Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131225
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.225, "Valdez, Gastón Maximiliano s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 88.560 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
La Sala VI del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de abril de 2018, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de Gastón Maximiliano Valdez contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón en cuanto desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución Penal n° 2 del mismo departamento judicial que no hizo lugar a la solicitud de libertad condicional en su favor (v. fs. 50/56).
Contra esa decisión, la señora defensora de Casación adjunta ante el mencionado Tribunal -doctora Susana E. De Seta- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 58/70), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 71/72 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 93/99 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 100) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta cuestionó la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, por remisión al art. 14 -en su segunda parte- del Código Penal, en cuanto impide la inclusión al régimen de libertad condicional a los condenados por los delitos previstos en los arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo del mismo cuerpo normativo.
Alegó que este modo de legislar, por el que se prohíbe el otorgamiento de la libertad por el sólo hecho de haber sido condenado por alguno de los delitos especificados en la norma, sin importar ningún dato relativo al modo como se ejecutó la pena impuesta, transgrede principios de la Constitución nacional y los tratados incorporados a ella conforme el art. 75 inc. 22 (v. fs. 61).
II. Desarrolló su crítica desde dos aristas, tales la afectación del derecho a la resocialización como fin de la pena impuesta y la violación al principio de igualdad ante la ley.
II.1. En lo atinente a la resocialización, expuso que nuestra Constitución y los tratados incorporados a ella han adoptado la prevención especial positiva como justificación y fundamento de la pena (conf. arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.3, PIDCP y 5, CADH; v. fs. 61 vta. y 62) y que el sistema normativo supone tanto el tratamiento del penado como la progresividad en la ejecución (v. fs. 62 vta./64).
La parte denunció también que el a quo , al afirmar que la liberación anticipada puede obtenerse a través de otros dispositivos legales, se aparta del texto expreso de la ley pues no tiene en cuenta lo normado por los arts. 56 bis de la ley 24.660 y 100 de la ley 12.256 que igualmente establecen restricciones para acceder a la libertad (v. fs. 64).
La defensa argumentó que "No resulta lógico que [su] asistido sea impedido de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, pese a que se encuentra demostrado en la causa que adquirió todas las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que de ningún modo puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de la libertad" (fs. 64 vta.).
Alegó que la interpretación del mentado art. 14 del Código Penal efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de ponderar una presunción anticipada y abstracta respecto de la prognosis de reinserción del hombre penado, dejando de lado la posibilidad de evaluación empírica y concreta tras años de encierro" (fs. cit.).
Adunó a ello, que "...este tratamiento diferente que se propone incumple con la manda constitucional pues el fin de resocialización deja de ser el 'esencial', como marcan el Pacto y la Convención, ya que, como se ha demostrado resulta imposible lograr dicho fin desde una situación de encierro" (fs. 65 y vta.).
Aseveró que el legislador que introdujo la reforma a la norma impugnada ha optado por justificar la pena de acuerdo con la teoría de la "prevención especial negativa" que no tiene por fin la resocialización, sino la neutralización del penado (v. fs. 65 vta.).
Concluyó que el tribunal intermedio "...se ha apartado de la manda constitucional al no conceder una parte fundamental y necesaria del tratamiento tendiente a la readaptación social como es la libertad condicional, brindando otro tipo de tratamiento basado en motivos que nada tienen que ver con una justificación preventiva especial positiva, como son los que se desprenden de la reforma al art. 14 del C.P. de la ley 25.892" y que "...sostiene la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, con fundamento en el respeto por la división de poderes y ser una cuestión de técnica legislativa, sin proponerse una interpretación constitucional a la mencionada técnica" (fs. 66).
II.2. En segundo término, denunció la violación al principio de igualdad ante la ley (v. fs. 66 vta.).
En lo concreto, argumentó que "...restringir el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos (arts. 1 y 6 de la ley 24.660 y 4 de la ley 12.256, 18 de la C.N. y 5.6 de la C.A.D.H.), haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable" y que "La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar" (fs. 67 vta. y 68).
Asimismo invocó los precedentes "Napoli" y "Veliz Linda Cristina s/ causa Nº 5640" de la Corte federal (v. fs. 68 y vta.), y señaló que "...no se entiende y el Tribunal de Casación no lo ha explicado, cual fue el criterio utilizado por el Congreso Nacional y la Legislatura bonaerense para agrupar los tipos penales enunciados en los arts. 14 del C.P., 100 de la ley 12.256 y 56 bis de la ley 24.660" (fs. 68 vta.) pues, por ejemplo, se dejaron fuera los homicidios agravados del art. 80 del Código Penal, excepto el del inc. 7 (v. fs. 69).
Por último, alegó que "Sólo se habla de gravedad de los hechos como factor común a todos los delitos, pero ese dato además de no resultar razonable para privarlos de la libertad condicional y del resto de los institutos del periodo de prueba [...] tampoco supera el filtro de razonabilidad debido a que sigue siendo violatorio del principio de igualdad ya que por más que todos ellos sean delitos graves no son los únicos que el Código contempla" (fs. 69).
Concluyó que "...la discriminación realizada por la ley para brindarle a [su] asistido un régimen de ejecución de la pena distinto del universo de condenados a pena privativa de libertad, basado exclusivamente en el hecho de haber sido condenado por el delito de homicidio en ocasión de robo, es arbitrario, pues, el criterio de diferenciación no es objetivo y razonable, en consecuencia, es violatorio de los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Const. Nacional, 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo se declare su inconstitucionalidad" (fs. cit.).
III. El señor Procurador General propició el rechazo de la impugnación (v. fs. 93/99 vta.). Coincido con lo dictaminado, el recurso no prospera.
IV. Inicialmente debo señalar que la solicitud de que se declare la inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 por remisión al art. 14 del Código Penal no fue sometida a la decisión de las instancias anteriores cuando ya era posible (v. fs. 18/23), articulándose -con ese alcance- recién en oportunidad de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, por lo que su formulación en este estadio deviene extemporánea (art. 451, CPP) sin que, por otra parte, advierta en el caso razón alguna que me constriña a aplicar la doctrina emergente del precedente "Mill de Pereyra, R.A. y otros c/Provincia de Corrientes" (CSJN, Fallos: 324:3219) afianzada en "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", sentencia de 27-X-2012, liberando de ese modo al planteo sobre constitucionalidad de los rigorismos formales que le son inherentes (conf. causas P. 103.838, sent. de 9-IX-2009 y P. 118.979, sent. de 10-VI-2015).
En efecto, dado que la Cámara de Apelación y Garantías empleó el argumento de que el penado tenía -frente a la denegatoria de la libertad condicional- diversos mecanismos legales disponibles -"otras formas de atenuación paulatina de las restricciones a la pena", según fs. 13-, allí surgió el agravio que la recurrente omitió plantear ante la Casación
V. Ello sentado, cabe recordar que en respuesta al cuestionamiento llevado a conocimiento del órgano revisor relativo a la inconstitucionalidad del art. 14 in fine del Código Penal -t.o. ley 25.892-, éste aclaró que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es una decisión de carácter excepcional.
En lo específico, afirmó que "...el recurrente no ha conseguido acreditar que dicha incompatibilidad exista, y tampoco ha demostrado que la aplicación del art. 14 del CP, resulte particularmente problemática en el caso". Pues "...para la declaración de inconstitucionalidad pretendida, se requiere que el interesado realice un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, que demuestre el alcance de sus derechos y las razones por las que cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (Fallos 306:1597), situación que no se verifica en el cuestionamiento en trato" (fs. 53 vta.).
Explicó, además, que según los antecedentes del debate parlamentario de la ley 25.892 "...el legislador tuvo en cuenta, razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos [...] hechos que por su entidad, gravedad y magnitud, conmueven a la sociedad"; y que "...ha meritado la necesidad de que todo condenado por un delito grave, no acceda a la libertad condicional, como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado su conducta ilícita, y de esta manera, lograr los fines de la resocialización de la pena" (fs. cit.).
Señaló, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...ha sostenido que el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que cometen ciertos delitos, con respecto a otras cuyo accionar resulta violatorio de figuras penales diferentes, así como hacer una distinción entre quienes se conducen de una manera diversa en la comisión de un ilícito por el que son condenados, actuando con mayor violencia o provocando una lesión a un bien jurídico de mayor importancia, respecto de quienes no lo hacen, no es violatorio de las normas constitucionales, y tiene su fundamento razonable en la facultad del legislador de establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime para cada caso (cfr. CSJN causa 'L'Eveque, Ramón Rafael s/robo', rta. 16-VIII-1988, Fallos 311:1451)" (fs. 54).
Expresó que "...la gravedad del delito por el resultado lesivo de la conducta punida -muerte de la víctima- como dato objetivo en este caso singular, es un parámetro válido diferenciador que no trastoca el principio de igualdad, pues es una pauta indicativa de que ella se aplica no 'por lo que es', sino 'por lo que hizo', adecuándose así a un derecho penal de acto" (fs. cit.).
Luego, con relación al reclamo que estima inconciliable la norma con la finalidad resocializadora delineada por el bloque federal constitucional, expresó que "...la liberación anticipada del condenado no es un derecho absoluto, que debe otorgarse de manera automática sino que es uno de los tantos dispositivos que las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de la libertad consagra a los efectos de alcanzar ese objetivo bajo el régimen de progresividad, pero no es el único" y que "...frente a la imposibilidad de acceder a la especie no obstante se permite al penado la inclusión en otros beneficios que flexibilizan el modo de cumplimiento de la pena, como ser su ingreso en el régimen abierto o salidas transitorias, prisión discontinua o semidetención toda vez que el impedimento rige exclusivamente respecto del art. 13 del C.P., pero no es válido razonablemente hacerlo extensivo a aquellas otras hipótesis" (fs. 54 vta.).
Adunó a ello, que "En estos términos, no encuentro que se trastoque el fin de la pena ni el principio de progresividad, toda vez que si bien la ley intensifica el tratamiento resocializador al negarle la obtención de la libertad condicional a quienes cometieron ciertos delitos (art. 14 'segunda parte' C.P.); ello no impide al penado el avance en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre" (fs. 54 vta.).
En definitiva, concluyó que del obstáculo a la obtención de la libertad condicional por su condición de penado en calidad de autor de los delitos de violación de domicilio y homicidio en ocasión de robo (arts. 150 y 165, Cód. Penal), no se deriva que aquél vea impedido "...su eventual tránsito por otros dispositivos progresivos -como el consignado a fs. 4 [-en referencia a que allí surge informado que el 30 de junio de 2017 esa judicatura resolvió concederle al nombrado el estímulo educativo y reducir en siete meses los plazos requeridos para que el penado avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario]-, circunstancia que desmerece el planteo" (fs. 55).
VI. La defensa no cuestiona eficazmente lo decidido por la judicatura intermedia (doctr. art. 495, CPP).
De conformidad -en lo pertinente- con mi voto en la causa P. 126.187, sentencia de 4-VIII-2016, estimo que las figuras delictivas a que se refiere el art. 14 del Código Penal (texto anterior a la ley 27.375, B.O., 28-VII-2017) son homicidios particularmente graves por su conexión con otros delitos.
Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, limitadas por supuesto al término de la condena dictada con todas las garantías en el juicio correspondiente, no establece una diferencia que viole el art. 16 de la Constitución nacional. Caso contrario debería también caer por inválido el diverso régimen -más severo- que tiene la pena de reclusión. Me remito a los numerosos precedentes en los que esta Suprema Corte ha rechazado la pretensión de tener por derogada la pena de reclusión, precisamente en razón del régimen diferente que ella conlleva (causas P. 108.840, sent. de 21-III-2012; P. 110.660, sent. de 6-XI-2013; P. 109.864, sent. de 13-XI-2013; P. 106.500, sent. de 8-VII-2014; P. 112.596, sent. de 16-VII-2014; P. 109.652, sent. de 8-IV-2015; e.o.).
El art. 14 citado no se refiere a un grupo indeterminado de personas, sino a determinadas figuras de homicidio particularmente graves. Y la mayor severidad que para ellos establece es la de que la pena impuesta en juicio se cumpla prácticamente en su totalidad. Obsérvese además que en el art. 13 del Código Penal la evolución en el ámbito carcelario no es el único parámetro. También cuenta la pena impuesta, que obviamente se relaciona con el delito cometido. Lo que el art. 14 del Código Penal hace -texto según ley 25.892- es seleccionar un número muy limitado de homicidios particularmente reprensibles -todas figuras en las que se mata en conexión con otro delito- y excluir una liberación anticipada. Igual ocurre con la reincidencia, que tampoco permite tomar en cuenta la conducta durante el cumplimiento de la condena, y cuya vigencia y validez constitucional han sido ratificadas por la Corte federal y por esta Suprema Corte (CSJN Fallos: 311:1451, 552 y 248:232; nuevamente sostenida en el caso "Arévalo", A.558.XLVI, sent. de 27-V-2014; esta Corte, causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; P. 99.832, sent. de 1-XII-2008 y P. 111.948, sent. de 13-XI-2013).
De otro lado, en lo que atañe a la resocialización del penado "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. causas P. 126.187, cit. y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
En definitiva, la parte no ha desarrollado argumentos suficientes que conduzcan de manera incontrovertible a una declaración de la gravedad institucional como la peticionada, ultima ratio del orden jurídico.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia