Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por insuficiente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular del imputado Miguel Ángel Moroni Barreto, con costas (arts. 495 y 496, CPP.; 31 bis, ley 5827)
MORONI BARRETO, MIGUEL ÁNGEL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA Nº 79.426 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III”.
La Plata,27 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.443-RC, caratulada: “Moroni Barreto, Miguel Ángel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.426 del Tribunal de Casación Penal, Sala III,
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de mayo de 2017, hizo lugar parcialmente al remedio de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín que condenó a Miguel Ángel Moroni Barreto a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por no haber logrado el fin propuesto en relación a otro delito (homicidio agravado por la causa), homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por no haber logrado el fin propuesto en relación a otro delito, en grado de tentativa, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento en concurso real. En consecuencia, absolvió al nombrado por el hecho tipificado como encubrimiento y mantuvo la pena de prisión perpetua como autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio agravado por la causa en grado de tentativa, homicidio agravado por la causa y portación ilegal de arma de guerra, en concurso real (fs. 49/61 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el señor defensor particular del nombrado -doctor Juan Carlos Maggi- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 71/79 vta.)
1. Por un lado, tachó de arbitraria la decisión casatoria por haber convalidado la pena de prisión perpetua, “...modalidad de privación de libertad derogada legalmente y constitucionalmente inadmisible, atento lo normado por los arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Ley Fundamental” (fs. 73 vta.).
Sostuvo que la imposición de esta pena, además de suprimir al sujeto como persona, colisiona con los principios de culpabilidad, legalidad, división de poderes, con el mandato resocializador de las penas privativas de la libertad y con la prohibición de aplicar penas crueles inhumanas y degradantes (fs. cit.).
Discrepó con la sentencia de grado en cuanto la prisión perpetua se trata de una pena finita si eventualmente el imputado reúne los requisitos del art. 13 del CP para obtener la libertad condicional (fs. 74 y vta.).
Destacó “...la irracionalidad punitiva de nuestro digesto penal” (fs. 74 vta.) señalada por el voto del doctor Zaffaroni en el precedentes Estévez de la Corte federal donde recordó que la sanción de la ley 26.200 incorporó al ordenamiento penal argentino delitos más graves considerados por la comunidad internacional, los que tienen prevista una pena menos lesiva que la contemplada para los homicidios agravados.
En el caso concreto, señaló que más allá de que Moroni pueda recuperar la libertad luego de transcurridos treinta y cinco años de encierro, ello importa agotar su expectativa de vida en la cárcel, lo que equivale a una pena de muerte (fs. 75).
De este modo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por resultar contraria a los principios igualdad, razonabilidad, legalidad y culpabilidad, fundando brevemente cada uno de ellos (fs. 75 y vta.).
2. Por el otro, cuestionó la calificación legal atribuida a los hechos, desde que entendió que el mismo es atípico “...en un doble sentido ya que, no se ha acreditado el dolo requerido por la figura en cuestión (atipicidad subjetiva) ni se ha generado una afectación relevante al bien jurídico (atipicidad objetiva)” -fs. 75 vta./76-.
Agregó que la calificación escogida en la instancia de mérito y confirmada por la Casación se lleva a cabo mediante un razonamiento erróneo, toda vez que el tipo penal escogido “...exige que antes del homicidio se haya consumado o tentado otro delito toda vez que la agravante reside en el despecho del criminal por el fracaso de su anterior conducta delictiva...” (fs. 78 vta.).
En definitiva, afirmó que en el caso no se acreditó la hipótesis que prevé el art. 80 inc. 7 del Código Penal (fs. 79).
III. El a quo declaró admisible el recurso intentado (fs. 80/82).
Mencionó los supuestos en los que procede el art. 494 del CPP, destacó que era doctrina de esta Corte que dicha vía impugnativa constituía el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que pudieran estar involucradas (conf. los precedentes Strada, Di Mascio y Christou de la CSJN), y señaló que en autos se encontraban satisfechos –en principio- los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 482, 483, 484 y 494 del ritual, toda vez que el recurso se había interpuesto en tiempo, contra una sentencia definitiva de ese tribunal y respecto de una condena superior a diez años (fs. 81 vta.).
Con relación a la procedencia, expuso que se fundaba en una cuestión constitucional (vulneración a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad y resocialización de la pena), cuya relación directa e inmediata con el caso es encontrada por el recurrente en el hecho de que la pena perpetua aplicada importa agotar su expectativa de vida en la cárcel y un equivalente a la pena de muerte (fs. 81 vta.).
IV. Si bien la impugnación articulada ha sido bien concedida, lo cierto es que no puede prosperar (art. 31 bis, ley 5827).
De modo preliminar, resulta pertinente aclarar que únicamente se resolverá el embate por el cual fue concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (afectación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad y resocialización de la pena, dado que la aplicada en autos es la de prisión perpetua) ya que el auto de admisibilidad fue consentido por la defensa (v. informe de fs. 91 y notificación de fs. 86 y vta.).
1. Sentado lo anterior, cabe destacar que, ante el mismo planteo llevado a conocimiento de la Casación, el quo lo desestimó en razón de que el recurrente no se hacía cargo de los argumentos expuestos oportunamente por el tribunal de mérito.
Agregó que la pena impuesta al encausado no controvertía disposiciones constitucionales, pues con paulatinas atenuaciones de las restricciones inherentes a la pena y posibilidades de lograr salidas transitorias e incorporaciones a regímenes de liberación no se trata de una pena de por vida (fs. 58 vta.).
En cuanto a lo demás, expuso que la interpretación constitucional del artículo 80 del Código Penal remitía a una cuestión de cómputo que, como tal, era conjetural y prematuro, tornándolo improcedente. Con cita de fallos de esta Corte, puntualmente haciendo hincapié el voto del doctor Hitters, señaló que en la denuncia de invalidez de las penas perpetuas no existía agravio actual, desde que la necesidad de fijarles un término de agotamiento surgiría si se negara al condenado la posibilidad de acceder al período de prueba previsto para su ejecución (fs. 58 vta./59).
2. Como se observa, el embate traído en el recurso intentado se desentiende de lo efectivamente resuelto por el Tribunal del recurso, careciendo -en consecuencia- de una articulación suficiente que permita descalificar el fallo impugnado como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, CN).
Es decir, las diversas aseveraciones formuladas no consiguen demostrar que lo resuelto sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (art. 495, CPP).
Viene al caso señalar que “el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado” (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su enfática discrepancia con el a quo, el señor defensor no pone en evidencia la existencia de esos graves defectos en el pronunciamiento cuestionado (P. 118.283, res. de 23-4-2014; P. 116.026, res. de 30-4-2014; P. 118.778 y P. 118.783, ambas res. de 7-5-2014; P.117.950, res. del 4-6-2014; entre otras).
Para más y atento a que el letrado de confianza del encausado alega la aplicación al caso de una pena legalmente derogada, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte (P. 102.332 sent. de 22-4-2009; P.103.198, sent. de 28-10-2009; P. 117.108, res. de 8-8-2012; entre otros) que la tácita derogación de los artículos 6, 7 y 9 del Cód. Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y -por ende- de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno ponen en jaque el distinto tratamiento que las disposiciones de fondo dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal. Ello, y el mantenimiento de la vigencia de los artículos 5 y 57 del mismo ordenamiento, demuestran que siguen existiendo pautas sustantivas que denotan que la pena de reclusión es más onerosa que la de prisión (cfe. arts. 13, 26, 44 y concs. del C.P.).
Lo expuesto, permite concluir que ambas modalidades de penas privativas de la libertad continúan vigentes en el ordenamiento penal argentino (art. 5, CP)
Además, las genéricas consideraciones referidas a que el sujeto condenado a prisión perpetua se encuentra suprimido como persona, o que dicha sanción equivale a la pena de muerte, o bien que vulnera los principios de culpabilidad, igualdad, proporcionalidad y legalidad vertidas en el recurso en trato dejan al descubierto que la respuesta dispensada por el sentenciante fue desatendida por completo por la defensa. La impugnación no se ocupa de la discusión concretamente entablada en el caso, y de esa forma no puede justificar que el examen del a quo hubiera importado un menoscabo a las garantías invocadas.
Asimismo, el argumento por el cual entiende afectado el principio de culpabilidad por el acto resultaría acertado si la pena impuesta no guardara relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad. Sólo podría predicarse entonces su incompatibilidad constitucional en los supuestos en que esta última condición resulte violada en concreto, y aquí no se ha evidenciado que la sanción legalmente prevista para los delitos por los que el procesado Miguel Ángel Moroni Barreto resultó penalmente responsable sea desproporcionada y contraria a los principios que estima afectados (P. 120.347, sent. de 14-10-2015; P. 120.920, sent. de 11-5-2016).
Más claramente: en el juicio oral quedó probado –plataforma fáctica que arriba firme- que el 24 de julio de 2010 en Uriarte entre Marcos Sastre y Malvinas de San Miguel, previo mantener una discusión con Leonel Veliz, Miguel Ángel Moroni Barreto intimó al nombrado y a Daniel Gustavo Pavón con un arma de fuego a fin de apoderarse de dinero y un chaleco propiedad del primero, y ante la negativa del mismo, por no haber logrado lo que se proponía y asegurar impunidad le disparó con el fin de darle muerte en cuello y tórax causándole lesiones de tal entidad, no logrando su cometido por la llegada de los vecinos y la asistencia médica; en dicho contexto y a iguales fines disparó a Daniel Gustavo Pavón provocándole la muerte (hecho I). Asimismo, el 6 de julio de 2014, en Lavalle entre Bach y Mozart de San Vicente, el imputado portó, sin autorización para ello, una pistola calibre 9 mm marca “Bersa Thunder” nro. de serie 09256 cargada y apta para disparar, con pedido de secuestro, la que había sido recibida previamente (hecho II).
Frente al desvalor de acto que se aprecia en las conductas reprochadas en el caso, el recurrente no se encarga de demostrar por qué la pena de prisión perpetua, sería inadecuada y desproporcionada respecto de la culpabilidad del autor (art. 495, CPP).
En suma, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. CSJN Fallos 329:3680) el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta al autor es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. P. 120.347 y P. 120.920, cits.).
De este modo, los argumentos desarrollados por la defensa del imputado se develan insuficientes para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad que reclama (P. 100.754, sent. de 9-4-2009; P. 99.833, sent. de 29-12-2008; P. 100.072, sent. del 12-11-2008; P. 109.700, sent. del 15-6-2011, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar -por insuficiente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular del imputado Miguel Ángel Moroni Barreto, con costas (arts. 495 y 496, CPP.; 31 bis, ley 5827)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia