Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129970
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, se deja sin efecto la sentencia impugnada y, en consecuencia, se devuelven los autos al Tribunal de Casación a fin de que integrado por jueces hábiles- se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado al presente, con respeto del derecho constitucional a obtener la revisión de la sentencia de condena en orden al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal (doctr. art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.970, "Hermann, Oscar Horacio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 63.194, Tribunal de Casación Sala IV-".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de octubre de 2014, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa oficial en favor de Oscar Horacio Hermann contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata que lo había condenado a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real. En consecuencia, casó el fallo absolviendo libremente al nombrado respecto del delito contra la seguridad pública, y en función de ello, readecuó el monto de pena impuesta a Hermann fijándolo en quince años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, dejando intactas las demás declaraciones contenidas en la sentencia recurrida, sin costas en esa instancia (v. fs. 155/168 vta.).
El señor defensor oficial ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 185/201 vta.), que fue declarado parcialmente inadmisible (v. fs. 203/207).
Frente a tal pronunciamiento, la defensa presentó recurso de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 328/332 vta.), que hizo lugar a la misma y concedió el remedio con los alcances que allí se establecen (v. fs. 333/336).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 338/341 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 342) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa alegó errónea revisión de la sentencia de condena (arts. 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 188 vta.).
Con transcripción de diversos párrafos del fallo recurrido se agravió porque en su tarea revisora en orden a la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal- se limitó a contestar formalmente "...en forma genérica, sin adentrar en las particularidades [...] el reclamo de subsunción y especialidad, la afectación a principios constitucionales de legalidad y pro homine". Adunó que tampoco arribó los argumentos defensistas dirigidos a la inconstitucionalidad de la citada norma "...pese a haber mencionado que ellos no quedaron comprendidos dentro del Plenario aplicado" (fs. 190 y vta.).
Adujo, con respecto a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, que no fueron analizados los atenuantes solicitados por la defensa relativos a la "escasa educación" y "contexto vecinal hostil" (fs. 190 vta. cit. y 191).
Citó los fallos "Casal" y "Martínez Areco" del Superior Tribunal federal, conforme a los cuales el órgano casatorio "...debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, agotar la revisión de lo revisable" (fs. 191 cit.).
También hizo referencia al caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyendo que con su actuación el Tribunal de Casación "...afectó el debido proceso y la defensa en juicio", en su directa vinculación con el derecho a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria (arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP; CSJN Fallos: 321:1385, 3695; 322:1526, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, CIDH y causas P. 83.260, P. 87.172 y P. 96.240 de esta Corte; fs. cit. y vta.).
Peticionó que se case la sentencia atacada y se reenvíe al a quo a fin de que debidamente integrado- se dicte una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 192).
I.2. En segundo término, denunció violación a la garantía de prohibición de irretroactividad de ley penal (arts. 2, Cód. Penal y 18, Const. nac.), al interpretar una reforma legal posterior al hecho, no aplicable al caso, en perjuicio del imputado, en violación a los principios de legalidad, pro homine e in dubio pro reo.
Entendió que se confirmó la aplicación de "...la actitud despreciativa hacia el género femenino adoptada por el encartado" como pauta agravante de la pena, siendo que la presente causa fue iniciada en diciembre de 2010, por lo que no resulta aplicable el tipo penal previsto en el art. 80 del Código Penal "...interpretado por el a quo para confirmar la agravante" pues fue introducido mediante la ley 26.791 dictada el 11 de diciembre de 2012, es decir, con posterioridad al hecho en juzgamiento (fs. 194 vta.).
Subrayó que "...como la ley no pudo ser aplicada a pleno [...] el Tribunal Criminal interpretó esa reforma para introducirla como agravante de pena" (fs. cit.).
Explicó que al adaptarse en autos la reforma mencionada "...resultó perjudicial para el imputado, pues con ella se permitió elevar el monto de pena, de ahí la afectación al [...] in dubio pro reo" (fs. 195). Peticionó se case el fallo impugnado respecto de la agravante de la pena, nulificándola y se reenvíe al a quo a fin de que dicte una nueva composición de pena (fs. 195 vta.).
I.3. Se quejó también de violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia (arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) al haber asumido la Casación competencia positiva luego de absolver al imputado por el delito de portación ilegal de arma de fuego (v. fs. 196/197 vta.); violación del derecho del condenado a ser oído (arts. 8.1, CADH; 14.1, PIDCP y 41 Cód. Penal).
Asimismo tachó de arbitraria la sentencia por falta de fundamentación en la determinación de la pena, lo que implicó violación al debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac; v. fs. 199/200 vta.).
II. El señor Procurador General en su dictamen aconsejó se haga lugar parcialmente al recurso (v. fs. 338/341 vta.).
III. Entiendo que el recurso es parcialmente procedente, según lo que sigue.
III.1. La denuncia de vulneración de la garantía de la revisión amplia de la sentencia de condena en cuanto a la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal, no puede prosperar.
El tribunal de juicio, en lo que interesa, tuvo por acreditado que "...en horas de la tarde del día cuatro de diciembre del año 2010, en el interior de la vivienda sita en Pasaje 18 B entre la Avda. Almirante Brown y la calle 3 de la localidad de Punta Lara partido de Ensenada-, una persona de sexo masculino, con clara intención de darle muerte, le efectuó un disparo a su concubina Claudia Iraola causándole lesiones que a la postre provocaron su óbito" (fs. 24 vta.).
Consideró a Oscar Horacio Hermann autor responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79 y 41 bis, Cód. Penal).
Respecto a este planteo el Tribunal intermedio indicó que dicha agravante "...resulta aplicable a las figuras previstas en los artículos 79 y 80 del C.P. no sólo porque en estas no se hace referencia alguna ni al género 'armas' ni a la especie 'de fuego' sino también porque es evidente que el empleo de un arma letal como la utilizada en la especie revela en el homicidio cierto grado de preordenación, incrementa las posibilidades de éxito de la empresa y paralelamente, disminuye las defensas que el acometido pudiera eventualmente iniciar a la vez que implica finalmente disposición de medios para delinquir" (fs. 163). Citó el Acuerdo Plenario de ese Tribunal causa 36.328- de fecha 19-IV-2013, donde se resolvió que dicha agravante genérica del Código Penal resulta aplicable a la figura tipificada en el art. 79 del mismo cuerpo legal (fs. cit.).
Esta reseña es demostrativa de que la función revisora del Tribunal intermedio en modo alguno fue indebidamente restringida y, por el contrario, se ajusta al deber que imponen los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en este punto.
De todos modos, cabría agregar que es doctrina legal de esta Corte que la agravante contenida en el art. 41 bis del Código Penal es aplicable al delito de homicidio (conf. causas P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009; P. 110.202, sent. de 27-IV-2011; P. 109.090, sent. de 17-VIII-2011; P. 110.556, sent. de 21-XII-2011; e.o.).
A la luz de los antecedentes parlamentarios resulta claro que la figura del art. 79 del Código Penal, fue especialmente considerada para la aplicación de la citada norma, justificada en la mayor contundencia y poder de vulnerabilidad sobre las víctimas de las armas de fuego.
El art. 41 bis en su primer párrafo consagra una regla general, regulatoria de su aplicación del siguiente modo: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la escala penal prevista para el delito del que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que esta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda". De seguido, establece una excepción en su segundo párrafo al señalar que "...no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate".
III.2. Con relación a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código de fondo aseveró el Tribunal recurrido que en el fallo no se incurrió en infracción legal alguna al determinar el monto de pena impuesto al encausado.
Coincidió con el sentenciante de origen en que la escasa educación del imputado y el contexto vecinal en el que vivía no podían computarse como atenuantes, toda vez que no se advirtió su incidencia concreta y efectiva en el hecho cometido (v. fs. 163 vta.).
De lo expuesto se observa que el reclamo se desentiende de lo efectivamente resuelto, sin evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (CSJN in re "Casal", Fallos: 328:3399; e.o.). Ello en tanto el órgano intermedio desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los agravios llevados por la parte y los descartó brindando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio.
En definitiva, la disconformidad de la parte con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso, con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgara, a partir del ya citado precedente "Casal" que este Tribunal también ha hecho propios (conf. causas P. 91.308, sent. de 3-V-2006; P. 86.183, sent. de 12-VI-2006; e.o.).
IV. Ahora bien, diferente es la situación en lo concerniente al planteo de inconstitucionalidad de la agravante genérica (v. fs. 86/104 vta. del recurso de casación).
De la lectura del fallo en crisis se advierte que en la descripción de agravios se omitieron los referidos a la inconstitucionalidad de la severizante referida, los que, por ende, tampoco fueron abordados, tal como lo denuncia la defensa, sin asegurar al condenado la amplia revisión del fallo que se le reclamaba.
Tal déficit de abordaje implica el incumplimiento del deber de tratar las cuestiones planteadas por la parte, esto es, determinar la validez de la construcción de la sentencia del tribunal oral y sus fundamentos (CSJN "Casal", cons. 35° del voto de la mayoría).
Por lo tanto, le "...asiste razón al recurrente en cuanto alega que el tribunal a quo no efectuó una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio ya que, a la luz de las constancias de la causa, se corrobora que éste omitió analizar en forma debida los agravios formulados por aquél" (conf. CSJN causa "Carrera", sent. de 5-VI-2012, cons. 6°).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a esta parcela del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Casación y devolver las actuaciones a dicho órgano a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado al presente, con respeto del derecho constitucional a obtener la revisión de la sentencia de condena en orden al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal (art. 496, CPP).
V. El segundo planteo no es de recibo.
En oportunidad de valorar circunstancias agravantes de la sanción el Tribunal de juicio computó "...la actitud despreciativa hacia el género femenino, y en especial hacia los lazos familiares", tomando en consideración las declaraciones brindadas por las hijas de la víctima, I. H. y J. I. (v. fs. 46).
Cabe destacar que el sentenciante dejó en claro que la consagración legislativa de la violencia de género en nuestro país por la incorporación del art. 80 inc. 11 al Código Penal mediante la ley 26.791 "...por imperio constitucional no podría aplicarse sin lesionar con ello el principio de legalidad que los artículos 9 de la CADH y 9 del PIDCP consagran [...] con jerarquía constitucional y cuya [...]interpretación [...] permite afirmar que la ley penal debe ser previa a la comisión del hecho art. 18, CN-" (fs. 37 y vta.).
Por su parte, el órgano casatorio señaló que "...resulta [...] válido computar como circunstancia severizante de la punición la actitud despreciativa hacia el género femenino adoptada por el encartado y valorada por el sentenciante" (fs. 163 vta.).
En esa senda, luego de referirse a los nuevos paradigmas locales y mundiales acerca de la llamada violencia de género (v. fs. cit. y 164), indicó que la occisa Claudia Iraola ya había sufrido un sin número de ataques, los que no todos fueron denunciados.
Concluyó que "...analizando estrictamente los hechos que claramente conforman la materialidad ilícita, rodeados de un contexto social que no debe escapar a la ciencia del derecho penal en su unidad sistemática, dogmática y punitiva- y que incluso pudieron ser aún mas graves, atentan directamente contra los mínimos y elementales derechos no sólo de la mujer sino del hombre" (fs. 164 vta.).
VI. Advierto, a tenor de lo resuelto, que el embate defensista no revela de qué modo se habría transgredido el principio de legalidad, cuando no han sido aplicadas en autos las previsiones del art. 80 inc. 11 del Código Penal, sino que se ha valorado como severizante la actitud evidenciada por el imputado, en los términos del art. 41 del Código de fondo.
En tal sentido corresponde recordar que nuestro país a partir del art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional- incorporó al bloque de constitucionalidad la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como ratificó el 5 de julio de 1996 a través de la ley 24.632, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
De manera que, por fuera de la puntual modificación legislativa y que como ya se dijo no fue aplicada (art. 80 inc. 11, conf. ley 26.791) el derecho convencional y constitucional vigente al momento de los hechos otorgaba un marco habilitante para la apreciación realizada de la severizante cuestionada en los términos del art. 41 del Código Penal (art. 495, CPP).
Por otro lado, la argumentación de la parte con sustento en la violación de los principios pro homine e in dubio pro reo no fue llevada en pos de su posición en el recurso ni en el memorial (v. especialmente fs. 111 y vta. y 123 y vta.). Por ello, el planteo resulta tardío y, por ende, inabordable en el marco de la competencia revisora del Tribunal (arg. arts. 161 inc. 3 "a", Const. prov.; 451, 494 y concs., CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, se deja sin efecto la sentencia impugnada y, en consecuencia, se devuelven los autos al Tribunal de Casación a fin de que integrado por jueces hábiles- se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado al presente, con respeto del derecho constitucional a obtener la revisión de la sentencia de condena en orden al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal (doctr. art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia