Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe remite la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles que conformen una nueva Sala revisora y, de acuerdo con los lineamientos trazados en este pronunciamiento, lleve a cabo a la brevedad el examen integral de la sentencia impugnada merced a los agravios postulados por la parte interesada y las reglas que la gobiernan.
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.612, "Pereyra Fontanet, Alberto Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 73.612 y su acumulada 73.616 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de agosto de 2016, hizo lugar -en lo que interesa a los efectos del presente- al recurso de la parte acusadora contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro que había condenado a Alberto Daniel Pereyra Fontanet a la pena de tres años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de portación ilegal de arma de guerra en concurso real con daño, en tanto lo absolvió respecto del delito de homicidio agravado por el uso de arma en grado de tentativa (hecho del día 24 de marzo de 2014, víctima Noemí Graciela Sierra). En consecuencia, revocó la absolución por el referido hecho y lo condenó por el delito de lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso material con los delitos de daño y portación ilegal de arma de guerra, y le impuso una pena de cinco años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 83/92).
Contra esa decisión, la defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 108/114 vta.), canalizando de ese modo la voluntad recursiva del imputado puesta de manifiesto a fs. 102; el cual fue concedido por la sala interviniente en razón de los agravios federales alegados (v. fs. 115/118).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 127/130 vta. aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos a fs. 131, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa formuló dos agravios. Sostuvo que al admitirse que el recurso fiscal llevara a la revisión de la prueba con la que en primera instancia se absolvió a su asistido de uno de los delitos que integran el concurso real por el que viene condenado, la sentencia de Casación violó el principio de inocencia y la prohibición del non bis in idem por lo que pidió se reponga lo decidido en el fallo de la primera instancia. En el segundo de sus planteos sostuvo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no proporciona un marco que permita la revisión amplia de los agravios señalados.
Sobre lo primero, postuló que el recurso de la parte acusadora "...debe tener un margen más acotado para procurar una revisión, sólo limitada a los supuestos en los que considere que la realización del juicio no ha sido válida, quedando fuera de la Casación el examen del mérito de la prueba valorada por los Jueces para arribar a la convicción que determina la decisión. Es que, convalidándose lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal, se pondría en crisis el principio constitucional de inocencia" (fs. 110 vta.).
Añadió que "...el éxito del recurso Fiscal que provoca su condena directa en la casación, sin juicio de reenvío siquiera para la determinación de la pena, implica además que los derechos constitucionales del imputado -de defensa en juicio, debido proceso, igualdad, derecho a no ser sometido a un nuevo riesgo de condena y a lograr la liberación del proceso- revistan ni más ni menos que la condición de letra muerta" (fs. cit.). Citó precedentes federales relativos a la prohibición de doble persecución penal y el respeto debido a los derechos consagrados en tratados internacionales (v. fs. 110 vta. y 111).
Transcribió la opinión de un autor que considera que habilitar el recurso fiscal contra una sentencia absolutoria viola la garantía contra la doble persecución penal (v. fs. 111 vta.).
Argumentó que "...resultaría absurda la prohibición establecida mediante el principio de reformatio in peius ( cfr. art. 435 del CPP ) si se le brindara al acusador (el Estado) la posibilidad de recurrir el fallo, con la consiguiente posibilidad de renovarse, modificarse o anularse la resolución, en su perjuicio" (fs. cit).
Con esa base, requirió se reponga la sentencia de primera instancia.
II. La Procuración General propició el rechazo de la vía intentada (v. fs. 127/130 vta.).
III.1. En autos se presenta un supuesto en el cual el órgano revisor -revocando el veredicto absolutorio pronunciado en la instancia de mérito respecto de uno de los hechos involucrados, acaecido el 24 de marzo de 2014, en perjuicio de Noemí Graciela Sierra- lo condenó por el delito de lesiones leves calificadas por el uso de arma de fuego (arts. 41 bis y 90, Cód. Penal), junto con los demás por los que venía así determinado, en concurso real, fijándole la pena de cinco años y dos meses de prisión. En consecuencia, es de aplicación lo resuelto por esta Corte en la causa P. 108.199 (resol. de 24-VI-2015), en la cual a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente C. 382. XLIX "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación", (sent. de 27-XI-2014), se decidió que una nueva Sala del Tribunal de Casación Penal será la que deba llevar a cabo la revisión integral de la primera sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Alzada.
III.2. En dicha ocasión, esta Corte consideró muy particularmente que a fin de garantizar con mayor plenitud el derecho al recurso emergente de los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ella no estaba en condiciones de cumplir ese cometido a cabalidad.
Los recursos locales previstos ante esta Suprema Corte, según el diseño constitucional de la Provincia (art. 161 y su desarrollo en el CPP), son extraordinarios y, en consecuencia, no han sido organizados para proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral de la condena. En efecto, por un lado, se hallan regulados precisos carriles estructurados según los motivos de impugnación -de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal-; por otro, en cuanto a este último recurso, las normas que lo disciplinan consagran limitaciones en razón del monto de condena y de los motivos de agravios (sólo se revisa el alcance de la aplicación de ley sustantiva o la doctrina legal referida a ella, con exclusión -por regla- de las cuestiones fácticas y probatorias, salvo la pretoriana doctrina del absurdo o la arbitrariedad).
Por eso, no sólo en salvaguarda del alcance excepcional de su competencia constitucional, sino también en favor de dotar de la mayor amplitud a la garantía en juego consideró -siguiendo los lineamientos de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en D. 429.XLVIII "Duarte, Felicia s/recurso de casación", sentencia de 5-VII-2014 y sus citas-, que en tales casos, pese a ser ella el "tribunal superior" en la línea de impugnación, no estaba habilitada para ejercer la revisión de esa primera sentencia de condena con el estándar fijado en "Casal" en razón de las antedichas limitaciones en su quehacer revisor, contando, por el contrario, el recurso de la especialidad, con mejores herramientas para la satisfacción de ese cometido (v.gr.: arts. 457, 458, CPP).
Concluyó entonces que como la garantía del derecho al recurso debe regir respecto de todo aquél que es condenado, aun cuando recién lo sea por primera vez por un tribunal superior al revocársele el originario veredicto absolutorio, correspondía devolver el expediente a la Cámara de la que provenía para que, por quien fuere pertinente, se designare una nueva sala a fin de revisar la sentencia condenatoria.
III.3. En razón de todo lo expuesto, es que corresponde remitir la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación para que desinsacule los jueces hábiles que conformen la nueva sala revisora y, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, lleve a cabo a la brevedad el examen de la sentencia impugnada merced a los agravios postulados por la parte interesada y las reglas que la gobiernan.
IV.1. Para finalizar corresponde aclarar que si bien la parte pudo deducir frente a esta primera sentencia de condena (respecto de uno de los hechos atribuidos) el recurso de casación respectivo a efectos de su fiscalización horizontal por otra sala del mismo tribunal, a tono con la doctrina que ella misma invoca infringida (causa P. 108.199 cit.), y cuya vía no instó ni transitó pese a que al momento del dictado del fallo que se recurre (de 25-VIII-2016) ya estaba en vigor, lo cierto es que podría reputarse recién inexorablemente consolidada luego del dictado de la resolución en causa P. 129.241, de 5-VII-2017 ("Quinquinto"), a tenor de todos los precedentes que allí se citan en los cuales fue aplicada, con especial consideración en el caso de P. 121.282, sentencia de 7-IX-2016 ("Miguel"), por tratarse de un supuesto de similares características al suscitado en el presente.
IV.2. Por ello estimo que a partir de ese hito temporal se pone absoluta claridad a efectos de cuál es la vía pertinente para procurar la revisión del fallo en estos casos, siendo la que la defensa debe indefectiblemente articular con miras al cabal cumplimiento de la revisión exhaustiva del fallo de condena que emerge del precedente "Casal" (CSJN Fallos 328:3399). Y de ese modo se evita asignarle -ahora- un significado que pudiera resultar sorpresivo para las partes (doctr. causa "Tellez" CSJN Fallos 308:552, cons. 2°; seguida luego en CSJN Fallos 328:566, "Itzcovich, Mabel c/ANSES s/reajustes varios", cons. 15° del voto de los doctores Petracchi, Fayt y Highton de Nolasco, cons. 31° del voto de los doctores Maqueda y Zaffaroni y cons. 14° del voto del Juez Lorenzetti; y en CSJN Fallos 328:1108, "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación -causa n° 107.572-", cons. 15° del voto de los doctores Maqueda, zaffaroni, Highton de Nolasco, Lorenzetti y cons. 2° del voto del Juez Fayt).
Con el alcance establecido, así lo voto .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se remite la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles que conformen una nueva Sala revisora y, de acuerdo con los lineamientos trazados en este pronunciamiento, lleve a cabo a la brevedad el examen integral de la sentencia impugnada merced a los agravios postulados por la parte interesada y las reglas que la gobiernan.
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia