Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131427
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de José Alejandro P., con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.427, "P., J. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.992 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de agosto de 2016, hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil único de Lomas de Zamora que había condenado a J. A. P. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso de armas (hecho I), robo calificado por el empleo de arma de fuego (hecho III), tenencia ilegal de arma de guerra (hecho IV) y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (hecho V) todos en concurso real entre sí y lo absolvió en orden al delito de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego (hecho II). En consecuencia, excluyó como agravante de la pena la reiteración delictiva y lo condenó, en definitiva, a la pena de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia. Sin costas en esa sede (arts. 40, 41, 41 bis, 55, 79, 104, 166 inc. 2, párr. segundo, Cód. Penal; 4, ley 22.278; v. fs. 94/104 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta ante el órgano referido interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/118 vta.), el que fue concedido por la Sala interviniente (v. fs. 119/120 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 129/132), dictada la providencia de autos (v. fs. 133) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora defensora oficial denunció la inobservancia de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de lo resuelto en los precedentes "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Mendoza" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 115).
I.1. Inicialmente alegó que la arbitrariedad de la resolución impugnada se evidencia en el juicio de cuantificación del castigo, dado que no se ha señalado el criterio adoptado para medir el fracaso del tratamiento previo en el joven J. A. P., ni las pautas que harían desaconsejable la permanencia en libertad del menor y cuál es el tratamiento y rehabilitación que recibirá durante el encierro dispuesto (v. fs. cit. y vta.).
Con cita de la Convención sobre los Derechos del Niño, expresó que "...la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más leve que proceda" (fs. 116).
En ese discurrir, trajo a colación las Reglas de Beijing y, en concreto, destacó que el Tribunal intermedio no consideró la posibilidad de innecesariedad de pena (v. fs. 116 vta.).
Concluyó que se ha incurrido en arbitrariedad al descartar la imposición de una pena sensiblemente menor, con posibilidad de seguimiento y revisión periódica posterior (v. fs. cit.).
I.2. En segundo lugar nuevamente le atribuyó arbitrariedad a la sentencia por contener afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad a la doctrina legal de la Corte federal y de este Tribunal (en contradicción con los arts. 18 y 33, Const. nac. y 171, Const. prov.). Denunció revisión aparente (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. cit. y 117).
Sostuvo que, si bien el tribunal excluyó una agravante y adecuó la pena, no trató la circunstancia referida a la falta de necesidad de imponer pena en el caso concreto.
Evidenció violación a los arts. 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño por considerar que la sanción se había fijado por encima del límite indicado por el principio de culpabilidad y que el órgano intermedio rechazó el reclamo sin fundamento alguno (v. fs. 117 vta.).
Afirmó que se ve afectada la garantía de la defensa en juicio toda vez que el pronunciamiento oculta la motivación de la decisión, en contradicción de la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" (v. fs. 118 y vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 129/132): el recurso no prospera.
III.1. El órgano de juicio, a efectos de determinar la repercusión punitiva ponderó ciertos principios, normas y recomendaciones, entre ellos que "...la imposición de una pena privativa de la libertad reviste carácter excepcional, debiendo acudirse a la adopción de dicha medida como alternativa de último recurso". Dijo que tiene su fundamento normativo en la Constitución nacional, Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 37 inc. "b" de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, reglas 17.1 "b" y 19.1 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), art. 58 de la ley 13.634, entre otras disposiciones (v. fs. 58 vta. y 59).
Indicó que "...la pena a imponer, amén de guardar concordancia con el principio de proporcionalidad y con la culpabilidad del sujeto activo, no podrá revestir igual entidad que la que debe ponderarse en una persona adulta" (fs. 59 vta; CSJN, causa "Maldonado", sent. de 7-XII-2005).
Explicó que teniendo en cuenta la calificación de los injustos cometidos, la valoración efectuada respecto a las circunstancias atenuantes -la minoridad del imputado- y agravantes de la sanción -la reiteración delictiva y la modalidad desplegada a fin de quitar la vida a Mariano Vergara en el hecho V- "...a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben imperar en todo acto de gobierno, tal como lo es la sentencia judicial, aunado ello a la reducción del quantum punitivo establecido en el art. 4°, 2° párrafo de la ley 22.278" entendía adecuado imponer a J. A. P. la pena de trece años de prisión (v. fs. 59 vta.) .
Consideró, además, que debía proporcionarse a P. un exhaustivo tratamiento rehabilitador a efectos de superar su serio compromiso con sustancias adictivas.
En el recurso de casación la defensa, en lo que aquí interesa y, en forma subsidiaria, sólo denunció errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 40 y 41, Cód. Penal) en la determinación del quantum punitivo. Solicitó se descarten las agravantes de la sanción y se aplique, en virtud de la atenuante valorada, una pena que no supere el mínimo legal de la escala prevista para la conducta enrostrada a P., conforme la disminución prevista por el art. 4 de la ley 22.278, es decir de acuerdo al grado de la tentativa para el delito de que se trate (v. especialmente fs. 73 vta./76).
El Tribunal intermedio -en lo que concierne- indicó que "En el control de la medida de la pena, resulta inamovible la atenuante ponderada y correcta la valoración como agravante de la modalidad desplegada en relación al hecho identificado como V, desde que habiendo tenido P. la oportunidad de desistir de su accionar luego de efectuar el primer disparo, decidió trasladar a la víctima y dispararle cinco veces más" (fs. 102 vta.).
Respecto a la valoración como agravante de la reiteración delictiva, consideró que correspondía excluirla "...atento el concurso real entre los hechos, su valoración hace tabla rasa con la prohibición de doble valoración" (fs. cit. y 103).
Ello así disminuyó la sanción impuesta condenando en definitiva a P. a la pena de doce años y seis meses de prisión.
III.2. De lo expuesto se advierte que la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Las consideraciones expuestas por el órgano intermedio no han sido controvertidas por la defensa, pues se ha limitado a exponer una mera opinión discrepante con lo decidido, sin poner en evidencia -siquiera liminarmente- la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la pretoriana doctrina de la arbitrariedad -Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 310:234- y ello conduce, sin más, a la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
III.3. Tampoco pueden dar base al agravio las citas al fallo "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343). Allí la Corte federal revocó una sentencia que había decidido no aplicar la reducción punitiva que de modo facultativo prevé el art. 4 de la ley 22.278. Lo hizo por cuanto a su entender la Cámara no había dado fundamentos suficientes para ello, pero no declaró que la norma citada sea inconstitucional, ni interpretó que la facultad referida pase a ser obligatoria en todos los casos (ver su considerando 41). Distinto es el escenario que se da en estas actuaciones, en que sí se hizo la reducción (v. fs. 59 vta. de la sentencia de juicio) y en el que lo que la defensa cuestiona es la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 en la imposición de la sanción.
Nótese que la judicatura intermedia confirmó la atenuante meritada y una de las agravantes y descartó la otra, disminuyendo la pena.
III.4. Por último, dado que en el caso "Mendoza" la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció acerca de la imposición de penas perpetuas a delitos cometidos durante la minoridad, la defensa no se encarga de señalar de qué modo lo allí dispuesto descalificaría la sanción reducida determinada en la presente respecto del joven infractor, lo que determina la insuficiencia de su planteo (art. 495, CPP).
IV. El segundo agravio planteado tampoco es de recibo.
La recurrente no ha logrado evidenciar que la inspección efectuada por el Tribunal de Alzada adolezca de alguna restricción cognoscitiva que pudiera considerarse incompatible con el estándar establecido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal", Fallos: 328:3399 y su progenie.
Como se advierte, el tribunal revisor dio respuesta a todos los reclamos que efectuó la defensa en el recurso de casación, hizo lugar parcialmente a éste, confirmó la atenuante meritada y la valoración como agravante de la modalidad desplegada en el hecho "V", descartó como severizante "la reiteración delictiva" y, en consecuencia, disminuyó la pena impuesta a P., con debida fundamentación de lo resuelto.
La crítica esgrimida no permite desentrañar, frente al abordaje dado a los agravios llevados oportunamente por esa parte, los extremos respecto de los cuales, a su criterio, el Tribunal de Casación omitió agotar la revisión conforme la doctrina del máximo rendimiento derivada del precedente "Casal" (art. 495, CPP).
En definitiva, la queja se desentiende de lo efectivamente decidido, sin evidenciar la violación del derecho al recurso invocado a tenor de la doctrina y fallos que cita.
V. La revisión aparente de la sentencia atribuida al fallo por no haber dado respuesta a la "...falta de necesidad de imponer pena en el caso concreto" (fs. 117), tampoco prospera en tanto dicho agravio, sin perjuicio de otras consideraciones posibles, no fue llevado a conocimiento del Tribunal de Casación en el recurso respectivo.
Recién fue alegado en oportunidad de interposición de la vía sub examine -v. fs. 117- en consecuencia, dicho órgano jurisdiccional no estaba obligado a su tratamiento (art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. arraigada doctrina de esta Corte, causas P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 91.185, sent. de 20-XII-2006; P. 92.143, sent. de 11-IV-2007; P. 102.093, sent. de 17-XII-2008; P. 103.665, resol. de 16-II-2011; e.o.).
Este Tribunal ha sostenido que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
VI. Desarticulado el planteo referido a la errónea revisión de la sentencia, quedan sin sustento las críticas sobre la arbitrariedad del fallo del intermedio como las transgresiones constitucionales alegadas, enlazadas intrínsecamente a aquél (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de José Alejandro P., con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia