Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130410
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.410, "Cariaga, Diego Adrián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 76.013 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de septiembre de 2016, rechazó el recurso deducido por la defensa de Diego Adrián Cariaga contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que había condenado al nombrado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio criminis causae agravado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 49/54 vta., en relación con fs. 7/23 vta.).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante el mencionado Tribunal -doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 72/86), el que fue declarado admisible por el órgano intermedio (v. fs. 87/90 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 119/121 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 123), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta del Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti denunció un único agravio.
Encabezó el mismo indicando que la sentencia objeto de embate vulneró el debido proceso, defensa en juicio y doble instancia, desnaturalizando la tarea revisora amplia con invocación de las mandas de las Constituciones nacional -art. 18- y provincial -art. 15-; y los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al desarrollarlo, sostuvo que el Tribunal de Casación, debió haber anulado el debate ya que el mismo no fue "un verdadero juicio oral", sino que lo que se llevó a cabo -desde su óptica- fue una "especie" de juicio abreviado, ya que el tribunal dictó sentencia en base a la "confesión" de su asistido, y a la incorporación por lectura de otros testimonios que acordaron acusación y defensa, ésta ejercida en ese entonces por un abogado de la matrícula (v. fs. 76 vta. y 77).
Refirió que el Tribunal intermedio no se interesó en cuestionar por qué los damnificados Sotomayor y Cardozo no concurrieron al debate y calificó a sus declaraciones de "mendaces".
De seguido resaltó que su antecesor en la defensa prestó el consentimiento para la incorporación de "casi la totalidad" de las piezas de la investigación penal preparatoria, y que la única prueba que los jueces de grado apreciaron con inmediación fue la confesión de su asistido tomando a ésta -a su modo de ver- como medio para suplir la ausencia de las víctimas al juicio, criticando en este punto la valoración que sobre tal declaración realizaran los jueces de primera instancia.
Explicó que de haberse realizado un "real" juicio oral, las víctimas y el testigo Cristian Silva habrían sido controlados por las partes.
Le achacó al órgano revisor no haber analizado si, careciendo de la confesión de su asistido, la acusación podía haber llegado a acreditarse, ni tampoco el cuestionarse por qué en la sentencia se hizo referencia a la condena y pena impuesta al otro coimputado -Roldán- quien previamente había pactado un juicio abreviado.
Agregó que no se explicó cómo sólo con la confesión de su asistido se pudieron acreditar los extremos del plan común con división de roles que permitió el encuadre en la figura del homicidio criminis causae tentado.
Insistió en que Casación debió anular de oficio el debate llevado a cabo en tales términos, aun cuando ambas partes consintieran en la incorporación por lectura de los testimonios valorados.
Luego extractó porciones de la sentencia objeto de análisis -que trasuntó en el recurso- y proclamó que las respuestas dadas a los planteos introducidos por la defensa en el recurso de la especialidad se basaron en transcripciones y afirmaciones dogmáticas, efectuando así la Casación una mera "exploración formal", sin confirmar la presencia -tras el análisis de la totalidad de las constancias de la causa- de la certidumbre exigida para la acreditación del dolo requerido por el tipo legal del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 80 vta. parte final/83).
Por último, indicó que la sentencia criticada se apartó de los lineamientos de esta Corte referidos al modo en que debe procederse al examen de las sentencias de condena con sustento en los precedentes "Casal", "Descole" y "Martínez Areco" de la Corte federal.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso y en ese sentido, coincido (v. fs. 119/121 vta.).
III. En primer lugar, el embate que principalmente hace eje en infracciones cometidas por el órgano revisor por haber convalidado una presunta violación a la oralidad y al debido proceso, en rigor de verdad intenta salvar el déficit temporal que presenta un planteo que claramente debió haber sido llevado ante la instancia anterior. Me explico: tal como lo indica la Procuración en su dictamen, resulta intempestivo denunciar aquí, ante esta sede, que existió una violación de la esencia de la oralidad y el principio acusatorio cuando, supuestamente, ello habría acontecido en la etapa de debate cristalizándose con la sentencia de condena que receptó el acuerdo de partes por el que se incorporaron los testimonios prestados durante la investigación.
Es decir, la supuesta infracción que porta el reclamo, habría acontecido durante la primera instancia y no ante el Tribunal de Casación, a pesar de que aquí la defensa -sagazmente- lo presente como una presunta "infracción" del revisor.
De todos modos, como luego se dirá, éste dio acabada respuesta a los planteos efectivamente realizados por la parte recurrente, sin que venga impuesto por la doctrina sobre el derecho al recurso que invoca la impugnante, que el Tribunal de Casación deba abordar oficiosamente extremos no propuestos: para el caso, expedirse sobre las particularidades que presentó el debate y que ahora -bajo un peculiar razonamiento- la defensa tacha de contrarias al debido proceso.
Al déficit temporal deben agregarse dos elementos que el recurrente silencia y aparecen enlazados entre sí para desechar el agravio: el principio de unidad de la defensa, por el cual se determina que "...los sucesivos letrados que representan a un acusado se encuentran condicionados por la actuación de sus predecesores" (conf. causas P. 95.974, resol. de 28-IX-2011; P. 116.448, resol. de 4-IV-2012 y P. 127.748, sent. de 14-VI-2017); y la doctrina de los actos propios, por la cual si la parte que ahora se queja, es la misma que oportunamente prestó conformidad para incorporar por lectura las piezas de la investigación "La adopción de tal temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (conf. mis votos en causas P. 125.050, sent. de 22-VI-2016 y P. 126.850, sent. de 19-IV-2017).
IV. En segundo lugar, como ya se adelantara, la decisión en examen cumple con los estándares emergentes del fallo "Casal".
IV.1. En el recurso de casación la defensa cuestionó la calificación legal dada al hecho imputado a Cariaga solicitando su encuadre como robo agravado por el uso de armas con lesiones graves o gravísimas en los términos del art. 166 inc. 1 del Código Penal.
Como segundo agravio criticó que el Tribunal aplicara la agravante del art. 41 bis del ordenamiento sustantivo.
Finalmente, se quejó de que la pena de quince años de prisión resultaba elevada, en tanto que únicamente se habían valorado atenuantes y ningún agravante, requiriendo la disminución del quantum punitivo.
IV.2. El tribunal intermedio en lo que interesa destacar, señaló que "...conforme la valoración de la prueba analizada, surge que la decisión de Cariaga y el coautor Roldán, de disparar y matar a las víctimas se dio cuando éstas pretendieron defenderse y evitar el robo, siendo Cariaga quien tomó la carabina que simulaba ser una ametralladora y realizó numerosos disparos a corta distancia contra las víctimas en diversas partes de sus cuerpos (Sotomayor padeció seis heridas de bala corriendo efectivo riesgo su vida, mientras Cardozo recibió dos impactos de bala), circunstancias que no dejan dudas de la pretensión homicida, ni de que la muerte intentada tenía como objetivo consumar el robo, en tanto Cariaga y Roldán efectivamente desapoderaron a las víctimas de diversos objetos personales y se alejaron del lugar, circunstancia que fue aprovechada por una de las víctimas para ir a pedir ayuda" (fs. 51 y vta.).
Seguidamente, indicó que "...la preordenación de la muerte a la finalidad delictiva no supone una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano, sino que el art. 80 inciso 7° del C.P. sólo exige que, en el ánimo del autor(es), en el momento del hecho, el fin delictuoso diverso actúe como motivo específicamente determinante del homicidio, sin que se requiera premeditación sino sólo decisión, pudiendo incluso producirse de improvisto en la ejecución del hecho mismo" (fs. cit.).
Luego, se ocupó de la queja sobre la aplicación del art. 41 bis del Código Penal y la descartó transcribiendo parte de lo dicho en su voto por la doctora Coelho, postura concordante con el Acuerdo Plenario n° 36.328 de ese Tribunal sobre la materia y puntualizó que "...la agravante del art. 41 bis del C.P. debe mantenerse respecto del delito del art. 80 inc. 7° del código sustantivo, pues en el caso de autos el homicidio violento se cometió mediante el empleo de un arma de fuego, sin que entonces pueda operar la exclusión que contiene el 'in fine' del art. 41 bis del Código de fondo, dado que el empleo de un arma de fuego no constituye elemento constitutivo o calificante del delito previsto en el art. 80 inc. 7° del Código Penal" (fs. 52).
Posteriormente, se abocó al planteo relativo a la mensuración de la pena y nuevamente coincidió con el voto de la doctora Coelho (v. fs. 52 vta.) manifestando que "...el recurso se muestra insuficiente para conmover el razonamiento del a quo , pues el señor Defensor no ha logrado evidenciar que los sentenciantes incurrieran en un desacierto legal, habiéndose condenado a Cariaga con una pena dentro del marco legal de la escala prevista para los delitos imputados, que en el caso partía de un mínimo de trece años y cuatro meses y tenía como máximo veinte años de prisión, conforme surge de la escala de diez a quince años de prisión establecida por el art. 44 CP para los delitos de prisión perpetua (art. 80 inc. 7° CP), con más la elevación de un tercio en su mínimo y su máximo por aplicación del art. 41 bis CP" (fs. 53).
Finalmente, indicó que "...el reclamo referido a que la pena habría sido 'elevada' resulta ineficaz a los fines pretendidos, pues el señor defensor se limitó a exponer una opinión discrepante con la decisión del Tribunal en un área propia de su ámbito de discrecionalidad cual es, precisamente, el del procedimiento de adaptación de la pena legal al caso concreto" (fs. 53 vta.).
V. Analizando el contenido de lo reseñado se advierte que el órgano casatorio dio respuesta a los reclamos de la defensa, y lejos de limitar su competencia, abordó la queja otorgando debido tratamiento a los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de casación. La parte no ha reparado en lo resuelto por el juzgador, oponiendo -en cambio- un criterio discrepante, circunstancia esta que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Cabe agregar que con fundamento en todo lo antes transcripto, el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni la recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita.
Por lo que la afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación se limitó a responder mediante afirmaciones que no se condicen con las constancias de la causa, considerando además el tránsito por esa instancia como "aparente", resulta huérfana de todo sustento argumental, y, por tanto, indemostrada.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó -además de la mención de los parámetros valorados por el sentenciante para arribar a la sentencia condenatoria- un juicio crítico de esas constancias.
La impugnante se limitó a argumentar en torno a que el fallo atacado violentaba el alcance dado a la doctrina de la revisión de la sentencia por un Tribunal Superior, como también que vulneraba las garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso, desentendiéndose -de ese modo- de los argumentos dados por el Tribunal revisor para descartar dichos planteos.
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia