Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131312
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de A. H. S., con costas (art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la señora defensora oficial adjunta ante el citado Tribunal a favor de N. G. C., con costas (art. 496 cit.).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.312, "C., N. G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.350 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de marzo de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 de Mercedes que condenó a A. H. S. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, y a N. G. C. a la de ocho años y un mes de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor -el primero- y cooperadora -la segunda- del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar encargado de la guarda y aprovechar la situación de convivencia prexistente, y por configurar un sometimiento gravemente ultrajante por su duración en el tiempo (v. fs. 43/47).
El señor defensor oficial adjunto ante aquella sede -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor del imputado S. (v. fs. 57/61 vta.), el que fue declarado inadmisible por el órgano inferior merced a la resolución que luce a fs. 62/64 vta., lo que motivó la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 133/135 vta.). Por decisión de esta Corte del 13 de junio de 2018, se admitió la misma y se concedió el carril extraordinario impetrado (v. fs. 136/138 vta.).
Por otra parte, la señora defensora oficial adjunta ante el órgano casatorio -doctora Ana Julia Biasotti- articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley a favor de la encausada C. (v. fs. 85/89 vta.), la que fue admitida por el tribunal intermedio a fs. 90/93.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 147/149 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 150 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de A. H. S.?
2ª) Lo es el deducido por la doctora Ana Julia Biasotti a favor de N. G. C.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa oficial del imputado S. se agravió de la construcción arbitraria -según dijo- realizada por el a quo en orden al monto de la pena impuesto (v. fs. 58 vta.).
Recordó que en el remedio casatorio había solicitado la reducción de la cuantía, pues al no haberse valorado agravantes, la sanción se apartaba injustificadamente del mínimo legal de la escala penal. Y que por ello se violaron los principios de proporcionalidad, razonabilidad y culpabilidad, así como el derecho de defensa y el debido proceso (v. fs. 58 vta. y 59).
Entendió que la pena de doce años aplicada a su asistido superaba con creces el mínimo legal correspondiente al delito imputado, sin haberse computado ninguna agravante en su perjuicio, a la par que se incluyeron diversas circunstancias atenuantes. "En esos términos, la pena impuesta resulta, a todas luces, excesiva y violatoria de los principios ut supra mencionados, más aún cuando, con una apreciación de pautas de mensura mucho más severa, el fiscal interviniente requirió aquel mismo monto de sanción" (fs. 59 vta.).
Sostuvo que en autos, homologar la pena fijada a S. -un sujeto sin antecedentes penales y con una significativa reducción de su ámbito de autodeterminación a causa de la personalidad psicopática de la que es portador, tal como lo registrara el fallo de origen- no sólo afectaba el principio de culpabilidad y reprochabilidad por el hecho cometido, sino que también transgredía el principio de proporcionalidad de la pena. Agregó que la discrecionalidad con la que contaban los magistrados al imponer el monto de pena no podía ser confundida con arbitrariedad frente al orden jurídico (v. fs. 60).
Consideró que por el monto de pena impuesto y en virtud del delito por el que fuera condenado su asistido, se aplicó en el caso el "derecho penal del enemigo".
Finalizó diciendo que, si bien la sanción impuesta a S. se encontraba dentro de la escala penal legalmente contemplada, no menos cierto era que siendo la misma tan elevada y no correspondiéndose con la culpabilidad de su defendido por el hecho reprochado, se pretendía neutralizar al encartado por el tiempo que durara la pena (v. fs. 60 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó no hacer lugar al recurso intentado (v. fs. 147/149 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado: la vía interpuesta no prospera.
IV. El Tribunal de Casación, para desestimar el mismo agravio, sostuvo que "El discurso crítico del impugnante no logra demostrar que en dicha decisión del sentenciante se encuentre presente el vicio achacado, como tampoco, arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas en el proceso de dosimetría de la pena, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva, o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, y habilitando de tal manera su control ante esta instancia" (fs. 44 vta.).
Indicó que la pena impuesta al encartado se encontraba dentro de la especie y escala legal del delito por el que se lo condenó y no mejoraba la suerte del recurso con el tardío reclamo que efectuaba el impugnante en punto al buen concepto de S., extremo que -según sostuvo- debía presumirse en su favor para disminuir la pena (v. fs. 45). Sin perjuicio de su extemporaneidad, agregó que no existía apoyo probatorio que lo pudiera tener por cierto, como así tampoco estaba dado el presupuesto fáctico de la regla que permitiera resolver la situación a favor del imputado por la duda (v. fs. 45 vta.).
Por otro lado, descartó como pauta diminuente "...la pretendida excesiva duración del proceso..." (fs. cit.), toda vez que no se explicaron los motivos en virtud de los cuales resultaría justo reducir la pena impuesta a consecuencia de esa situación, dado que es una circunstancia posterior y ajena al hecho ilícito y que la pena debe responder a su disvalor objetivo y al grado de culpabilidad.
En el mismo sentido, se expidió en torno a la "precariedad de vida" como atenuante de la sanción, pues "...tan hermética referencia -huérfana de otros desarrollos- no permite derivar, derechamente, en que la modesta situación económica -y las privaciones que de ella derivan- se proyecten en la conducta ilícita asumida por los acusados, en tanto no es consecuencia necesaria ni automática que aquello derive en la adopción de conductas delictivas, particularmente cuando las juzgadas en nada se vinculan con acciones de contenido patrimonial o con ánimo de lucro" (fs. 46), valoración en la cual el a quo incluyó el dato de que la niña víctima padecía de similares privaciones.
Finalmente, señaló que el tribunal a quo había evaluado los extremos relevantes para la determinación judicial de la pena de conformidad con lo dispuesto por la normativa legal, recordando que lo que se fulminaba de nulidad era la ausencia de fundamentación y no la circunstancia de que el pronunciamiento pudo ser más explícito en cuanto al tratamiento de cada circunstancia agravante o atenuante en particular (v. fs. 46 vta.).
Concluyó que "...los jueces han fundado suficientemente el fallo en orden a la fijación del monto de la pena de prisión impuesta fijando una sanción que no luce desentendida de la magnitud de los hechos enjuiciados ni las circunstancias atenuantes y agravantes que, en conjunto, confluyeron para establecer la cuantía sancionatoria. Que respecto de la libertad de los magistrados en la fijación del monto de la pena, es mi parecer que el deber de los magistrados, cualesquiera fueren las peticiones de la acusación y la defensa o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, deber que encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del juicio. Que en base a esa subordinación legal de los hechos y a las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, son los jueces quienes deben determinar la especie, la modalidad de aplicación y el monto de la pena a aplicar, sin otra limitación que su razonabilidad y las escalas fijadas por el Código Penal" (fs. 46 vta. y 47). Concluyó, por ello, que no hubo infracción alguna en la aplicación de la pena pedida por la acusación, a pesar de haberse desestimado las agravantes que postuló la fiscalía.
V. En virtud de lo reseñado supra, se advierte que el embate traído se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, lo que no puede prosperar tomando como premisa que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Nuestro Código Penal no prevé una pauta legal determinada respecto de cómo el juez debe ingresar a la escala penal para efectuar la dosimetría (conf. causa P 106.963, sent. de 16-V-2012).
En consecuencia, sus desarrollos no cuestionan debidamente los argumentos que -con pie en la insuficiencia recursiva- llevaron al Tribunal de Casación a rechazar la pretensión defensista, traduciéndose en una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el juzgador (art. 495, CPP). Y como es sabido, el disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
Tiene dicho esta Corte que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 126.319, sent. de 23-XI-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 126.901, sent. de 27-XII-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 125.831, sent. de 10-VIII-2018; e.o.).
Aunque la defensa denuncia la afectación del principio de culpabilidad, efectuando "...un balance entre el hecho reprochado y la pena impuesta..." (fs. 61), no traduce tal afirmación general en una referencia concreta a la materialidad ilícita acreditada en estos autos ni a la escala penal aplicable, para intentar demostrar la desproporción que alegó (v. fs. 60/61).
Además, la tacha de arbitrariedad dirigida contra este tramo del pronunciamiento -del modo en que ha sido traída- no fue articulada con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar lo requerido.
Es sabido que la doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquél cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por la vía del caso excepcional de arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren abastecidos en la especie.
Es que, la sentencia impugnada cuenta con fundamentación suficiente para ponerla a salvo de la tacha intentada, pues, en todo caso, la discrepancia se traduciría, en la incidencia que las pautas agravantes y atenuantes valoradas por el a quo debió tener en la determinación de la sanción, asunto que, por vincularse con el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas involucra -de acuerdo al criterio expuesto sobre el punto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas, por regla, al ámbito de la apelación federal extraordinaria (CSJN Fallos: 237:423; 304:1626; 306:1669; 315:807 y 1699; e.o.).
En consecuencia, y conforme lo resuelto, tampoco se evidencia la transgresión a los principios de raigambre constitucional que el señor defensor oficial alegó vulnerados.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora defensora oficial ante la sede casatoria, doctora Ana Julia Biasotti, articuló el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 85/89 vta.).
En los mismos términos que lo hizo el doctor Blanco respecto del imputado S., tachó de arbitraria la sentencia del tribunal revisor en lo que hace a la construcción del monto de la pena (v. fs. 86 vta.).
Señaló que se impuso a la encartada C. una pena de ocho años y un mes de prisión "...que supera el mínimo legal correspondiente al delito imputado, sin haberse computado en el fallo ninguna agravante en su perjuicio a la par que se incluyeron diversas circunstancias atenuantes..." (fs. 87 vta.). En esos términos, consideró que la pena impuesta era excesiva y violatoria de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y culpabilidad, debido proceso y defensa en juicio.
Sostuvo que homologar la pena fijada a C. -una persona limitada, de buen concepto y sin antecedentes penales, tal como lo establecía el fallo de la instancia- afectaba los principios constitucionales antes mencionados (v. fs. 88).
Por último, alegó que, si bien la sanción aplicada se hallaba dentro de la escala legal contemplada para el delito enrostrado, la circunstancia de haberse excedido del mínimo legal hacía que no se correspondiera con la culpabilidad de su defendida por el hecho cometido (v. fs. 88 vta.).
II. Al igual que el señor Procurador General estimo que la vía deducida debe ser rechazada.
III. El a quo argumentó que la sanción impuesta a la encartada C. fue fijada en "...el mínimo legal previsto para la participación necesaria en el delito que se le achaca en el fallo..." (fs. 44 vta.), por lo que afirmó que "...las consideraciones críticas del recurrente -en aquello que a la imputada refieren- resultan carentes de interés actual por no poder tener mayor incidencia diminuente en una sanción que es la menor que puede aplicarse legalmente" (fs. cit.).
Sin perjuicio de que, en rigor, la pena fijada a C. no fue estrictamente el mínimo legal de ocho años contemplado para el ilícito que se le atribuyó, pues se individualizó en ocho años y un mes de prisión, la defensa no se hizo cargo de esta respuesta del Tribunal de Casación, tal como lo puntualiza el dictamen de la Procuración General (v. fs. 149).
De cualquier modo, el recurso extraordinario interpuesto a favor de la acusada fue admitido únicamente para el tratamiento de los agravios federales formulados y, justamente, en la medida en que la impuesta supera en un mes al mínimo legal, frente a un máximo que llega a los veinte años, la parte no demuestra que ese plus importe la afectación de los principios constitucionales que invoca ni que configure un caso de arbitrariedad (art. 495, CPP).
En estas condiciones, los argumentos generales -similares a los formulados por la defensa de S.- sin ninguna referencia concreta a la situación de C. (privada de su libertad en forma domiciliaria desde el año 2013, según fs. 18), resultan inidóneos para la finalidad perseguida por la recurrente (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de A. H. S., con costas (art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la señora defensora oficial adjunta ante el citado Tribunal a favor de N. G. C., con costas (art. 496 cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia