Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130617
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.617, "Caballero, Daniela Gladys. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.259 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
El 21 de octubre de 2013, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con integración unipersonal, condenó a Daniel Gladys Caballero a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y multa de mil pesos, con costas, por considerarla autora responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (art. 14 párrafo primero, ley 23.737; v. fs. 334/339 del expediente principal); con la cual se conformó el señor fiscal, a tenor del alcance de la acusación final efectuada a fs. 331 vta./332 vta.
La defensa interpuso recurso ante el Tribunal de Casación, al que la Sala Quinta hizo lugar mediante el decisorio del 15 de octubre de 2015, casando el fallo y disponiendo el reenvío de la causa a la instancia de origen para que dictase un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, sin costas (v. fs. 1/7).
En cumplimiento de ello, el 22 de febrero de 2016, se pronunció el referido Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental, con nueva integración, dictando veredicto absolutorio respecto de la imputada por el hecho denunciado como acaecido el 30 de agosto de 2012, en razón de declarar la inconstitucionalidad del párrafo segundo del art. 14 de la ley 23.737, referida al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, figura a la cual consideró debía ceñirse el reproche contra la nombrada por aplicación del art. 1 del Código Procesal Penal (v. fs. 8/10 vta.).
Frente a esa decisión, el señor fiscal dedujo recurso de casación (v. fs. 14/17 vta., legajo n° 78.259), que fue acogido por el fallo emitido el 18 de mayo de 2017 por la aludida Sala Quinta de ese órgano revisor, anulando la sentencia absolutoria, en virtud de entender que la evaluación de la calificación legal imponía la realización de un nuevo juicio; de allí que ordenó el reenvío de la causa al tribunal de grado para que, con juez hábil y previo la celebración de un nuevo debate, se pronunciara de conformidad con lo allí dispuesto. Sin costas en esa sede (v. fs. 53/59 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 62/81 vta.), que el órgano recurrido concedió para el tratamiento de los agravios federales planteados (v. fs. 84/86 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 100/110 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 111) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Conforme surge de la resolución de admisibilidad del Tribunal de Casación Penal que obra a fs. 85/86 vta. de esas actuaciones, el recurso de la defensa fue concedido en función de lo sostenido por esta Corte respecto de situaciones similares a la que aquí se presenta, en que si bien "'...la decisión impugnada -en cuanto reenvía los autos a la instancia de origen para celebrar un nuevo debate- al no concluir la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del C.P.P., [...] es cierto -como alega el quejoso- que la Corte federal ha hecho excepción a tal regla en los casos en que el recurso se dirige a asegurar la vigencia del principio ne bis in idem , pues en ese aspecto la garantía en cuestión está destinada a gobernar decisiones previas al fallo final. De otro modo, el agravio a la garantía se habría consumado sin posibilidad de reparación ulterior (cfr. Fallos: 300:1273; Fallos: 312:597, cons. 4° -«Weissbrod»-; 314:377; 321:2826, cons. 9° del voto de la mayoría y cons. 5° del voto del juez Petracchi -«Polak»-; 330:2265, cons. 2° -«Kang, Yong Soo»- y sus citas) [...] a tenor del rendimiento de la garantía en cuestión, sólo respecto del agravio que conlleva la posibilidad de que l[a] imputad[a] se ve[a] sometid[a] al riesgo de un nuevo debate es que debe tenerse por cumplido el recaudo vinculado a la definitividad de la vía intentada...'" (fs. 85 vta. –el destacado figura en el original-; conf. causa P. 126.867, resol. de 11-VIII-2016).
Luego, a tenor del referido alcance en que resultó abierta la competencia extraordinaria de este Tribunal, sin controversia de la parte, no corresponde el tratamiento de la denuncia de arbitrariedad que involucra la supuesta afectación del principio de imparcialidad, las garantías de doble instancia y debido proceso legal, que el recurrente sustentó en la circunstancia de que la sentencia de reenvío impugnada hubiese precisado los alcances de la de igual tenor antes pronunciada, explicando ahora que el órgano de grado debía fallar la causa previo la realización de un nuevo juicio -no obstante haber expresado su coincidencia con los jueces de Casación en que "...mediando sentencia condenatoria el [...] reenvío necesariamente impone celebrar un nuevo debate, dado que el nuevo juez hábil debe obtener la prueba como fruto de la inmediación"-; criticando asimismo, con la invocación del fallo "Llerena" de la Corte federal , que la recusación planteada fuese desestimada con base en que la situación no encuadra en los supuestos contemplados en el art. 47 del Código Procesal Penal (v. fs. 74 vta./76).
II. En cuanto atañe al planteo fundado en el quebrantamiento de la garantía de ne bis in idem , la lesión a los principios de preclusión y progresividad y las garantías de inviolabilidad de la defensa en juicio, debido proceso y plazo razonable de duración del proceso, el señor defensor oficial acompaña sus desarrollos de la cita de los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1. y 8.4. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.7. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; 29, 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 76 vta.).
Recuerda que a resultas del primer reenvío dispuesto por el Tribunal de Casación -con motivo de anular la condena de Caballero-, el señor juez criminal dictó veredicto absolutorio cuya nulidad fue reclamada por la fiscalía, en el entendimiento de que se cimentaba en la valoración de prueba que aquél nunca había presenciado -postura que la defensa dice aquí acertada y comparte-; y porque no se le había dado traslado previo, sin que nada refiriera acerca de la ausencia de un nuevo debate; de allí que considere precluso el agravio y afectado el principio acusatorio (v. fs. 77/78).
A criterio del recurrente, lo resuelto por el órgano revisor significó retrotraer el proceso penal a etapas ya superadas cuando se cumplieron las formas esenciales del juicio, siendo que la garantía del ne bis in idem debe ser conjugada con los principios de preclusión y progresividad.
Trae a colación que en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicha garantía "...no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también un nuevo sometimiento a juicio por el mismo hecho..."; de forma que, a su entender, como acontece en el caso, el sólo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado y ni siquiera el dictado de un veredicto absolutorio disiparía el gravamen (v. fs. 79 vta.).
Con mención de la opinión vertida en el caso "Alvarado" por el voto en disidencia de los señores ministros Petracchi y Bossert; y a lo sentenciado en la causa "Loayza Tamayo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asevera que si el vicio fue advertido recién al momento de sentenciar y no resultó causado por el imputado -como dice acontece en el presente-, la garantía contra el doble juzgamiento debe impedir que se declare la nulidad y el tribunal pronunciarse con los elementos que tiene. Invoca asimismo lo sostenido por el citado Máximo Tribunal nacional con relación a los principios de preclusión y progresividad en el fallo "Polak" cuyos párrafos transcribe.
En función de lo expuesto considera demostrado que el juicio de reenvío es arbitrario por desconocer la doctrina de la Corte federal avasallando la garantía que impide la múltiple persecución penal por un mismo hecho y el derecho que asiste a la imputada de ser juzgada en un plazo razonable (denuncia esta última que carece de desarrollos autónomos de los que sustentan la temática antes aludida que motivó la admisibilidad del recurso, por lo que sigue sin más su suerte adversa).
Por tanto, la defensa pide que se revoque la sentencia atacada confirmándose el veredicto absolutorio del juez criminal.
III. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo del recurso, temperamento que comparto en el acotado margen en que resultó concedido (v. fs. 103 vta./110 vta.).
De acuerdo con la tramitación seguida por este proceso, la sentencia de condena dictada en su momento contra Daniela Caballero fue anulada por el Tribunal de Casación en virtud de las contradicciones advertidas que impedían considerarla un acto jurisdiccional válido. Ello así, explicó el revisor, pues "...al describir la materialidad ilícita y [...] calificarla se alude a una tenencia simple de estupefacientes, pero el desarrollo argumental en que se sustentan las conclusiones [sobre la autoría] se menciona, aparentemente como acreditada, una finalidad de consumo personal, que [...] de haber existido reviste indudable relevancia típica" (fs. 70 vta. y 71, legajo n° 68.887).
En consecuencia, en ejercicio de su competencia positiva, la Casación resolvió que por tratarse de un defecto que no podía ser subsanado, correspondía el reenvío a la sede originaria para que con jueces hábiles, calificara fundadamente el hecho imputado dictando un pronunciamiento ajustado a derecho, con apoyo en lo normado en los arts. 106, 210, 448, 461, 530 y concordantes del Código Procesal Penal; 171 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 72 vta., ídem legajo).
La absolución pronunciada como consecuencia del reenvío dispuesto fue cuestionada por la fiscalía mediante el recurso al que la Casación resolvió hacer lugar, por cuanto el sentenciante había llegado a aquella conclusión valiéndose "...de la valoración probatoria realizada en la sentencia anulada", no obstante que en el caso específico, "...la evaluación de la calificación legal imponía celebrar un nuevo debate" (fs. 56 vta. y 57, legajo n° 78.259).
Con una reflexión previa acerca del alcance que en tal sentido había tenido su anterior reenvío, explicó que el juez que recibe el expediente reenviado, "...que no estuvo en el juicio oral [...] mal podría realizar una evaluación del mérito de la prueba allí rendida, máxime cuando el magistrado anterior incurrió en deficiencias claras en la argumentación que le valió la nulidad de la sentencia" (fs. 57).
En respuesta a lo alegado por la defensa respecto de la violación del non bis in idem , sostuvo que las normas constitucionales e internacionales invocadas "...sólo prohíben que el condenado o absuelto por sentencia firme sea sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, prohibición que no se viola cuando se pretende la revisión de un pronunciamiento no firme a través de una vía recursiva que no configura nuevo enjuiciamiento" (fs. 57 vta. y 58).
Apuntó asimismo el a quo , que la aludida prohibición "...no se ve afectada por el reconocimiento de las facultades recursivas al Ministerio Público Fiscal, en tanto no hacen renacer una acción penal ya agotada, sino que como instrumentos de justicia y perfección procesal, sólo permiten razonablemente extenderla a los efectos de posibilitar un debido contralor, en el caso, del acto jurisdiccional destinado a poner fin al proceso" (fs. 58).
En esa dirección juzgó que "Si bien sería inadmisible en nuestro marco constitucional que a una persona ya definitivamente enjuiciada se la intente someter nuevamente al riesgo de una condena o de una pena más grave a la primitivamente impuesta (así, si se facultase al Ministerio Público a plantear la acción de revisión del art. 467), ninguna dificultad existe en cambio en que, antes de finalizado el proceso y de dictada una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, se empeore, a instancias del Ministerio Fiscal una situación que el imputado no había adquirido sino en forma precaria" (fs. cit. y vta.).
Por todo ello, la Casación concluyó que ninguna garantía aparecía conculcada "...si el riesgo que corre el absuelto de ser condenado o el que corre el condenado de ser penado en un grado mayor, sólo cesan cuando la sentencia es consentida o queda firme para el titular de la acción pública, momento en el que la declaración contenida en el decisorio se convierte para aquellos en un derecho adquirido de contenido negativo que se traduce, allí sí, en la imposibilidad de que dicha situación se vea ulteriormente perjudicada, tal como surge del juego armónico de los arts. 434, 435, 452 y 467 del C.P.P. y de la prohibición expresa contenida en los Pactos Internacionales cuyas disposiciones se pretenden conculcadas -art. 8.4 de la C.A.D.H. y 14.7 del P.I.D.C. y P." (fs. 58 vta.).
IV. De tal forma el tribunal del recurso dio respuesta al agravio que la parte reitera en esta presentación extraordinaria, aunque sin evidenciar que la fundamentación tenida en cuenta para decidir el punto haya importado vulnerar el principio ne bis in idem (art. 495, CPP).
La invocación del recurrente de que la prohibición de la doble persecución penal por un mismo hecho impide la revisión de una absolución a partir del recurso acusatorio (o del particular damnificado), no repara en el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto descarta que ello tenga lugar cuando la nulidad del juicio obedeció a la existencia de vicios esenciales (doctr. CSJN Fallos: 312:597 -"Weissbrod"- y 362:1149 -"Verbeke"-), como en puridad acontece en el caso, toda vez que el a quo dejó sin efecto la absolución decretada por sustentarse en la valoración de la prueba efectuada en la anterior sentencia de condena viciada de nulidad, con infracción a las normas que rigen el sistema acusatorio al prescindir del debate oral que necesariamente debe llevarse a cabo para que pudiera considerársele un acto jurisdiccional válido.
La Corte federal ha establecido desde el conocido caso "Mattei" que el proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o de condena; y por ello cada una de esas etapas constituye un presupuesto necesario de la que le sucede. En tal sentido, ha dicho que el respeto de la garantía de debido proceso, invocable tanto por la persona que se encuentra sometida a juicio como por los demás actores del proceso (Fallos: 306:2101, considerando 15) consiste en la correcta observancia de estas formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia (CSJN Fallos: 272:188 cit., cons. 7° y 8°). Ello sentado, el principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuestos de nulidad (fallo cit. cons. 9°).
Por ello la referencia a dicho precedente, entre otros citados por el recurrente (v. fs. 63 vta.), no pone en jaque lo decidido. Porque lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. in re "García", Fallos: 305:1701, cons. 3°), y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juego, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y en "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Así, por ejemplo, en "Polak" se estructuró la anulación del debate y la realización del nuevo juicio con base en el incumplimiento de normas sobre la competencia de los magistrados, lo cual no había impedido el válido desarrollo de las etapas del juicio que se hallaban amparadas por los principios de progresividad y preclusión. En la ya aludida causa "Mattei", la Cámara interviniente había anulado de oficio las actuaciones a partir del cierre del sumario por cuanto el instructor no había agotado la investigación. La Corte revocó ese fallo arguyendo que "...el juicio ha[bía] sido retrogradado a su etapa inicial, o sea la de sumario, cuando se encontraba ya en condiciones de ser definitivamente fallado con relación al apelante; y cuando éste llevaba más de cuatro años en la condición de procesado..." (parágrafo 6°, CSJN Fallos: 372:188).
En síntesis, "...la naturaleza e importancia del vicio condicionan la válida progresión de cada uno de los actos del proceso, y con ella, la extensión de la imposibilidad de su renovación" (voto de los jueces Highton de Nolasco y Zaffaroni en "Kan, Yoong Soo" -por remisión al dictamen del señor Procurador General doctor Esteban Righi-, sent. de 27-XII-2011, CSJN Fallos: 334:1882). Es decir, no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido.
Desde luego no se trata de reforzar las posibilidades de arribar a una decisión condenatoria superando deficiencias probatorias o de meros preceptos adjetivos. Pues resulta en principio improcedente que los magistrados de alzada anulen un fallo absolutorio "...carente de vicios esenciales, obligando al recurrente a soportar nuevamente las penosas contingencias de un juicio criminal por meros pruritos formales (Fallos: 305:913 ['Bartra Rojas'] y 321:2826 ['Polak'])" (conf. voto de los doctores Fayt y Zaffaroni en "Ovando, Mónica Beatriz", sent. de 15-V-2014, por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal).
Descartado, entonces, que la nulidad pueda tener como fin, por ejemplo, remediar la mera orfandad probatoria, dando una nueva oportunidad al acusador público o particular para rehacer una investigación defectuosa o insustentable (v.gr.: lo acontecido en el precedente "Sandoval" -CSJN Fallos: 333:1687- en el cual, tras la anulación por el Superior Tribunal de Justicia local del fallo absolutorio dictado -frente al sostenimiento de la acusación únicamente por la querella- con base en el beneficio de la duda ante la existencia de peritajes discrepantes, achacándole al del juicio no haber ordenado oficiosamente la producción de uno nuevo tendente a superar esa situación de incertidumbre, que merced al reenvío dispuesto y transitado el nuevo debate culminó con la condena de Sandoval), cabe deslindar adecuadamente esos supuestos de aquellos en que el veredicto absolutorio se asienta en premisas falsas o con evidente apartamiento de las constancias comprobadas de la causa que privan al pronunciamiento de toda validez judicial.
Pues si bien corresponde tener presente la progresividad y preclusión aludidos, así como la prohibición de doble persecución penal, ello no puede llevar a privar de valor la facultad de recurrir del Ministerio Público Fiscal o del particular damnificado en los casos en que se pretende reeditar actos afectados por vicios que comprometen las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, cubiertos con igual rango.
En suma, la defensa no demuestra que la cues
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