Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130955
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.955, "Menacho Fuertes, Rubén y Padilla Reinaga, Lina s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 79.843 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento dictado el día 31 de octubre de 2017, no hizo lugar al recurso de casación deducido por la defensa de los imputados Lina Padilla Reinaga y Raúl Menacho Fuertes contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza que -en lo que importa- condenó a la primera de las nombradas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautora responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y a Raúl Menacho Fuertes a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple (v. fs. 119/134 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/147 vta.), que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 168/169 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 175/177 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 178) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Coincido con el señor Procurador General en cuanto propicia desestimar la presente impugnación.
I.1. El señor defensor oficial adjunto denuncia la errónea aplicación de los arts. 79 y 80 inc. 1 del Código Penal y desconsideración del art. 81 inc. 1 apartado "b" del mismo cuerpo legal, la errónea revisión de la sentencia de condena y la violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales, a la de presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2, CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 143 y vta.).
Sostiene que el Tribunal de Casación, ante los agravios esgrimidos por la defensa -mediante los que pretendía la aplicación del art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal- consideró que la calificación legal adoptada en la instancia se adecuaba claramente a la conducta atribuida a los imputados, optando por una calificación más gravosa y violentando de tal modo el in dubio pro reo .
Afirma que más allá de las lesiones que sufriera la víctima, "...no puede colegirse indubitablemente de ellas que la intención de los autores hubiera sido darle muerte a la menor" (fs. 143 vta.). Alega que la figura de homicidio preterintencional requiere que se encuentre probado el dolo de causar lesiones y también que el resultado sea una consecuencia no buscada y que, en el caso de autos, del plexo probatorio sobre el que se asienta el fallo -la multiplicidad de lesiones que presentaba la víctima- no se puede inferir dolo homicida en el actuar de los encausados (v. fs. 144 vta.), ni se logra establecer cómo se produjo el golpe en la cabeza que ocasionó la muerte de la menor.
La defensa destaca que del relato de la imputada se desprende que la víctima se desmayó -circunstancia que podría ser, a su entender, el origen del golpe en la cabeza que ocasionó la muerte-; que de inmediato la trasladaron al hospital para que recibiera asistencia médica, que según lo describió la doctora Estela Amalia Munin, ese tipo de golpes "...habitualmente se ven en traumatismos a consecuencia de accidentes de autos o caídas de alturas " (fs. 145 vta.; el destacado figura en el original) y que desde un principio la imputada reconoció que el origen de las lesiones que presentaba la niña era producto de un castigo correctivo al que la habían sometido, pero que no se representaron que la consecuencia de ese castigo podría ser la muerte.
I.2. La recurrente entiende que el razonamiento del tribunal intermedio es arbitrario al sostener que los medios empleados -cable eléctrico, golpe de puño y una varilla de madera- resultaban razonablemente aptos para producir la muerte, en tanto omite precisar de qué modo y con qué elemento se produjeron las lesiones, de modo que "...mal puede afirmar que dichos medios resultaban razonablemente mortales" (fs. 146 vta.).
A juicio del recurrente, resulta relevante para juzgar la razonabilidad del medio empleado en el caso, la historia de vida de la imputada, quién sufrió vejaciones y maltratos desde corta edad, circunstancias que moldearon su personalidad y sobre ellas se asientan los parámetros que le permiten discernir si ciertas agresiones físicas pueden o no llevar a una persona a la muerte (v. fs. cit.). Agrega que la imputada reconoció haber agredido a la niña con un cable y una varilla y que esos elementos no resultan potencialmente homicidas.
Solicita que se case el fallo impugnado y se declaren erróneamente aplicados los arts. 79 y 80 inc. 1 del Código Penal y que se encuadre la figura de sus asistidos en los términos del art. 81 inc. 1 apartado "b" del mismo cuerpo legal.
II. Conforme surge de los antecedentes, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el 15 de noviembre del año 2014 siendo aproximadamente las 11.30 hs. en el interior de la finca ubicada en la calle Andalgalá n° 5816 de la localidad bonaerense de Isidro Casanova [...] Partido de La Matanza, una persona del sexo femenino y otra del sexo masculino, actuado de consuno, abusando no solo de su situación de convivencia, sino de la superioridad física, y valiéndose a su vez de un cable eléctrico, de una varilla de madera amén de efectuar golpes de puño, en definitiva azotaron a golpes el cuerpo de la menor Anahí Nayelli Padilla, hija biológica de la persona de sexo femenino, provocándole politraumatismos graves con hematomas múltiples, traumatismo encéfalo craneano grave y contusión toraco-abdominal, con ambos pulmones comprometidos, lo que finalmente acabo con la vida de la menor" (fs. 25).
Tras valorar los elementos de prueba producidos en el debate con más los incorporados al expediente, rechazó el planteo de la defensa, referido a la ajenidad de Menacho Fuertes en el hecho y el de calificarlo como homicidio preterintencional agravado por el vínculo (art. 81, inc. 1, apdo. "b", Cód. Penal).
El Tribunal de Casación, confirmó ese rechazo a la vez que explicó que, en base a los elementos de convicción valorados por el tribunal de juicio, se tuvo por acreditado que la entidad de los golpes recibidos por la víctima y la feroz golpiza originaron razonablemente el deceso de la niña.
Desestimó la falta de intencionalidad de los autores del hecho al considerar que la circunstancia de haber llevado a la víctima al hospital para ser atendida, es una acción posterior a la golpiza, que en nada modifica la intención homicida de los autores al momento del hecho, por no ser típicamente relevante (v. fs. 129 vta.).
Sustentó que "...cuando la defensa sostiene que debe valorarse la circunstancia de haber llevado a la menor al hospital para que sea atendida, la conducta ya se había producido, por lo que las maniobras que representarían una suerte de arrepentimiento 'post factum' resultan ser ineficaces en la marcha atrás hacia el inexorable resultado fatal [...] la acción de salvaguarda debió tomarse no cuando el resultado es inevitable, sino en el momento en el que se es consciente del riesgo que está creando para el bien jurídico" (fs. 129 vta.; el destacado figura en el original).
Agregó que "El comportamiento posterior dirigido a intentar evitar la realización del riesgo en el resultado se dio cuando era irreversible, por lo que la exclusión del dolo no puede proceder en la medida que la concurrencia de sus elementos debe acreditarse en el momento de la realización de la conducta típica" (fs. cit. y 130).
Compartió lo decidido por el juzgador de origen cuando descartó que no se haya valorado el contexto a fin de determinar la intención homicida.
Explicó que sobre el punto el a quo había resaltado "...la multiplicidad de las lesiones que describió la médica al recibir a Anahí Nayelli Padilla [...] la Dra. Munin indicó que cuando atendió a la menor observó múltiples hematomas en toda la superficie corporal: cara, tronco, caras axilares derecha-izquierda de tórax, miembros superiores e inferiores, lesiones del tipo lineales en cara anterior de tórax y abdomen, lesiones cortantes pequeñas de más o menos un cm. [e]n cara axilar derecha y espalda, dos lesiones a la altura del pubis cortante". "La profesional comentó que la niña llegó en muy mal estado, tal es así que se tuvo que pedir la asistencia de emergentólogos y tuvieron que entubarla. Comentó que tuvieron que llevar a cabo una protección gástrica con sondas vesicales y nasogástricas. La médica indicó que reunía criterios para la atención en un hospital de alta complejidad", "...que vio una tumoración en la región parietal izquierda y un sangrado externo [...] y que [...] presentaba un chichón muy importante, indicando que ese tipo de lesiones se pueden observar habitualmente en traumatismos como consecuencia de accidentes de autos o caídas de alturas" (fs. 130).
A renglón seguido, puntualizó que la médica también había afirmado que "...revestía gravedad la lesión en la zona torácica, presentaba una contusión pulmonar bilateral, es decir, tenía sangrado de parénquimas del tejido pulmonar y del intersticio del pulmón", presentando la menor un estado crítico, que se corroboró luego de los estudios médicos que le hicieron en la institución y que trágicamente le produjo su muerte (v. fs. 130 vta.).
Concluyó, luego de ese análisis, que no podía compartirse el argumento de la defensa relativo a que no se contó con un medio que razonablemente pudiese haber ocasionado la muerte, desde que "...el accionar desplegado por los encausados tuvieron una seriedad, magnitud y entidad tal que pusieron en riesgo la vida de la menor y que como consecuencia de aquel tuvo el desenlace fatal que hoy se les endilga" (fs. cit.).
Tuvo en cuenta que "...la misma Padilla reconoció que su hija fue golpeada con un cable y con una varilla de madera [...] no hubo dudas respecto a la presencia de golpes que se infligieron con las manos, tal como fuera recreado por el testigo Ortega Choque a partir de los dichos de Uriel" (fs. cit.).
Y que también el tribunal de mérito explicó que del testimonio de la doctora Munin y de la pericia de autopsia, surgía que algunas lesiones podrían haber sido ocasionadas por algún elemento similar a un cable, pero las lesiones de mayor entidad se ocasionaron con elementos duros y/o romos, patadas y puños, por lo que concluye que la muerte se produjo como consecuencia de una feroz golpiza (v. fs. cit. y 131).
De esta manera, rechazó la pretensión de la parte de encuadrar el hecho cometido dentro de los parámetros del art. 81 apartado "b" del Código Penal, por lo cual concluyó que la figura penal escogida por el tribunal de grado debe permanecer incólume.
III. Los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal y con relación a la acreditación del elemento subjetivo de la figura en trato (dolo) y, por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido, causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
En el caso, el recurrente ha señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia ni ha rebatido las concretas respuestas brindadas por el a quo a similares agravios a los aquí traídos (art. 495, CPP).
Por otra parte, que si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de los acusados por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio in dubio pro reo , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador y confirmado con expresa ponderación de las diversas constancias de la causa por el tribunal revisor- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado demostrar en el caso (art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia