Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 125874
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal departamental adjunta, se revoca la sentencia impugnada en lo que fue materia de recurso y, en consecuencia, se repone la agravante de alevosía al hecho de homicidio en los términos del art. 80 inc. 2 del Código Penal; y se remiten los autos a la instancia a fin de que determine la pena a aplicar (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 125.874, "M., M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nro. 982/14 de la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes, Sala I".
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Quilmes mediante el pronunciamiento dictado el 13 de mayo de 2015, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa del imputado M. M. contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental que lo había condenado a la pena de doce años de prisión, por encontrarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio calificado por alevosía. En consecuencia, modificó la calificación legal del suceso, el que encuadró dentro de las previsiones del art. 79 del Código Penal; y declaró la nulidad absoluta de todo lo relativo a la prognosis de pena obrante en el auto de responsabilidad y en consecuencia lo referido a la impuesta al imputado de autos, por haberse violado normas constitucionales (v. en copia a fs. 6/13).
La señora fiscal adjunta departamental interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/5 vta.), el que fue concedido por resolución de la Cámara de fs. 29/30.
Oído el señor Subprocurador General a fs. 43/45, se dictó la providencia de autos a fs. 46.
El señor defensor oficial de Casación presentó escrito (v. fs. 65/69) oponiéndose a la admisibilidad del recurso de su contraria.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la señora fiscal departamental adjunta de Quilmes interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el que se agravió por la recalificación del hecho efectuada por el Tribunal de Alzada. Denunció la errónea aplicación en el caso del art. 79 del Código Penal, la inobservancia del art. 80 inc. 2 del mismo cuerpo normativo, así como de la doctrina legal de este Tribunal sentada en los precedentes P. 33.321, P. 36.645, P. 34.627, P. 33.240 y P. 45.567. En subsidio, consideró erróneamente interpretados los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 2).
Luego de transcribir en parte lo decidido por el órgano intermedio, estimó que al decidir desechar la agravante de alevosía y optar por la figura del homicidio simple, se apartó de la doctrina legal de este Tribunal sentada en los precedentes antes invocados, incurriendo en una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva y doctrina legal (v. fs. 3/4 vta.).
En subsidio, y para el caso que no se haga lugar al encuadre jurídico calificado que viene proponiendo, atacó también que el tribunal a quo haya descartado la circunstancia de que el hecho haya sido cometido en la vivienda del acusado y su pareja, sita en una zona semirural como agravante de la pena, lo que -a su entender- facilitó al imputado la libre producción del hecho, el ocultamiento y el sometimiento del niño víctima de autos (v. fs. 4 vta. y 5).
II. Resumió la parte la materialidad del hecho conforme lo resuelto por el tribunal del juicio y el Tribunal de Alzada, teniendo ambos juzgadores por acreditado que "...el día 28 de septiembre de 2013, entre las 10 y las 12.30 hs. el niño B. I. C. de 1 año y 6 meses de edad fallece producto de las lesiones recibidas por parte del joven M. M. y su pareja, A. L. C., en la vivienda semi rural de la calle Trenque Lauquen y Esmeralda de la localidad de Florencio Varela, partido de Buenos Aires, que le provocaron un cuadro de asfixia traumática por bronco aspiración con sangre, que finalizara con su muerte con agonía por paro cardiorrespiratorio traumático secundario a bronco aspiración con sangre, habiéndose acreditado 43 lesiones sistémicas y progresivas en un período de entre 24 horas y 5 días las cuales por su corta vida no pudo evitar, resistir o defenderse" (transcripto por la recurrente a fs. 3/4 y 8).
Fundó su decisión en los informes de autopsia y su ampliación, así como las explicaciones brindadas en el debate por el médico legista, Fernando Palladino, quien señaló que "...las lesiones fueron producto de golpes contra superficies duras, por ejemplo, golpes de puño, incluso hasta por compresión sostenida e imprimiendo una fuerza desmedida" (fs. 8). Señaló además el médico autopsiante "...que el cuerpo del bebé presentaba 43 lesiones, cuyo tiempo de evolución databa de entre 5 y 24 horas antes del deceso, descartando la posibilidad que las lesiones fueran producto de una o varias caídas, sumado a ello, que no existió rodamiento" (fs. 9).
Precisó el juzgador que el experto antes mencionado "...que, a su entender y dada su vasta experiencia en este tipo de casos, el cuerpo del niño presentaba un cuadro compatible con una situación de maltrato infantil" (fs. cit.)
Asimismo, resaltó que "...el tribunal entendió que, a través de diversos indicios, en cuanto a tiempo, lugar y presencia del imputado junto al bebé durante los días previos al deceso, quedó demostrada la intervención de M. en la muerte que se le atribuye" (fs. 8 y vta.).
La señora fiscal indicó que la primera instancia estimó que "...válidamente puede afirmarse que el joven co-autor obró con ánimo de aprovecharse de la indefensión de la víctima, pues si bien el pequeño niño de apenas 1 año y 6 meses de vida era objeto de una situación de maltrato infantil por parte de su progenitora y el joven M., la última y feroz golpiza a la que fue sometido fue llevada adelante, en principio por ambos, quienes se hallaban a su exclusivo cuidado y es evidente que actuó sin riesgo y sobre seguro, aprovechándose de la natural situación de desventaja e imposibilidad física del menor de defenderse" (fs. 3 vta.).
Añadió de seguido que todo ello lleva sin lugar a duda a sostener "...que el imputado obró a sabiendas de que no tenía riesgo alguno para sí, máxime si se tiene presente que no era la primera vez que el niño era golpeado (repárese que el cuerpo de la pequeña víctima presentaba 43 lesiones sistemáticas y progresivas de diversos períodos de evolución y que el médico autopsiante, en base a su vasta experiencia, sostuvo que estaba en presencia de un caso de maltrato infantil) y dichos golpes o mejor dicho las marcas o secuelas que los mismos dejaron no fueron advertidos por las distintas personas que ocasionalmente interactuaban con el imputado y su pareja y que declararan en el debate..." (fs. 4).
La recurrente coincidió con tal valoración y puntualizó -al igual que lo hiciera el órgano de primera instancia- que la conducta atribuida a M. tanto en su faz objetiva como subjetiva encuadra en un obrar alevoso. Al efecto citó doctrina de este Tribunal según la cual dicho obrar alevoso en su aspecto subjetivo además del dolo de matar, requiere que el sujeto activo se haya valido o aprovechado del estado de indefensión de la víctima, sin exigir que medie un particular elemento motivacional de "astucia, engaño, celada o traición", ni algún otro móvil independiente del especial elemento subjetivo indicado.
Afirmó finalmente que el caso exhibe un actuar alevoso.
III. Para alterar la calificación establecida por el juzgador de la instancia de mérito, la Cámara precisó que "...en el fallo no se desarrolla ni se explica acabadamente el aspecto subjetivo de la figura legal invocada" (fs. 10 vta.).
Puntualizó que la figura de la alevosía "...consiste en el empleo de medios, modos o formas -en la ejecución del hecho- que tiendan directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para el autor" (fs. cit.).
Además, "Objetivamente, es necesario que la víctima se encuentre en un estado de indefensión que le impida oponer resistencia que se transforme en u riesgo para el agente" (fs. cit. y 11).
Y, "Subjetivamente, es necesario el conocimiento de esa situación, sumado a un elemento de ánimo que consiste en ‘aprovecharse’ de tal indefensión para cometer el delito. De allí que no cualquier homicidio de un indefenso -como en el caso- es un homicidio alevoso, como lo prueba la circunstancia de que nadie considera como tal al homicidio llamado ‘piadoso’" (fs. 11 cit.).
De tal modo, señaló que "...no es suficiente la mera concurrencia de la indefensión y del aseguramiento, sino que es necesario el conocimiento por parte del autor del hecho de que esas circunstancias concurren y, además, es necesario, a los fines de la agravante, que sean intencionalmente buscadas y aprovechadas por el agente" (fs. cit.).
Concluyó así que "...el homicidio se cometió sobre una víctima indefensa y sin riesgo para el autor, mas de manera alguna se ha podido demostrar que el acusado se haya aprovechado de tales circunstancias para darle muerte al niño" (fs. cit.).
Tales razones apuntadas, condujeron al juzgador "...a desechar la agravante de la alevosía, debiendo calificarse el hecho como constitutivo del delito de homicidio simple, de acuerdo a lo establecido en el art. 79 del Código Penal" (fs. 11 y vta.).
IV. Considero que el recurso fiscal resulta procedente.
Como lo adelanté, la señora fiscal se agravia del cambio en la calificación legal del hecho por parte del tribunal intermedio, denunciando inobservancia del art. 80 inc. 2 del Código Penal y la consecuente errónea aplicación del art. 79 del mismo texto legal; atribuyéndole arbitrariedad al fallo recurrido.
Con base en los hechos que llegan firmes a esta instancia -reseñados anteriormente- se agravió de la afirmación del tribunal intermedio que concluyó en que "...no es suficiente la mera concurrencia de la indefensión y del aseguramiento, sino que es necesario el conocimiento por parte del autor del hecho de que esas circunstancias concurren y, además, es necesario, a los fines de la agravante, que sean intencionalmente buscadas y aprovechadas por el agente" (fs. 11).
Entonces al exigir el tribunal intermedio que tal aprovechamiento le permita al autor actuar sin riesgo sea preordenado, termina por descartar en el caso la procedencia de la agravante del inc. 2 del art. 80 del Código Penal.
Sin embargo, en modo alguno la figura invocada exige "preordenación" en el aspecto subjetivo.
En efecto, subjetivamente el tipo sólo requiere que el autor obre sobre seguro, sin el riesgo que puede significar para su persona la reacción de la víctima o de terceros que puedan acudir en su defensa. Ello basta para la configuración del homicidio alevoso.
El aspecto objetivo de la figura estaba conformado, tal como lo reconocen todas las instancias anteriores, y dadas las circunstancias en que se desarrollaron los hechos probados, entiendo que también lo estuvo el aspecto subjetivo de aprovechamiento de la indefensión de la víctima por parte del imputado para desarrollar su accionar amparado por la ausencia de personas que pudieran acudir en ayuda del menor, atento la acreditada complicidad de la madre y la circunstancia de que se llevara a cabo la acción en el interior de la vivienda emplazada en una zona semirural, alejada de otros posibles moradores, al menos en las concretas circunstancias en que el hecho tuvo lugar, todo lo cual garantizó su actuación sin riesgos y sobre seguro, a sabiendas de que era así, única exigencia de la figura en cuestión, sin que el ambivalente obrar posterior modifique el significado jurídico del suceso.
Por lo expuesto, entiendo que deberá hacerse lugar al recurso fiscal, revocándose lo decidido en cuanto fue materia de agravio y encuadrar el hecho como constitutivo de homicidio calificado por alevosía (arts. 80 inc. 2, Código Penal y 496, CPP).
En razón de ello, atento que el restante agravio planteado por la parte lo fue en subsidio del rechazo de la cuestión principal, no corresponde ahora abordarlo.
V. Por último, sin perjuicio del alcance que deba otorgársele a la presentación de fs. 65/69, es oportuno analizar sus planteos.
V.1. El señor defensor oficial de Casación sostuvo en primer lugar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato no debería admitirse a fin de asegurar la vigencia de los principios rectores enumerados en el art. 33 de la ley 13.634 que ha acotado expresamente la facultad recursiva del Ministerio Público Fiscal en la norma contenida en el art. 62.
Según adujo, el legislador no ha concedido a la fiscalía la facultad de recurrir el fallo final de la causa, regla especial que resulta a su entender del hecho de que la ley referida contiene únicamente normas acerca de la apelación de la defensa. Estimó que el alcance extensivo de dicha facultad en el caso carece de sustento legal.
V.2. Por otra parte, consideró que la admisibilidad del recurso interpuesto por la acusación permitiría que, de prosperar, se afecte la garantía de ejercer su derecho constitucional a obtener la revisión por parte de un tribunal superior de la resolución que le causa agravio (arts. 8.2. "h", CADH; 14.5, PIDCP, y fallos de la CIDH in re Herrera de Ulloa vs. Costa Rica , sent. de 2-IV-2004; CSJN in re "Giroldi", "Casal" y "Salto"; v. fs. 67 vta.).
Destacó que el éxito del recurso dejaría sin posibilidad alguna a M. de examinar la resolución adoptada, por lo que, la concesión del mismo carecería de sentido en tanto habilita el progreso de una impugnación, que, únicamente con un rechazo posterior sobre el fondo del planteo, evitará la vulneración a la garantía del doble conforme. Asimismo, cercenaría la garantía que emana de los fallos de la Corte de Justicia de la Nación que citó, y con ello, su posibilidad a la revisión amplia de su sentencia adversa (v. fs. 67 vta. y 68).
Solicitó, en suma, se desestime el recurso planteado por el Ministerio Público Fiscal.
V.3. Los planteos traídos por la defensa no pueden ser atendidos.
La parte no logra evidenciar que la habilitación impugnativa prevista en el Código Procesal Penal al Ministerio Público Fiscal para acceder a esta Suprema Corte a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley pueda afectar el derecho del imputado a la revisión de la sentencia de condena cuando ha transitado por dos instancias judiciales ordinarias previas.
Tampoco se advierte que lo fallado por la Corte nacional en las causas V.466.XLII "Vilche, José Luis s/ tentativa de homicidio -causa nº 263-" (sent. de 9-X-2007) y S.1482.XLI "Salto, Rufino Ismael s/ abuso sexual agravado -causa nº 117/04" (sent. de 7-III-2006, CSJN Fallos: 329:530) otorgue sustento a la concreta posición del señor defensor oficial sobre la inadmisibilidad de la vía recursiva articulada por el Ministerio Público Fiscal, ya que en tales precedentes se trajo a colación lo resuelto en el caso "Casal" (C.1757.XL "Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N° 1681-", sent. de 20-IX-2005, CSJN Fallos: 328:3399) en donde se desarrolló el alcance de la garantía de revisión del fallo condenatorio (o garantía de la doble instancia) -que integra el bloque de constitucionalidad de la Nación (arts. 8.2. "h", CADH; 14.2, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac.)- a través del concepto de revisión amplia (de la sentencia) aplicando la doctrina del máximo rendimiento.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal departamental adjunta, se revoca la sentencia impugnada en lo que fue materia de recurso y, en consecuencia, se repone la agravante de alevosía al hecho de homicidio en los términos del art. 80 inc. 2 del Código Penal; y se remiten los autos a la instancia a fin de que determine la pena a aplicar (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia