Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130411
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Julio Ricardo Beley en la suma de … pesos -$...- equivalentes a 8 jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.411, "Giménez, Ramón Rosauro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 75.601 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de diciembre de 2016, rechazó por improcedente el recurso interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que -luego de celebrada la audiencia de cesura del juicio- condenó a Ramón Rosauro Giménez a la pena de diez años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple -IPP n° 671.804-; y a la pena única de veinte años de prisión e inhabilitación especial por el término de ocho años para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la de trece años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 10 departamental en orden al delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego -IPP n° 696.281- (arts. 40, 41, 41 bis, 58 y 79, Cód. Penal; v. fs. 41/45 vta., con relación a fs. 4/10, legajo casatorio n° 75.601).
Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor Julio Ricardo Beley, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 49/55 vta.), el que fue admitido por el tribunal intermedio (v. fs. 66/68 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 87/88 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 89), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Contra la sentencia que fuera reseñada en los antecedentes, deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa particular de Ramón Rosauro Giménez (v. fs. 49/55 vta.), el que fue admitido por la citada Sala a los efectos de tratar los planteos vinculados con la ley sustantiva (arts. 35 y 79, Cód. Penal), entre otros de pretensa índole federal (v. resol. admisibilidad de fs. 66/68 vta.).
II.1. En primer término, insistió con la aplicación del art. 35 del Código Penal por cuanto a su criterio existió un exceso en la legítima defensa (v. fs. 52 y vta.).
Afirmó que en la valoración de los elementos de prueba, el Tribunal de Casación Penal -en su anterior conformación- actuó con "parcialidad" descartando testimonios que favorecían a su pupilo, además de desmerecer el criterio de los jueces del Tribunal en lo Criminal n° 10 departamental que dictaron la absolución respecto al delito de homicidio simple -IPP n° 671.804, víctima Godoy- (v. fs. 53).
Sostuvo que quedó demostrado que en el caso la víctima portaba un arma, que huía junto a un grupo de personas y que su defendido había sido agredido, por ende, a su entender, quedó configurada la legítima defensa en los términos del art. 35 del Código fondal (v. fs. 54).
II.2. En lo que atañe a la sanción determinada, se agravió del excesivo monto de la pena unificada en el entendimiento de que el fiscal no podía modificar el quantum originariamente solicitado sensiblemente menor al peticionado en el acto de cesura (v. fs. 54 y vta.).
Hizo notar que existieron elementos suficientes como para sustentar la presencia de circunstancias extraordinarias que hubiesen permitido imponer una pena menos gravosa que la aplicada (v. fs. 54 vta.).
Por otro lado, cuestionó las agravantes computadas -ser efectivo policial y que portara su arma reglamentaria-, pues ninguna de las dos resultaban ser pautas reales desde que su defendido "...como efectivo policial que era, pudo determinar la existencia de un delito y en resguardo de terceras personas [...] actuó, sin poner en riesgo a ningún ciudadano por el contrario el mismo pretendió su protección" (fs. 54 vta. y 55).
III. La Procuración General propició el rechazo del recurso (v. fs. 87/88 vta.).
IV. Desde mi punto de vista, la defensa no logra demostrar que el pronunciamiento del Tribunal de Casación a través del cual se rechazó el recurso de esa parte, incurriera en alguno de los vicios que denuncia, ni que haya habido una errónea aplicación de la normativa del Código fondal que cita (art. 495, CPP).
IV.1. La decisión que objeta la parte, es producto de diversos pronunciamientos.
IV.1.a. El Tribunal en lo Criminal n° 10 departamental, en la sentencia dictada el 9 de junio de 2009, por un lado, absolvió a Ramón Rosauro Giménez en orden al delito de homicidio simple -causa n° 671.804, víctima Godoy-; y, por el otro, lo condenó como autor penalmente responsable de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego -causa n° 696.281, víctima Gabriel Arévalo- (v. fs. 32/68, legajo casatorio n° 39.150).
Contra esa decisión, interpusieron recurso de casación el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 73/79 vta., legajo cit.), y la defensa particular de Giménez (v. fs. 78/87 vta., legajo casatorio n° 39.201).
IV.1.b. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 24 de agosto de 2011, hizo lugar al recurso fiscal, anuló la absolución de Ramón Rosauro Giménez y lo condenó como autor responsable del delito de homicidio simple -causa n° 671.804, víctima Mariano Godoy-, rechazando el deducido por la defensa. En consecuencia, ordenó el reenvío de la causa al tribunal de origen a fin de que jueces hábiles cumplieran con la cesura del juicio en los términos del art. 372 del Código Procesal Penal a efectos de establecer la sanción a imponer (v. fs. 115/127 vta., legajo casatorio n° 39.150).
Frente a esa decisión, la defensa del encartado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 147/159), el que fue declarado inadmisible por este Tribunal mediante resolución del 20 de noviembre de 2013 por no ser sentencia definitiva (v. fs. 168/169 vta.).
IV.1.c. Vueltos los autos, el Tribunal en lo Criminal n° 7 de Lomas de Zamora -conforme fuera reseñado en el acápite de los antecedentes- condenó al imputado a la pena de diez años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple -IPP n° 671.804-; y a la pena única de veinte años de prisión e inhabilitación especial por el término de ocho años para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la de trece años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 10 departamental en orden al delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego -IPP n° 696.281- (arts. 40, 41, 41 bis, 58 y 79, Cód. Penal, v. fs. 4/10, legajo casatorio n° 75.601).
IV.1.d. Interpuesto recurso de casación por parte de la defensa particular (v. fs. 15/22), el tribunal intermedio lo rechazó (v. fs. 41/45 vta.).
V. En primer lugar cabe señalar que el escrito de fs. 49/55 vta. resulta ser una reedición del recurso de casación (v. fs. 15/22), con lo que el recurrente se ha desentendido palmaria y absolutamente de la decisión del Tribunal intermedio (v. fs. 41/45 vta.), lo cual traduce una técnica inidónea para demostrar que el pronunciamiento cuestionado conlleve alguna de las situaciones denunciadas que tiña su condición de acto jurisdiccional válido.
Esto conduce, sin más, a la desestimación del recurso impetrado (arg. art. 495, CPP).
V.1.a. Además de lo señalado en el párrafo anterior, cabe indicar que el tribunal a quo sostuvo en la sentencia del 29 de diciembre de 2016 que "De los agravios expuestos por la defensa solo corresponde considerar aquellos que no se relacionan con las cuestiones ya decididas por el Tribunal de Casación en la sentencia anterior, a saber: los relativos a la pena y circunstancias que motivaron su fijación en la cuantía sancionatoria [...] cuya revisión ahora corresponde" (fs. 43 vta.).
En ocasión de revisar la cuestión de fondo merced al recurso fiscal, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, al revocar el veredicto absolutorio y condenar a Giménez por homicidio simple se explayó en torno a la legítima defensa.
Así, coincidió con el voto en minoría que no se encontraba acreditado que la víctima Godoy portase un arma de fuego y que la utilizara contra el encartado, aunque fuera apuntado contra Giménez. En efecto, destacó que "...tanto Ricardo Bonifacio Almirón en la audiencia de debate como Rodríguez a fs. 13 y 79/80, indicaron que no vieron a Godoy con arma alguna, como tampoco que éste hubiera disparado contra Giménez". A lo cual agregó que en la audiencia de debate Almirón manifestó "...que luego del disparo que efectuara el encausado 'los llamó Ramón para que vean que tenía un arma, pero para eso ya lo había dado vuelta' 'lo vi caer de frente pero sin arma en la mano'. 'Estaba de espaldas'"; aclarando que "...antes del disparo de Ramón no escuchó ningún otro disparo". A ello adunó que en el revólver que se encontrara cerca de la víctima no se le pudieron encontrar huellas dactilares aptas para su cotejo (v. fs. 118 vta. y 119, el destacado figura en el original, legajo casatorio n° 39.150).
En consecuencia, descartó que estuvieran configurados los presupuestos de la legítima defensa.
Sostuvo que "... de los testimonios antes referidos de Almirón y Rodríguez surge que Godoy no portaba en ese momento a la vista arma alguna, ni menos aún que haya efectuado disparo alguno contra Giménez y, por otra parte, surge de ellos que el encartado le disparó por la espalda. Estas conclusiones no encuentran apoyo solo en la prueba testimonial. El resultado de la autopsia y las fotografías incorporadas como prueba documental al debate muestran acabadamente que el disparo que recibiera Godoy ingresó por la espalda muy cerca de la columna vertebral -del lado derecho- y salió por arriba de la tetilla izquierda. Al deponer en la audiencia de juicio, el Dr. Romero, médico autopsiante refirió que las lesiones -es decir el orificio de entrada y salida del proyectil- le resultaban compatibles con una víctima que se encontraba corriendo agazapado. A esto debo agregar que refirió que nunca pudo estar de frente la víctima frente al imputado disparando -como señalara en una de sus declaraciones- por la trayectoria del disparo recibido pero aún fue más allá. Indicó que si hubiese estado de costado la trayectoria del proyectil hubiese estado lateralizada, es decir que hubiera entrado por un costado y salido por el otro " (fs. 119 y vta., el destacado figura en el original).
Por lo dicho, el tribunal revisor descartó la posibilidad de que la víctima hubiera agredido ilegítimamente al imputado, y, por ende, que se hubiesen dado los presupuestos como para habilitar la aplicación de la legítima defensa (v. fs. 120).
Luego, en ocasión de resolver lo atinente a la cesura del juicio fruto del reenvío dispuesto por el órgano revisor, el tribunal de grado al expedirse sobre el tópico ahora en crisis, consideró respecto de la petición de que sea considerada la solución del art. 35 del Código Penal, que aquél al referirse sobre las eximentes y casar el fallo por arbitrariedad en relación con la causal de legítima defensa ante "...la no probada circunstancia del uso de un arma por parte del interfecto" (fs. 5) dio por descartada la justificante, "...y por ende, decae la ponderación del invocado exceso que regula el art. 35 del Código Penal", y siendo que otras no han sido planteadas ni se advierten configuradas, pasó sin más al examen del monto de pena a aplicar merced a las pautas que gobiernan los arts. 40 y 41 del régimen de la materia (v. fs. cit.).
V.1.b. De acuerdo con todo lo transcripto, la disconformidad que expresa el quejoso resulta inidónea para demostrar las transgresiones que denuncia; en tanto se desentiende de lo efectivamente resuelto por el órgano del recurso -tanto el dictado a fs. 115/128, del legajo casatorio n° 39.150; como el pronunciado a fs. 41/45 vta., del legajo casatorio n° 75.601- al enlazar la suerte del reclamo sobre la eximente del art. 35 del Código Penal a la ya resuelta inexistencia de los presupuestos objetivos de la causal de justificación prevista en el art. 34 incs. 6 y 7 del mismo cuerpo legal (art. 495, CPP).
Los cuestionamientos que se formulan en la queja no conforman, por lo tanto, una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto (conf. art. cit. y su doctr.).
V.2.a. En cuanto al agravio vinculado al monto de pena impuesto y las agravantes valoradas, el tribunal a quo ante idéntico planteo desechó la posibilidad de que tuvieran favorable acogida.
Al respecto señaló que la resolución del a quo exhibe un adecuado tratamiento de las agravantes debatidas en el marco de la cesura del juicio, sin que las argumentaciones de la defensa resulten suficientes para conmoverla, "...toda vez que las que vienen cuestionadas (condición de policía y empleo de arma reglamentaria) constituyen contingencias que aumentan el grado de culpabilidad y del injusto respectivamente", y que "...las circunstancias antes mencionadas, resultan elementos válidos a considerar en calidad de agravantes, relacionándose cada una de ellas con las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P., sin que alcancen las alegaciones defensistas, para conmover la decisión del sentenciante en el tópico analizado" (fs. 43 vta. y 44, legajo casatorio n° 75.601).
En cuanto al monto de pena impuesto sostuvo que el tribunal había dado los motivos para escoger un quantum que se hallaba dentro de los márgenes de la escala penal aplicable al caso (v. fs. 44). Hizo alusión a la facultad que tienen los magistrados de juicio para seleccionar el monto y especie de pena a imponer -siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala aplicable-, sin que se advierta violación a tales límites ni irrazonabilidad en el ejercicio de tal potestad, ello a la luz de las circunstancias computadas por el juzgador en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Asimismo, advirtió que "...el sistema de atenuantes y agravantes establecido en la ley de fondo no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena, pues el art. 41 señala una serie de pautas según las cuales el juzgador debe fijar la pena dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes tasados en torno al quantum de pena a aplicar", y que tales extremos se verificaban cumplidos en el caso (v. fs. 44 y vta.).
V.2.b. Nuevamente el recurrente vuelve a desentenderse de lo decidido por el tribunal intermedio, quien frente a los agravios llevados en el recurso casatorio vinculados con la cuantía del monto aplicado y las agravantes ponderadas, los abordó y los descartó, ante lo cual la defensa opone una mera opinión contraria, circunstancia que constituye un mecanismo inidóneo de disenso, ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
En efecto, para la Casación las pautas ponderadas aumentaban el grado de culpabilidad y del injusto, y resultaban ser elementos válidos a considerar en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal. En cuanto al monto de pena señaló que se habían brindado los motivos del quantum aplicado y que se hallaba dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, sin que se advirtiera violación a tales límites ni irrazonabilidad en el ejercicio de tal potestad del juez, en definitiva brindó fundamentos suficientes como para confirmar la decisión del tribunal de origen y con ello el monto de pena aplicado.
VI. Por último, y en lo que concierne a los honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871, de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Julio Ricardo Beley en la suma de … pesos -$...- equivalentes a 8 jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia