Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.029-RC, "C., L. G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa 81.448 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de junio de 2017, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial a favor de L. G. C. contra la sentencia unificatoria del Juzgado de Garantías n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que impuso al nombrado la pena única de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta en la presente causa por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil -IPP 07-02-002311-13 dictada en el marco de un juicio abreviado-, y de la pena única de tres años de prisión de -ejecución condicional- que fuera aplicada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental, comprensiva de las condenas dictadas en las causas 41.124/1, 21.989/1 y 34.712/1 por el mencionado Juzgado (v. fs. 84/90 vta., con relación a fs. 49/51 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 93/100), el que fue declarado admisible a fs. 111/113 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 121/124 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 125) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor defensor oficial sostiene que la sentencia es arbitraria por vulnerar el principio de protección del interés superior del niño y el derecho a la intimidad (arts. 3 y 40, CIDN), como también doctrina de esta Suprema Corte (conf. causa P. 114.153, "Q", sent. de 4-V-2016; v. fs. 94 vta. y 95).
Luego de reseñar los fundamentos brindados por la casación mediante el voto que hiciera la mayoría (v. fs. 95 y vta.), afirma que la decisión del Tribunal revisor al mantener la unificación de penas que fueron impuestas en fueros penales diferentes, desconoce los principios señalados y vulnera el citado precedente según el cual esta Corte "...resolvió dejar sin efecto la decisión de la [...] Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal [...] confirmatoria del fallo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 en cuanto resolvió comunicar al Registro Nacional de Reincidencia el auto de responsabilidad de dos jóvenes" (fs. 95/96).
Alega que el fallo resulta violatorio de los derechos protegidos por la Convención de los Derechos del Niño, especialmente del de protección del interés superior de aquél, de su derecho a la intimidad y a su no estigmatización (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 3, 37 y 40, CIDN; v. fs. 96 vta.).
Agrega que la prohibición constitucional de informar al Registro Nacional de Reincidencia, conforme el citado precedente de esta Corte, impide que dicha información inconstitucionalmente adquirida, sea utilizada con posterioridad para unificar las penas o condenas dictadas por el fuero minoril con una de adultos (v. fs. cit.).
Cita el párrafo vigésimo séptimo de la Observación 10-2007 del Comité de los Derechos del Niño y lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas P. 87.792 y la citada P. 114.153 (v. fs. 97 vta. y 98).
Añade que la decisión que se adopta en el fuero de menores tiene carácter tuitivo, mientras que en el proceso de mayores la imposición de pena constituye una respuesta estatal a la comisión de un delito (v. fs. 98 vta.).
Refiere que "...la inmadurez emocional o afectiva de un joven [...], conduce a sostener la distinta naturaleza de las 'sanciones' previstas en uno y otro régimen, lo que impide la unificación de las mismas, dado que la solución contraria [...] atenta contra sus respectivas finalidades" (fs. 99 vta.).
II. El recurso fue concedido por la Sala interviniente del Tribunal intermedio a fin de abordar la alegada colisión entre una normativa de orden local (art. 58, Cód. Penal) con otra de carácter internacional (Reglas de Beijing), lo cual habilitaba -a su juicio- el medio revisor en examen a la luz de la doctrina sentada por la Corte federal a partir de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 111/113 vta.).
III. El señor Procurador General aconseja el rechazo del recurso en trato (v. fs. 121/124 vta.). Coincido con él.
IV.1. Ante el Tribunal de Casación Penal la defensa de L. G. C. formuló dos agravios; cuestionó la unificación realizada por distintos fueros y de distinta naturaleza, y agregó que, en todo caso, dicha unificación debió ser realizada por el Tribunal del Fuero minoril, citó un fallo del Tribunal de Casación según el cual "...de unificarse las condenas impuestas en ambos fueros, parte de la sanción única final que se resuelva resultará constitucionalmente improcedente, en virtud de la imposibilidad manifiesta de que dicho pronunciamiento único satisfaga los fines establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, parte integrante de nuestra carta magna (C.N., 1, 14, 16, 18 y 75 inc. 22 y 23, CIDN, 1, 3, 4, 37 y 40 incs. 1, 3, 4)..."; en el segundo señaló que aun aceptando la posibilidad de que el juez de adultos pudiera dictar pena única, la misma no debió pronunciarse porque una de las condenas se encontraba cumplida al momento del fallo. Todo ello, acarreó la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, con transgresión a la garantía del juez natural y el debido proceso legal (v. fs. 63/74 vta.).
IV.2. El Tribunal intermedio resolvió -por mayoría- que "...la naturaleza de la punición impuesta en el fuero minoril -la cual en definitiva es una pena-, no resulta impedimento alguno para que el Tribunal ' a quo ' proceda a la unificación de dicha sanción con la recaída en el ámbito de los mayores de edad", pues "...el condenado C., al tiempo de cometer el delito por el cual fue sentenciando por el Juzgado de Garantías n° [10] del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ya se encontraba condenado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del mismo departamento Judicial a una pena que fue impuesta bajo la modalidad de ejecución condicional" (fs. 87 vta.).
Sostuvo que "...no existe impedimento para unificar, conforme las previsiones del art. 58 del Código Penal, una condena dictada por el fuero minoril y la otra por el de mayores, siendo que la única limitación que se reconoce se relaciona con el instituto de la reincidencia de jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a lo normado en el art. 5 de la Ley n° 22.278, que claramente prescribe: 'las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos, cometidos antes de cumplir los 18 años de edad', lo cual está fuera de discusión en el caso aquí analizado", y que hay que reparar que "...el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil [...] ha desaparecido, dado que el condenado ya no es más un menor de edad, sino un adulto, pasando de la infancia a la adultez con todas las consecuencias que ello implica", con lo cual "...resulta un contrasentido reclamar para un adulto la aplicación de preceptos que están reservados a los menores de edad tales como los referidos al fin de la pena. En efecto, la CIDN establece los principios fundamentales para el sistema penal de menores en los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño..." (fs. 87 vta. y 88).
Explicó que, si bien varios de los postulados allí establecidos son coincidentes con las características que reviste el proceso penal de mayores, la diferenciación se da a partir del punto 4 del mismo artículo, el que transcribe, y en el mismo sentido menciona los arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5 y 17; así como 68 a 85 de la ley 13.634, vinculadas con la resocialización y recuperación del joven (v. fs. 88 y vta.).
Refirió que "...siendo que la condición de mayor edad del aquí condenado torna abstractas muchas de las declaraciones reservadas a los menores de edad" y "...no encuentr[a] óbice para unificar una sentencia o pena dictada por el fuero minoril con una dictada por un órgano jurisdiccional de adultos" (fs. 89).
Concluyó que la unificación de penas o condenas "...es un imperativo legal que surge de la manda contenida en el art. 58 del Código Penal y que tiene por finalidad hacer cumplir con el principio de injerencia penal única del Estado, por intermedio de la aplicación de una única condena (principio de unidad de la reacción penal o de pena [ ] total)..." (fs. 89).
IV.3.a. Frente a lo así decidido, el recurrente se desentiende absolutamente de los argumentos brindados por el a quo para desestimar el planteo, limitándose a exponer una opinión discrepante en orden a la viabilidad de la unificación de penas establecida en el art. 58 del Código Penal con sustento en la prohibición constitucional de informar y de emplear en el fuero de adultos información proveniente del fuero especial de menores, todo lo cual a su juicio se erigió en un pronunciamiento arbitrario y violatorio de los principios que rigen el Proceso Penal Juvenil (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, el Tribunal intermedio apoya su criterio en lo dispuesto en el art. 58 del Código fondal según el cual no existe impedimento para unificar una condena dictada en el fuero minoril y la otra en el de mayores, y que resulta aplicable el principio de unidad de la reacción penal o de pena total. Asimismo, señala que la única limitación posible es la relacionada con el instituto de la reincidencia de jóvenes en conflicto con la ley penal, supuesto que -según dijo- en el caso se hallaba fuera de discusión.
Como se adelantó el recurrente se desentiende de dichos argumentos brindados por el a quo , sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas ni la arbitrariedad invocada. Media pues insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
IV.3.b. Cabe agregar que los argumentos del recurrente en torno a la vulneración de doctrina de esta Corte conforme los precedentes que cita (causas P. 87.792 y P. 114.153), no fue llevado como una petición ante el Tribunal intermedio en el recurso casatorio a fin de fundar por qué no correspondía en el caso unificarse las penas de mayores con la de menores (v. fs. 63/74 vta., recurso de casación), de modo tal que la pretensión es tardía (doctr. art. 451, CPP).
En efecto, en aquella oportunidad procesal, la defensa de L. G. C. -tal y como se reseñó en el apartado IV.1. de la presente- cuestionó la unificación realizada por distintos fueros y que -en todo caso- debió ser efectuada por el de menores; en segundo lugar, señaló la imposibilidad de dicha unificación porque una de las condenas se encontraba cumplida al momento del fallo, y todo ello acarreó la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal y la transgresión a la garantía del juez natural y el debido proceso legal.
En definitiva, nada dijo sobre los precedentes que ahora cita, y esa circunstancia impide que luego sea sometido a consideración de este Tribunal.
Por todo lo dicho voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia