Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128308 RC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia recurrida de fs. 44/46 vta. y, en consecuencia, se reenvían los autos al Tribunal intermedio a los efectos de que -debidamente integrado y previa garantía del contradictorio- se decida el punto vinculado con la declaración de reincidencia cuestionada (arts. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.308-RC, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 75.249 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de abril de 2016, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa de Waldo Javier Benítez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, que -mediante procedimiento de juicio abreviado e integración unipersonal- lo había condenado a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por considerarlo autor responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido mediante el empleo de un arma de fuego. En consecuencia, casó el fallo y dejó sin efecto la declaración de reincidente del nombrado, manteniendo intactas el resto de las manifestaciones contenidas en aquel, sin costas en esa sede (v. fs. 44/46 vta.).
El señor fiscal ante dicho órgano intermedio dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 55/60), el que fue concedido por el órgano recurrido (v. fs. 61/64 vta.).
El señor Subprocurador General aconsejó su procedencia (v. fs. 80/84 vta.). Dictada la providencia de autos (v. fs. 85), y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor fiscal denuncia arbitrariedad de la sentencia por fundamentación aparente y vulneración de la supremacía constitucional (art. 31 en relación con el 75 inc. 12, Cód. Penal [ rectius Const. nac.]) al vaciar de contenido el art. 50 del Código Penal por aplicación de una norma procesal de carácter local (v. fs. 56).
Luego de relatar los antecedentes del caso, señala que "...la declaración oficiosa de la reincidencia no conlleva ningún agravio atendible, desde que dicho instituto constituye un 'estado' que se configura de pleno derecho a partir de la verificación de los extremos legales previstos en el art. 50 del Código de fondo, y sus efectos jurídicos no dependen de la existencia previa de un pronunciamiento formal que la declare" (fs. 57 vta.).
Sostiene que el razonamiento del tribunal intermedio contiene un fundamento sólo aparente, por cuanto infiere que la declaración de reincidencia por fuera del pacto abreviado arribado por las partes constituye "...un agravamiento de las condiciones" para el encausado, cuando -alega- la declaración no produce al imputado ningún agravio actual.
Destaca que tampoco se ha fundado cuál sería la afectación específica del contradictorio que daría sustento a la manifestación de invalidez de la declaración de reincidencia, dado que no se señalaron las facultades concretas que se habría privado de ejercer la defensa, ya que nada ha cuestionado sobre los extremos que el tribunal tuvo por configurados para declararla (v. fs. 58).
Asevera que una vez verificados los presupuestos legales, la declaración de reincidencia instituye "...un deber para los jueces impuesto por el Código Penal (art. 50), no resultando materia susceptible de ser pactada por las partes en el marco de un juicio abreviado, toda vez que no puede subordinarse la operatividad de la ley sustantiva a su mera voluntad" (fs. cit.).
Expresa que el instituto en estudio "...constituye un estado cuyos efectos jurídicos no dependen de la existencia previa de un pronunciamiento formal que los declare" (fs. cit.) y que no es una materia disponible por las partes, "...no constituye una de las denominadas 'cuestiones penales' pasibles de ser convenidas entre Fiscal, imputado y Defensor", por lo que su declaración no violenta las disposiciones relativas al procedimiento abreviado (v. fs. 58 vta.).
Concluye que, en el caso, los jueces fundaron materialmente la declaración de reincidencia en constancias de la causa (v. fs. 385) que las partes conocieron en todo momento "...de manera que tampoco podría suponerse que haya mediado algún tipo de sorpresa probatorias pues -al pactar el juicio abreviado- las partes autorizaron la merituación de ese tipo de constancias en el marco de la previsión expresa del art. 399 del ritual" (fs. 58 vta.).
Subsidiariamente deja planteado el caso federal para acudir a la vía prevista por el art. 14 de la ley 48, señalando que la norma del art. 50 del Código Penal fue dictada por el Congreso nacional en uso de sus facultades y que la sentencia en crisis vulnera el principio de supremacía constitucional, pues mediante una norma procesal se vacía de contenido a una norma federal.
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General, pues estimo que el recurso es procedente.
III.1. El órgano de la instancia mediante procedimiento abreviado, en lo que aquí interesa, declaró la reincidencia de Waldo Javier Benítez con relación a la condena cumplida, recaída en la causa n° 3885-0486 de ese mismo tribunal mediante sentencia del 29 de julio de 2005, de ocho años de prisión y costas por resultar autor del delito de homicidio simple, pena que venció el 1 de mayo de 2012, habiéndose otorgado la libertad asistida con fecha 15 de abril de 2009. Explicó que al no haber transcurrido los plazos previstos por el art. 50 in fine del Código Penal, correspondía la declaración de reincidencia, teniendo en consideración que los hechos de la presente causa ocurrieron el 2 de diciembre de 2013.
Alegó que la reincidencia no resulta una materia pactable en el marco del juicio abreviado y citó en apoyo de su postura diversos precedentes del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 18 y vta.).
III.2. Por su parte el tribunal intermedio casó el fallo y dejó sin efecto la declaración de reincidencia.
Para así decidir consideró que se "...excedió el marco del acuerdo de juicio abreviado [...] firmado por el inculpado" (fs. 45).
Precisó que la declaración de reincidencia "...viene a constituir un nuevo 'estado' [...] requiere que el pronunciamiento jurisdiccional que lo constituya esté precedido de una sustanciación que asegure el contradictorio" (fs. 47 vta.).
Entendió que, homologado el acuerdo de juicio abreviado y dictada la sentencia condenatoria fuera de los parámetros acordados, "...el agravamiento de las condiciones bajo las cuales el acusado debe cumplir la ejecución de la pena a partir de la declaración de reincidente, resulta un cambio brusco en su situación, por lo que [...] debió haber sido objeto de valoración previo a prestar la conformidad requerida por el procedimiento que prevé la regla del art. 395 y ss. del Código Procesal Penal" (fs. cit.).
IV. Cabe recordar que el art. 399 del Código Procesal Penal establece: "Admisión. Sentencia. La sentencia deberá ser dictada en el plazo de cinco (5) días y se fundará en las evidencias recibidas antes de presentado el acuerdo. No se podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal. Tampoco se podrá modificar en perjuicio del imputado el modo de ejecución de la misma, acordado por las partes, ni incluir otras reglas de conducta o consecuencias penales no convenidas. Se podrá absolver al imputado cuando así correspondiera. Regirán en lo pertinente las reglas de la sentencia".
De la reseña efectuada en los párrafos precedentes se advierte, como lo señala la Procuración, que para el órgano revisor la declaración de reincidencia por fuera del acuerdo de juicio abreviado implicó un perjuicio para el imputado en el modo de ejecución de la sanción, por lo que debió haber estado precedido de una sustanciación que asegure el contradictorio. Es decir, percibe una supuesta afectación al principio de bilateralidad -derivado de las garantías de la defensa en juicio y debido proceso- que no se corresponde con las constancias de la causa.
Del conjunto normativo que regula dicho instituto se desprende que lo acordado entre el fiscal, el imputado y su defensor es el trámite abreviado (art. 396, CPP), por el cual las partes prescinden del juicio oral y público y aceptan que la sentencia se pronuncie con fundamento "en las evidencias recibidas antes de presentado el acuerdo" (art. 399, CPP).
La conformidad extendida por estos últimos en esos términos a la pena pedida por el fiscal y al encuadramiento legal (art. 396, cit.), entraña en dicho régimen un límite más acentuado al poder jurisdiccional, ya que el sentenciante no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el fiscal, ni modificar en perjuicio del imputado el modo de ejecución de la pena acordado por las partes, ni incluir otras reglas de conducta o consecuencias penales no convenidas (art. 399, cit.). Si el órgano judicial competente tuviere "...una discrepancia insalvable con la calificación legal aplicada en el acuerdo", podrá desestimar la solicitud de juicio abreviado (art. 398). Por lo demás, absolverá al imputado, cuando así correspondiera (art. 399, cit.).
En opinión de la Casación, ante la ausencia de referencia a la declaración de reincidencia en el acuerdo firmado, si el juez la consideraba viable, por la existencia comprobada de las exigencias previstas en el art. 50 del Código Penal y previo a dictar sentencia, debería haber corrido una nueva vista a las partes o fijado una audiencia con presencia de ambas, para garantizar el principio del contradictorio y permitir que se expidan sobre la concurrencia de los extremos fácticos que habilitan una declaración de ese tenor.
No obstante, el a quo no resolvió la anulación parcial del fallo con reenvío a la instancia de origen para que subsanara la supuesta violación al contradictorio, sino que dejó sin efecto la declaración de reincidencia.
De tal modo, ha otorgado sólo un fundamento aparente a la decisión, incurriendo en déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria como lo denunció la fiscalía (art. 18, Const. nac.).
Las premisas del razonamiento desarrollado por el tribunal recurrido no coinciden con la decisión adoptada, circunstancias que descalifican el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
La doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto el resguardo de la garantía del debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa y ello no se advierte del pronunciamiento recurrido.
V. Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso deducido por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación, casar la sentencia recurrida y reenviar los autos a efectos de que -previa garantía del contradictorio- se decida el punto en cuestión (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se casa la sentencia recurrida de fs. 44/46 vta. y, en consecuencia, se reenvían los autos al Tribunal intermedio a los efectos de que -debidamente integrado y previa garantía del contradictorio- se decida el punto vinculado con la declaración de reincidencia cuestionada (arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia