Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130006
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.006, "C., P. J.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa nº 77.402 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de febrero de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el defensor oficial de P. J. C. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó al nombrado a la pena de dieciocho años de prisión y mil pesos de multa, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad coactiva agravada por encontrarse la víctima embarazada y por haber causado lesiones graves a su vez, perpetrado por un hombre en contra de una mujer, habiendo mediado previa violencia de género, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal para ello (v. fs. 67/87 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 120/125 vta.), el que fue declarado admisible pero sólo en cuanto señala la infracción a la normativa sustantiva (v. fs. 127/129).
Oído el señor Procurador General a fs. 136/139, dictada la providencia de autos (v. fs. 140) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación del art. 142 bis del Código Penal y la desconsideración del art. 130 del mismo cuerpo normativo; así como la violación a la obligación de fundar los fallos derivada de los principios de razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), debido proceso legal y del derecho de defensa (art. 18, Const. nac.; v. fs. 122 vta.).
Consideró que conforme a las constancias de la causa, la conducta atribuida a su defendido se encontraría comprendida en el art. 130 del Código Penal; y que la misma plataforma fáctica sobre la que se asienta el fallo descarta el encuadre de los hechos en la norma aplicada -art. 142 bis del Código Penal-, en virtud de que no especificó cuáles fueron las acciones o conductas que la víctima se vio obligada a hacer (v. fs. cit.).
Sostuvo que los planteos efectuados por la defensa no recibieron una adecuada respuesta (v. fs. 123 y vta.).
Tachó de arbitraria y contradictoria a la sentencia, alegando que la finalidad del imputado a la hora de retener a la víctima fue el sometimiento sexual de aquélla y planteó que el hecho contiene todos los elementos del art. 130 del Código Penal, no obstante lo cual, de manera autocontradictoria, el Tribunal de Casación negó ese encuadramiento legal (v. fs. 123 vta. y 124).
Añadió que en el contexto de la retención violenta, o la concreción de los abusos sexuales que la motivaron -también ejercidos por medio de violencia física-, se produjeron lesiones que, según propició, concurren paralelamente y no como un agravante de la privación ilegítima de la libertad, puesto que de ningún modo ha podido acreditarse que esas lesiones hubiesen sido el fin que tuvo en vista C. al momento de retener a G. (v. fs. 124 vta.).
Insistió en que la hipótesis fáctica tenida por cierta por el Tribunal de Casación revela sólo la existencia de una finalidad libidinosa como disparadora de la retención de la víctima en los términos del art. 130 del Código Penal, por lo cual solicitó se declare erróneamente aplicado el art. 142 bis del mismo y se disponga el reenvío de las actuaciones al a quo a fin de que se fije pena conforme la calificación legal que reclama (v. fs. 125).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, pues estimo que la impugnación debe ser rechazada.
III.1. Al momento de abordar el recurso de casación la instancia intermedia se ocupó de señalar que fallaría con perspectiva de género, tal como lo impone la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer más conocida como Convención de Belem do Pará, aprobada por Argentina mediante la ley 24.632 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, aprobada por ley 23.179.
Indicó que según la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada, "'...siendo aproximadamente las 10.00 horas del día 15 de febrero del año 2014, un sujeto del sexo masculino, interceptó a M. d. l. Á. G. con quien había mantenido una relación de pareja y quien cursaba un embarazo de cinco meses de gestación- en la intersección de las arterias Luis Siciliano y Martín Rodríguez, de la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, e intimidándola con un arma de fuego, amenazando de muerte a ella y a su familia, la obligó a trasladarse al interior de su vivienda sita en calle Luis Vernet nro. … de la Localidad de Villa Rita, partido de Lomas de Zamora, y allí retuvo a la misma con el fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad, logrando su propósito. Entre ese día 15 de febrero y el día siguiente, contra la voluntad de G. abusó sexualmente, accediéndola carnalmente vía vaginal con su miembro viril en forma reiterada. Corresponde destacar que también se acreditó en el sub litem la violencia ejercida moral y compulsivamente por la aplicación de severos golpes en su rostro, cuerpo, vientre, arrojándola contra los marcos de las ventanas y puertas, provocándole múltiples lesiones en rostro, en los cuatro miembros, tronco anterior y posterior, caracterizándose esas lesiones como graves; que durante todo el cautiverio el sujeto masculino la mantuvo sin ningún tipo de ropa, atada de pies y manos cuando él se ausentaba de la finca, hasta que finalmente el día 18 de febrero del mismo año, aproximadamente a las 06.00 horas, aprovechando que su captor dormía, escapa de la vivienda por una ventana, caminando por una viga hasta lograr así salir del lugar..., Asimismo el día 19 de febrero de 2014, siendo aproximadamente las 19.15 horas, en el domicilio de la calle [...] el mismo sujeto tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 22 LR marca T.A.L.A. número 79245, la cual se hallaba en el ropero de una habitación de la vivienda, sin la debida autorización legal para ello, arma calificada como de uso civil por el Decreto reglamentario 395/75...'" (fs. 77 y vta.).
El a quo revisó y confirmó el mérito de la prueba de cargo, integrada por el testimonio de la víctima; el de la vecina V. que la auxilió cuando huía desnuda de su encierro desplazándose por una viga de la cual tuvo que ser bajada con una escalera; los informes médicos y psicológico; el secuestro de objetos; las declaraciones de la hermana y el padre de la damnificada así como la brindada por el acusado, que fue considerada mendaz (v. fs. 77 vta./80).
Luego abordó los motivos de agravio concernientes a la calificación legal y confirmó la aplicación del art. 142 bis explicando que "...la figura del rapto, prevista y reprimida en el artículo 130 del Código Penal, agota en los términos más complejos, su subjetividad y objetividad al consumar la lesión de la libertad sexual merced a la sustracción contra la voluntad de la víctima, mediante los medios consignados en la ley, siendo condición de la misma el fin libidinoso, que la distingue del plagio (cfr. Francisco Carrara, 'Programa de Derecho Criminal', parág. 1684)" (fs. 82), y añadió que ese delito "...no requiere que la acción del agente implique privar a la víctima de cualquier posibilidad de auxilio, desde que, la figura sólo exige a nivel del tipo objetivo que se sustraiga o retenga a una persona mediante violencia, intimidación o fraude y a nivel subjetivo que esa acción tenga la finalidad de menoscabar la integridad sexual del sujeto pasivo" y que "El tipo penal analizado no implica un requisito especial de tiempo y resulta independiente de la efectiva concreción de las miras con que el mismos se iniciara. Es una privación ilegal de la libertad, pero caracterizada por la particular finalidad con la que es llevada a cabo, y que, afectando especialmente la integridad sexual del sujeto pasivo, adquiere relevancia típica autónoma" (fs. cit. y vta.).
A partir de ese criterio, justificó la calificación del hecho sosteniendo que el procesado "...privó a la víctima de su libertad, obligándola a permanecer en su domicilio y haciéndola disimular para ocultar la real privación a la que era sometida al recibir visitas de sus amigos, o al constreñirla a ir de compras, extendiéndose dicho lapso en demasía respecto de los abusos sexuales agravados que fueron ejecutados por C., siendo que además aprovechó tales circunstancias para golpear a G. salvajemente y hostigarla psicológicamente, motivo por el cual es que considero que la decisión a la que arribó el 'a quo' fue acertada".
Concluyó respecto del punto que "...la privación de la libertad correspondiente, por su duración e intensidad, adquirió autonomía e independencia respecto de los actos de abuso sexual que fueron cometidos en su marco, según surge claramente de la plataforma fáctica establecida en la etapa de juicio" (fs. 83).
III.2. Por su parte, y para desestimar el pedido formulado por la defensa en el alegato, el Tribunal en lo Criminal resolvió que "...en la figura del rapto es determinante la intención que mueve al autor, debe ser con 'miras deshonestas', es decir, de contenido sexual, con lo cual se hace posible la diferenciación de otras figuras que también atentan contra la libertad ambulatoria"; y remarcó que en el caso de autos, más allá del ataque sexual sufrido por la víctima, en el marco de su privación ilegítima de la libertad, "...fue retenida con el fin de obligarla a hacer algo contra su voluntad y soportar la feroz golpiza que le fuera propinada por C.", nótese que la víctima en la audiencia de debate refirió que "...me hizo tomar vino con jugo, muchos vasos, me obligaba a tomarlo, del domingo al lunes me empezó a pegar, no tenía ropa, me violó varias veces, me decía que me iba a matar, me baño afuera con agua fría [...] me decía que si no estaba con él no estaría con nadie" (fs. 37 y vta.).
IV. Lo expuesto pone en evidencia que el Tribunal de Casación ejerció, en el marco de la competencia abierta por los agravios llevados, su capacidad revisora conforme el estándar mencionado (fallo "Casal" de la CSJN), sin que pueda afirmarse -como pretende la defensa- que se hayan inobservado los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -según fs. 121-, ni se ha demostrado la arbitrariedad de la sentencia por graves defectos de fundamentación (art. 495, CPP).
En cuanto a la errónea aplicación del derecho de fondo -art. 142 bis del Código Penal e inobservancia del art. 130 del mismo cuerpo-, la alegación resulta insuficiente, pues no logra rebatir los fundamentos empleados para justificar la subsunción legal (art. 495, CPP).
La parte pone el acento en la finalidad dirigida a atentar contra la integridad sexual de la víctima como si ello bastara para desestimar la aplicación del art. 142 bis del Código Penal, sin hacerse cargo de que además de aquel propósito -que se concretó- la Casación tomó en cuenta que la víctima fue obligada a actuar de determinada manera y que la privación de la libertad tuvo una duración e intensidad -que incluyó la producción de lesiones graves- que le dio una "autonomía e independencia" que la sacó del alcance del art. 130 citado.
Hay que considerar que si bien "...la diferencia entre el rapto y el secuestro o privación de la libertad reside exclusivamente en el elemento subjetivo específico de esta figura, consistente en las miras deshonestas" (conforme a un texto legal anterior: Soler, Derecho Penal Argentino , Tomo III, pág. 333, Bs. As., TEA, 1978); es decir, que el elemento subjetivo "...diferencia este tipo penal de la figura de privación ilegal de la libertad coactiva (art. 142 bis del Cód. Penal)" (Donna, Derecho Penal, Parte Especial , Tomo I, Rubinzal-Culzoni, segunda edición, Santa Fe, 2003, pág. 702), el desarrollo completo del hecho conforme fue probado y analizado por la Casación no permite desplazar al art. 142 bis del Código Penal en favor del art. 130 del mismo (al margen de lo que pudiera decirse acerca de la interpretación de esta última norma).
En cuanto a la objeción de la defensa según la cual "...no se especifica cuáles fueron las acciones o conductas que la víctima se vio obligada a hacer" (fs. 122 vta.), el reclamo encuentra respuesta en la descripción del suceso efectuada por los tribunales intervinientes, ya transcripta en lo pertinente.
A todo evento, cabe señalar que el art. 142 bis del Código Penal también contempla entre las acciones típicas el "obligar a tolerar algo" contra la voluntad del sujeto pasivo -punto incluso considerado por la defensa en su alegato, a fs. 21-, de manera que también por esa razón no podría progresar el intento de modificación de la calificación legal (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia