Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131354
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.354, "Paz, Ariel Simón. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 84.115 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de octubre de 2017 rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Ariel Simón Paz contra la sentencia unificatoria del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, que lo condenó a la pena única de veintidós años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la condición de reincidente, omnicomprensiva de la pena impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes en el marco de la causa n° 4480/611, de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, ocurrido el 23 de septiembre de 2006; y la impuesta en la causa n° 2981 del Tribunal sentenciante, de quince años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas con declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de evasión, robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado en tres oportunidades y robo agravado por el uso de arma en concurso real entre sí, según los hechos ocurridos el 2 y 21 de mayo y el 24 de junio de 2013 (v. fs. 115/119).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 129/138 vta.), el que fue admitido por la Sala recurrida (v. fs. 150/152 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 156/160 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 161), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa en primer término denunció errónea revisión de la sentencia por realizar afirmaciones dogmáticas en cuanto a la imposición de pena única (arts. 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP) y la violación de los derechos de defensa en juicio y debido proceso legal contenidos en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 130 vta./133).
Aseveró que el Tribunal intermedio convalidó con fórmulas abstractas la falta de fundamentación por parte del Tribunal en lo Criminal de la elección del método de la suma aritmética de penas, siendo que "...cabía la posibilidad de utilizar el criterio de composición jurídica -que resultaba más beneficioso para el imputado-" (fs. 132).
Invocó en apoyo de su postura el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 133).
En segundo término y de modo subsidiario, denunció errónea aplicación de los arts. 40, 41 del Código Penal; 106, 210 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución provincial. Violación de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la revisión del fallo de condena (v. fs. 133 vta.).
Adujo que la defensa cuestionó la falta de fundamentación de la cuantificación de la pena por parte del sentenciante. Con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Romano" aseveró que, si bien le está permitido al órgano jurisdiccional aplicar la suma aritmética, "...no lo exime de fundamentar por qué lo considera equitativo y cómo influyeron la personalidad del imputado o las circunstancias del hecho para tomar tal decisión" (fs. 135).
Indicó que no resulta suficiente invocar que se han tenido en cuenta las pautas mensurativas que brindan los arts. 40 y 41 del Código Penal "...o que la sola circunstancia de ser Paz reincidente no deja otra alternativa más que la elección del sistema de suma aritmética" (fs. cit.).
En esa senda, citó lo dicho por esta Corte en la causa "Ruiz" y en los precedentes "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz s/ Suposición de estado civil" y "Squilario, Adrián" de la Corte federal (v. fs. 92 vta./94).
Solicitó que se haga lugar a lo peticionado, se deje sin efecto el fallo impugnado reenviándose la causa al inferior a fin de que -debidamente integrado- dicte una nueva sentencia conforme a derecho (v. fs. 138).
II. Coincido con el señor Procurador General. La impugnación no prospera.
III. En el recurso de casación la defensa atacó el proceso unificatorio de penas, entendiendo que el sentenciante no fundamentó la aplicación del método aritmético, meritando para ello la condición de reincidente de Paz, pudiendo haber utilizado el sistema composicional a tal fin, y solicitó la aplicación de un monto de pena centrado en el mínimo legal (v. fs. 100/103 vta.).
El órgano intermedio, mediante el voto de primer término del doctor Kohan expresó que la doctrina y la jurisprudencia son pacíficas al establecer que, frente al método aritmético o el de composición de penas, es deber de los jueces justificar acabada y fundadamente los motivos por los cuales optan por elegir un sistema más gravoso de graduación de la sanción penal cuando tienen la posibilidad de optar por otro más beneficioso para el condenado. Citó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Romano" (v. fs. 117).
Expresó que, si bien la norma no impide que el magistrado pueda imponer una pena que coincida con la suma de las penas concurrentes, ello, no alcanza para evitar el deber judicial de motivación, y la pena total debe ser debidamente fundada en el reproche de culpabilidad por el hecho cometido, como en criterios de prevención especial. De esta forma "...la pena única coincidente con la suma aritmética no será estrictamente el producto de una suma sino el resultado de un juicio de determinación de pena, que se realizará conforme un criterio de acumulación jurídica regido por las pautas del art. 55 del Código Penal" (fs. cit. y vta.).
Expresó que a los fines de arribar a la pena única de veintidós años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la condición de reincidente, el tribunal de juicio "...tuvo en cuenta las pautas agravantes y atenuantes que fueron oportunamente introducidas [...] el grado de los injustos y la culpabilidad del justiciable, de modo tal que el sistema de suma aritmética escogido [...] aparece debidamente fundado, como así también la pena conminada en la especie, la cual no sólo tuvo en cuenta la culpabilidad del agente por los hechos cometidos, sino que también fueron meritados criterios de prevención especial" (fs. 117 vta.).
Adunó que conforme surge de la lectura de la segunda cuestión del veredicto el judicante entendió apropiado utilizar "...el método de suma aritmética, pues la nueva individualización de la pena que supone una pena única, si bien no importa una mera operación aritmética consistente en la simple suma de las condenas anteriores fijadas en las sentencias a unificar, nada se opone a ello y, excepcionalmente cabe cuando resulte equitativo, equidad que no aparece reflejada en el caso de autos, teniendo especialmente en cuenta la condición de reincidente del acusado, importando los pronunciamientos anteriores una advertencia y posibilidad para el encausado apartarse de la senda de lo ilícito, oportunidad que lejos de ser aprovechada para ello, fue utilizada para delinquir nuevamente, con lo cual debe imperar en el sub lite el sistema aritmético propiciado [por la fiscalía]" (fs. cit. y 118).
IV. Analizando el contenido de lo reseñado se advierte que el a quo dio respuesta al reclamo de la defensa, y lejos de limitar su competencia, abordó la queja otorgando debido tratamiento a los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de casación, específicamente en lo relativo a la implementación y fundamentación del método de unificación de penas. La parte no ha reparado en lo resuelto por el juzgador, oponiendo -en cambio- un criterio discrepante, circunstancia esta que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Por lo que la afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación se limitó a responder mediante afirmaciones dogmáticas y estereotipadas, considerando además el tránsito por esa instancia como "una exploración formal" (v. fs. 132 vta.), resulta huérfana de todo sustento argumental, y, por tanto, indemostrada.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo unificatorio, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó -además de la mención de los parámetros valorados por el sentenciante para arribar a la pena única impuesta- un juicio crítico de esas constancias.
V. El planteo subsidiario tampoco es de recibo.
El recurrente se limitó a argumentar que el fallo atacado violentaba el alcance dado a la doctrina de la revisión de la sentencia en relación con la indebida aplicación del proceso unificatorio, como también que vulneraba las garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 132 vta. y 133), desentendiéndose -de ese modo- de los argumentos dados por el Tribunal revisor para descartar el planteo, no evidenciando -por ende- un supuesto de arbitrariedad.
Cabe señalar que la denuncia de apartamiento por parte del Tribunal de Casación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Romano" (v. fs. 124), carece de la mínima fundamentación exigible en tanto el recurrente debió hacerse cargo de las diferencias causídicas entre dicho precedente y las concretas circunstancias del presente de modo tal de explicitar que, pese a esas relevantes diferencias, la solución debía ser la misma. Esa tarea no ha sido siquiera intentada por el impugnante que se ha limitado a traer a colación fragmentos de ese pronunciamiento sin una adecuada vinculación con lo debatido y decidido en este expediente, en un escenario en el que tampoco surge mínimamente demostrado que la revisión de la sentencia condenatoria en lo referido a la motivación del monto de la pena única estuviera sometida a algún tipo de cortapisa frustratoria dirimente.
De otro lado, en relación con la denuncia de violación del criterio establecido en el precedente de esta Corte en causa P. 83.260, "Ruiz", tampoco la parte se ha encargado de demostrar que la ratio decidendi del mismo resulte trasladable al presente.
Ello así, no se evidencia en lo resuelto por el Tribunal de Alzada la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Frente a lo fallado, los argumentos de la parte se traducen en meras opiniones contrarias al criterio del juzgador, insuficientes para evidenciar supuestos errores en la decisión apelada (conf. causas P. 78.618, sent. de 20-VIII-2003; P. 90.317, sent. de 29-III-2006; e.o.).
A mayor abundamiento, esta Corte resolvió en repetidas oportunidades que aún la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia