitados los turnos correspondientes en la unidad sanitaria y en el H.I.G.A. de Junín para atender sus necesidades terapéuticas (fs. 33/34).
c.- Según se infiere de la causa P. 128.815-RQ, caratulada: “Avalos, Claudio Damián s/ Recurso de queja en causa N° 79.819 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”, agregada por cuerda a la presente, el mentado decisorio de la Alzada fue cuestionado por conducto del recurso de casación por el señor Defensor Oficial, doctor Ares, el 13 de septiembre de 2015, a las 12 horas (fs. 8/20 vta.).
Tal recurso fue desestimado, con costas, por la Sala I del órgano casatorio -por decisión del 24 de noviembre de 2016- en razón de que al encontrarse satisfecha la doble conformidad judicial no se advertía agravio federal suficiente ni gravedad institucional para soslayar la letra del art. 450 del C.P.P. (fs. 21/24).
Contra la misma se articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por parte del señor Defensor Oficial Adjunto, doctor José María Hernández (fs. 28/38 vta.), el 27 de diciembre de 2016, a las 09.00 horas, el que fue desestimado por inadmisible por auto del 22 de febrero de 2017 (fs. 39/43), deduciéndose queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. el 3 de abril de 2017, a las 10.25 horas (fs. 49/55 vta.).
d.- Ahora bien, la articulación ordinaria de habeas corpus que motivara la decisión relacionada en el acápite 1.- (fs. 35/38 de la causa P. 128.772-RC), fue también cuestionada por la vía de inaplicabilidad de ley por el citado Defensor Oficial Adjunto (fs. 73/83 vta.), el 28 de diciembre de 2016, a las 09.00 horas, la que fuera declarada admisible por el resolutorio dictado el 9 de febrero de 2017 (fs. 84/86 vta.).
3. De las constancias relacionadas precedentemente se infiere con claridad que la Defensa Oficial cuestionó por dos mecanismos procesales diferentes la denegación de la atenuación de la coerción de Avalos. Así, por un lado, dedujo recurso de casación respecto del auto dictado por el Tribunal de Alzada de San Nicolás que confirmara un pronunciamiento del juez garante sobre el tópico y, por el otro, articuló hábeas corpus originario ante el Tribunal de Casación Penal con el objeto de que por los padecimientos físicos del nombrado se le otorgue el beneficio contemplado en el art. 10 del C.P. y 31 inc. a) de la Ley 24.660.
Si bien es cierto que este último supuesto se fundamentó en el agravamiento de las condiciones de detención del causante, en puridad, sus desarrollos coinciden sustancialmente con los argumentos que la misma parte esgrimiera en la apelación, el recurso de casación y el recurso de inaplicabilidad de ley desestimados respecto de la denegación de la atenuación de la coerción oportunamente peticionada.
4. Con ese piso de marcha, esta Suprema Corte no puede dejar de advertir que la utilización de los diversos institutos que ofrece el digesto procesal penal en modo alguno puede importar que una misma decisión judicial sea objetada por más de un conducto de impugnación.
En el caso, además, más allá de que el hábeas corpus haya sido interpuesto bajo la denominación de acción, en realidad pretende cuestionar una decisión previa de manera elíptica y focalizando la cuestión desde los padecimientos físicos que mantiene el causante como consecuencia de la atenuación de la coerción desestimada por las instancias de mérito.
De allí que no se abordará en el presente el recurso concedido por el a quo respecto del hábeas corpus intentado como mecanismo paralelo de impugnación de la denegación de la atenuación de la coerción ya que la decisión del mismo resulta carente de oficiosidad si se tiene en cuenta que, en puridad, replica los cuestionamientos ya ensayados en la vía recursiva articulada respecto de la mentada medida de coerción (art. 488 C.P.P.).
5. En cuanto a la medida de atenuación de la coerción desestimada, la queja respecto de la denegación del recurso de inaplicabilidad de ley se basó en la arbitrariedad del decisorio ya que “… frente a la resolución de la Cámara del 4 de agosto de 2016, que confirmó la denegatoria del arresto domiciliaria [o] en favor de AVALOS, la defensa pública se agravió ante el Tribunal de Casación mediante la vía directa de Habeas Corpus y recurso de casación, originando los expedientes Nros. 76.996 y 79819, respectivamente, radicando ante la Sala Primera…” y “… los mismos Jueces, Dres. Carral y Maidana, con días de diferencia, adoptaron resoluciones adversas ante los mismos planteos: el día 9 de febrero de este año 2017 admitieron la vía extraordinaria en causa N° 78.996 al verificar los mismos recaudos de admisibilidad que fueron negados el día 22 de ese mes y año en el presente legajo N° 79819…” (fs. 52 vta.).
Ahora bien, el juicio negativo efectuado por la Sala I del órgano casatorio debe ser mantenido ya que la decisión no resulta sentencia definitiva ni puede ser equiparada a la misma en los términos del art. 482 del C.P.P.
Es que al no versar la cuestión directamente sobre la denegatoria de libertad sino sobre el cumplimiento de los recaudos necesarios para el otorgamiento de una medida de coerción menos onerosa para el causante, teniendo como presupuesto la existencia de una prisión preventiva firme, como se anticipara, la decisión no es definitiva (cfe. P. 121.662, res. 13/V/2015; P. 126.617- res. 11/V/2016; etc.).
Así, cabe aplicar al caso la arraigada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que las decisiones que decretan la prisión preventiva del imputado no constituyen sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (cfe., Fallos: 314:451 y la profusa individualización de citas allí efectuada; 320:212; 324:3952 -cons. 3º, primer párrafo y sus citas-; 327:5456 -cons. 4º-; e/o), a la que cabría asimilar la situación que subyace del presente, en la que -prisión preventiva mediante- lo que se procura es una forma menos gravosa de ella.
En este sentido, es válido recordar el considerando 5º del primero de los fallos citado precedentemente, en cuanto se precisó el alcance de esa doctrina al establecer que la exclusión de “las apelaciones extraordinarias contra autos que decretan la prisión cautelar del imputado en juicio penal reposa en la circunstancia de que ello no impide, por sí sólo, la obtención de la tutela jurisdiccional de la libertad ambulatoria mientras no se destruya el estado de inocencia del sospechoso de haber cometido un delito”, puesto que, “[p]or lo general, esa tutela puede ser obtenida por medio de la articulación de la excarcelación y, en su caso, mediante la interposición del recurso extraordinario contra la sentencia que la deniega y que definitivamente coarta la posibilidad de tutela inmediata de la libertad”.
6. Lo mencionado en la parte final del acápite anterior demuestra que tampoco se trata de una decisión equiparable a definitiva ya que, por sus efectos, no provoca un gravamen de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Declarar inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido en la causa P. 128.772-RC (art. 488 C.P.P.).
2. Desestimar la queja articulada por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Claudio Damián Avalos en la causa P. 128.815-RQ, agregada por cuerda (arts. 486 bis en función del 482 del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese u, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia