Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128928
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.928, "R., D. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 69.159 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento del día 2 de febrero de 2016, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de D. A. R., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, que lo había condenado a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y producción, agravado por la relación de convivencia, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores calificada -víctima R. M.- y abuso sexual simple en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores -víctima L. M.-(v. fs. 75/86 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 91/106 vta.), que dicho órgano intermedio declaró admisible en atención a los planteos que estimó vinculados con la denuncia de haberse encuadrado erróneamente el hecho en las previsiones del art. 119, segundo párrafo del Código Penal, de acuerdo con los fundamentos dados en la resolución de fs. 107/108 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 114/119 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 120) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Conforme lo adelantado en la relación de antecedentes, la impugnación motivo de estudio fue concedida en función de hallar el a quo satisfechos los requisitos objetivos establecidos por el art. 494 del Código Procesal Penal, pues, según señaló, R. había sido condenado a una pena de once años de prisión y el agravio de la defensa estaba fundado en la errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 119, segundo párrafo del Código Penal- con argumentaciones que involucraban otros quebrantos normativos a los que refirió.
La resolución de admisibilidad dictada en tales términos por el Tribunal de Casación no fue objetada por la defensa, por lo que han quedado marginadas del conocimiento de esta Corte las alegaciones de índole procesal formuladas recién en esta pieza recursiva con apoyo en los arts. 102 bis, 274 y 366 del Código Procesal Penal, como aquellos planteamientos articulados por vía de excepción contra la pena determinada, tampoco alcanzados por el juicio de admisibilidad llevado a cabo que, como se señaló, llega incontrovertido a esta instancia extraordinaria.
II. Del modo en que ha quedado restringida la competencia de este Tribunal, concuerdo con el señor Procurador General en que la impugnación ceñida al hecho que tuvo por damnificada a la niña R. y que resultó constitutivo del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, debe ser desestimada.
II.1. La defensa sostiene que la casación se expidió convalidando dicho encuadre jurídico con base en las razones expuestas en la sentencia de juicio y otras afirmaciones dogmáticas que dejan insatisfechas las exigencias que resultan de los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a tenor de lo interpretado por la Corte federal a partir del precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399; v. fs. 94 vta./95 vta.).
Entiende que lo resuelto ha sido en violación del principio beneficiante de la duda, porque la condena se cimenta en la declaración efectuada por la joven durante el debate oral, a pesar de que en la entrevista en la Cámara Gesell no había mencionado "...la introducción de un dedo en la vagina", con lo cual considera conculcados los principios de unidad probatoria que exige una valoración integral y no parcializada, y del in dubio pro reo , pues por fuera de lo relatado por la víctima no existe otro canal de prueba independiente que acredite el mentado "acceso digital", extremo indispensable para la aplicación del tipo penal cuestionado (v. fs. 99).
Denuncia asimismo la vulneración del principio de legalidad, alegando la vaguedad de la fórmula constitutiva del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, a cuyos elementos hizo alusión para sostener que el caso debió quedar atrapado en la figura simple, merced a los criterios de interpretación más restrictivos del poder coercitivo.
A su decir, aún de considerarse probada la existencia de aquella conducta sexualmente abusiva corresponde evaluar si en las circunstancias de su realización importó un grave ultraje, y ante la duda, asignar operatividad a la analogía in bonam partem que determina la imposición de la forma básica del abuso.
Según opina, no es correcto sostener que "...el acceso digital es asimilable al coito producido por el miembro viril", y dados los diversos grados de abusos que importan ultraje al pudor, deben excluirse aquellos a cuyo respecto no se justifiquen certeramente las pautas receptadas en dicho tipo agravado (v. fs. 100).
En ese sentido manifiesta que, en el caso, el requisito referido a la duración no fue esgrimido en los alegatos de la fiscalía y aunque el fallo establece que los manoseos duraron unos tres meses, ello no estaría probado fehacientemente sino que "...se infiere de la relación de convivencia preexistente y del indicio de oportunidad que dicha circunstancia devela", mientras que respecto de las circunstancias de realización de los abusos, aduce que la gravedad que pretende asignarse a la conducta reprochada no surge del relato de la niña en la Cámara Gesell, al que debe acordarse pleno valor probatorio (v. fs. cit. vta.).
En suma, a criterio del señor defensor oficial, la figura agravada rige respecto de aquellos supuestos en que, a diferencia del presente, se encuentre acreditado "...un sometimiento prolongado en el tiempo o por una práctica degradante y humillante que exceda groseramente el vejamen propio del tipo penal" (fs. íd.).
Reitera que la calificante en cuestión fue ratificada por el tribunal intermedio con afirmaciones dogmáticas, sin un análisis pormenorizado de la prueba de cargo que sustentó su aplicación. Con invocación nuevamente de la doctrina sentada en el precedente "Casal", tilda de arbitraria la decisión por haber prescindido del contenido del recurso, contraviniendo el derecho del acusado a ser oído (v. fs. 100 vta./103 vta.).
II.2. Las instancias anteriores tuvieron por acreditado que "Desde el año 2007 hasta el 21 de marzo de 2012, O. M. y su esposo G. M., alojaron a D. A. R. en la vivienda ubicada en la calle San Luis Nro. … de la localidad de Alejandro Korn. Lo hicieron por problemas que tenía, y a solicitud de un pastor conocido del culto evangélico. Junto a ellos vivían sus tres hijos D. de quince años, R. de trece años, G. de once años y en ocasiones su nieta L. de once años se quedaba a dormir y lo hacía junto a R. en la parte alta de una cama marinera ubicada detrás de un púlpito que se había instalado en la parte de la vivienda que oficiaba como iglesia del culto que profesaban [...] R. en reiteradas oportunidades, y desde aproximadamente tres meses antes de que se formulara la denuncia de estos hechos mientras R. y L. dormían manoseó los pechos y la vulva de ambas niñas e introdujo un dedo en la vagina de R., mientras se encontraban en la cama. Para hacerlo se desplazaba por debajo del púlpito aprovechando que se encontraba desclavado el hard board divisorio y que los otros jóvenes que pernoctaban en el lugar no estaban presentes. Los contactos con R. comenzaron por meros cosquilleos, pero luego fueron cambiando hasta llegar a los tocamientos descriptos. También perforó una pared que separaba el local donde las niñas dormían por donde solía llamarlas para exhibirles revistas eróticas y remitía al celular que le había regalado a R. M. mensajitos eróticos. Ni R. ni L. presentaron desfloración"(fs. 24 vta./25 vta.).
El tribunal criminal que llevó adelante el juicio forjó su convicción sobre las lesiones sufridas por las víctimas con sus testimonios que reputó creíbles y concordantes con la secuencia de hechos relatados por la madre de R., que le permitiera verificar que desde el celular del acusado habían sido enviados mensajes al que éste había regalado a su hija -invitándola a ir a su dormitorio, advirtiendo que tendría relaciones sexuales con J. o diciendo que mirara por el agujero de la pared que le iba a mostrar algo-; además de la circunstancia de hallarse comprobada la existencia del referido agujero entre la pieza que habitaba el imputado -en la que se hallaran, entre otros objetos, revistas pornográficas- y el lugar donde las niñas dormían.
Detalló que durante el debate oral la menor R. había declarado, en cuanto aquí interesa, que el acusado pasaba a la noche al lugar donde ella dormía, en que "...me manoseaba [...] siempre con la mano. El me tocaba las partes, yo estaba en la cama y [...] esperaba que mi hermano más chico se durmiera y ahí venía. El me manoseaba en la parte de adelante, en la vagina, una sola vez por debajo de la ropa" y que ante la pregunta de la fiscal sobre si le había introducido algún dedo, la niña contestó que "...si, esa sola vez, los manoseos fueron muchas veces, también en los pechos y en la vagina [...] primero me hacía cosquillas y cada vez bajaba más y más la mano y un día chau no lo pude parar. Esto lo sabíamos yo, L. y J.. El me mostró el arma [la que tenía por su condición de funcionario policial] y me dijo que no le diga a nadie de lo que había pasado", relatando las amenazas proferidas para el caso que no obedeciera (v. fs. 27 y vta.).
Apoyándose en la manda expresa del art. 366, párrafo quinto del Código Procesal Penal, los jueces hicieron mérito de esos dichos por sobre los vertidos en la entrevista en la Cámara Gesell; desecharon que existieran razones de valor para apartarse del relato efectuado en su presencia durante el juicio, "...sobre todo porque no presenta incoherencia alguna", sin que tampoco pudieran soslayar que la niña "...en modo alguno fue interrogada por las omisiones que pudo haber tenido en las versiones dadas a la médica y al fiscal en presencia de las partes" -con relación a lo que dijera en la audiencia oral sobre que en una oportunidad el acusado le había metido el dedo por la parte de adelante, en la vagina- (v. fs.34 vta. y 35).
A su vez, apartándose de la acusación respecto del lapso de un año fijado de duración de los hechos, y, en coincidencia con lo sostenido por la defensa, el tribunal de juicio determinó, con base en lo informado por la madre de la menor R., que el inicio de los abusos databa de tres meses previo a la formulación de la denuncia (v. fs. 33 vta. y 34 con relación a fs. 18 vta.).
Con esos basamentos, juzgó que el tiempo referido de duración de los manoseos "...los extiende lo suficiente para considerarlos, por ello, gravemente ultrajante, en la medida en que convierte a la víctima en un mero objeto de satisfacción del acusado, una cosa", y que, de igual modo, "...el acceso digital de la víctima debe ser considerado [...] gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización [pues] la maniobra [...] implica una verdadera réplica de un acceso carnal" (fs. 42 vta. y 43).
De allí que, para el órgano de origen, el hecho que damnificó a la menor R. resultó constitutivo del delito de abuso sexual gravemente ultrajante tanto por su duración como por la circunstancia de su producción (agravado a la vez por la relación de convivencia del acusado en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores calificado por la convivencia).
II.3. A su turno, el Tribunal de Casación convalidó el temperamento expresado por su antecesor de tener por probado el aspecto de la materialidad ilícita consistente en la introducción de un dedo en la vagina de la niña R.. Desestimó por ende la postura contraria sostenida por la defensa que en su recurso de casación tildó de arbitraria la decisión de preferir la versión dada por aquélla en el debate, alegando su falta de espontaneidad; que ese hecho puntual no había sido mencionado entre los abusos descriptos bajo la modalidad de Cámara Gesell y que no había sido evaluada la verosimilitud de sus dichos ni constatado lesión alguna; de allí que postulase que la ausencia de elementos respaldatorios de la imputación formulada conducía a la aplicación del beneficio de la duda (v. fs. 51/53).
Para el tribunal intermedio no se verificó en el caso motivo alguno que justificase apartarse de lo testimoniado en tal sentido por la menor durante la celebración del juicio, dado el contacto directo que allí había adquirido el tribunal criminal con la prueba para forjar su convicción sobre los hechos (v. fs. 78 y vta. con relación a fs. 34 vta.).
Basándose en que la Corte federal sostuvo en el precedente "Casal" que ese órgano puede revisar los criterios empleados para fundar la impresión que el testigo haya causado en los jueces de mérito, descartó que desde el punto de vista objetivo existiera alguna razón para poner en duda el impacto subjetivo que la mentada declarante había producido en los jueces de grado, sino que, por el contrario, sus dichos permitían una recreación armónica y coherente de lo sucedido (v. fs. íd.).
Sentado ello, en contraposición con el temperamento esgrimido por la defensa, apreció correcta la subsunción legal controvertida. En primer lugar, definió el ámbito de aplicación de la figura actuada, entendiendo que ella "...capta acciones que, siendo objetivamente impúdicas y en comparación con la figura básica, causan un mayor daño a la víctima, por la forma en que fueron realizadas" (fs. 79).
Explicitó que el concepto de gravemente ultrajante del abuso sexual puede serlo tanto "...por su duración como por las circunstancias de su realización, es una figura intermedia, en su disvalor, entre el abuso sexual simple y el abuso sexual con acceso carnal. Así, contempla abusos sexuales que, por aquellas dos circunstancias, contienen un plus de reprochabilidad respecto de los meros tocamientos corporales con significación sexual [...] que impliquen a su vez una degradación o humillación mayor para la víctima que la normalmente producida aquellos" (fs. cit. y vta.).
Dicho esto, indicó que, precisamente, "...el caso de 'penetración' vía vaginal con dedos, por parte del activo, encuentra su adecuada receptación en esta figura gravemente ultrajante, [...] al connotar inequívocamente aquellas falanges (al menos simbólicamente) con el pene" (fs. 79 vta.).
Tuvo en cuenta que según jurisprudencia de ese tribunal, la figura agravada puesta en crisis, introducida por la ley 25.089, "...requiere para su configuración la verificación fáctica de dos condiciones alternativas, de tiempo y modo del abuso, más una consecuencia", y que el cumplimiento de alguna de esas condiciones "...tiene que provocar una humillación particularmente degradante para el sujeto pasivo, esto es, que el acto además de violentar su identidad sexual, implique un menoscabo a su dignidad como persona", junto con otras apreciaciones que transcribió de lo resuelto en el precedente "Benítez" de la Sala II (causa 43.321, sent. de 21-III-2011) y sobre los antecedentes parlamentarios de la ley citada, con cita de lo dicho entonces por el diputado Cafferata Nores (v. fs. 80/81 vta.).
A partir del criterio sentado, justificó la calificación discutida, ya que en el caso se hallaba demostrado que "...las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizó el acto, la conducta desplegada por el aquí imputado ha significado, por su duración, por las circunstancias en que fue realizado y por el aprovechamiento de la situación de convivencia con la víctima, una grave afectación a su integridad sexual, traspasando claramente los límites del ultraje básico, sumado a que se acreditó el ánimo particular de someter a la víctima como objeto sexual" (fs. 81 vta.).
III. Frente a las respuestas dadas por el tribunal del recurso en el marco de los agravios llevados a su consideración, no demuestra la parte que la revisión emprendida haya importado un menoscabo de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni que hubiese afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado; tampoco pone en evidencia que el pronunciamiento del a quo incurriera en arbitrariedad por motivación aparente y con apartamiento de las constancias probatorias de la causa (art. 495, CPP).
III.1. Por un lado, en cuanto la queja se ciñe a objetar la valoración efectuada respecto de cuestiones de hecho y prueba, cabe recordar que dicha materia resulta ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo la cabal acreditación del excepcional vicio de absurdo o arbitrariedad que, conforme lo adelantado, en la especie no viene justificado.
Para el señor defensor oficial, el presupuesto fáctico relativo a la "...introducción de un dedo en la vagina" de la niña R. no habría sido probado fuera de toda duda razonable, lo que repercute en la calificación legal del suceso y determina, a su entender, la errónea aplicación del art. 119, párrafo segundo del Código Penal.
Con la alegación de que a los efectos señalados se realizó una valoración fragmentada y parcial de la prueba, le agravia en rigor que la acreditación de aquel aspecto de la materialidad haya sido resultado de la decisión del sentenciante de justipreciar lo declarado por la víctima en el juicio oral por sobre lo dicho en la entrevista de la Cámara Gesell, oportunidad en que no hiciera mención a la circunstancia abusiva en cuestión y, en ese contexto, propone la aplicación de la regla in dubio pro reo con base en la descalificación de la convalidación del mérito probatorio que realizó la casación.
Por ello la inobservancia de tal principio de raigambre constitucional no es atendible. Pues habiendo declarado la menor ante el tribunal de juicio, del modo ya indicado, los magistrados dieron las explicaciones sobre el convencimiento certero al que arribaron para sostener ese extremo de la imputación, con expresa valoración de la condición psicológica de la niña, su relato que aparecía lúcido, claro, consistente y concordante en lo general con otras pruebas y en particular con el testimonio de la otra joven damnificada, poniendo el foco asimismo en que R. no había sido interrogada sobre la omisión que pudo haber tenido en las versiones dadas a la médica y al fiscal en presencia de las partes.
Puesta la casación a examinar la preeminencia de esa ponderación, descartó que pudiera desbaratarse el valor convictivo alcanzado por los jueces en el marco de lo actuado en el debate, en condiciones de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad, sin que mediara razón objetiva alguna que habilitara poner en duda el impacto subjetivo que la testigo produjo en ellos; y sobre esa apreciación la parte no evidencia desarreglo lógico ni quebranto constitucional alguno que permita desatenderla (doctr. art. 495, CPP y 15, ley 48).
De otra parte, esta Corte tiene dicho que no existe óbice alguno en tener por probado un determinado hecho o circunstancia, en virtud de un único testimonio, en la medida que no se verifique la presencia de alguna situación que provoque una merma en su credibilidad, o que el alcance otorgado a sus manifestaciones resulte arbitrario o ab
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