Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128718
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por el Defensor Oficial a favor de Jorge Rubén Barone a fs. 121/136 y vta. (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds. del C.P.P.).
La Plata, 29 de agosto de 2017.-
La presente causa P. 128.718-RC, caratulada: “Barone, Jorge Rubén s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 54.206 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el resolutorio de fecha 12 de octubre de 2016, admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -José María Hernández- a favor de Jorge Rubén Barone, contra la decisión de ese mismo órgano que, por mayoría, rechazó el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro que dispuso que la condena de tres años de prisión, accesorias legales y costas lo fuera de cumplimiento efectivo (fs. 141/144 en función de fs. 102/105 y vta.).
Para adoptar tal temperamento, señaló que en el caso se había planteado una cuestión federal compleja indirecta, alegando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia correctamente fundada en las constancias de la causa y estableciendo su relación directa entre una y otra. Agregó que dada la magnitud del tiempo transcurrido y la morosidad judicial señalada no imputable a la defensa debía declararse la admisibilidad del recurso pues, existiría cuestión federal bastante al debatirse el alcance que cabe asignar a la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas derivada del art. 18 de la C.N. y de tratados internacionales referidos a ella. Citó los art. 7.5 y 8.1 de la C.A.D.H., en función del art. 75 inc. 22 de la C.N. (fs. 143 y vta.).
II. La impugnación debe declararse mal concedida (art. 486 del C.P.P. a contrario sensu).
a. De manera preliminar, resulta pertinente aclarar que únicamente se analizará el embate por el cual fue concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad (violación al plazo razonable de duración del proceso) ya que el auto de admisibilidad fue consentido por la defensa (v. informe de fs. 151 y notificación de fs. 145 y 149).
b. Sentado ello, cabe señalar que el recurrente, en oportunidad de interponer la vía extraordinaria, planteó, como cuestión previa, la prescripción de la acción penal por violación del plazo razonable (fs. 126 vta.).
Luego de referir a la oportunidad del reclamo (fs. cit./127 y vta.) y al derecho contenido en los arts. 7.1 y 8.5. de la C.A.D.H. (fs. cit./129 y vta.), señaló que el caso no presentó ninguna complejidad; que tampoco hubo actividad obstructiva por parte del imputado ni la defensa durante los catorce años que lleva el proceso y que la mora de los órganos jurisdiccionales es inoponible a Barone (fs. 129 vta./131).
Agregó que en el presente, simultáneamente han sido violados los derechos contenidos en los arts. 8.1. y 7.5 de la C.A.D.H.
Consideró que a la solución propuesta puede arribarse por imperio del art. 31 de la C.N. y de lo fallado por la Corte nacional en el precedente “Barra” (fs. 132).
Sostuvo que, de considerarlo necesario, este Tribunal debería declarar la inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2° del C.P.. Sin perjuicio de ello, afirmó que tomando como acto interruptivo la sentencia del tribunal de mérito y negando tal carácter a los actos procesales subsiguientes, la acción se hallaría prescripta si el plazo que se computara no fuera el de los 12 años de la citada norma, sino uno igual a la pena no firme, esto es, aplicando analógicamente in bonam partem el inciso 3° del art. 65 del C.P. (fs. 132 y vta.). Trajo a colación lo dicho por la C.S.J.N. en el caso “Mozzatti” y P. 94.754, sent. del 15/VII/2009 (fs. cit./133 y vta.).
Finalmente destacó la inutilidad preventivo especial de la ejecución de lo que restaría de cumplimiento de pena en razón de que Barone lleva estando a derecho catorce años sin haberse ausentado siquiera una vez de su domicilio sin previo aviso (fs. cit.).
c. Ahora bien, como se adelantó, la vía en análisis debe declararse mal concedida en razón de que el planteo reseñado -prescripción de la acción penal por violación del plazo razonable a remolque de los arts. 7.5 y 8.1 de la C.A.D.H., así como la inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2° del C.P.- resulta inoportuno.
Ello es así, en tanto no fue llevado a conocimiento del Tribunal intermedio en la impugnación respectiva (v. recurso de fs. 83/86 deducido el 18/V/2012) ni en el memorial que autoriza el art. 458 del C.P.P. (v. fs. 87/98 y vta., de fecha 18/IX/2012) por lo que la falta de planteamiento de tales temáticas importa su falta de introducción oportuna (cfe. C.S.J.N., “Martínez, Walter L., Godoy, María Angélica y Galli, Miguel L. s/ falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas -causa 3255/08-" M. 88. XLV; RHE; 12/04/2011).
Tampoco es hábil para sortear tal déficit la mención de los precedentes “Mattei”, “Mozzatti”, “Kipperband” y “Podestá” de la Corte nacional, en razón de que la parte no se ha hecho cargo de las diferencias existentes entre ellos y el presente caso.
III. Cabe concluir, entonces, que mantienen plena aplicación los límites de recurribilidad establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal, en tanto la defectuosa formulación de los planteos de pretensa índole federal permite descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que imponga -en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya citada- que tal precepto local sea dejado de lado.
En función de ello, la petición de inconstitucionalidad de dicha norma (v. fs. 123) carece de virtualidad en la medida en que lo aquí decidido no se funda en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por el Defensor Oficial a favor de Jorge Rubén Barone a fs. 121/136 y vta. (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HILDA KOGAN
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia