Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131319
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.319, "Giménez, Iván David. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.629 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 30 de noviembre de 2017, rechazó, por improcedente, al recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de Iván David Giménez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Quilmes que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 81/100 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante ese Tribunal, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 104/117), el que fue parcialmente concedido por el tribunal recurrido (v. fs. 129/131 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 140/144 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 145) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El señor defensor oficial adjunto tildó la sentencia recurrida de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Máximo Tribunal federal, afectando la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal, el derecho al recurso y el principio de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.). Se quejó de revisión aparente de la sentencia de condena e infracción al art. 80 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 106 vta.).
Concretamente reprochó al Tribunal de Casación haber constituido un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme de su asistido, pues habiéndose acudido a dicho Tribunal en procura de la revisión del modo en que el Tribunal de juicio tuvo por acreditados los hechos atribuidos a Giménez el tratamiento efectuado por el revisor "...no satisface la doble instancia" (v. fs. cit. y 107).
Recordó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso del encartado con cita del fallo "Casal" y adujo que el revisor efectuó un análisis separado del recurso de casación presentado y del memorial, "...considerando que las respuestas acordadas a los agravios desarrollados por la señora defensora oficial eran suficientes para '...tener por contestado lo alegado por la parte'", lo que en su parecer demuestra la revisión aparente que denuncia (v. fs. 107 vta. y 108).
Siempre en orden al agravio relacionado con la errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal destacó que el "...elemento constitutivo de la tipicidad subjetiva no ha sido fehacientemente acreditado en el sub lite dado que más allá de la mención por parte del tribunal de que la presunta intervención de [Giménez] importó una acción cruel dirigida a causarle sufrimiento a la víctima, ello no es más que una mera percepción subjetiva que no encuentra sustento en elementos objetivos de convicción" (fs. 108 vta.).
Alegó que en el planteo introducido se denunció la errónea aplicación de las reglas de la participación, así como la imposibilidad de establecer, sin un margen de duda razonable, la existencia de dolo específico del homicidio agravado en cabeza del encausado. Entendió que debió aseverarse que Giménez intervino motivado por una tendencia sádica para infligir sufrimiento a la víctima, extremo que se tuvo por probado a partir de una mera apreciación subjetiva del tribunal, cuando, en su parecer, no se ha demostrado que las heridas hayan sido proferidas exclusivamente por el imputado o atribuidas bajo las reglas de la coautoría funcional (v. fs. cit. y 109).
Destacó que en el fallo en crisis se confirma solamente la existencia de las heridas y la participación de Giménez en la agresión, individualizando a su respecto una herida punzo cortante que acreditaría el dolo específico, sin determinar con precisión la imputación respecto a las lesiones vitales producidas en el tórax de la víctima (v. fs. 109).
Entiende que allí radica la arbitrariedad pues el acontecimiento fue producto de la intervención de varias personas, no pudiendo representarse en cada uno de ellos la ubicación y cantidad de las heridas producidas (v. fs. 109 vta.).
Resaltó que no puede inferirse que al momento de provocarle a la víctima la lesión en la boca, el imputado hubiera tenido la intención de prolongar su sufrimiento, dado que no puede probarse que tuviera conocimiento de su agonía (v. fs. cit.).
Especificó que los autores de las puñaladas fueron otros individuos y que la circunstancia de propinar un puntazo en la boca no lleva necesariamente a considerar que tuvo conocimiento efectivo de la posibilidad real del resultado luctuoso. Destacó que la potencial consideración de un dolo eventual resultaría incompatible con la figura calificada aplicada que exige dolo directo (v. fs. 110).
Concluyó que se pretende endilgar a Giménez todos los sucesos narrados por los testigos cuando no surge con claridad el grado de participación que tuvo cada uno de los sujetos activos. Explicó que la insuficiencia de la fundamentación transgrede el derecho de defensa en juicio, de inocencia y el doble conforme (v. fs. 110 vta.).
Solicitó se anule la sentencia atacada, se desaplique el art. 80 inc. 2 del Código Penal y en su caso, se disponga el reenvío al Tribunal de Casación, a fin de que jueces hábiles se expidan conforme a derecho (v. fs. 113).
I.2. En segundo término, denunció la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Luego de referirse al Anteproyecto de reforma del Código Penal que propone sustituir este tipo de sanción por penas divisibles y al art. 22 del Código Civil y Comercial (v. fs. 113 vta./114 vta.), sostuvo que las penas deben ser proporcionales al hecho cometido y a la culpabilidad del autor. Afirmó que la de prisión perpetua no tiene contenido resocializador, pues la sanción impuesta acarrea daños colaterales relevantes que la tornan incompatible con la dignidad humana (v. fs. 115).
Indicó que la pena perpetua atenta contra la garantía de igualdad ante la ley prevista en el art. 16 de la Constitución nacional, siendo incompatible con las previsiones de los arts. 40 y 41 del Código Penal, dado que el art. 80 del Código Penal no permite individualizar pena (v. fs. 115 y vta.).
Aseveró que la decisión atacada carece de motivación en punto al monto de la sanción impuesta, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y, de confirmarse el encuadre legal, se tome como referencia para graduar la pena la escala prevista en el art. 79 del Código de fondo (v. fs. 116).
II. Coincido con la Procuración General (v. fs. 140/144 vta.), pues estimo que el remedio intentado debe ser desestimado.
III. De manera liminar es necesario aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley sólo lo hizo por infracción a ley sustantiva, esto es la vinculada con la aplicación al caso del art. 80 inc. 2 del Código Penal, y en cuanto formula un cuestionamiento a la validez constitucional de la pena de prisión perpetua (v. fs. 129/131 vta.). Con esos lindes serán abordados los agravios.
III.1. En el recurso de casación, la defensa denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal, dado que, en su opinión, no se acreditó en el juicio el elemento subjetivo que requiere la figura penal; entendió que no surgía de la prueba rendida el dolo necesario, pues nada permite suponer en la mente del imputado la intencionalidad que esta agravante implica (v. fs. 40/41).
Los órganos intervinientes tuvieron por acreditado que "...el 16 de febrero de 2014, siendo aproximadamente las 22.30 hs., en inmediaciones de la intersección de las calles 898 y 804 de Quilmes, Iván David Giménez, utilizando un elemento punzo-cortante, le propinó a Matías Ezequiel Otero varias heridas, cuando la víctima ya había sido agredida ferozmente por el ataque conjunto de Juan Lemos y un hermano de Iván Giménez, utilizando una maza y otro elemento punzo cortante, recibiendo las heridas fatales Otero cuando estaba ya tirado en el piso aumentando deliberadamente el dolor de la víctima al asestarle entre otros puntazos, uno en la boca que le corta el labio superior que le atravesó la mucosa labial y lesionó la encía. De esta manera los agresores lo hicieron sufrir innecesariamente, hasta que permitieron que fuera trasladado al Hospital de Solano Eduardo Olier, donde falleciera como consecuencia principalmente de tres heridas punzantes en el tórax, que perforan el pulmón y la arteria pulmonar" (fs. 14 y vta.).
El tribunal de juicio consideró a Giménez autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ensañamiento, calificación que fue confirmada por el revisor (si bien el tribunal de origen lo denominó "coautor" en los considerandos, a fs. 26).
A tal fin el a quo valoró el testimonio de Sara Giselle Ruiz, esposa de Matías Ezequiel Otero, que fue concordante y coincidente con el resto del material probatorio, quien señaló "...que su marido fue a comprar pizza y lo vio corriendo con el torso desnudo y descalzo advirtiendo que le habían robado el auto y que, detrás de un árbol salió un hombre que comenzó a pegarle, a quien lo reconoció en la fotografía de fs. 72, resultando ser Lemos padre del acusado". Asimismo, destacó que: "...otros sujetos le decían 'hijo de puta te vas a morir'. [...] un muchacho rengo en la golpiza, quien textualmente le dijo 'déjalo que se muera en el piso déjalo hijo de puta que se va a morir en el piso [...]' Luego de eso puntualizó que apareció Iván Giménez con un cortafierros y junto al otro muchacho comenzaron a darle puñaladas por todo el cuerpo al tiempo que le agoraban 'hijo de puta te vas a morir' [...] en ese instante vio como Iván con el cortafierros le dio en la boca a su marido" (fs. 84 vta.). A ello adunó lo declarado por Marcelo Lezcano, Alberto López y Martín Otero (v. fs. 84 vta. y 85).
Además meritó la pericia de autopsia efectuada sobre Matías Ezequiel Otero, que estableció "...multiplicidad de excoriaciones y heridas cortantes en miembros, rostro, dorso y cuero cabelludo compatibles con lesiones de lucha y elementos corto punzantes; así también, se describieron tres heridas de mayor importancia, siendo la responsable del deceso la que ingresó por la tetilla izquierda que ocasionó la lesión de la arteria pulmonar izquierda [...] concluyó que la muerte se produjo por paro cardiorrespiratorio traumático secundario a herida de arma blanca en tórax". Entre las lesiones se describió una "...herida cortante de 5mm vertical sobre labio superior que atravesó la mucosa labial y lesionó la encía", a la que haría referencia la testigo Ruiz como ocasionada por el acusado a su marido cuando ya estaba en el piso (v. fs. 86 vta. y 87).
Aseveró el a quo que el encuadre en la agravante del art. 80 inc. 2 del Código Penal, es decir del ensañamiento, se justifica "...no sólo por la cantidad de heridas punzo cortantes descriptas en la operación de autopsia que resultaron vitales, sino por la forma y el modo en que se realizaron, tendientes a aumentar el dolor y sufrimiento de la víctima [...] el informe histopatológico [...] acreditó que, la victima presentó tres lesiones de arma blanca, punzocortantes, de carácter vital y breve tiempo de sobrevida, así también, que los 'puntazos y patadas' fueron producidos antes de la muerte de la víctima, por lo que conlleva a la lógica conclusión que se acrecentó innecesariamente el sufrimiento y el dolor de Matías Otero. Asimismo, surge de los dichos de la Sra. Ruiz, quien describió el golpe que el acusado le infligió a su marido cuando este ya se encontraba tirado en el suelo sin posibilidad de reacción alguna, '[...] con el claro propósito de aumentar el sufrimiento de la víctima, quien ya se encontraba agonizando'" (fs. 93 vta. y 94).
Coincidió con el juzgador en que "...la conjugación de los tres puntazos en el tórax y las directas manifestaciones de los agresores, deseando la muerte a la víctima, dan cuenta claramente del dolo homicida; luego, las sucesivas puñaladas, las patadas, y el puntazo en la boca, junto a las exclamaciones de muerte como 'que muera como un perro en la calle', produjeron sin duda alguna, un sufrimiento innecesario 'ahondando el martirio y autónomas del fin de matar'; todo lo cual conforma datos relevantes a los fines de valorar la aplicación de la agravante cuestionada" (fs. 94 cit. y vta.).
Explicó que la convicción alcanzada "...funda la existencia de dolo directo en Giménez, esto es, la intención exteriorizada de darle muerte a Otero, habiendo procedido a efectuarle multiplicidad de excoriaciones y heridas cortantes en los miembros, rostro, dorso y cuero cabelludo, como una herida cortante de 5mm vertical sobre el labio superior que atravesó la mucosa labial y lesionó la encía, siendo responsable del deceso la que le ingresó por la tetilla izquierda que afectó la arteria pulmonar izquierda" intención que se materializó al concretar las acciones referidas (v. fs. 94 vta. cit.).
Concluyó en la acreditación de dolo típico "...a partir de los testimonios ya analizados y los rastros evidenciados en el mismo cuerpo de la víctima que falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas" (fs. 95).
III.2. Como lo adelantara, el contenido de la impugnación no consigue desvirtuar los fundamentos brindados por el Tribunal de Casación para justificar la aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal del cual resultara víctima Matías Ezequiel Otero.
Como se vio, ante esta instancia la defensa discutió la calificación legal criticando la forma en la que la Casación llevó adelante la revisión de la condena, asunto que como ya se explicitó, quedó fuera de la admisibilidad del recurso extraordinario.
Por lo demás, en el desarrollo de ese agravio la parte hizo hincapié en que debió construirse adecuadamente la atribución de coautoría funcional a su asistido -lo que dice no ocurrió- en relación a las lesiones mortales en el tórax de la víctima, teniendo en cuenta que fue agredido por varios sujetos, para recién entonces poder inferir que al provocarle Giménez la lesión en la boca tuvo la "...intención deliberada de prolongar el sufrimiento previo al deceso" (fs. 109 vta.). Según el defensor, se debió establecer "...con claridad cómo es que se llega a imputarle la deliberada intención de provocar un sufrimiento innecesario a la víctima previo a su deceso, si se desconoce en primer lugar si tuvo un aporte esencial para producir la muerte de la misma" (fs. 108 y vta.).
Sin embargo, esta argumentación dirigida a que se suprima la agravante de ensañamiento en base al tipo de participación criminal del acusado resulta novedosa porque no formó parte del recurso de casación a pesar de que esa era la ocasión legalmente prevista para su postulación -y no la memoria ante esa instancia- con lo que, por consiguiente, resulta tardíamente introducida ante esta Corte (doctr. art. 451, CPP). Incluso así lo admitió el recurrente cuando alegó que -a contrario de lo que afirmó el a quo - el planteo de su memoria en este aspecto "no guarda similitud" con el formulado en el recurso de casación (v. fs. 110/vta. y 108).
IV. La segunda parcela de la queja tampoco es de recibo.
Ante el planteo de inconstitucionalidad de las penas perpetuas el órgano recurrido señaló que "Los argumentos se limitan a indicar una mera discrepancia o desacuerdo con la técnica legislativa empleada que, criticable o no, pareciera que no le compete a este poder efectuar juicios de valor sobre la misma. En rigor de verdad, cada uno puede tener su opinión personal acerca de la buena o mala técnica legislativa empleada al sancionar la mentada disposición, pero de eso no se deriva que este poder, abuse de la herramienta que con el mayor de los cuidados debe emplear el juzgador, cual es el control de constitucionalidad de las normas, para entrometerse en las funciones inherentes al Poder Legislativo (ciertamente aquí sí habría una especie de usurpación de funciones ilegítima en un Estado de Derecho)" (fs. 96 vta.).
Agregó que "...los arts. 40 y 41 del C.P, se refieren únicamente, tal como lo refiere el mismo texto, a las penas divisibles por razón del tiempo o cantidad. Así, por lo tanto, estas no resultan de aplicación en el caso enmarcado en el art. 80 inc. 2 del C.P que prevé exclusivamente la sanción privativa de libertad con carácter perpetua, lo que imposibilita su graduación" (fs. cit. y 97).
Señaló que "...la proporcionalidad de la pena, que se trasunta en la ley con carácter general, es de competencia exclusiva del legislador, sin que competa a los tribunales juzgar del mismo, ni imponer graduaciones o distinciones que la ley no contempla" (fs. 97 y vta.).
Tampoco encontró vulnerada la igualdad ante la ley dado que la discriminación que realiza el legislador para asignar la pena de prisión perpetua a los delitos del art. 80 del Código Penal "...se funda en el mayor disvalor de acción, consistente en la mayor gravedad que comporta la acción llevada a cabo con ensañamiento" (fs. 97 vta.).
Aseveró que "Tal discriminación en función del disvalor de acción no comporta una discriminación arbitraria que contraríe el principio de igualdad ante la ley, sino antes bien, responde a un claro y racional designio del legislador de desvalorar de manera más severa estos casos que importa una mayor peligrosidad. Todo lo cual coloca a esa clase de acción en una situación diferenciada" (fs. cit.).
Finalmente, en cuanto al fin resocializador de la pena destacó que "...la regulación de la C.A.D.H., norma incorporada a la CN y recogida por las leyes de ejecución de la pena, nacional 24.660 y provincial 12.256, no es excluyente de otros fines de la pena. En lo demás, al no importar la perpetuidad -según nuestra legislación- la prisión de por vida, el argumento de pérdida de virtualidad del derecho a la resocialización pierde contenido" (fs. cit. y 98).
Coligió que estas razones justifican "...la legitima vigencia del art. 80 inc. 2 del C.P. en cuanto conmina la conducta allí desvalorada con la pena de prisión perpetua, por descartar la afectación de los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y proporcionalidad" (fs. 98).
V. Frente a lo resuelto, el recurrente no se encarga de impugnar los argumentos tenidos en cuenta por el citado tribunal.
Sus críticas se limitan a exponer una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones constitucionales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
El argumento relativo a que la pena perpetua afectaría el principio de culpabilidad por el acto resultaría acertado si la impuesta no guardara relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad.
Sólo podría predicarse entonces su incompatibilidad constitucional en los supuestos en que esta última condición resulte violada en concreto, y aquí no se ha evidenciado que la sanción legalmente prevista para el delito por el que el procesado resultó penalmente responsable sea desproporcionada y contraria a los principios que estima afectados.
Frente al desvalor del injusto que se aprecia en el caso concreto, el recurrente no se encarga de demostrar que la pena de prisión perpetua sea inadecuada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.