Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.975 , "Flores, Jonathan Claudio Ariel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 75.085 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de marzo de 2017, declaró procedente el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes de absolver al señor Jonathan Claudio Ariel Flores en orden al delito de robo triplemente agravado en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil. En consecuencia, casó el veredicto absolutorio y ordenó el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para que jueces hábiles realicen un nuevo debate, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en su decisorio (v. fs. 124/134 vta.).
El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 140/150); el que fue concedido por el tribunal intermedio a fs. 151/153 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 161/167 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 168) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Para conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen, la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación Penal tuvo presente que si bien la recurrida no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal, ya que no termina la causa ni impide su continuación, según doctrina de la Corte federal que invocó, en el caso corresponde equipararla a tal en razón del rendimiento propio de la garantía de ne bis in idem ; pues la posibilidad de que el recurrente se vea sometido al riesgo de un nuevo proceso, de por sí constituye un agravio de insusceptible reparación ulterior, pudiendo restringir de manera directa e inmediata el derecho de defensa en juicio, y menoscabo del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 152/153).
En ese estricto marco de excepción en que resultó abierta la competencia extraordinaria de este Tribunal, a fin de asegurar el eventual tránsito de la causa hacia la instancia federal, la impugnación debe ser desestimada en función de lo resuelto sobre el asunto en precedentes similares, tal como dictamina la Procuración General (v. fs. 162/167 vta.).
II. Contra el fallo de grado que absolvió a Jonathan Claudio Ariel Flores, el señor agente fiscal dedujo recurso ante el Tribunal de Casación, el que fue declarado procedente.
El órgano revisor, luego de analizar el pronunciamiento puesto en crisis, coincidió con el recurrente en que "...la actividad de la mayoría sufragante, resultó de una libre -pero absurda- apreciación subjetiva de la prueba obrante, alejándose de parámetros objetivos que racionalmente lo hubieran conducido a una situación diversa" (fs. 129). Y añadió que la fiscalía logró demostrar que la sentencia se apartó groseramente del plexo probatorio, lo que da la pauta que "...las conclusiones a las que arribó para extrapolar la conducta reprochada, no fueron el fruto del análisis racional de esas pruebas" (fs. cit. y vta.).
Con ese fin, hizo suyos los argumentos de la magistrada que votó en minoría considerando que se verificó un cuadro indiciario congruente, compacto y unívoco suficiente para determinar que fue Flores quien "...subió al colectivo, apuntó al chofer, desapoderó y desplegó violencia física innecesaria sobre los pasajeros que portaban con ellos sus pertenencias..." (fs. 130).
En igual sentido refirió que concordaba con la sentenciante de grado, en que todas las coincidencias apuntaban unidireccionalmente a Flores, en tanto esta describió que los testigos que pasaron por el debate relataron que "...a pocas cuadras del lugar del hecho, [...] poco tiempo después [...], estaban tres jóvenes de similares características, repartiéndose cosas, tenían mochilas, plata y en esa misma esquina tiraron las llaves del colectivo" (fs. 130), que cuando la policía se acercó se fugaron e ingresaron sin permiso a una vivienda que conocían pero no se unieron a la cena familiar, sino que se quedaron escondidos, intentando pasar desapercibidos y habiendo arrojado el botín en la casa lindera, además de que el arma utilizada en el ilícito terminó siendo guardada por un tío de "Jhonny" (v. fs. cit. y vta.).
Asimismo, el órgano casatorio aludió que entre el período en que ocurrió el hecho y la aprehensión de Flores, existió un lapso suficiente para contar lo sustraído, determinar la forma de repartirlo y esconderlo, así como cambiarse de ropa y descartarse del arma. Recordó también que hubo cosas que no fueron recuperadas ni habidas, y tampoco pudo darse con el paradero de las chicas que habrían participado en el ilícito junto al imputado (v. fs. 131).
Coincidió con el análisis efectuado por la jueza de grado, respecto a que las esquinas de los barrios son lugares de encuentro de chicos, pero ello no implica que estos ante la presencia policial salgan corriendo, ingresen sin permiso a alguna casa o arrojen efectos en los paredones linderos (v. fs. 131 vta.).
Concluyó así que el desarrollo argumental efectuado por la sentenciante en minoría era el correcto, por lo que "...el pronunciamiento puesto en crisis por el recurrente deviene infundado, no cumpliendo con el mandato constitucional que exige la motivación de las decisiones judiciales" (fs. 132) y advirtió que "...no se explicó ni desarrolló argumento alguno con expresión de la convicción sincera que motivara la conclusión jurisdiccional, basándose [...] en meras afirmaciones sin sustento en la totalidad del material probatorio" (fs. cit.).
A resultas de ello, el pronunciamiento de origen fue casado y las actuaciones devueltas a esa instancia para que jueces hábiles realizaran un nuevo debate teniendo en cuenta las consideraciones vertidas por el tribunal del recurso, con cita de los arts. 1 y 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial y 106, 201, 373 del Código Procesal Penal.
III. En la impugnación que aquí se examina, el señor defensor oficial denuncia que lo decidido por la Casación transgrede la garantía del ne bis in idem , al haberle reconocido facultades legales amplias para recurrir al Ministerio Público Fiscal en perjuicio del imputado y disponer la realización de un nuevo juicio (v. fs. 143).
Sostiene que la absolución de su defendido fue dictada a consecuencia de un proceso válidamente cumplido, en donde el tribunal de origen luego de analizar los elementos de prueba colectados en autos, resolvió por mayoría absolverlo (v. fs. 146).
Estima que además resulta arbitrario, ya que desconoce la doctrina sobre la materia sentada por la Corte federal que invocó a fs. 144/145 vta. con relación a la prohibición de múltiple persecución penal y en la comprensión que el reenvío dispuesto importa retrotraer el proceso a etapas ya superadas válidamente realizadas (CSJN, causa "Sandoval", por su expresa remisión -en su considerando 6°- a los votos en disidencia en la causa "Alvarado"; v. fs. 145 y vta.).
Cuestiona la decisión del a quo , en tanto los motivos por los cuales se pretende dictar un nuevo pronunciamiento no atañen a la validez del mismo, y por otra parte, los defectos señalados en el fallo recurrido no le son atribuibles ni reprochables de modo alguno al aquí imputado Flores, resaltando que el acusador no logró desvirtuar en su recurso el principio de inocencia tenido en cuenta por el Tribunal Criminal para absolverlo (v. fs. 148 vta. y 149).
IV. Las alegaciones recursivas antes reseñadas ponen de manifiesto que la pretensión de asimilar la cuestión aquí planteada con relación al ne bis in idem con la juzgada en el caso "Sandoval", no trasciende de ese mero enunciado, pues no se hace cargo la parte de los aspectos particulares de ese pleito que llevaron al Máximo Tribunal de la Nación a decidirlo a través de las consideraciones a las que remitió de las causas "Alvarado" y "Olmos" (CSJN Fallos: 321:1173 y 329:1447, respectivamente); expedientes que, más allá de los distingos que exhiben en sus aspectos fácticos y procesales, dan cuenta que la solución administrada importaba en definitiva la reedición total del juicio, "...esto es, la renovación de la integridad de sus partes (declaración del imputado, producción de la prueba, acusación y defensa)"; cuando según constante jurisprudencia de ese Cuerpo, por imperio de los principios de progresividad y preclusión "...no hay lugar para retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando éstas han sido cumplidas observando las formas sustanciales del proceso que la ley establece" (cons. 6° y 9° del voto de los Jueces Petracchi y Bossert); conceptos que hacen al pronunciamiento aludido en primer lugar y que reproduce en similares términos el voto del Juez Petracchi en el precedente siguiente (conf. en lo pertinente causas P. 117.890, sent. de 29-VI-2016; P. 117.957, sent. de 17-VI-2015; e.o.).
Ciertamente tal temperamento se alinea con la doctrina sentada en el caso "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188), en que la Cámara interviniente había anulado de oficio las actuaciones a partir del cierre del sumario sobre la base de que el instructor no había agotado la investigación. La Corte revocó el pronunciamiento con fundamento en que "...el juicio ha[bía] sido retrogradado a su etapa inicial, o sea la de sumario, cuando se encontraba ya en condiciones de ser definitivamente fallado con relación al apelante; y cuando éste llevaba más de cuatro años en la condición de procesado" (parágrafo 6°, CSJN Fallos: 272:188).
La situación descripta no se ve justificada en la especie ya que la decisión del a quo , que tuvo su génesis en el ejercicio por parte de la fiscalía de la facultad recursiva que contempla la ley ritual, no retrotrae el proceso a una etapa ya superada (v.gr. la investigación penal preparatoria) sino que ordena la realización de un nuevo debate acorde con lo resuelto.
Desde luego no se trata de reforzar las posibilidades de arribar a una decisión condenatoria superando deficiencias probatorias o de meros preceptos adjetivos. Pues, resulta en principio improcedente que los magistrados de alzada anulen un fallo absolutorio "...carente de vicios esenciales, obligando al recurrente a soportar nuevamente las penosas contingencias de un juicio criminal por meros pruritos formales (Fallos: 305:913 ['Bartra Rojas'] y 321:2826 ['Polak'])" (conf. voto de los doctores Fayt y Zaffaroni en "Ovando, Mónica Beatriz", sent. de 15-V-2014, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal).
Descartado, entonces, que la nulidad pueda tener como fin, por ejemplo, remediar la mera orfandad probatoria, dando una nueva oportunidad al acusador público o particular para rehacer una investigación defectuosa o insustentable, cabe deslindar adecuadamente esos supuestos de aquéllos en que el veredicto absolutorio se asienta en premisas falsas o con evidente apartamiento de las constancias comprobadas de la causa que privan al pronunciamiento de toda validez judicial.
Así las cosas, el recurrente no demuestra que la cuestión planteada con relación al ne bis in idem resulte sustancialmente análoga a la juzgada en los supuestos resueltos por el tribunal federal.
El presente caso, en suma, no reúne las características necesarias para que se configure una violación a la garantía invocada.
De todos modos, el procesado en autos -una vez que se renueven los actos procesales necesarios- cuenta con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia que a su respecto se dicte (art. 495, CPP; cfr. doctr. causa P. 109.736 y precedentes allí citados).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia