Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129904
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.904, "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- S/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 49.506 y sus acumuladas N° 64.207 y N° 49.369 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguidas a Miranda, Sergio David; Miranda, Luis Gabriel y Vinay, Juan Ezequiel".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de diciembre de 2014, abordó sendos recursos interpuestos por las defensas de los imputados contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, que había condenado a Sergio David Miranda y a Juan Ezequiel Vinay a la pena de reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia para el primero de los nombrados, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente calificado por su comisión con ensañamiento y su conexión final ( criminis causae ), con los de robo calificado por su perpetración en lugar despoblado y en banda y abuso sexual doblemente agravado por haber mediado acceso carnal y por haber sido cometido por dos o más personas -este último en calidad de partícipes primarios-, y además a Sergio Daniel Miranda como autor responsable del delito de lesiones leves, todos en concurso real entre sí.
En la misma sentencia, abordó el recurso incoado por la defensa de Luis Gabriel Miranda -quien estuvo prófugo- contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental, que lo había condenado a la misma pena que a sus consortes de causa, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por su comisión con ensañamiento y su conexión final ( criminis causae) , con robo calificado por su comisión en lugar despoblado y en banda y abuso sexual doblemente agravado por el acceso carnal y por haber sido cometido por dos o más personas, todos en concurso real entre sí. En consecuencia, por mayoría de fundamentos, declaró prescripta - prima facie y ad referendum - la acción penal emergente del delito de lesiones leves; a su vez casó la sentencia y obliteró la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del art. 52 del Código Penal para los tres encartados; también modificó la imputación a Luis Gabriel Miranda, encuadrándola como participación primaria -mediante aclaratoria- y, finalmente, ponderó como pauta atenuante de la pena a favor de Juan Ezequiel Vinay y Luis Gabriel Miranda su personalidad psicopática, modificando la sanción de reclusión por la de prisión perpetua (arts. 40, 41, 45, 50, 52 -a contrario-, 55, 80 primer párrafo e incs. 2 y 7, 89, 119 párrafos primero, tercero y cuarto inc.
"d", 166 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 274/297 vta. y aclaratoria de fs. 394/395 vta., con relación a la sentencia de fs. 45/88, legajo casatorio n° 49.506 y la de fs. 21/57 vta., legajo casatorio n° 64.207).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante la aludida instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 306/312). El letrado patrocinante de los particulares damnificados, doctor Norberto Schiavini, interpuso los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 333/355 vta.). Finalmente, los respectivos señores defensores oficiales de los acusados presentaron recursos extraordinarios ante esta Corte. El doctor José María Hernández dedujo el de inaplicabilidad de ley a favor de Sergio David Miranda y la señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló igual recurso en beneficio de Luis Gabriel Miranda (v. fs. 455/462).
La Sala Primera del citado tribunal intermedio, mediante resolución del 18 de octubre de 2016, por un lado, declaró la prescripción de la acción penal emergente del delito de lesiones leves la que prima facie había decidido en su sentencia del 29 de diciembre de 2014, sobreseyendo a Sergio David Miranda por ese hecho, por el otro, concedió todos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a excepción del de inconstitucionalidad -decisión no recurrida por los particulares damnificados- (v. fs. 553/566).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 586/594 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 595), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por el señor defensor oficial a favor de Sergio David Miranda a fs. 423/441 y por la señora defensora oficial en beneficio de Luis Gabriel Miranda a fs. 455/462?
2ª) ¿Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor fiscal doctor Carlos Arturo Altuve a fs. 306/312?
3ª) ¿Lo es el presentado por los particulares damnificados a fs. 333/355 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En virtud de que algunos de los agravios planteados por las defensas de Sergio Miranda y Luis Gabriel Miranda son coincidentes, sus impugnaciones pueden ser abordadas conjuntamente.
II.1. El doctor Hernández, defensor del primero de aquéllos, denunció el tránsito aparente por la instancia recursiva (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), así como el desconocimiento del principio in dubio pro reo (v. fs. 431).
Sostuvo que habiendo recurrido la sentencia de condena en procura de la revisión del modo en que se tuvo por probada tanto la coautoría del homicidio calificado como la participación primaria en el delito contra la integridad sexual, la respuesta a ese reclamo consistió en una serie de "...afirmaciones dogmáticas", "...referencias genéricas" y una "reiteración" -más abreviada- de las razones del sentenciante de origen (v. fs. 431 y vta.).
En sustento de su postura cito el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y destacó que el pronunciamiento "...ha prescindido responder los cuestionamientos que al plexo cargoso dirigió el casacionista y es[a] parte en el memorial, y cuya respuesta es relevante para la solución del caso" (fs. 431 vta./433 vta.).
En relación con la intervención de Sergio Miranda se agravió porque no se hubiera hecho ninguna distinción con la situación de Juan Vinay ya que este último reconoció haber estado presente en el hecho, aunque se declaró inocente del homicidio y del abuso sexual que atribuyó exclusivamente a Luis Gabriel Miranda. Alegó la defensa que estos dos últimos declararon que el primero "...no estaba en el lugar del hecho al momento del mismo, sino que lo fueron a buscar con posterioridad" (fs. 434).
En cuanto a la ejecución del homicidio calificado, indicó el recurrente que ante la Casación se cuestionó que se hubiera inferido la participación en carácter de coautores a partir de un dato equívoco como fueron las numerosas lesiones que presentó la víctima y los diversos elementos utilizados a modo de arma para producirlas, lo cual denotaría la participación de varias personas en el hecho.
Afirmó que aquella hipótesis es tan válida como la que postula la intervención de una sola persona en el ataque mortal y, ante ello, el tribunal revisor se limitó a sostener que las conclusiones del médico forense determinaban que habían intervenido varios agentes en la golpiza en forma fundada y razonable, sin brindar otros argumentos (v. fs. 434 vta./435 vta.).
Además, el recurrente expuso su disconformidad respecto de la labor de los sentenciantes, pues dejaron de lado -dijo- en forma arbitraria pruebas que contribuían a esclarecer la situación procesal de Sergio David Miranda (v. fs. 435 vta./436 vta.).
Seguidamente, se ocupó de la participación primaria en el delito de abuso sexual (v. fs. 436 vta./440 vta.).
Señaló que "...la construcción del razonamiento de la sentencia de casación es inválido, pues parte de un análisis de los hechos erróneo y arbitrario, ya que pretende afirmar acreditado aquello sobre lo cual la propia sentencia de mérito reconoció no poder afirmar certeza alguna: la secuencia en que se desarrollaron los hechos. Sostuvo el a quo que 'no fue posible recrear el orden secuencial en que los aberrantes actos se llevaron a cabo' y ello no fue objeto de discusión" (fs. 439).
Dijo que el fallo ahora cuestionado pretende aseverar que "...primero se llevó a cabo la brutal golpiza por parte de los tres imputados, y que luego de ello Sergio Miranda prestó su anuencia o consentimiento para que otro -no identificado- acceda carnalmente a la víctima. Allí radicaría su aporte indispensable al hecho, no haber realizado acción alguna" (fs. cit.).
Consideró que en el caso el tribunal a quo se limitó a la mera repetición de los argumentos del sentenciante de origen en lugar de verificar la concurrencia de certeza sobre la hipótesis acusatoria, frustrando de ese modo el derecho al doble conforme (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 439 vta./440 vta.).
II.2. La señora defensora adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Luis Gabriel Miranda (v. fs. 455/462).
Tachó la sentencia recurrida de arbitraria por revisión aparente del fallo de condena y desconocimiento del principio de inocencia - in dubio pro reo - en orden a la intervención de su pupilo en el delito de abuso sexual (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.2 y 14.5, PIDCP y 1, CPP; v. fs. 458 vta.).
Cuestionó la respuesta que brindó la casación respecto al rol que tuvo su asistido en el delito contra la integridad sexual, argumentación que calificó de confusa (v. fs. cit.).
Afirmó que el tribunal intermedio sostuvo que el resultado de los estudios de ADN no excluía a los imputados, a pesar de que el perfil hallado era incompleto, no obstante a la hora de encasillar jurídicamente la referida conducta se recalificó su rol estableciéndose que al no poder determinar cuál de los tres sujetos intervinientes accedió carnalmente a la víctima, debía asignársele el mismo grado de participación que a sus consortes de causa (v. fs. 459).
Luego, indicó que merced a la aclaratoria presentada por esa defensa, el a quo resolvió que la participación de su asistido en el delito contra la integridad sexual lo fue en carácter de partícipe primario (v. fs. cit.).
Entendió que la respuesta que dio la casación aparece como una mera referencia genérica y reiterativa de las razones brindadas por el sentenciante de origen (v. fs. 460).
En sustento de su postura citó el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y concluyó en que no se pudieron explicar "...los detalles vinculados al modo de ocurrencia del acometimiento sexual, ni el concreto aporte de cada uno de los intervinientes que determine el alcance de su participación", y que -por el contrario- "...se presumió que varios sujetos participaron en el abuso, tan sólo en base al indicio de que una pluralidad de autores debió perpetrar el homicidio, sin mayores datos y elementos para corroborar el aserto" (fs. 461).
De tal modo entendió que en el caso se incurrió en infracción al doble conforme, pues pese a la insuficiencia probatoria sobre el punto en crisis, el a quo prescindió de ejercer su labor de contralor y verificación de la aplicación del método histórico, en vulneración al principio de in dubio pro reo , convirtiendo el tránsito por esa instancia en "aparente" (fs. cit.).
III. La Procuración General dictaminó en pos del rechazo de los reclamos intentados (v. en particular fs. 593/594 vta., acápites IX y X del dictamen).
IV.1. Coincido con el señor Procurador General en que los recursos deben ser rechazados, pues la estructura de los mismos se compone de argumentos ajenos a la esfera de interpretación propiamente jurídica; inabordables, por regla, en esta instancia extraordinaria (doctr. art. 494, CPP).
En efecto, las impugnaciones se asientan en planteos que suponen una confrontación con la valoración probatoria tenida en vista (o, por el contrario, desconsiderada) en las instancias previas, por lo que no resultan materia asequible al acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento.
IV.2.a. Por otro lado, la tacha de la sentencia desde el plano federal (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) incluyendo la invocación del supuesto excepcional de la arbitrariedad, no logran plasmar las afrentas federales enunciadas, puesto que, en definitiva, el planteo se apontoca en la fijación de criterios valorativos dispares a aquéllos que integran la línea argumental expuesta por el sentenciante de origen confirmada por el revisor (doctr. art. 495, CPP).
En suma, las condenas emitidas respecto de Sergio David Miranda y Luis Gabriel Miranda tuvieron una instancia de revisión que, más allá de lo que pudiera decirse acerca del fallo del a quo , no importó una infracción del deber de asegurar el doble conforme.
IV.2.b. Liminarmente cabe señalar que el hecho acreditado que surge tanto de la sentencia de mérito dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes respecto de Sergio David Miranda y Juan Ezequiel Vinay (v. fs. 45/88, legajo casatorio n° 49.506), como del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental con relación a Luis Gabriel Miranda (v. fs. 21/57 vta., legajo casatorio n° 64.207), correspondiente a la IPP n° 2.894/09, da cuenta que el día 15 de marzo de 2009, entre las 8:45 o 9:00 hs., en circunstancias en que Héctor Hugo Fernández de 18 años de edad se dirigía desde su domicilio sito en la localidad de Castilla Partido de Chacabuco rumbo a la localidad de Duggan, circulando a bordo de una moto marca Mondial de 150 cc. de color azul de su propiedad por la ruta provincial n° 51, al llegar al kilómetro 104,500 -ya en jurisdicción de Carmen de Areco, zona rural y descampada-, se encontró con tres sujetos del sexo masculino, varados al costado de la ruta en un automóvil marca Peugeot modelo 405 de color gris oscuro dominio colocado VRI-990, que se encontraba estacionado por presentar desperfectos mecánicos.
Fernández detuvo su marcha cuando uno de los sujetos le pidió que le prestara la moto para ir hasta Carmen de Areco a pedir ayuda, al negarse, uno de ellos lo tomó de un brazo antes de que lograra montarse en la moto, y sin más preámbulos le aplicó dos puñetazos en la cabeza. Lo llevaron por la fuerza al predio Haras "Mal Paso" hasta un aljibe en desuso, lugar donde abusaron sexualmente de él accediéndolo carnalmente vía anal en reiteradas oportunidades, dándole muerte de un modo cruel, infligiéndole sufrimientos físicos innecesarios, clavándole un destornillador en el ojo izquierdo y provocándole numerosas lesiones contuso cortantes, punzantes y excoriativas, ello con los fines de consumar el desapoderamiento ilegítimo de la moto, de un teléfono celular marca Nokia modelo 6.131 de color gris y negro abonado n° 0232415643090 de la empresa Movistar, y de una billetera de cuero de color marrón con poco dinero y documentación varia, y de lograr su impunidad.
El óbito ocurrió en forma mediata (escasos minutos después) debido a un paro cardiorespiratorio traumático, secundario a traumatismo cerrado de tórax que provocó laceración cardíaca, con ruptura de ventrículo derecho y hemopericardio masivo, taponamiento y shock cardiogénico (cuyo mecanismo de producción fue un "piedrazo" en la zona de tórax) y grave lesión neurológica por elemento penetrante (destornillador) en cavidad craneana a través de la órbita izquierda. Los compinches arrojaron el cuerpo de la víctima al interior del aljibe y huyeron del lugar con la res furtiva, luego de inusitadas peripecias para trasladar el vehículo Peugeot modelo 405 hasta Carmen de Areco, durante las cuales mantuvieron las cosas sustraídas bajo su señorío.
El cadáver fue hallado el día lunes 16 de marzo de 2009 en horas de la mañana luego de una exhaustiva búsqueda propiciada por la familia de la víctima (v. fs. 46/51, sent. de condena, legajo casatorio n° 49.506 y fs. 26 vta./27 vta., legajo casatorio n° 64.207).
Sentado ello, comenzaré por exponer aquellos fundamentos que brindó el Tribunal en lo Criminal n° 3 para demostrar la participación de Sergio David Miranda en el suceso antes reseñado (v. fs. 45/88, legajo casatorio n° 49.506).
En primer lugar, se refirió a los desplazamientos de los imputados durante el día del hecho (v. fs. 56/61 vta.). En este punto dijo que se reconstruyeron "...con bastante aproximación" sus movimientos desde las primeras horas del 15 de marzo de 2009 hasta que fueron aprehendidos ese mismo día.
Para ello, tuvo en cuenta las declaraciones de los propios imputados, como también las brindadas por los testigos Aldana Paola Lofreda, Miguel N. Gjuratovich, Esteban Andrés Rossi, Alberto Martín Fano, Aurelio Emiliano Montiel y Marcelo Alejandro Aguirre, entre otros.
Se refirió a la búsqueda del joven desaparecido y la aprehensión de dos sospechosos que tenían en su poder la moto de la víctima (v. fs. 61 vta./65). Se ponderaron los testimonios de Hugo Adán Fernández, Luis Alberto Enríquez, Juan Pablo Forni, del subcomisario Miguel Jesús Chullia, el sargento Oscar Fernando Guida, el subteniente Luis Marcelo Díaz y el sargento Leonardo Matías Enrique, entre otros.
Finalmente, tuvo en cuenta la versión de uno de los inculpados -Vinay- y el relato prestado por la concubina del prófugo Luis Gabriel Miranda (v. fs. 65/69 vta.).
Con todo lo expuesto, consideró elocuente el marco comprometedor que se fue cerniendo en torno a los imputados con claro sentido incriminante. Consideró su presencia conjunta (en compañía de Luis Gabriel Miranda) en el lugar y a la hora estimada en que se dio muerte al joven Fernández; las fundadas y razonables conclusiones del médico forense acerca de la hipótesis de que hubieran intervenido varios agentes en el inhumano castigo infligido y el abuso sexual a que fuera sometido la víctima; su avistamiento por parte de vecinos de los campos cercanos, quienes observaron a los tres sujetos desplazarse en la moto azul poco más tarde; las múltiples referencias a sus intentos por remover del lugar de los hechos el Peugeot 405 propiedad de Luis Gabriel Miranda; la indisputable confirmación de que Vinay tenía consigo la billetera del desdichado Héctor, deshaciéndose de la documentación personal que aquella contenía; y finalmente la grave implicación que de suyo supone el hecho de haber sido aprehendidos en poder del rodado desapoderado al muchacho (v. fs. 65 vta.).
Adunó la exposición realizada en la última jornada del juicio oral por el acusado Juan Ezequiel Vinay, quien hizo gala de una prodigiosa memoria explayándose sobre cada uno de sus movimientos durante la mañana del hecho, pero que al afrontar la narración de los instantes cruciales de la jornada, su elocuencia "...se esfumó", y la "...superabundancia de detalles dejó paso a un decir ambiguo y amarrete" (fs. 66/67 vta.).
Finalmente, se refirió al testimonio rendido en debate por la joven Aldana Paola Lofreda quien -como se adelantara- brindó detalles del suceso del cual tomó conocimiento por ser la concubina -a la fecha del hecho- de Luis Gabriel Miranda, imputado que estuvo prófugo desde el día del luctuoso acontecimiento (v. fs. 67 vta./69 vta.).
El tribunal tipificó el accionar de los encartados como homicidio doblemente calificado por su comisión con ensañamiento y su conexión final criminis causae con los injustos de robo calificado por su perpetración en lugar despoblado y en banda -
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.