Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 110689
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 110.689, "Navarro, Olga Josefa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 22.605. Tribunal de Casación -Sala II-" y su acumulada P. 115.874, "Sacomani, Rubén Orlando. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 22.605 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 22 de diciembre de 2009, en lo que aquí importa, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa de Rubén Orlando Sacomani contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín que lo había condenado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de al menos tres personas, sin que los autores hayan logrado su propósito; y autor responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad, concurriendo idealmente los dos primeros y ambos materialmente con el último de los indicados, imponiéndosele en definitiva la pena única de dieciséis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, con más la revocación de la condicionalidad de su cumplimiento; sanción comprensiva de la impuesta en la presente y de la fijada en la causa n° 1.889 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de Capital Federal, de dos años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento en suspenso, como autor responsable de los delitos de tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal con encubrimiento (arts. 27, 41 bis, 45, 54, 55, 58, 170 primera parte e incs. 5 y 6, 189 bis, cuarto párrafo y 239, Cód. Penal).
En consecuencia, casó parcialmente dicho fallo, declaró extinguida por prescripción la acción penal relativa al delito de resistencia a la autoridad y considerando erróneamente aplicados los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, en función del art. 189 bis del Código Penal, absolvió al acusado Sacomani en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra, disminuyendo la pena en trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por los mencionados delitos y, en definitiva, estableció la pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas, con más la revocación de la condicionalidad, comprensiva de las causas a que se hizo alusión (v. fs. 345/367).
Contra esa decisión, la defensa oficial del imputado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 436/445), el que fue concedido a fs. 449/450 vta. por esta Corte.
A fs. 451, se corrió vista a la Procuración General -cuyo dictamen obra a fs. 452/458 vta.-, y se llamó autos para resolverlo a fs. 459.
A fs. 482 se halla glosado oficio del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín por el que se anoticia que se procedió a decretar la rebeldía y captura del imputado Sacomani. A resultas de ello, esta Corte, con fecha 30 de abril de 2014, decidió suspender la providencia de autos hasta tanto fuera habido el nombrado (v. fs. 483). Acontecido ello (v. fs. 501), se reanudó el llamamiento de autos suspendido (v. fs. 505) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 436/445?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa pretende que se deje sin efecto la imposición de la agravante del art. 41 bis a la figura actuada del art. 170 inc. 6, ambos del Código Penal, con sustento en la inconstitucionalidad de dicho precepto por vulneración del principio de legalidad, dado que, a su entender, no respeta el de máxima taxatividad y certeza.
Cita los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 apartado 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11 y 25 de la Constitución provincial; invoca el precedente "Mussotto" de la Corte federal (CSJN Fallos 310:1909) y discurre sobre la técnica legislativa que resulta imprescindible para la configuración de los elementos constitutivos del delito, la cual consideró inobservada en el supuesto de la mentada cláusula incorporada por la ley 25.297 (v. fs. 438/441).
No obstante reconocer que esa parte no cumplió con el recaudo de tempestividad del planteo, expone las razones por las cuales, a su criterio, tal omisión puede ser reparada activándose el "control de convencionalidad", conforme la lectura que hace de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los que alude (v. fs. 441/444).
Solicita, por tanto, que se case el fallo de la casación en tanto habría ratificado la agravante en ciernes mediante una fiscalización inadecuada que torna arbitrario lo decidido sobre el punto, determinándose el nuevo encuadre legal del hecho con la pertinente disminución de la pena (v. fs. 444 vta.).
II. En atención a lo que se lleva expuesto, coincido con el señor Subprocurador General en que el agravio resulta extemporáneo, pues la línea argumental que lo respalda ha sido formulada recién en esta impugnación extraordinaria (doctr. art. 451, CPP).
En efecto. Aplicado el art. 41 bis del Código Penal en la sentencia de grado, la defensa de Sacomani pidió en su recurso de casación, que fuese declarado inconstitucional por violar "...el principio de proporcionalidad de la pena", afirmando, entre otras consideraciones, que "...las agravantes genéricas conllevan siempre a un desbalanceo general de los marcos punitivos" (fs. 36 y 37, respectivamente). El reclamo fue mantenido en iguales términos en el memorial de la señora defensora que luce a fs. 74/75 vta. del cuerpo I del legajo 22.065.
La pretensión fue examinada y desestimada por el Tribunal de Casación sobre la base de considerar que en función del principio de legalidad tanto los presupuestos de punibilidad como las consecuencias del fenómeno penalmente relevante atribuido debían hallarse establecidas con anterioridad al hecho a efectos de hacer asequible al destinatario de la norma de que la pena se mantendrá dentro del marco legal determinado para la figura de que se trate; y, por su lado, al juzgador en la tarea de subsunción, de que la cuantía penal, en principio, queda circunscripta al marco legalmente previsto, no resultando válido a éste examinar el acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (v. fs. 354/355). Además, añadió que frente a las circunstancias "particularísimas" del hecho y del autor -que ninguna reflexión le habían merecido a la defensa- la mera afirmación enunciada en modo alguno alcanzaba a evidenciar que el reproche emergente de la aplicación de los efectos que el art. 41 bis prevé con relación a la escala penal del art. 170 inc. 6 del Código Penal pudiera conducir a una pena irrazonable, ni por ende, cruel o mortificante; la que además, destacó el a quo , se halla comprendida entre el mínimo y máximo de la figura de secuestro extorsivo con la participación de tres o más personas (v. fs. 355/357 vta.). Dicho esto, convalidó la imposición de la aludida agravante en tanto se hallaba comprobada la utilización de un arma de fuego, sin que operase en el caso de la referida figura actuada, la excepción prevista en el último párrafo del art. 41 bis, "...pues el ilícito contra propiedad en su figura básica no contempla como parte constitutiva (ni mucho menos calificante) los dos elementos propios de dicha norma, a saber: violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego" (fs. 358).
Frente a la respuesta dada por el a quo al planteo llevado a su conocimiento, ningún intento ha realizado el señor defensor para demostrar deficiencia alguna en la revisión efectuada, ni formulado objeciones al contenido de lo resuelto que pudiera excitar la competencia revisora de esta Corte, lo que deja carente de todo asidero la tacha de arbitrariedad formulada.
Por el contrario, sus alegaciones importan una modificación sustancial del sostén argumental de aquella pretensión anterior, pues ahora en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, esgrime novedosamente la invalidez constitucional de la agravante prevista en el citado art. 41 bis por lesionar el principio de legalidad desde la perspectiva del mandato de certeza y de la máxima taxatividad legal, conforme lo indicado en el punto I del presente. Y bien recuerda el señor Subprocurador, que es doctrina de esta Corte que la formulación tardía del caso constitucional es razón suficiente para su desestimación (conf. CSJN Fallos 330:1759; 331:418 y fundamentos vertidos en las causas P. 104.710, sent. de 25-VIII-2010; P. 107.711, sent. de 6-X-2010; P. 110.375, sent. de 21-IX-2011; P. 109.772, sent. de 4-IV-2012; e.o., que se tienen aquí por reproducidos).
Tampoco conmueve la desestimación antedicha con sustento en la inoportunidad del planteo su presentación bajo el perfil del "control de convencionalidad", puesto que -en todo caso- el recaudo de tempestividad también debe hallarse satisfecho (conf. causas P. 107.711, cit.; P. 126.086, sent. de 23-XI-2016; e.o.). Ello, sin perjuicio de que esta Corte tiene doctrina en sentido contrario a la postulación del recurrente, la que ha sido reseñada por la Procuración a fs. 458 y vta. de su dictamen, a cuyas consideraciones cabe remitirse.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia