Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130219
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.219, "Ramírez, Marcelo Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 73.740 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 8 de junio de 2017, casó parcialmente la sentencia del Tribunal de Jurado -habilitado para resolver en la causa n° 2.918 del trámite ante el Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro- que dictó veredicto de culpabilidad por mayoría de diez de sus doce miembros, tras lo cual, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, el juez integrante del citado órgano dictó sentencia condenando al señor Marcelo Alejandro Ramírez a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. En consecuencia, suprimió la consideración como agravante del plus de violencia ejercida sobre la víctima, redujo la pena a dieciséis años de prisión y confirmó el fallo en todo lo demás que fuera motivo de agravio (v. fs. 115/135).
El señor defensor oficial ante la instancia casatoria -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 138/171), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 178/179 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 186/194 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 195 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1.a. Frente a la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor defensor oficial denunció, en primer lugar, la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio e infracción a los derechos de defensa en juicio -a ser oído-, debido proceso, al recurso y al estado jurídico de inocencia (v. fs. 143).
Sostuvo que al haberse rechazado los motivos de agravio esgrimidos en el memorial a favor de Ramírez se infringieron los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 incs. 1 y 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial, en cuanto se ignoró el contenido amplio del derecho de defensa, restándole utilidad al ejercicio de la defensa pública ante el Tribunal de Casación, imposibilitando al imputado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena, con menoscabo, a su vez, del estado jurídico de inocencia (v. fs. cit.).
Alegó que en la sentencia en crisis ni siquiera se efectuó una revisión formal de las peticiones de nulidad del procedimiento de jurado estancado, de la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal y la inconstitucionalidad de los arts . 371 quater inc. 2 y 451 del Código Procesal Penal al haberse rechazado los mismos a partir de la sola consideración de aquéllos como "nuevos motivos" (v. fs. 143).
Afirmó que de acuerdo con la formulación de los agravios -con matices constitucionales-, el órgano casatorio debió otorgarles el correspondiente tratamiento a fin de verificar si en el caso se produjo un uso arbitrario e irrazonable del poder penal por parte del Estado.
De ahí que consideró que la sentencia impugnada resultaba arbitraria.
Aludió a que la garantía de doble instancia "...exige de la Casación la revisión amplia de las decisiones adversas para el imputado, la que no puede subordinarse a exigencias u obstáculos formales, más aún ante agravios de innegable carácter federal. Al respecto, el tratamiento y consecuente respuesta que brindara el Tribunal intermedio a tales planteos -en rigor no tratados- se apoya en argumentos que le otorgan fundamentación sólo aparente, colocando a esta parte en una situación lindante con la privación de justicia..." (fs. 144 y vta.).
Aseguró que el a quo realizó sólo en apariencia la revisión que buscaba en los términos de dichas normas del ordenamiento transnacional y su doctrina, sin cumplir con los estándares fijados por esta Corte (conf. causas P. 99.084 y P. 89.939) y por la Federal ( in re "Casal") de los que se desprende que el recurso de casación debe ser un remedio ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior a través de un examen integral del fallo procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho (v. fs. 144 vta.).
Agregó que debía tenerse en cuenta el carácter de único y continuo que detentaba el ejercicio de la defensa, constituyendo la instancia del art. 458 del ritual la oportunidad prevista para que esa defensa cumpla con su función de custodio de las garantías del imputado dentro del proceso.
Solicitó que se imponga una interpretación de las normas en discusión superadora de aquella realizada por el tribunal intermedio que desnaturalizó las normas adjetivas en desmedro de principios y derechos constitucionales, se disponga casar el pronunciamiento impugnado, se fije la correcta doctrina vinculada con la utilidad de la defensa pública y, reenvíen al a quo a fin de que -debidamente integrado- se dicte una nueva sentencia conforme a derecho (v. fs. 145).
I.1.b. Finalmente y en caso de rechazarse el planteo, reiteró el pedido de inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal por vedar la posibilidad de invocar otros motivos distintos, luego de vencido el plazo de interposición del recurso (v. fs. 145 vta.).
Adujo que la interpretación realizada no sólo resultó incongruente con el carácter dispositivo de los recursos, sino que tampoco respondió a una lectura constitucional de los agravios formulados, pues entendió que se debía ir más allá de los motivos de agravio cuando se favorecía la situación del imputado y por revestir los agravios naturaleza constitucional (v. fs. 146).
En definitiva, adujo que Ramírez vio cercenada la facultad de discutir la regularidad del pronunciamiento de condena, por lo que consideró inexacta la respuesta brindada por dicho órgano a los agravios formulados por esa parte (v. fs. 147), pues conforme los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, los señores Jueces debieron haber dado su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir (v. fs. 147 vta.).
I.2. De seguido, repasó lo planteado ante la instancia casatoria acerca de la nulidad solicitada y en subsidio la inconstitucionalidad del art. 371 quater inc. 2 del Código Procesal Penal, lo que llevó a una infracción de las garantías de ne bis in idem , reformatio in pejus e imparcialidad.
Para fundamentar el agravio, hizo suyos los desarrollos expuestos por el doctor Granillo Fernández en el marco del capítulo IX titulado "El veredicto por unanimidad o por mayoría. El llamado 'Jurado Estancado'" de la obra "Juicio por Jurados" (v. fs. 149).
Insistió con la declaración de nulidad del veredicto emitido mediante el procedimiento cuestionado (Jurado Estancado) y la inconstitucionalidad del citado art. 371 quater inc. 2 del rito "...en lo particular en cuanto al trámite que dicha normativa habilita ante la declaración del Jurado como estancado, toda vez que [...] el obrar llevado adelante en estos autos y cuestionado, posibilitó la conclusión del veredicto de culpabilidad emitido por mayoría, diez votos contra dos; condenando a mi defendido por una compulsión en la que el sistema coloca a los miembros del jurado por un número de votantes que, justamente, mediante su voto independiente e imparcial, originariamente, no alcanzara a conformar la mayoría legal -y arbitrariamente- estatuida para el dictado del veredicto de culpabilidad. A su vez, no habiendo arribado los jurados a la mayoría exigida legalmente omitieron seguir deliberando y votando hasta tres veces conforme lo indicara el juez en las instrucciones impartidas, al menos nada se ha alegado en contrario, sino que, antes bien, emitieron un primer veredicto para recién después de emitido aquél, y a partir de una nueva intervención del juez; (no prevista en las citadas instrucciones) reanudar la deliberación para tratar de alcanzar el veredicto..." (fs. 152 y vta., el destacado figura en el original).
Concluyó que "...la inconstitucionalidad peticionada se funda en la vulneración de las garantías constitucionales no sólo consagradas en nuestro ordenamiento ritual [...], sino que de conformidad con lo normado por el art. 31 de la CN y, en correlación con los Pactos, Tratados y Declaraciones de Derechos Humanos que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, conforme art. 75 inc. 22 de aquella; siendo en función de ello ajustado a derecho, insistir, ante VV.EE. que en primer lugar dejen sin efecto el veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado Popular, desaplicando la normativa procesal cuestionada que habilitara oportunamente la reedición de la votación del Jurado Popular conforme el procedimiento reglado para el Jurado estancado ( art. 371 quáter inc. 2 del CPP, citado anteriormente) o, llegando a idéntica conclusión, previo a ello se declare su inconstitucionalidad y la consecuente absolución de mi defendido e inmediata libertad (sin reenvío, por no haber sido el imputado quien ocasionara el vicio que invalida lo actuado y por entender que un obrar contrario menoscaba las prohibiciones de ne bis in idem y de reformatio in peius, cfr. arts. 1° y 435 del CPP) " (fs. 153, la cursiva figura en el original).
Por último, recordó que había señalado que en el presente los jurados se apartaron de las instrucciones finales impartidas por el juzgador, generándose un vicio en el procedimiento que, al evidenciar una infracción a la garantía de defensa en juicio del imputado y al debido proceso legal, provocó la invalidez del veredicto lo que conllevó a la nulidad del mismo.
I.3. Frente a la posibilidad de que los embates desarrollados previamente fueran rechazados, tachó de arbitraria la valoración de la prueba y cuestionó la revisión llevada a cabo por el Tribunal de Casación del veredicto y la sentencia de condena. En este contexto, entendió violados el principio de inocencia por inobservancia de la regla de in dubio pro reo , el derecho al recurso y la garantía a ser oído (v. fs. 153).
Señaló que en el caso el Jurado no podría haber condenado a Ramírez, toda vez que la imputación no se hallaba acreditada "más allá de toda duda razonable" (fs. 153 vta.).
Para cuestionar la valoración probatoria, que consideró errada, trajo a colación un precedente emitido en la ciudad de Neuquén y otro del Tribunal de Casación Penal, donde hizo hincapié en el voto del doctor Kohan, transcribiendo en lo sustancial lo que refiere al alcance que debía dársele a la revisión ante los veredictos de culpabilidad emitidos por los Jurados Populares.
En lo que hace al caso puntual, aclaró que "...la materialidad ilícita, tal como lo afirmara el a quo no era materia controvertida en el juicio, pero como bien el Tribunal intermedio lo destacó '[...]lo que se somete a la revisión de esta Alzada es el veredicto de culpabilidad que consideró por mayoría de 10 votos que Marcelo Alejandro Ramírez fue uno de los dos sujetos de sexo masculino que participó como coautor en el hecho de desapoderamiento estipulado por las partes previo a la audiencia de debate...' ; y, tampoco '[...]viene discutido que el sujeto que estaba junto a Ramírez en la plaza y que luego se subiera al rodado en el asiento del acompañante era Yamil Esteban Medina...' " (fs. 161 y vta., la cursiva figura en el original).
De ahí que señaló que a partir de una hipotética e infundada "actitud sospechosa" se extrajo el "indicio de culpabilidad" simplemente por haber sido encontrado Ramírez en un auto robado.
Adujo que la propia Casación dijo que los testimonios de los policías no ofrecían ningún dato de valor a los fines del plexo cargoso en cabeza del imputado, reconociendo también la existencia de sólo dos testigos presenciales del hecho (la víctima y el vecino de la vivienda ubicada en la misma cuadra sobre la vereda opuesta); con lo que afirmó que el peso convictivo del cuadro probatorio era sumamente liviano reduciéndose a esas dos solitarias declaraciones (v. fs. 161 vta. y 162).
En definitiva, señaló que se lo condenó por un error en el que incurrió el imputado al subirse a un auto de origen robado. "A todo evento, debió haber sido acusado -de manera subsidiaria, lo que no podría suplirse en esta etapa, más aún ante el caso de autos sometido al juzgamiento de Jurados Populares- conforme lo normado por el art. 277 del CP" (fs. 163).
Concluyó que la duda que existió respecto de un testigo en el reconocimiento en rueda de personas respecto a si Ramírez era o no el segundo partícipe del hecho, sumado a la hipotética actitud sospechosa y a las características fisonómicas del agresor que bien pudieron corresponderse con gran cantidad de sujetos de tez trigueña, pelo negro y corto, no podía ser tomado como presupuesto válido para condenar al encausado.
Expuso que, a contrario de lo aducido por el Tribunal de Casación Penal, aquí se evidenció que "... hay razones para validar el cuadro de duda que sostiene la defensa, destacando que no debe pensarse en dudas propias de la subjetividad de cada jurado, sino aquellas que puedan emerger de la valoración objetiva de la prueba producida; la que no permite arribar al veredicto de culpabilidad sin menoscabo de la presunción de inocencia ..." (fs. 164, la cursiva figura en el original).
En definitiva, consideró que debía acogerse el remedio intentado en virtud de que el Jurado se apartó injustificadamente de la prueba producida durante el debate para arribar al veredicto de culpabilidad arbitrario, en perjuicio de Ramírez.
Solicitó que al ingresar al tratamiento de los agravios contenidos en el embate dirigido a cuestionar la arbitrariedad en la valoración de la prueba "...controlen los registros correspondientes a las declaraciones testimoniales de la víctima del hecho -fundamentalmente- como así también de los escasos adicionales testigos en la grabación del juicio por jurados, pues de no ser así se restringiría indebidamente el derecho del imputado a la revisión amplia e integral de la condena penal garantizado en el bloque constitucional federal..." (fs. 166 vta.).
Finalizó la exposición diciendo que la ausencia de motivación y fundamentación referenciada "...sólo puede suplirse mediante el acogimiento favorable de lo anteriormente peticionado. Concretamente me refiero a la necesaria visualización del debate oral a fin de constatar la denunciada arbitrariedad en la apreciación de las evidencias obrantes en la causa en la que incurriera el Jurado Popular y finalmente, es en razón de todo ello que de VV.EE. peticiono, la absolución de mi defendido mediante la revocatoria del pronunciamiento impugnado sin reenvío de las actuaciones, toda vez que como dijera mi defendido no ha provocado el vicio invalidante del pronunciamiento en crisis..." (fs. 167, el destacado figura en el original).
I.4. Como último agravio, denunció la violación de los principios de igualdad, proporcionalidad, razonabilidad y humanidad de la pena, como así también del derecho a ser oído.
Indicó que el tribunal intermedio transgredió el derecho del imputado a ser oído puesto que no llevó a cabo la audiencia de visu, al resolver del modo en que lo hiciera. "Así, el a quo optó por asumir competencia positiva y, sin dar vista a las partes a tenor de lo dispuesto en los arts. 40 y 41 del CP, y fundamentalmente, sin mantener contacto directo y de visu para con la persona sobre la cual recaería la pena se dispuso 'oficiosamente' reducir la misma en tan sólo dos años de prisión [...]; es decir, de 18 años de prisión a 16 años de prisión..." (fs. 167 y vta., la cursiva figura en el original).
Trajo a colación el precedente "Maldonado" de la Corte federal y los fallos P. 73.366, "G" y P. 85.467, "Casto" de este Cuerpo y afirmó que el Tribunal de Casación no sólo no acogió el planteo de la defensa (por el que solicitó se adecuara la pena a un monto igual o cercano al que se le impuso al coimputado Medina) sino que habiendo quitado de oficio una pauta agravante debió ello haber repercutido en la cuantía actual.
Finalmente, destacó que "...tal como lo alegara oportunamente mi antecesor y el propio Ramírez lo comprendiera al cierre de la audiencia de cesura, su sometimiento -voluntario por cierto- al enjuiciamiento Popular le ha implicado un agravamiento por demás significante, severo y desproporcionado de la pena, el que en modo alguno puede ser convalidado en autos, sin mengua del principio de igualdad ante la ley que debe regir en nuestro ordenamiento [...]; más allá de reducir en dos años la pena el Tribunal de Casación Penal ésta continúa duplicando -en más- la fijada respecto de quien tuvo acreditada, certera e indubitablemente, mayor responsabilidad en el evento" (fs. 169 vta. y 170, el destacado y la cursiva figuran en el original).
Recapituló diciendo que ante el mismo hecho se aplicaron penas desiguales: "...dieciséis (16) años de prisión y siete (7) años y seis (6) meses de prisión, respectivamente para mi asistido y Medina . Entonces, si esta determinación del monto de pena responde a los parámetros de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad y pro homine, los argumentos esgrimidos por el a quo, al menos, en modo alguno me permiten estimarlos como válidos y es por eso que insisto ante VV.EE. en pos de su revisión" (fs. 170, el destacado y la cursiva figuran en el original).
Por lo expuesto, requirió que se reduzca la pena a la mínima expresión legal y asumiendo competencia positiva o, reenviando al a quo para que -integrado por jueces hábiles a tales fines- se proceda al dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
II. La Procuración General dictaminó a fs. 186/194 vta. aconsejando el rechazo del recurso intentado.
III. Coincido con su opinión, pues el remedio articulado no prospera.
IV.1. Por un lado, la denuncia de violación a la garantía a la revisión amplia e integral de la sentencia de condena y al derecho de defensa en juicio, debido proceso, al recurso y al estado jurídico de inocencia, debido a que el tribunal casatorio no ingresó al tratamiento de los agravios llevados en la oportunidad de presentar el memorial por considerarlos extemporáneos, no es de recibo.
El órgano intermedio entendió que los planteos de nulidad del procedimiento de jurado estancado y solicitud de inconstitucionalidad del art. 371 quater inc. 2 y del instituto de la reincidencia, introducidos por el doctor Sureda en forma originaria constituían nuevos motivos de agravio que la defensa oficial había interpuesto recién en esa instancia, eso era con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el art. 451 del rito, lo que -en definitiva- lo tornaba extemporáneo.
Explicó que dicha "...interpretación no sólo resulta congruente con el carácter dispositivo de los recursos, sino que responde también a la letra de la ley, que por un lado circunscribe el conocimiento del tribunal de alzada a los puntos de resolución a los que se refieren los motivos de agravio (art. 434, CPP) y, por el otro y sin desmedro de dicha disposición, permite ir más allá de los motivos de agravio cuando ello favorece la situación del imputado. Sobre cada punto de una resolución impugnada pueden recaer varios motivos de agravio. Lo que la ley solamente permite, bajo determinadas condicione
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