Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129406
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, revocar el pronunciamiento atacado y devolver los autos a la instancia para la prosecución de las actuaciones (art. 496 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
“ALTUVE, CARLOS ARTURO -AGENTE FISCAL- S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY, EN CAUSA N° 80.188 SEGUIDA A BARRAGAN, SERGIO GUSTAVO, DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I”.
La Plata,27 de septiembre 2017
La presente causa P. 129.406 RC, caratulada: “Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 80.188 seguida a Barragan, Sergio Gustavo, del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 22 de diciembre de 2016, rechazó el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín que había confirmado la decisión del Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental, que concedió la suspensión del proceso a prueba a Sergio Gustavo Barragán en orden al delito de homicidio culposo (fs. 64/69).
Frente a dicho fallo, el representante del Ministerio Público Fiscal articulo la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (fs. 72/78), la que fue concedida por la citada Sala mediante el pronunciamiento dictado el 15 de junio de 2017 (fs. 92/95 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que la impugnación deducida se encontraba -según doctrina del Alto Tribunal provincial y federal- dentro de las excepciones formales del Código de rito, y cumplía con las previsiones de admisibilidad que exigen los arts. 494, 495 y concs. del ritual, al encontrarse debidamente fundados los extremos atinentes a la existencia de un gravamen de imposible reparación ulterior, a fin de excepcionar el requisito de sentencia definitiva o equiparable a ella (fs. 93 vta.).
De seguido, sostuvo que invocada la arbitrariedad del fallo por prescindir del texto legal -art. 76 bis, anteúltimo párrafo del CP- y apartarse de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte provincial -P.125.430, solicitando su aplicación al caso mediante el procedimiento del art. 31 bis de la ley 5827-, y habiendo el recurrente destacado y desarrollado de qué manera dichos extremos ostentaban vinculación directa con las cuestiones federales invocadas en la propia impugnación extraordinaria, consideró la existencia de una cuestión federal suficiente y sobradamente fundada como para que intervenga el Superior Tribunal de la causa (fs. cit./94 vta.).
2. Cabe señalar que se analizará sin más trámite la procedencia del reclamo por resultar este caso sustancialmente análogo al resuelto por esta Corte en causa P. 125.430 (sent. del 7/IX/2016), tal como lo advirtió la parte al solicitar la aplicación de su doctrina (fs. 73 y 75; art. 31 bis de la ley 5827, t.o. por la ley 13.812).
3. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (art. 496 del CPP).
La denuncia de arbitrariedad en la interpretación del art. 76 bis, anteúltimo párrafo del C.P. y apartamiento de lo fallado sobre el punto por esta Corte, al haberse otorgado la suspensión de juicio a prueba en un caso donde se investiga un delito reprimido con pena de inhabilitación en forma conjunta con la privativa de libertad (art. 84 del CP) debe tener acogida favorable.
En efecto, en el citado precedente P. 125.430, a cuyos fundamentos se hace expresa remisión, esta Corte juzgó que tanto la interpretación literal, como la histórica (análisis del debate parlamentario de la ley 24.316 y de los proyectos parlamentarios de reforma), la teleológica y la sistemática del art. 76 bis del C.P., permite concluir, sin margen de duda, que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea ésta única, conjunta o alternativa (v. punto III. 1. y 2. a., b., c. y d. del voto del Juez Soria en causa P. 125.430 op. cit.).
El motivo por el cual este tipo de delitos queda excluido radica en que la pena de inhabilitación contempla un interés social específico vinculado con la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público -en el presente, licencia para conducir vehículos automotores-. Se advierte que al impedir la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en estos supuestos, se otorga una especial preponderancia a la investigación de los hechos en los que existe una autorización estatal para la actividad reglada en base a la cual se configura el obrar imprudente que da origen al delito reprochado (v. punto III. 2. e. y f. del voto citado).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, revocar el pronunciamiento atacado y devolver los autos a la instancia para la prosecución de las actuaciones (art. 496 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia