Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.301, "M., A. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.997 del Tribunal de Casación Penal".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de Quilmes que condenó a A. D. M. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de realización agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda (v. fs. 125/136 vta.).
La señora defensora oficial adjunta -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 160/167), el que fue concedido por el órgano inferior conforme surge de la resolución obrante a fs. 168/170.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 175/177 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 178, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta ante la instancia casatoria tachó de arbitraria la sentencia impugnada por apartamiento de las constancias de la causa en el tramo correspondiente a la determinación de la sanción. Asimismo, alegó la transgresión de los principios de proporcionalidad, culpabilidad, razonabilidad y ne bis in idem (v. fs. 161 vta.).
Transcribió la respuesta dada por el revisor en torno al punto cuestionado y afirmó que el tribunal intermedio aplicó erróneamente los arts. 40 y 41 del Código Penal y tachó de arbitraria la pena, pues -a su entender- no se brindaron fundamentos que expliquen cómo se llegó a una de dieciocho años en una escala concursal que partía de ocho años de prisión. Consideró que el fallo en crisis se limitó a decir que la sanción era justa teniendo en cuenta las pautas atenuantes y agravantes.
Estimó que la cuantía impuesta es excesiva afectando los principios antes mencionados, "...como así que la valoración de ambas severizantes transgreden el principio 'ne bis in ídem'..." (fs. cit.).
Adujo que el cómputo de "la magnitud del daño causado" ya se encontraba contemplada en la otra severizante (la edad de las víctimas) que también fue valorada por el Tribunal de Casación, pues importaba un mayor daño físico y psíquico, dado el mayor grado de dependencia del adulto y la mayor vulnerabilidad frente a los ataques (v. fs. 165).
Además, expuso que los hechos I y II concurrían realmente y que la escala penal partía de un mínimo de ocho años computando una atenuante y correspondiendo valorar solo una agravante; por lo que se transgredieron los principios de proporcionalidad, razonabilidad y culpabilidad al imponerse una sanción sensiblemente mayor al mínimo (v. fs. 165 vta.).
Concluyó que la cantidad de pena aplicada a su asistido no se corresponde con los principios mencionados, por lo que solicitó se case la sentencia declarando la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, reenviando los autos al Tribunal de Casación, para que -previa audiencia de visu - imponga una sanción respetuosa de las garantías constitucionales citadas y asegure el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 166 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la vía intentada (v. fs. 175/177 vta.).
III. En lo que hace al extremo cuestionado, el Tribunal de Casación señaló que en la denuncia genérica de la violación a las garantías constitucionales referidas a los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad, legalidad y culpabilidad por el acto, no se habían alegado concretamente motivos por los que esa queja debía ser atendida, y mucho menos probado defectos que impusieran la casación por alguna afectación concreta a las garantías constitucionales citadas (v. fs. 133). En concreto, entendió que la defensa no explicaba circunstanciadamente su menoscabo, a la vez que no lograba evidenciar algún perjuicio efectivo a quien las invocaba.
También desestimó el agravio vinculado al cómputo como circunstancia agravante de la edad de las víctimas. Descartó la transgresión al ne bis in idem planteada por la defensa indicando que en autos no había doble valoración, pues la ley establecía una escala penal determinada por la circunstancia genérica de ser la víctima menor de trece años, dentro de la cual el juzgador podía establecer la pena, en el caso en particular, en atención a la edad puntual de la víctima dentro de esa escala posible (0 a 12), admitiendo por ende una mayor particularización que puede válidamente evaluarse a la hora de establecer la pena concreta.
En definitiva, señaló que la defensa manifestaba de modo genérico que esa ponderación constituía una doble valoración de una misma circunstancia integrativa del tipo en cuestión, pero sin efectuar una crítica concreta en el caso puntual al razonamiento sentencial por el cual se entendió que esa circunstancia era ponderable para agravar la sanción porque el daño físico era mayor cuanto menos edad tenía la víctima, pues era mayor el grado de dependencia del adulto y mayor la vulnerabilidad frente a los ataques.
Asimismo, resolvió que tampoco era arbitraria la pena por el hecho de haber denunciado la impugnante que no se tuvo en cuenta la circunstancia atenuante computada por el juzgador para graduarla. "En efecto, los magistrados sí ponderaron la condición de primario de M., aunque no le hayan otorgado la intensidad disminuyente que hubiera esperado su defensa, situación que no evidencia la vulneración de la normativa invocada por la parte" (fs. 134 vta.).
De ahí que entendió que la quejosa no lograba demostrar la falta de proporcionalidad invocada, por lo que la sanción de dieciocho años de prisión aplicada al imputado se encontraba dentro de los márgenes que establecía la escala penal de los delitos atribuidos (arts. 55, 119, 1°, 2°, 3° y 4° párrafos en función del inc. "b", Cód. Penal), monto al cual el Tribunal de Juicio había arribado luego de tener en cuenta que existía una pauta atenuante (ausencia de condenas), mientras que concurrían como circunstancias agravantes la corta edad de las víctimas y la magnitud del daño causado (v. fs. 134 vta. y 135).
Concluyó en que, en la determinación del monto sancionatorio impuesto, el juzgador había explicado las razones que fundaban la valoración de las circunstancias meritadas con arreglo a lo normado por los arts. 40 y 41 del Código Penal, brindando adecuada motivación (v. fs. 135).
Por último, recordó que era facultad de los magistrados de juicio el seleccionar el monto y especie de pena a imponer -siempre que se ajustara a los parámetros impuestos en la escala aplicable-, sin que se advirtiera violación a tales límites ni irrazonabi1idad en el ejercicio de tal potestad, a la luz de las circunstancias computadas por el a quo en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 135 vta.).
IV.1. Teniendo en cuenta que la recurrente centra su crítica en la tacha de arbitrariedad atribuida al segmento del fallo vinculado a la determinación de la pena, cabe destacar que el vicio alegado no fue articulado con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciarlo.
Es sabido que la doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquel cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por la vía del caso excepcional de arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren abastecidos en la especie.
Ello pues de acuerdo a lo reseñado, no se aprecia que el fallo en crisis padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad endilgada.
En tal sentido, viene al caso recordar que el objeto de aquella doctrina "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; conf. causas P. 101.193, sent. de 2-V-2009; P. 106.496, sent. de 14-IV-2010; P. 105.807, resol. de 12-X-2011; P. 110.405, resol. de 15-VIII-2012; P. 111.949, sent. de 24-IV-2013; P. 113.327, resol. de 7-VIII-2013; P. 114.590, resol. de 4-IX-2013; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 111.927, resol. de 20-XI-2013; e.o.).
IV.2. El planteo vinculado a la afectación del principio ne bis in idem por entender que el cómputo de la agravante referida a "la magnitud del daño causado" ya se encontraba contemplado en la otra severizante (la edad de las víctimas) valorada también por el tribunal intermedio, deviene inoportuno por extemporáneo.
Es que, al interponer el recurso de casación, la defensa se agravió de la doble valoración como agravante de la edad de las víctimas toda vez que dicha circunstancia se encontraba incluida dentro del tipo penal reprochado a su asistido (v. fs. 83 vta., ab initio ).
Mientras que, en la vía en trato, la recurrente funda su reclamo en que la pauta cuestionada ahora se halla comprendida dentro de la otra severizante ponderada por el órgano de la instancia -no cuestionada en sede casatoria- que es la magnitud del daño causado.
En consecuencia, los argumentos desarrollados en el remedio extraordinario tendientes a modificar el extremo atacado resultan novedosos, y como tales, sellan la suerte adversa del planteo (art. 451, CPP).
IV.3. Por otra parte, del contenido del recurso no surge argumento válido ni eficaz que intente demostrar de qué manera la pena aplicada al encausado sería incompatible con los principios de culpabilidad y proporcionalidad, sólo por considerar elevado su monto, sin tener en cuenta los delitos cometidos ni las pautas agravantes computadas.
En definitiva, la impugnante -además de reeditar sus quejas- incurre en el mismo déficit que cometió en la sede casatoria, desde que se desentiende de los fundamentos dados que impidieron el progreso del reclamo. Media pues insuficiencia (art. 495, CPP).
IV.4. Finalmente, la crítica dirigida al monto de pena por estimarlo excesivo se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de su determinación judicial, sobre todo, tomando como premisa que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Sumado a que nuestro Código Penal no prevé una pauta legal determinada respecto de cómo el juez debe ingresar a la escala penal para efectuar la dosimetría (conf. causa P. 106.963, sent. de 16-V-2012).
En consecuencia, sus desarrollos no cuestionan debidamente los argumentos que llevaron al Tribunal de Casación a confirmar la decisión de la instancia anterior, traduciéndose en una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el juzgador (art. 495, CPP).
Por otra parte, tiene dicho esta Corte que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 126.319, sent. de 23-XI-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 126.901, sent. de 27-XII-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 125.831, sent. de 10-VIII-2018; e.o.).
V. Conforme lo resuelto, las manifestaciones de la recurrente en cuanto a la falta de fundamentación para determinar la cuantía de la sanción aplicada a M. trasuntan una afirmación dogmática, huérfana de todo sustento argumental, y -por indemostrada- carente de asidero a la luz de las constancias del expediente.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia