Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 124630
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se deja sin efecto parcialmente el pronunciamiento examinado (doctr. art. 496 y concs., CPP). Se remiten los autos al tribunal de origen para que, con jueces habilitados, se pronuncie sobre el fondo de la apelación deducida por el recurrente en cuanto atañe a la petición de unificación de condenas.
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 124.630, "Cristaldo, José Omar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa 59.253 del Tribunal de Casación Penal -Sala II-".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el día 25 de marzo de 2014, rechazó -con costas- el recurso de casación deducido por la defensa de José Omar Cristaldo contra la sentencia, dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, que condenó al nombrado a la pena única de siete años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, comprensiva de la dictada en la causa 2.405 a la pena de seis años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas y declaración de reincidencia como coautor y autor penalmente responsable, respectivamente, de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cometido con la intervención de un menor de dieciocho años de edad en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, en concurso real, y comprensiva de la condena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, costas y declaración de reincidencia, que como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro le fuera impuesta por el Juzgado Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes (causa 777/08-474; v. fs. 36/39 vta.).
Frente a ello, el señor defensor oficial del Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 52/59).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 73/75 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 76) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, violación a la doctrina legal vigente de esta Corte fijada en la causa P. 117.966 y tachó la sentencia impugnada de arbitraria, al haberse denegado la unificación de las condenas recaídas en las causas 4.375 dictada por la entonces Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Morón y en la 3.160/988 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Quilmes, tal como fuera solicitado por la defensa (v. fs. 52/59).
Destacó que el art. 58 citado establece dos hipótesis diferentes: unificación de condenas y unificación de penas. La primera se da cuando: a) después de una condena pronunciada por sentencia firme se debe juzgar a la misma persona que está cumpliendo pena, por otro hecho cometido antes de que la condena anterior quede firme; b) se han dictado dos o más sentencias firmes en violación de las reglas del concurso real. En tales hipótesis debe dictarse una única condena, aplicando correctamente las reglas dispuestas por el art. 55 del Código Penal (v. fs. 55 y vta.).
En cambio, sostuvo, la unificación de penas procede en los casos en que una persona que se encuentra cumpliendo pena impuesta por sentencia firme comete un nuevo delito por el cual debe ser juzgado. En tal hipótesis debe establecerse una pena total, sumado el tiempo de pena que le resta cumplir por la primera condena más la totalidad de la pena impuesta por la segunda condena (v. fs. 55 vta.).
Afirmó que el presente se trata de un caso de unificación de condenas firmes dictadas en violación de las normas del concurso real. Ello es así, pues al momento de resolver la causa 2.405 debió dictarse una condena única que abarque la dictada en los autos 4.375, 3.160 y 777 conforme las reglas del art. 55 del Código Penal.
Y que confunde el tribunal intermedio el instituto de unificación de condenas con el de unificación de penas, al rechazar la unificación pretendida alegando la ausencia de un requisito necesario para su procedencia. Esto es, que "...la pena impuesta en la primera condena haya sido considerada agotada o no-, que no reviste relevancia alguna al momento de definir la unificación de condenas, puesto que el instituto sólo exige que la primera condena no se encuentre firme al momento de cometer los hechos que derivaron en la segunda condena" (fs. 56 vta.).
Con transcripción del fallo de esta Corte causa P. 117.966, reiteró que "...[l]a aplicación de ese precepto no requiere que el encausado esté cumpliendo pena, ni interesa a los fines que se persiguen, que la misma se encuentre extinguida o compurgada" (fs. 57 vta.).
Concluyó así que la sentencia recurrida es arbitraria al aplicar erróneamente el art. 58 del Código Penal y apartarse infundadamente de la doctrina de este Tribunal, al rechazar la unificación de cuatro condenas, basándose que dos de ellas estaban extinguidas cuando procedía la unificación de todas, en violación a las reglas del concurso y por afectar las garantías de la defensa en juicio, debido proceso y legalidad al realizar una errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 11 y 25, Const. prov.; v. fs. 58 y vta.).
II. El Tribunal de Casación estimó correcta la decisión del Tribunal Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón de rechazar el pedido de la defensa, al considerar que "... las penas impuestas en las mencionadas causas 4375 y 3160/2003 se extinguieron con anterioridad a la comisión del hecho que suscitó la formación de la causa n° 777/08-474 del Juzgado Correccional n° 4 del Departamento Judicial Mercedes, por lo que mal puede sostenerse la violación del art. 58 del Código Penal". "En tal sentido, nótese que la pena impuesta en la causa n° 4375 [...] venció el 17/03/02 y la pena impuesta causa n° 3160/2003 [...] se extinguió con fecha 01/06/04, mientras que el hecho de la causa n° 777/08-474 [...] fue cometido con fecha 19/11/07." (fs. 38 y vta.).
Concluyó entonces que no se trata del supuesto del art. 58 del Código Penal que alude al caso de la violación de las reglas del concurso, pues tanto las penas de las sentencias de las causas 4.375 y 3.160/2003 carecían de vigencia al momento de ocurrencia del hecho de la causa 777/08-474, como tampoco es el caso en que se deba juzgar a otro hecho distinto a la persona que está cumpliendo pena, por lo que carece de sentido la unificación que pretende la defensa (v. fs. 38 vta.).
III. El señor Procurador General aconsejó el acogimiento parcial de la queja (v. fs. 73/75 vta.).
IV.1. En coincidencia con ese dictamen, el recurso es parcialmente procedente, y sus fundamentos deben darse en lo sustancial por reproducidos en honor a la brevedad.
IV.2. Sólo diré en el acotado marco en que fue habilitada la vía -ver fs. 69/71- que son conocidas las dificultades interpretativas y de aplicación concreta que genera el art. 58 del Código Penal, por lo que tratándose de un pedido de unificación de sentencias, en su variante de unificación de condenas, la parte interesada debe hacer evidente el interés con argumentos fácticos y jurídicos que sustenten su posición. Pues del hecho de que se han dictado dos sentencias firmes en violación de las reglas del concurso real (arts. 55 a 57, Cód. Penal), no se deriva automáticamente su unificación, si no media pedido de parte que debidamente lo justifique (conf. causa P. 123.926, sent. de 10-V-2017).
En el caso de autos, el encartado y su defensa oficial solicitaron la aplicación del art. 58 del Código Penal en relación con las condenas firmes de dieciocho años de prisión (causa 4.375, registro del ex Juzgado Criminal y Correccional n° 7 del Departamento Judicial de Morón), de siete años de prisión (causa 3.160/2003, dictada por el Tribunal Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes), de un año de prisión de efectivo cumplimiento (causa 777/08-474, registro del Juzgado Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes) y la pena de 6 años y seis meses de prisión (causa 2.405, registro del Tribunal n° 5 del Departamento Judicial de Morón), recaídas contra el imputado, petición que este último Tribunal propició que quede condenado en definitiva a la pena única de siete años y tres meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la impuesta por sentencia firme de 21-III-2009 en la causa 777/08-474 y de la dictada el 18-XI-2010 en la causa 2.405, denegando la unificación de las restantes condenas (v. fs. 2/11 y 36/39 vta.).
De un lado tramitó la causa 4.375 seguida a Cristaldo por los delitos de dos privaciones ilegales de libertad, dos robos agravados por el uso de armas y tres violaciones agravadas, por el concurso premeditado de tres personas, todos en concurso real , que permaneció detenido desde el día 7 de junio de 1985 hasta el 29 de abril de 1998 que recuperó su libertad en términos de libertad condicional, quedando firme la sentencia el día 25 de agosto de 1988 y su vencimiento operó el 17 de marzo de 2002; y ya firme ésta tramitó la causa 3.160/988, seguida a Cristaldo por los delitos de robo calificado por el empleo de armas y resistencia a la autoridad -todos en concurso real-, cometidos el día 2 de junio de 2000, que habría extinguido el 1 de junio de 2004, y la Sala I del Tribunal de Casación, con fecha 3 de agosto de 2010, declaró la prescripción en el delito de resistencia a la autoridad y en el mismo año adquirió firmeza. Luego, la causa 777/08-474 en la que se lo condenó por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, cometido el día 19 de diciembre de 2007, detenido en la misma fecha. Sentencia que no había adquirido firmeza cuando el día 16 de junio de 2009 fue privado nuevamente de la libertad, esta vez en la causa 2.405 donde se lo encontró culpable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cometido con la intervención de un menor de dieciocho años de edad en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real entre sí, acaecidos el 16 de junio de 2009.
De estos trámites resultó que el hecho de la tercera causa (777/08) fue cometido antes de que existiera sentencia condenatoria firme por el segundo de los hechos (causa 3.160). No hay discusión, entonces, respecto a que entre los delitos objeto de ambas condenas haya mediado situación de concurso ni en cuanto a que la unificación fue solicitada por la defensa.
Ahora bien, como señalan las instancias anteriores y el dictamen del Procurador General, cuando se expiden en que no le asiste razón al recurrente en cuanto estima que la primera de las condenas (causa 4.375) también deba ser unificada con las restantes pues, en la mencionada causa, Cristaldo fue condenado a la pena de dieciocho años de prisión por un hecho cometido en el año 1985 y la sentencia quedó firme -el día 25 de agosto de 1988- antes que cometiere los hechos en que fuera juzgado en la causa 3.160; dicho temperamento debe convalidarse (conf. dictamen, fs. 75 cit.).
IV.3. Así, entiendo que corresponde casar parcialmente la sentencia atacada con reenvío a la instancia precedente en tanto resultaba posible desde el andarivel adjetivo ingresar en la consideración de la virtualidad del proceso de unificación, entre las condenas impuestas en la causa 3.160 del Tribunal Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes y la pena única dictada entre las causas 777 del Juzgado en lo Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes y 2.405 del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón.
V. A mérito de lo dicho, es mi convicción que corresponde dejar sin efecto parcialmente el pronunciamiento examinado, devolviéndose la causa al tribunal a quo para que, con jueces habilitados, se pronuncie sobre el fondo de la apelación deducida por el recurrente en cuanto atañe a la petición de unificación de condenas.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se deja sin efecto parcialmente el pronunciamiento examinado (doctr. art. 496 y concs., CPP). Se remiten los autos al tribunal de origen para que, con jueces habilitados, se pronuncie sobre el fondo de la apelación deducida por el recurrente en cuanto atañe a la petición de unificación de condenas.
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia