Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la defensa oficial de Paola Silvana Resuche (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds. del C.P.P.)
P. 128.017-RC - “Resuche, Paola Silvana s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 24.469 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 128.017-RC, caratulada: “Resuche, Paola Silvana s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 24.469 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I”,
1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de septiembre de 2016, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial de Paola Silvana Resuche, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental que la condenó a la pena tres años de prisión, y costas procesales, por hallarla autora penalmente responsable de los delitos de lesiones leves, amenazas y amenazas coactivas, todos en concurso real entre sí (fs. 105/107).
Para así decidir, reseñó los agravios de la parte y afirmó que el canal extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta formalmente improcedente en razón de no encontrarse inmerso en ninguno de los supuestos previstos en el art. 494 del C.P.P. (fs. 105/106).
A continuación, señaló que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía intentada, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley configura el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, con el objeto de permitirle al impugnante el tránsito adecuado a los fines del potencial remedio federal -art. 14 de la ley 48, y cfe. lo ha establecido el Tribunal federal en “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”-. Adunó a ello, que la admisibilidad en el marco señalado no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, siendo necesario su correcto planteamiento (fs. 106 y vta.).
Sentado lo anterior, entendió que en el caso se advertía la presencia de la excepción señalada que posibilitaba eludir las formalidades prescriptas para abrir la instancia extraordinaria perseguida. En esa senda, dio cuenta que la parte había expuesto “de manera concreta la existencia de conculcación de garantías de raigambre constitucional, tales como el debido proceso y la defensa en juicio por cuanto sostuvo que el decisorio puesto en crisis adolece del examen de cuestiones planteadas por la parte, dejando a su asistida sin el derecho a la revisión de la sentencia que lo condena y, consecuentemente, de la pena impuesta mediante ella” (fs. 106 vta.).
Como corolario, precisó que al cuestionarse “el resultado de la aplicación de normas de procedimiento penal que se consideran en franca contradicción con garantías constitucionalmente reconocidas” se vislumbra una “causal suficiente para admitir la excepcionalidad que el art. 494 del rito requiere” (fs. cit. in fine).
2. El recurso intentado debe declararse mal concedido.
En primer lugar, de la lectura del remedio extraordinario incoado surge que el mismo configura, casi en su totalidad, una transcripción textual del decisorio de Cámara -v. fs. 77/84vta. y fs. 57/62 vta.-, y del recurso de apelación -v. fs. 84 vta./99 vta. y fs. 3 vta./18vta.-.
Ahora bien, del último acápite, titulado “Los defectos de fundamentación de la resolución recurrida” -destacado en el original, fs. 99 vta.-, surge que la defensa edificó sus planteos en torno a la arbitrariedad en la valoración probatoria -arts. 106 y 373 del C.P.P.-, en quebranto del derecho de defensa en juicio y el debido proceso -art. 18 de la C.N.-, y la garantía de revisión de la sentencia de condena -arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.- (fs. 99 vta./101 vta.).
En puridad, le reprochó al a quo que se haya limitado a repetir los fundamentos del juez sentenciante “sin dar debido tratamiento a los planteos de la defensa” (fs. 99 vta.). Entendió que se configuraba un “problema lógico-jurídico que deriva en absurdo” pues “se han valorado elementos probatorios en forma contraria a las leyes que rigen su apreciación”, lo que conllevó a un resultado “desatinado” y lesivo del debido proceso -art. 18 de la C.N.-
Entendió que debía descalificarse el acto sentencial por no constituir una derivación razonada del derecho vigente, “según doctrina de la arbitrariedad”, y sumó a lo expuesto el quebranto a la defensa en juicio y a la garantía de revisión de la condena (fs. 101).
3. De lo reseñado, se observa que la Cámara -al emitir su juicio positivo de admisibilidad- no realizó un análisis circunstanciado de los reclamos con lo efectivamente fallado, y no advirtió que los planteos de pretensa naturaleza constitucional no se formularon con la suficiencia y carga técnica necesarias para que la pretensión sea considerada en esta sede, conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" ("La Ley", 1987-D, 156).
Ocurre que, en efecto, los cuestionamientos esbozados por el quejoso se circunscriben -en rigor- a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal (arts. 106 y 373 del C.P.P), que denotan que en el caso no se encuentra involucrado de manera directa e inmediata un embate de naturaleza federal, que hubiere tornado exigible dejar de lado los límites a la recurribilidad objetiva descriptos en el art. 494 del digesto adjetivo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la defensa oficial de Paola Silvana Resuche (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds. del C.P.P.)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia