Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129745
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el particular damnificado, se casa la sentencia impugnada por arbitraria en virtud de su deficiente motivación; y, en consecuencia, se remiten los autos a la instancia anterior a fin de que, con intervención de jueces habilitados, se brinde un adecuado tratamiento a los agravios que se le sometieron en el recurso de casación (art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor César Albarracín por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871, de 25-X-2017).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.745, "Carini, Claudio Juan -Particular Damnificado-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 80.724 y su acumulada n° 80.725 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento del 16 de mayo de 2017, rechazó los recursos interpuestos por el señor Fiscal General y el particular damnificado contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín que, en cuanto interesa, sobreseyó a Claudia Liliana Iparraguirre del delito de falsificación ideológica de instrumento público por el cual fuese acusada, revocando la decisión adoptada en sentido contrario por la señora jueza de garantías n° 2 departamental (v. fs. 64/66).
Contra ello, el señor Claudio Juan Carini, por derecho propio, en su carácter de particular damnificado y con patrocinio letrado, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 69/81), que fue concedido en la instancia anterior para el tratamiento de los planteos federales articulados (v. fs. 95/100).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 122/126), dictada la providencia de autos (v. fs. 127), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Denuncia el recurrente que el Tribunal de Casación convalidó el sobreseimiento dictado respecto de la oficial de justicia del Juzgado de Paz letrado de General Viamonte, Claudia Iparraguirre, por el delito de falsificación ideológica, sin abordar los argumentos esenciales sometidos a su control, efectuando una revisión meramente aparente en infracción al debido proceso, la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva; decisión que además considera sustentada en premisas arbitrarias por su apartamiento de las constancias de la causa y la interpretación razonable del derecho vigente. Invoca los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 74 vta.).
Aduce que el único fundamento dado por el a quo en respuesta a los planteos de esa parte resulta contradictorio, pues no obstante haber aclarado que el punto a resolver no consistía en la identificación de la maquinaria rural motivo de la ejecución prendaria, luego concluyó en la falta de prueba del accionar doloso de la acusada basándose en que ningún testigo había dado cuenta de su conocimiento o la posibilidad de tenerlo, de que la máquina que tenía a la vista no era el objeto de la prenda (v. fs. 75).
Refiere que la sentencia revisora, variando el objeto procesal sobre el cual debía afirmarse el dolo, incurrió en arbitrariedad al analizar la existencia o no de ese elemento subjetivo de la figura del art. 292 del Código Penal a partir de consideraciones atinentes, en todo caso, a la faz dolosa de otros delitos (v.gr. arts. 172 y 248 del Cód. Penal) que no integran ni se relacionan con la acusación concreta del caso. Y que incluso el acta de fs. 248 que fue invocada para desestimar dicho aspecto subjetivo, deja en clara evidencia -junto con el resto de la prueba- la falsificación en que incurriera la acusada, sin verificarse motivo alguno para suponer que asentó los datos en cuestión de forma inadvertida.
Recuerda que según los hechos imputados, la mencionada funcionaria insertó contenidos falsos en el acta de embargo, la que luego agregó al expediente de ejecución prendaria, y dando fe que el bien embargado era una cosechadora de las especificidades allí indicadas -entre ellas: motor Deutz potencia 160 HP año 1986-, afirmó falsamente la imposibilidad de comprobar el número de chasis y motor ante la falta de la chapa identificatoria; ello no obstante que, según pericias efectuadas sobre el mismo bien, ese dato se encontraba visible y no coincidía con el que contenía la orden a ejecutar.
El recurrente tilda de infundada la estimación del sentenciante de que esa parte pretendía discutir indirectamente la sentencia civil que quedó firme hace más de diez años; apunta que la denuncia formulada un lustro después tuvo su razón de ser en la actividad irregular y delictiva desarrollada a posteriori por la encausada (v. fs. 76 y vta.).
A su decir, la casación hizo una lectura arbitraria del acta de fs. 248 que no se condice con su contenido, en tanto la imputada consignó "...los datos de la máquina que resultaban genéricamente coincidentes con la que contenía el mandato judicial pero, a la vez, omitió referir, mediante una explicación falaz, aquellos más precisos (v.gr. número de motor)" que habrían impedido avanzar en la ejecución de la diligencia; siendo que en una similar diligencia anterior y estando el bien en iguales condiciones de no tener colocada la chapa identificatoria, la misma funcionaria había certificado el número 706299 correspondiente al motor; por ello considera inadmisible el fundamento relativo a la ausencia de pruebas sobre la posibilidad de que conociera que el bien no era el objeto de la prenda, además de destacar que los dichos de la imputada se contraponen a los resultados de las pericias practicadas (v. fs. 77 y vta.).
Reputa, asimismo, absurdo que a los fines de tener por acreditado el accionar doloso de la acusada, la Cámara exigiera la demostración de la causación de un efectivo perjuicio patrimonial, siendo que dicho extremo no integra los requerimientos típicos de la figura delictiva motivo de acuse fiscal (v. fs. 77 vta.).
Señala que refiere a la resolución originaria porque al respecto nada dijo el tribunal revisor, que convalidó arbitrariamente aquella exégesis de la tipicidad reprochada en los términos del art. 292 del Código Penal; ello así, ya que la consideró derivación razonada del derecho vigente sin haber examinado ni uno solo de los argumentos esenciales expuestos en el recurso de casación.
Explica el impugnante que ambas instancias reconocieron la circunstancia de que los datos insertados en el acta cuestionada no se corresponden con la realidad constatada por la funcionaria, de modo que, en su discernimiento, si el acta labrada por un funcionario público deja constancia que se identificó una máquina que en rigor no lo fue, no se comprende en base a qué razones puede suponerse que la persona que hace el acta relatando sus propias acciones, pudiera no tener conocimiento de la falsedad que ha insertado en el documento; y de igual modo, si se deja constancia que el bien identificado no posee visiblemente datos esenciales (v.gr. número de motor), tampoco se alcanza a entender de qué manera puede suponerse que la propia persona que dice haber chequeado ese extremo no pueda conocer la falsedad que afirma (v. fs. 78).
Agrega a lo dicho que la interpretación efectuada de la norma importó exigir un requisito típico que le es extraño, tal, la motivación o móvil, asunto que no integra la teoría del dolo, sino que refiere en todo caso a la culpabilidad y opera fundamentalmente para la determinación de la pena; además de postular que el delito de falsificación de documento público no requiere a nivel típico la concreción efectiva de un perjuicio, y mucho menos, que de ese modo se genere un beneficio para el imputado o un tercero (v. fs. 79 y vta.).
Entiende el recurrente que lo expuesto evidencia el carácter meramente aparente de la revisión emprendida, siendo que el Tribunal de Casación, más allá de sus argumentaciones contradictorias, no habría justificado que el fallo de la Cámara -que confirmó- constituya una "derivación razonada del derecho vigente", tal como se limitó a sostener, no obstante las críticas formuladas por esa parte que no fueron alcanzadas por el control de dicha instancia intermedia, en violación de las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva que le asiste conforme lo establecido en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 80 vta.).
II. A diferencia de lo que aconsejó la Procuración, considero que la impugnación del particular damnificado debe prosperar en la medida que ha demostrado que el examen de sus agravios respecto del sobreseimiento dictado por la Cámara no permite tener por satisfechas las garantías constitucionales que dijo conculcadas.
III. En estos autos, el pronunciamiento de la Cámara -que hizo lugar al pedido de sobreseimiento de Claudia Liliana Iparraguirre revocando la decisión en contrario de la jueza de garantías-, fue recurrido tanto por el señor Fiscal General (v. fs. 13/19 vta., que fue mantenido por su superior jerárquico ante casación mediante el escrito de fs. 32/33) y el particular damnificado (v. fs. 37/44 del legajo n° 80.725), siendo ambos concedidos por resolución del Tribunal de Alzada que obra a fs. 20 y vta.
Para la fiscalía el sobreseimiento dictado resultó improcedente toda vez que los elementos probatorios colectados no reflejaban la certeza de inculpabilidad de la imputada, en particular las piezas que estimó con entidad suficiente para que la cuestión fuese ventilada en la instancia de juicio; tales, el informe de la policía científica y la pericia ordenada por la agente fiscal interviniente, que de forma coincidente y a contrapelo de lo afirmado por Iparraguirre, habían determinado que "...en la cosechadora embargada se identifica visiblemente el nro. de motor 7062992"; además del indicio resultante de la circunstancia de que la misma funcionaria "...h[ubiera] concurrido con anterioridad a constatar en la misma causa civil, la misma máquina cosechadora, al mismo lugar, señalando en esa oportunidad que le faltaba la chapa identificatoria y e[l] nro. de motor en ese momento era nro. 706299" (fs. 17 y vta.). Tildó por ello de doloso el accionar de la oficial de justicia, desechando la posibilidad de error o culpa en el ejercicio de su función, pues aparecía justificada su voluntad deliberada de dejar asentado datos que no se correspondían con la realidad de lo sucedido. Completó su queja con el señalamiento de que, aun cuando en el caso hubo un perjuicio concreto y consumado, la faz subjetiva del tipo del art. 292 del Código Penal no exige esa producción efectiva, sino que basta "...la posibilidad de un perjuicio cualquiera" (fs. 18 y vta.).
Por su lado, el particular damnificado, con patrocinio letrado, e invocando el derecho al recurso que le asiste, de consuno con lo previsto en los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reclamó la revisión del fallo que le causaba un grave perjuicio de imposible reparación ulterior (v. fs. 37 vta.). Explicó que la prueba había sido motivo de una ponderación absurda y arbitraria, descartándose de plano las experticias a las que aludiera la fiscalía sin ofrecerse explicación alguna para ello; aludió al testimonio brindado por la empleada del Juzgado de Paz de Los Toldos en cuanto refiriera "...ciertas irregularidades en la asentación de mandamiento por parte de Iparragirre" y se explayó sobre la situación también descripta por el fiscal acerca de las diversas diligencias anteriores llevadas a cabo por la imputada respecto del mismo bien, en las que había identificado claramente su número de motor. Dio las razones por las que, en su criterio, el elemento subjetivo de la figura imputada se hallaba plenamente justificado, en la medida que Iparraguirre había actuado con dolo directo, apuntando que en este caso el documento había sido utilizado en el proceso civil, de manera que la mencionada funcionaria, "...sin poder afirmar que era la misma máquina cosechadora la que embargaba, la embargó igualmente y habilitó la vía de remate a sabiendas del resultado procesal que su actuación causaría aceptando el claro perjuicio potencial a esa parte e induciendo al Magistrado de Primer Grado al error" (fs. 42). En función de lo expuesto, afirmó que el sobreseimiento se cimentaba en fundamentos aparentes al contrariar constancias de la causa mediante una valoración antojadiza y contraria a las reglas de la experiencia, el derecho y la lógica, defecto de motivación que invalidaba ese acto judicial a tenor de la doctrina de arbitrariedad de las sentencias forjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit. vta.).
IV. El Tribunal de Casación, sin discriminar entre los agravios de una y otra parte, y con la aclaración de que las decisiones tomadas en sede civil referían a un objeto diverso al de estos autos, en que "...la cuestión a dilucidar [...] no es la verificación de la identidad de la maquinaria rural objeto de la ejecución prendaria (aunque ese parece ser el principal objetivo de la impugnación traída por el particular damnificado luego de haber obtenido una respuesta negativa con el rechazo de la demanda por daños y perjuicios), sino la existencia o inexistencia del delito que se pretende poner en cabeza de la acusada", afirmó que los recursos deducidos no lograban rebatir adecuadamente las razones en que la Cámara apoyara el sobreseimiento, "...en especial la afirmación respecto a que, agotada la investigación, no puede considerarse verificado el tipo subjetivo" (fs. 64 vta. y 65).
Con esos lindes, sostuvo que "...la simple lectura del acta glosada en copia a fs. 248 de los principales no permite afirmar tal extremo (la imputada, en lo que parece una actitud descuidada más que dolosa, se limita a consignar los datos de la cosechadora que debía verificar para luego expresar que no podía constatar la numeración del chasis y motor en ese acto debido a que la chapa identificatoria había sido quitada)"; y que "...no se ha arrimado al expediente una sola testifical que refiera que conocía (o estaba en condiciones de hacerlo), que la máquina que tenía a su vista no era el objeto de la prenda o que existía algún ardid pergeñado por terceros con la intención de perjudicar al denunciante" (fs. 65).
Dicho ello, avaló la resolución impugnada por considerarla "...derivación razonada del derecho vigente en función de las circunstancias comprobadas de la causa", con el consecuente rechazo de los recursos, con costas, en el caso únicamente del particular damnificado (v. fs. 65 y vta.).
V. El razonamiento expresado para convalidar el sobreseimiento dictado por la Cámara no puede ser refrendado pues exhibe la arbitrariedad que le atribuye el recurrente en virtud de su deficiente motivación que impide tener por jurisdiccionalmente válido lo fallado (doctr. art. 18, Const. nac.).
Aunque el tribunal del recurso dijo centrar su decisión en que el particular damnificado no había controvertido adecuadamente la tenida ausencia de prueba del elemento subjetivo del delito de falsificación de documento público motivo de acuse fiscal, no justificó la validez racional de lo así afirmado. Nada más minimizó lo sostenido sobre la supuesta conducta dolosa de la funcionaria, por parecerle en todo caso una "actitud descuidada", e invocó la imposibilidad de certificar por prueba testimonial que la funcionaria al menos conociera que había procedido al embargo de una máquina sobre la cual no recaía esa orden, o existiera una maniobra ardidosa en perjuicio del denunciante, sin tampoco atender las objeciones hechas a dicha argumentación.
Con esa construcción meramente dogmática, el tribunal eludió pronunciarse sobre los elementos periciales y presuncionales cuyo examen pidiera la parte para evidenciar el desacierto de aquella conclusión sentada en materia probatoria. De allí que la respuesta dada en tales términos a los planteos formulados a ese respecto aparece fundada en la sola convicción subjetiva de los jueces de casación, al margen de apreciaciones racionales sustentadas en el análisis concreto de las constancias de la causa.
Esta Corte tiene dicho que ese modo de resolver configura un supuesto de arbitrariedad en razón de no haberse examinado de manera suficiente los reclamos de la parte aun cuando podían ser conducentes para la correcta solución del pleito (conf., en lo pertinente, CSJN causas "Putallaz", sent. de 23-III-2010 y "Bielsa", sent. de 22-XI-2011).
Pues si bien los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la resolución del caso, la Corte federal ha resuelto que son descalificables como actos judiciales válidos aquellas sentencias que se pronuncian sobre puntos trascendentes mediante breves afirmaciones genéricas sin referencia a los temas legales suscitados y concretamente sometidos a su apreciación (CSJN Fallos: 314:1366 y 1434; 318:2678; 319:2016; 326:1969 y causa T.938.XLI, "Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado, San Pedro -causa 3897/05-", resuelta el 7-XI-2006, y sus citas), en tanto importan una violación a las reglas del debido proceso (CSJN, causa "Tarditi, Matías Esteban s/homicidio agravado" –Fallos: 331:2077-, consid. III del dictamen del señor Procurador General de la Nación, al cual se remitió en la sentencia del 16-IX-2008 y de modo similar en "Peralta, Gustavo Javier s/ recurso de casación", sent. de 10-III-2009, por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal -consid. III-; causas P. 119.742, sent. de 29-XII-2015; P. 128.026, sent. de 9-VIII-2017 y P. 128.451, sent. de 5-XII-2018).
Por consiguiente, y sin que lo que antecede importe un adelanto de opinión acerca del fondo del litigio, corresponde dejar sin efecto el fallo impugnado y devolver los autos al Tribunal de Casación para que debidamente integrado, brinde adecuado tratamiento a los agravios que se le sometieron en el recurso de casación (art. 496, CPP).
VI. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871, de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el particular damnificado, se casa la sentencia impugnada por arbitraria en virtud de su deficiente motivación; y, en consecuencia, se remiten los autos a la instancia anterior a fin de que, con intervención de jueces habilitados, se brinde un adecuado tratamiento a los agravios que se le sometieron en el recurso de casación (art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor César Albarracín por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871, de 25-X-2017).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTOR
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