Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129165
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, revocar el pronunciamiento atacado y devolver los autos a la instancia para la prosecución de las actuaciones (art. 496 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
“ALTUVE, CARLOS ARTURO AGENTE FISCAL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY, EN CAUSA N° 77.772 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI”.
La Plata,27 de septiembre 2017
La presente causa P. 129.165 RC, caratulada: “Altuve, Carlos Arturo -agente Fiscal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 77.772 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI”,
1. La Sala VI del Tribunal de Casación Penal, el 25 de abril de 2017, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia dictada por ese mismo órgano que casó la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores que había confirmado la denegatoria de aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba a favor de Juan José Rolleri, acusado de la comisión del delito de homicidio culposo.
Para arribar a tal pronunciamiento, afirmó que si bien la decisión impugnada no cumple con los recaudos del art. 494 del CPP, de acuerdo a doctrina de esta Corte, la vía contemplada allí contemplada constituye el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales. En ese escenario, sostuvo que habiéndose planteado la arbitrariedad de la sentencia por apartamiento del texto expreso de la ley -lo que implica la afectación del principio de legalidad- y siendo que la parte desarrolló una crítica concreta y pormenorizada, cabía conceder el recurso extraordinario deducido (fs. 66/67 vta.).
2. La vía extraordinaria fue bien concedida (art. 486 del CPP -t.o. según ley 14.647-).
Sentado ello, se analizará sin más trámite la procedencia del reclamo por resultar el caso sustancialmente análogo al resuelto por esta Corte en causa P. 125.430 (sent. del 7-IX-2016) tal como lo advirtió el recurrente al solicitar la aplicación de su doctrina (fs. 56 vta. y 60 y vta.; art. 31 bis de la ley 5827, t.o. por la ley 13.812).
3. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (art. 496 del CPP) de acuerdo a las consideraciones que siguen.
a. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores confirmó la decisión del Juzgado Correccional que había dispuesto denegar el instituto de suspensión de juicio a prueba con fundamento en que el delito imputado prevé la pena de inhabilitación especial además de la de prisión (art. 84 segundo párrafo del CP) y en la oposición fiscal, basada en el mismo argumento.
El Tribunal de Casación, mediante la resolución de fs. 31/36, hizo lugar al recurso de la especialidad deducido por la defensa y casó la resolución de la Alzada. Para así decidir, afirmó que la limitación legal contenida en el anteúltimo párrafo del art. 76 bis del CP sólo refiere a la inhabilitación como pena única, y el sentido literal no prohíbe su procedencia respecto de delitos reprimidos con inhabilitación de carácter conjunto o alternativo -como es el caso de autos-. Dicha conclusión fue acompañada con doctrina de esa sala (causas n° 55.938 y n° 52.274) y de la Corte federal (“N., J.B” del 23/04/2008, N.326.XLI).
b. Frente a ello, el agravio por el cual el Fiscal de Casación planteó la arbitrariedad por inobservancia del citado artículo 76 bis del Código Penal, debe tener favorable acogida.
En efecto, en el citado precedente P. 125.430, a cuyos fundamentos se hace expresa remisión, esta Corte juzgó que tanto la interpretación literal, como la histórica (análisis del debate parlamentario de la ley 24.316 y de los proyectos parlamentarios de reforma), la teleológica y la sistemática del art. 76 bis del CP, permite concluir en forma clara que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea ésta única, conjunta o alternativa (v. punto III. 1. y 2. a., b., c. y d. del voto del Juez Soria en causa P. 125.430 op. cit.).
El motivo por el cual este tipo de delitos queda excluido radica en que la pena de inhabilitación contempla un interés social específico vinculado con la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público. Se advierte que al impedir la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en estos supuestos, se otorga una especial preponderancia a la investigación de los hechos en los que existe una autorización estatal para la actividad reglada en base a la cual se configura el obrar imprudente que da origen al delito reprochado (v. punto III. 2. e. y f. del voto citado).
Por otra parte, también asiste razón al apelante en cuanto sostiene que del precedente “Norverto” de la Corte nacional no puede inferirse que la suspensión de juicio a prueba se pueda aplicar a delitos reprimidos con pena de inhabilitación (v. carril extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 64 y vta.), sino que -tal como se explicó en el precedente P. 125.430- la correcta exégesis indica que se ciñó a sostener la “tesis amplia”, superadora de la restrictiva fijada por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario “Kosuta”.
En efecto, tanto en el aludido precedente como en “Acosta” se resolvió que el instituto en cuestión procede respecto de los delitos cuyo máximo excede los tres años de prisión pero que las circunstancias particulares del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena. Ninguna implicancia tiene en lo que concierne a los ilícitos sancionados con pena de inhabilitación (v. punto III. 2. g. del voto citado).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, revocar el pronunciamiento atacado y devolver los autos a la instancia para la prosecución de las actuaciones (art. 496 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia